Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, se declara la nulidad parcial de la sentencia obrante a fs. 266/269 vta., en el nivel de la determinación de la pena impuesta a Hugo Ernesto Arce, debiendo volver los autos a la instancia anterior a fin de que se pronuncie sobre las cuestiones preteridas (arts. 168, Const. prov.; 492 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.141, "Arce, Hugo Ernesto. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa Nº 766/2014 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín".
El Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Junín condenó a Hugo Ernesto Arce a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, y ocho años de inhabilitación especial para conducir automotores, motovehículos, y/o cualquier otro tipo de vehículo con autopropulsión, fijando -además- diversas reglas de conducta, más costas de primera instancia, por endilgarle la autoría del delito de homicidio culposo agravado (v. fs. 217/231).
Impugnado que fue dicho pronunciamiento por la defensa, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín, con fecha 16 de junio de 2016, confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 266/269 vta.).
El señor defensor oficial, doctor Juan Leopoldo Singla, articuló recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 277/291 vta.), los que fueron denegados por la Cámara interviniente (v. fs. 295/296). Contra dicha denegatoria, el señor defensor oficial interpuso recurso de queja (v. P. 127.760 RQ, que corre por cuerda a la presente, fs. 66/68), la cual fue acogida por esta Corte, resolviendo declarar la nulidad del auto denegatorio, y ordenando llevar a cabo una nueva decisión sobre el punto. Con fecha 23 de mayo de 2017, la Cámara de origen concedió ambos recursos (v. fs. 387/388 de la causa principal).
Oído el señor Procurador General a fs. 406/408, dictada la providencia de autos a fs. 409, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa oficial, con mención del art. 168 de la Constitución provincial, denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en torno a la individualización de la pena (v. fs. 280 vta.).
Indicó que el a quo "...se limitó a realizar una serie de disquisiciones genéricas y dogmáticas, desatendiendo totalmente las puntuales críticas [...] ni siquiera las identifica" (fs. cit. y 281).
Así, describió el primer planteo esbozado en la apelación, dirigido a cuestionar que se considerara como agravante a la imprudencia imputada a su pupilo, en tanto el tribunal de la instancia la estimó como "gravísima" y "rayana con el dolo eventual", fundando su planteo en que dicha apreciación resultó "...exclusivamente fruto del ánimo del juez sentenciante; ya que la acusación, al tiempo de identificar los factores agravantes que entendía conducentes para la graduación de la pena, [...] se limitó a señalar que se trató de una 'imprudencia grave', y el particular damnificado habló únicamente de 'culpa con representación'", por lo que, sostuvo, "...el juzgador incorporó y valoró como severizante de la pena una circunstancia por 'motu propio', sin haber sido peticionada por la acusación y a espaldas [...] de la defensa" (fs. 281 y vta.).
Dijo que el Tribunal de Alzada debió tratar dicha argumentación y resolver si el temperamento adoptado por la instancia sobre el punto se apartaba o no de los cánones constitucionales, y si resultaba o no, ajustado a derecho (v. fs. 282), pese a lo cual se limitó a aseverar que la conducta del imputado "bordea la temeridad" (v. fs. 282 vta.).
Asimismo, recordó que para el caso de que no prosperara el agravio anterior, había planteado que el juez no precisó cuáles eran las razones fácticas y jurídicas que autorizaban a definir el hecho como "al límite del dolo eventual", respaldándose en afirmaciones dogmáticas. Sin embargo, continuó, no se dispensó ningún tratamiento a dicha cuestión, en particular a lo dicho por la defensa respecto de "la dominabilidad que debería signar al hecho".
También consideró omitido el reclamo dirigido a que se pondere la conducta de la víctima, la que -estimó- debió haber cobrado una significación radical en el atemperamiento de la pena para desechar la imposición de una pena de efectivo cumplimiento, y no limitarse a ser concebida como una atenuante más (v. fs. 283 vta.); señalando que, ni tangencialmente, obtuvo respuesta por la Cámara revisora (v. fs. 284 vta.).
Señaló que, además, los cuestionamientos ensayados contra dos circunstancias agravantes de la pena valoradas por el juez de primera instancia, relativas a que "el comportamiento de Arce denota una notoria desaprensión por la vida" y "la extensión del peligro causado" (fs. 284 vta./285 vta.), resultaron ignoradas de plano.
Finalmente, completó el listado de cuestiones esenciales no tratadas, refiriéndose a que oportunamente había reclamado que el órgano de juicio obvió toda consideración respecto del pedido de disculpas formulado por el imputado al cierre del debate, lo que debió haber cobrado virtualidad como circunstancia atenuante de la pena (v. fs. 286).
Por último, argumentó que cada uno de los planteos esgrimidos demandaban su tratamiento, "...puesto que la decisión que al respecto se adoptara cobraba incuestionable virtualidad para poder modificar el quantum de la pena y la modalidad de la pena impuesta", por lo se impone, -sostuvo- decretar la nulidad parcial de la sentencia, ordenando el consecuente reenvío a la instancia de mérito a los fines de que se dicte al respecto un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. cit./287).
II. Estimo, como el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 109/110), que el recurso debe prosperar.
III.1. La defensa oficial, al formular su recurso de apelación, denunció -en lo que importa-, la arbitrariedad en la determinación de la pena impuesta (v. fs. 255 vta.), allí criticó que el sentenciante meritara como agravante la "naturaleza de la acción", valorándose la imprudencia imputable a Arce como "gravísima", "rayana con el dolo eventual", cuando dicha circunstancia no fue peticionada por la acusación, ni por el particular damnificado, a espaldas de la defensa (v. fs. 256/257). Cuestionó, además, que esa pauta carecía de fundamentos (v. fs. 257).
Dijo que el hecho no habría acontecido, si no fuera merced al aporte de la víctima, y planteó que el rol desempeñado por aquella no debió ser simplemente merituado como un atenuante más, sino que "...el impacto sobre la dosificación de la pena debería [...] haber sido lo suficientemente significativo para desechar la imposición de una pena de efectivo cumplimiento", en tanto "...la causación es concurrente con la víctima" (fs. 258 vta.).
Cuestionó que se haya tomado como agravante el comportamiento del imputado que, según el juzgador, denotó una "notoria desaprensión por la vida" (fs. 259), como asimismo, que se computara la extensión del peligro causado "...por entender que Arce con la maniobra de esquive efectuada generó un peligro hacia la testigo Rojas", pasando por alto que "...en rigor de verdad, respondió a un acto reflejo en pos de evitar el impacto de la moto" (fs. 260); asimismo, objetó que no se atendiera el pedido de disculpas formulado por el imputado al cierre del debate, circunstancia que, adujo, necesariamente debió haber cobrado virtualidad como atenuante (v. fs. 260 vta.).
III.2. Tal como se denunció, la Cámara no dio tratamiento a todos los asuntos que le fueron sometidos, configurándose la infracción constitucional denunciada por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, pues el eventual acogimiento de los planteos soslayados podía incidir en la determinación de la pena, de modo que su abordaje resultaba pertinente (conf. causa P. 128.282, sent. de 9-VIII-2017, entre muchas otras).
III.2.a. El reclamo según el cual el órgano del juicio no se encontraba habilitado para calificar la imprudencia como "gravísima" y "rayana en el dolo eventual", debido a que la fiscalía solo había requerido que se la considerara una "imprudencia grave" y el particular damnificado la describió como "culpa con representación", no fue en modo alguno tratado. En efecto, el Tribunal de Alzada no se expidió acerca de si el Juez Correccional se encontraba facultado para computar dicha agravante en los términos en que lo hizo o sí, por el contrario, excedió la pretensión de las partes acusadoras.
La circunstancia de que la Cámara haya pasado directamente a considerar el asunto de la "temeridad" de la conducta del autor no implicó haber resuelto implícitamente, ni desplazado, aquél tópico procesal.
III.2.b. También se ignoró el planteo de la defensa sobre la conducta de la víctima -valorada como atenuante en la sentencia del juicio, según fs. 224 y vta.-, ya que el a quo se ocupó de ese punto únicamente para desestimar que el modo de conducción del damnificado pudiera excluir la responsabilidad del acusado. En cambio, nada dijo sobre la petición de que fuera valorada para decidir la imposición de una pena de ejecución condicional en lugar de una de efectivo cumplimiento.
III.2.c. Tampoco fueron tratados -ni implícita ni expresamente-, los agravios vinculados con dos circunstancias agravantes de la pena valoradas por el juez de primera instancia, los relativos a que "...el comportamiento de Arce denota una notoria desaprensión por la vida" y "la extensión del peligro causado"; así como que se ponderara en carácter de atenuante el pedido de disculpas formulado por el imputado al cierre del debate.
En efecto, ninguna consideración realizó el tribunal respecto de lo argumentado por la defensa en torno a que el hecho de que Arce no se hubiera acercado a la víctima no implica que no haya prestado ayuda, ni que dicha circunstancia por sí sola necesariamente revele desaprensión por la vida ajena, pues podrían ser otros motivos los que llevaron al procesado a adoptar tal actitud; señalando, en definitiva, que se ponderó a partir de una "intuición" de la testigo Rojas, lo que evidenciaría falta de fundamentación.
Tampoco abordó el cuestionamiento a la extensión del peligro ocasionado, sustentado en que la maniobra de esquive pudo obedecer a un acto reflejo, con lo que aparecería como discrecional la pretensión de cargar al acusado la provocación de un riego colateral; ni la petición de que se valore como minorante el pedido de disculpas formulado por Arce al finalizar el debate, pues -continuó-, si tal recaudo aparece exigido, bajo sanción de nulidad, por el art. 368 del Código Procesal Penal, lo que allí se diga no puede caer en saco roto.
IV. En tales condiciones, propongo declarar la nulidad parcial del pronunciamiento recurrido en el nivel de la determinación de la pena impuesta a Hugo Ernesto Arce, y reenviar los autos a la instancia anterior, a fin de que se pronuncie sobre las cuestiones preteridas (arts. 168, Const. prov.; 492 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, la defensa denunció la errónea revisión de la sentencia de condena por la no consideración de los argumentos expuestos en el recurso de apelación; y consecuentemente la desnaturalización del derecho de su asistido al recurso contra una sentencia condenatoria (arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución nacional en el art. 75 inc. 22 (v. fs. 287).
Sostuvo que paralelamente a la violación denunciada del art. 168 de la Constitución provincial desarrollada en el recurso anterior, surge que esa ausencia de tratamiento de puntos esenciales genera abiertamente un menosprecio del derecho al recurso ante un tribunal superior del que goza el imputado Arce, quedando totalmente desnaturalizado (v. fs. 287 y vta.).
Consideró que el a quo resolvió el debate sobre el quantum punitivo de forma superficial, sin aludir mínimamente a las razones consignadas por el órgano de juicio, y soslayando las objeciones planteadas por la defensa, las que quedaron sin ser analizadas y menos rebatidas, incumpliendo con la garantía prevista en los arts. 8.2 "h" de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a nuestra constitución (v. fs. cit.).
Afirmó que resultaba imperioso que el tribunal "...explicara con el mayor de los esfuerzos cómo es posible confirmar, para el caso, una condena tan excesiva de tres años y cuatro meses de prisión cuando no mediaban fundadas razones para ello sino, por el contrario, para que fuera por un monto no superior a tres años y bajo la modalidad de ejecución condicional" (fs. 288).
Alegó que la desnaturalización del derecho invocado provoca necesariamente la convalidación de la aplicación a Arce de una pena de efectivo cumplimiento (v. fs. 289).
Consideró que, de esa forma, el a quo, con su competencia material abierta, se apartó radicalmente de los lineamientos dados por este Tribunal, y por la Corte federal, con relación al modo en que debe concretarse el examen integral de la sentencia de condena en el marco de la normativa citada (v. fs. 290 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se anule el fallo impugnado, y se reenvíe al inferior para que dé adecuado tratamiento a los agravios del recurso de apelación oportunamente presentado (v. fs. cit.).
II. Dado el modo en que fue resuelta la cuestión anterior, no corresponde el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, se declara la nulidad parcial de la sentencia obrante a fs. 266/269 vta., en el nivel de la determinación de la pena impuesta a Hugo Ernesto Arce, debiendo volver los autos a la instancia anterior a fin de que se pronuncie sobre las cuestiones preteridas (arts. 168, Const. prov.; 492 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia