Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141028
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.028, "Muray, Gastón Maximiliano s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.265 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, mediante sentencia de 22 de junio de 2021 condenó a Pablo Daniel Muray, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido mediante la utilización de un arma de fuego, en grado de tentativa, y autor de homicidio agravado por su comisión criminis causae, en concurso real entre sí concurriendo en forma material con el delito de amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego —IPP 15-00-039629-18/00—, en calidad de autor penalmente responsable. Asimismo, condenó a Gastón Maximiliano Muray a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo y declaración de reincidencia.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensa oficial en favor de ambos imputados. También lo hizo la señora agente fiscal y la representante de los particulares damnificados.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de diciembre de 2021, rechazó el recurso de la defensa por improcedente, e hizo lugar a los interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la representante de los particulares damnificados. En consecuencia, casó la sentencia en lo que respecta a la calificación de los hechos y de la pena, y condenó a Gastón Maximiliano Muray a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae (arts. 40, 41, 42, 45, 50, 55, 166 inc. 2 segundo párrafo y 80 inc. 7, Cód. Penal).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida (v. resol. digital de 18-VIII-2022), solo por el agravio interpuesto en subsidio, aplicó lo resuelto en la causa P. 108.199 (doctrina "Carrascosa") y ordenó remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal, para que desinsacule la nueva Sala que llevará a cabo la revisión de la sentencia dictada por esa Sala, en cuanto condenó a Gastón Maximiliano Muray a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae.
Contra la parcela del recurso denegada la defensa presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, que fue rechazada por esta Corte (v. resol. de 16-X-2023, causa P. 137.497-Q). Ello derivó en la interposición de un recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisible por este Tribunal (v. resol. de 18-II-2025), con queja por recurso federal denegado respecto de Pablo Daniel Muray ante CSJ 000812/2025/RH001 —presentación de 29-IV-2025—.
Con respecto a la revisión horizontal, atribuida la competencia a la Sala III del Tribunal de Casación Penal, esta, por mayoría, confirmó el fallo de la Sala IV del mismo tribunal (v. sent. de 8-VI-2023).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible parcialmente, solo en cuanto denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva (v. resol. de 5-III-2024). Surge del informe del día 31 de mayo de 2024 que contra la parcela denegada la defensa oficial no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 9-XII-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal) y la violación al principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac. y 11 y 57, Const. prov.).
Luego de referirse a la base fáctica, señaló que no puede afirmarse el aspecto subjetivo de la coautoría que se tuvo por probada, toda vez que no logró fundarse debidamente que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar a las víctimas. Consideró que la conducta de Pablo Muray fue autónoma y constituyó un exceso por el que su asistido Gastón Muray no debería responder.
Alegó que no se acreditó que Gastón Muray hubiera efectuado algún aporte objetivo al homicidio que le haya otorgado el dominio del hecho.
Bajo estos parámetros, catalogó de errónea la aplicación del art. 45 del Código Penal por no haberse —a su modo de ver— explicado en el fallo de qué modo Gastón Muray tomó parte en la ejecución del homicidio o cuál fue su aporte objetivo en la realización del suceso.
Afirmó que la supuesta presencia del imputado en el lugar del hecho no permitía más que hacer aplicación del art. 166 inc. 2 del Código Penal al haberse establecido que las víctimas fueron interceptadas con fines de robo y luego, ante su resistencia, solo uno de los presentes gatilló el arma.
Reiteró que la conducta de Pablo Muray resultó ser un exceso respecto del robo, y que sí había existido acuerdo con el coimputado, pero con relación al delito contra la propiedad.
Estimó aplicable al caso lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente P. 114.722, sentencia de 3-X-2012, que transcribió en parte, e insistió con la tesis de una errónea significación jurídica por falta de elementos para atribuir la coautoría funcional a Gastón Muray respecto del homicidio agravado.
Finalmente, alegó que se violó el principio de culpabilidad por el acto, por haberse condenado por un homicidio a quien no tomó parte en su ejecución.
En suma, requirió que se case el pronunciamiento impugnado y se declare erróneamente aplicado el art. 45 en función del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Luego de celebrado el debate, la fiscalía imputó los delitos de tentativa de robo agravado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causae en concurso real atribuyendo coautoría a los imputados Pablo Daniel Muray y Gastón Maximiliano Muray y requiriendo la imposición de pena de prisión perpetua. Por su parte, la defensa —en lo que importa— alegó en pos de la absolución de Gastón Muray y, en subsidio, solicitó se encuadre su conducta en el art. 165 del Código Penal y se le aplique el mínimo legal de la pena.
El tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditados los hechos como consistentes en que el día 10 de noviembre del año 2018, siendo alrededor de las 20:45 hs. Pablo Daniel Muray y Gastón Maximiliano Muray, a bordo de una motocicleta conducida por el segundo sujeto, llegaron hasta la calle Sarmiento a la altura catastral 5.291 de la localidad de Villa Ballester, partido de General San Martín, y en dichas circunstancias, Pablo Daniel Muray descendió del rodado blandiendo un arma de fuego de puño tipo pistola calibre nueve milímetros, con la cual intimidó a Nicolás Impiombato que se hallaba estacionado a bordo de su auto junto con Zaira Ailén Rodríguez. Que el coimputado pretendió abrir la puerta del auto para desapoderarlo de bienes y en esas circunstancias, con la intención de escapar Impiombato inicia la marcha al tiempo que la motocicleta se le coloca por delante intentando cerrarle el paso, sin poder impedir la huida del auto. El tribunal de juicio —a diferencia de la hipótesis de la fiscalía y de los particulares damnificados— tuvo por acreditado que en esas condiciones Pablo Daniel Muray por decisión propia al ver frustrada la concreción del robo por razones ajenas a su voluntad, y con la intención de causar la muerte de sus ocupantes, efectuó cuanto menos ocho disparos, uno de los cuales ingresa por la luneta trasera del vehículo impactando en la región occipital izquierda de Zaira Ailén Rodríguez, provocándole lesiones traumáticas de tal gravedad que culminaron con su muerte (causa n° 4.330).
Consecuentemente, el tribunal de juicio diferenciándose de la hipótesis de los acusadores, en lo pertinente, condenó a Gastón Maximiliano Muray a la pena de quince años de prisión, como autor de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal) y lo declaró reincidente.
III.2.a. Frente a ello, la defensa oficial del imputado, la señora agente fiscal y la representante de los particulares damnificados interpusieron recursos de casación.
La señora agente fiscal de San Martín, con base en planteos de absurda valoración de la prueba, arbitrariedad y errónea aplicación de la ley sustantiva, requirió que se modifique la condena contra Gastón Muray y que en lugar de homicidio en ocasión de robo se lo condene como coautor de homicidio agravado (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), en la tesis de que ambos —Gastón y Pablo Muray— fueron coautores del homicidio calificado conexo con el intento de robo, por no haber logrado el fin propuesto.
III.2.b. Por su parte, la doctora Marcela Durán Gómez, representante de los particulares damnificados Sandra Pérez y Claudio Rodríguez, progenitores de quien en vida fuera Zaira Ailén Rodríguez, también se agravió con similar pretensión punitiva.
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por un lado, rechazó el recurso de la defensa por improcedente, y por el otro, hizo lugar a los interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la representante de los particulares damnificados. En este sentido, no tuvo por verificada la circunstancia fáctica afirmada por el tribunal de juicio, esto es, que los disparos ejecutados por Pablo Muray fueron producto de una decisión propia y autónoma. Por el contrario, estimó —como detallaré a continuación— un actuar conjunto. En consecuencia, casó la sentencia en lo referido a la calificación de los hechos con relación a Gastón Maximiliano Muray y, en función de la nueva significación jurídica (homicidio criminis causae) lo condenó a la pena de prisión perpetua, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae (v. sent. de 30-XII-2021).
Los señores jueces Natiello y Kohan, tras corroborar que quedó acreditado que quien efectuó los disparos fue Pablo Muray estimaron que, en el plano subjetivo, con base en los datos recabados en el juicio y valorados por el tribunal de juicio, cabía afirmar cooperación por parte de Gastón Muray a los efectos de la consecución del resultado típico, tal como lo impone el art. 48 del Código Penal. Así, explicaron que hubo una complementación y correlación entre las conductas de Pablo y Gastón Muray que, como integrantes del grupo tuvieron en su poder la total ejecución del hecho.
Apreciaron que, dado que Gastón Muray conocía que el coautor estaba armado y no obstante ello inició con él la acción ejecutiva del robo que culminó con el homicidio de la víctima, debía responder como coautor del delito de homicidio agravado.
Recordaron que la particularidad que presenta la coautoría frente a las restantes formas de autoría se refleja en el dominio sobre la realización del suceso delictivo que pertenece a varias personas, que actúan de modo concertado y en función del acuerdo previo asumido por ellos; y que en estos casos la titularidad por la comisión del hecho reviste una particular característica: la realización del delito se presenta como la obra en conjunto de varios individuos (autores), cuyos aportes para su ejecución resultan ser recíprocamente dependientes para la consumación exitosa del plan delictivo común.
Apuntaron sus elementos constituyentes (decisión y ejecución común) y profundizaron en el desarrollo teórico de cada uno de estos aspectos, con cita de doctrina.
En síntesis, con base en la prueba valorada por el tribunal de juicio, tuvieron por probada la intervención de ambos, quienes acordando la comisión de un robo, con el empleo de arma de fuego, concurrieron al lugar del hecho, abordaron a las víctimas que se encontraban en el interior de un automóvil estacionado y en marcha, y luego de intentar concretar el robo mediante la intimidación con el arma y la interposición de la moto delante del vehículo para impedir su huida, uno de ellos —Pablo Muray—, al ver frustrado el fin propuesto, comenzó a disparar certeramente contra el automóvil, hiriendo de muerte a Zaira Rodríguez.
De este modo, afirmaron que hubo un plan común y una división de funciones, donde estaba previsto, eventualmente, la muerte de la víctima ante la posibilidad —que de hecho se presentó— de frustración del fin propuesto.
III.4. Frente a lo así decidido la defensa del imputado se alzó mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido parcialmente a fin de resguardar el derecho al imputado al "doble conforme" (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH; 14.5., PIDCP y 1, CPP). En el recurso la defensa, en lo que interesa, denunció la errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 45 del Código Penal en la nueva acriminación, así como violación al principio de culpabilidad por el acto respecto de su defendido.
Sostuvo que no encontraba acreditado el aspecto subjetivo de la coautoría, es decir, que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar a las víctimas, ya que la conducta autónoma de Pablo Muray, resultó un exceso por el que el coimputado Gastón Muray —o la persona que acompañaba a Pablo— no debía responder, así como que negó que se hubiese demostrado que este último efectuara un aporte objetivo al homicidio que le haya dado "dominio del hecho".
Agregó que no se estableció el modo en que Gastón Muray habría tomado parte en la ejecución del homicidio o cual fue su aporte.
III.5. Al dar respuesta, la Sala III del tribunal intermedio rechazó el cuestionamiento de la significación jurídica.
En tal entendimiento, el voto del doctor Violini (a quien —en lo que interesa— adhirió el doctor Borinsky), precisó que el designio común y la planificación previa tenidos por comprobados en la sentencia recursiva, surgían innegables de las actuaciones, por lo que ratificó el temperamento adoptado por sus colegas de tribunal.
Aseveró que la defensa no se había hecho cargo de refutar válidamente los elementos tenidos en consideración por la Sala colega, en cuanto comprobó los elementos objetivos y subjetivos de la figura aplicada.
Apreció que no resultó eficazmente contrarrestado el elemento subjetivo del tipo endilgado, en tanto se sentenció que, por circunstancias objetivamente acreditadas, se evidenció la innecesariedad de la muerte respecto del delito conexo, solo motivada en que los agentes no pudieron concretar el robo planeado.
Destacó que se valoraron —entre otros extremos—, la declaración testimonial de José Luis Campos, quien presenció el momento de los disparos describiendo que vio pasar un automóvil VW Gol arrastrando una moto, detrás del cual corría un individuo disparando. Que este sujeto —que se comprobó que era Pablo Muray— se detuvo en el medio de la calle, levantó el brazo, apuntó hacia el auto y disparó "con saña", "como enojado", con cara de enojo al hacerlo.
Asimismo, se valoró la intervención en la audiencia de debate de la perita balística Leticia Pons, quien dio cuenta del hallazgo de ocho vainas servidas, dos orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en dos vehículos estacionados en la cuadra del suceso, un proyectil deformado, y especialmente la descripción y ubicación de los cinco orificios producidos en el vehículo Gol en el que se desplazaban las víctimas, y el hallazgo de un plomo deformado en el tablero del auto. Así, se consideró comprobada la clara intención de uno de los imputados, quien al ver frustrado su propósito, descargó su enojo con una balacera que tuvo por objeto matar a las víctimas.
En cuanto a la pretendida falta de aporte objetivo del aquí imputado en la producción de la muerte, consideró comprobado en doble instancia que, ante la intención de escapar de las víctimas, Gastón Muray —conductor de la motocicleta— se colocó por delante intentando cerrarle el paso al auto, ante lo cual —acto seguido— Pablo Muray, viendo frustrarse la concreción del robo por razones ajenas a su voluntad y con la intención de causar la muerte de sus ocupantes, efectuó al menos ocho disparos, uno de los cuales le provocó la muerte a Zaira Ailén Rodríguez. Explicó que fueron claras las maniobras de Gastón Muray que contribuyeron a la realización del tipo objetivo.
Agregó que tampoco la defensa logró desvirtuar el plan previo de concurrir en una moto, con armas aptas, con gran cantidad de municiones y listas para disparar, como parte de la logística para cometer el desapoderamiento.
Apreció que si la decisión de usar el arma fue concomitante al robo nada cambiaba en tanto la resolución de su uso puede tomarse instantes previos o simultáneamente al robo, y debe considerársela dentro de la materialidad.
Recordó que la modalidad más frecuente del dolo es aquella en la que el autor persigue la realización de un resultado usando medios adecuados para ello. Sin embargo, también estimó que pueden considerase dolosas aquellas conductas en las que los autores realizan la acción típica, previendo y aceptando la posibilidad de producción dicho resultado.
Agregó que pueden haber ido a robar, pero si del resultado final de la empresa planificada en común surge una muerte, la responsabilidad de ese hecho debe ser extendida a todo el grupo porque la voluntad y aceptación de dicha posibilidad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para producir el resultado y en la decisión de utilizarlos.
Con cita de precedentes de ese órgano, se indicó, con otras palabras, que el acuerdo previo lo que muestra es una concordancia de voluntades para realizar actos necesarios para una empresa ilícita, convirtiendo a todos los intervinientes en coautores según el art. 45 del Código Penal. Sintéticamente, se afirmó que la responsabilidad comienza cuando la contribución del coautor no tiene otra explicación más que su voluntad de colaborar con los actos de los otros para alcanzar un objetivo común.
Se agregó que no importa quien haya llevado el arma o cuándo se decidió usarla si la prueba indica que los coimputados son coautores que actuaron juntos, de la misma manera y portando un arma de fuego apta, en condiciones de disparo y con suficiente munición como para cumplir sus fines.
Finalmente se confirmó el encuadre bajo el homicidio criminis causae, mientras que por mayoría (conformada por Borinsky y Maidana) también se ratificó el concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 primer párrafo, Cód. Penal).
IV. Cabe destacar que si bien la parte denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal), lo cierto es que sus desarrollos se encuentran dirigidos a cuestionar la corroboración de las circunstancias tenidas en cuenta para la configuración de la figura calificada (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y el concreto aporte de su asistido en el
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