Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de inconstitucionalidad y nulidad impetrados por el defensa particular de María Ester Marques Gomez (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 489, 491, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 128.660-RC - “Marques Gómez, María Ester s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Nulidad e Inconstitucionalidad en causa Nº 22.605 de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón”.
///Plata, 16 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 128.660-RC, caratulada: “Marques Gómez, Maria Ester s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Nulidad e Inconstitucionalidad en causa Nº 22.605 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala II”.
1. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, el 6 de diciembre de 2016, hizo lugar a la reposición planteada por la Defensa de Maria Ester Marques Gómez y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el planteo de nulidad y el pedido de prescripción y confirmó la condena a un año de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por el término de dos años con costas por resultar autora penalmente responsable del delito de supresión de instrumento público (fs122/123).
Para arribar a tal decisión, afirmó que la resolución obrante a fs. 97/103 ante la cual se interpuso constituye sentencia definitiva (art. 482 del C.P.P. -fs. 122 vta.-). En su apoyo, trajo a colación las causas P. 126.439 de este Tribunal.
Agregó que se articuló por quien tenía derecho a hacerlo, dentro del término legal fijado, y en la forma exigida (arts. 481, 483 y 484 del C.P.P.) (fs. cit.).
Ante la aclaratoria presentada por la imputada por derecho propio, conjuntamente con el defensor particular (fs. 126/vta.), con fecha 7 de febrero de 2017, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, dictó resolución aclarando que tanto en la parte dispositiva como los considerandos debió referirse a los recursos extraordinarios presentados -de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad- (fs. 133), concediendo la totalidad de los mismos.
II. Los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley y nulidad, fueron mal concedidos.
Soslayando las consideraciones que cabría formular sobre las falencias de la Cámara en lo que hace a la motivación del juicio de admisibilidad y a los fines de no continuar dilatando el trámite de la presente (cfe. arts. 2 y 486 del C.P.P.), esta Corte analizará, sin más, el cumplimiento de los recaudos formales de cada una de las vías intentadas.
a) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad:
El recurso es manifiestamente inadmisible.
Cabe recordar que la vía de impugnación prevista en el art. 489 del C.P.P. sólo procede cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (arts. 161 inc. 1º de la Const. pcial.; conf. doct. Ac. 85.131, 9/X/2003; Ac. 93.041, 27/IV/2005; Ac. 96.550, 21/XII/2005; Ac. 101.673, 5/III/2008).
De tal modo, los agravios traídos en el presente (violación de la garantía constitucional y convencional que proscribe el doble juzgamiento o “non bis in ídem” y la violación del deber de garantía del Estado de asegurar la defensa continua y efectiva del imputado en causa penal) resultan a todas luces planteos que no encuadran dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, por lo que al no contar con específica fundamentación, según su objeto y finalidad, el remedio de inconstitucionalidad intentado deviene manifiestamente inadmisible (art. 484, C.P.P.). (P. 119.059, resol. del 8-X-2014)
b) Recurso extraordinario de nulidad.
El recurso también es inadmisible.
Cabe señalar que la vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; cfe. doct. Ac. 94.522, resol. del 12/VII/2006; Ac. 97.232, resol. del 13/XII/2006; Ac. 97.324, resol. del 18/IV/2007, Ac. 100.082, resol. del 18/VII/2007; Ac. 100.806, resol. del 16/IV/2008; Ac. 104.341, resol. del 25/II/2009; P. 118.120, resol. del 24/X/2012; P. 115.120, resol. del 29/V/2013; P. 119.794, resol. del 11/XII/2013; P. 120.061, resol. del 9/IV/2014; P. 119.169, resol. del 25/VI/2014; P. 120.883, resol. del 29/XII/2014; P. 123.193, resol. del 18/III/2015; P. 120.595, resol. del 15/IV/2015; P. 123.118, resol. del 7/X/2015; P. 125.099, resol. del 2/XII/2015; P. 120.549, resol. del 29/XII/2015; P. 123.459, resol. del 1/VI/2016; P. 125.098, resol. del 13/VII/2016; P. 121.354, resol. del 23/XI/2016; e.o.).
Ello no se da en el caso en examen, en el que, según se desprende de los reclamos de la parte -ausencia de jurisdicción por extinción de la acción penal por prescripción y afectación de la tutela judicial efectiva en orden a la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio-, lejos de constituir la denuncia de incumplimiento a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, se vinculan -en rigor- con el acierto o sentido de lo decidido, extremo éste que se encuentra detraído del acotado marco del carril impugnativo en examen (cfe. doct. Ac. 85.352, res. del 9/IV/2003; Ac. 89.239, res. del 19/VII/2006; P. 120.529, resol. del 29/XII/2015; P. 125.092, resol. del 23/XI/2016; P. 124.683, resol. del 10/VIII/2016; entre otras).
Para más, las denuncias referidas a la afectación de garantías constitucionales -principio de legalidad, inviolabilidad de la defensa en juicio y debido proceso-, reafirman que el remedio incoado, no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia -cfe. doct. P. 106.662, res. del 16/XII/2009) y el Código de Procedimiento Penal prescriben para la vía de nulidad.
c) Por último, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también, resulta inadmisible (v. fs. 49/82 del incidente N° 22.605).
Se advierte que si bien se denunció la violación a la doctrina legal al no encontrarse abastecido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del C.P.P., los embates vinculados con la violación a la doctrina legal o a la ley sustantiva -en el caso errónea aplicación del art. 294 en función del art. 292 del C.P.- no pueden ser revisados por esta Corte. Cabe recordar que en tales casos, sólo se debe examinar si la parte trajo algún agravio de índole federal y, en su caso, si éste se desarrolló con la suficiencia y carga técnica necesaria para excepcionar las exigencias del art. 494 cit. (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional).
Sentado lo anterior, lo cierto es que la tacha de arbitrariedad y absurdo fundada en la aplicación de las reglas de la sana critica racional en punto a la falta de demostración de la finalidad por la que su asistida trasladó el expediente a su domicilio y ausencia del elemento subjetivo (v. fs. 49/82 del incidente) no cumple con tales recaudos y, por lo tanto, no resulta apta para soslayar las exigencias formales del art. 494 cit. (art. 15 de la ley 48 a contrario sensu).
La Cámara al confirmar la condena de primera instancia, analizó los elementos de convicción valorados por el órgano de mérito y concluyó que “debo decir que el hecho de que el expediente estaba en su domicilio se encuentra corroborado por el acta de allanamiento a través del cual fue habido; que no lo comunicó lo han dicho tanto la Dra. Landolfi como la Dra. Verrilli, al igual que el resto de los agentes judiciales que depusieron en el debate en cuanto ninguno afirmó conocer la existencia de alguna comunicación; más el hecho de que Marques Gomes no recordó tal circunstancia, surge sólo de sus dichos” (fs. 100 vta.).
Frente a ello, la defensa se limitó a formular afirmaciones genéricas y a sostener un mero criterio discrepante con la valoración de la prueba sin hacerse cargo de los argumentos expuesto por el órgano intermedio. En definitiva, no evidenció la relación directa e inmediata entre la arbitrariedad intentada y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por todo lo expuesto, mantienen plena aplicación los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P., en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretensa índole federal permiten descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que imponga -en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citada- que tal precepto local sea dejado de lado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de inconstitucionalidad y nulidad impetrados por el defensa particular de María Ester Marques Gomez (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 489, 491, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia