Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedentes- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 493, 496, sigs. y concs. del CPP; 31 bis de la ley 5827)
"Reyes, Matías Hernán s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa N°65.344 y acum. 65.345, del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.701-RC, caratulada: "Reyes, Matías Hernán s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa N° 65.344 y acum. 65.345, del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de agosto de 2015, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Junín, que -en lo que aquí interesa destacar- había condenado a Hernán Matías Reyes a la pena de veinte años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (v. fs. 110/121).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial Adjunto ante aquella instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 146/150 vta.) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/158 vta.).
1. Por el primero, consideró afectados los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal, como así también la garantía de la revisión amplia, toda vez que no se dio respuesta a una cuestión esencial planteada por la defensa (v. fs. 146 vta.).
Tildó de arbitrario el pronunciamiento (v. fs. 147 y vta.) y explicó que el órgano casatorio no dijo nada en torno al planteo por el que se denunciara que el a quo había omitido justificar por qué no se impuso el mínimo legal -punto de partida desde el cual, a su juicio, debe entrarse a la escala penal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal- dado la excesiva pena impuesta (v. fs. 148 vta./149).
Concluyó que lo expuesto impide el ejercicio de una adecuada revisión de la sentencia ya que obstaculiza el desarrollo de una correcta estrategia recursiva, lo que determina la arbitrariedad de la decisión cuestionada, derivándose de ello la existencia de cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit. y vta.).
2. En el recurso de inaplicabilidad de ley, bajo un acápite general referido a la arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas, cuestionó, por un lado, la errónea aplicación del art. 41 bis y, por el otro, de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 154).
a. Por el primero (errónea aplicación del art. 41 bis del Cód. Penal), entendió que el órgano revisor no brindó un correcto tratamiento del agravio, lo que infringe los arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, importando la respuesta un fundamento sólo aparente (v. fs. cit. y vta.). Afirmó que los presupuestos a los que refiere el Tribunal de Casación para aplicar la agravante genérica no se dan por configurados en autos, pues la violencia o intimidación que requiere la mencionada calificante se encuentranínsitos en la propia conducta reprochada (v. fs. 155).
b. En cuanto a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, expuso que lo dicho por el a quo en punto a la valoración como agravante de la modalidad del hecho no abastece el requisito de correcta fundamentación, afectándose el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 156 vta.). Explicó que el a quo se limitó a transcribir lo dispuesto por el juzgador de origen, soslayando los argumentos de la parte relativos a que al momento de la comisión del hecho no hubo otras potenciales víctimas que estuvieran expuestas a un mayor peligro común (v. fs. cit./157).
En definitiva, consideró que el órgano revisor no cumplió con los estándares fijados por la Corte provincial y nacional relativos a que el recurso de casación debe ser un remedio ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior a través de un examen integral del fallo recurrido procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho (v. fs. 157 vta.).
III. El a quo declaró admisibles ambos recursos (v. fs. 168/170 vta.).
1. Con relación al de nulidad, señaló los supuestos en los cuales procede la vía contemplada en el art. 491 del Código Procesal Penal y sostuvo que la situación planteada por la defensa encuadraba en aquellos, toda vez que se había denunciado la omisión de tratamiento de una cuestión esencial peticionada por el recurrente ante la casación, la que guardaba relación directa e inmediata con la determinación y ejecución de la pena (v. fs. 169 y vta.).
2. En lo que hace al de inaplicabilidad de ley, expresó que, satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 482, 483, 484 y 494 del Código Procesal Penal, la índole de los agravios habilitaba la vía extraordinaria puesto que se denunciaba -entre otros planteos de pretensa naturaleza federal- la errónea aplicación de la ley sustantiva (concretamente el art. 41 bis del Cód. Penal -v. fs. 170-).
IV. Los recursos extraordinarios interpuestos deben ser rechazados sin más trámite en los términos del art. 31 bis de la ley 5827.
1. En punto al remedio de nulidad, corresponde -liminarmente- efectuar una reseña de los antecedentes de la causa.
En este sentido, cabe recordar que en el recurso de casación la defensa denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Así, criticó la valoración como pauta agravante la modalidad del hecho y concluyó que, censurada la misma y subsistiendo la ausencia de antecedentes penales como atenuante, se imponía la aplicación de una pena sustancialmente inferior a la decidida, máxime tomando en cuenta la doctrina que propone que, si no median circunstancias agravantes, el monto de la pena no debería alejarse del piso mínimo fijado para el caso (v. fs. 60/61 vta. del legajo casatorio n° 65.345).
Sin embargo, en la memorial que habilita el art. 458 del Código Procesal Penal, la defensa, sin referirse a la obliteración de la agravante de mención, directamente denunció la ausencia de justificación de los motivos por los cuales se impuso una pena por encima del mínimo legal, tildando al pronunciamiento de arbitrario (v. fs. 82 vta./83 vta.).
Así las cosas, la cuestión alegada como preterida -omisión de justificar la razón por la cual no se impuso el mínimo legal- no fue oportunamente planteada por el recurrente, motivo por el cual el Tribunal no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párrafo, CPP, conf. P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 110.781, resolución de 28-III-2012; e/o.).
Ello por cuanto, en ocasión de "mejorar" los embates planteados en el recurso de casación, la defensa ante el órgano intermedio incurrió en un giro argumental que dio lugar a un nuevo agravio, distinto de la pretensión de su antecesor, quién había formulado el requerimiento de aplicación del mínimo legal de la escala en la eliminación de la agravante computada.
El último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual, marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros distintos.
Basta recordar que las posteriores ocasiones procesales, en especial la audiencia prevista en el art. 458 del Código de Procedimiento Penal, están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer imperativamente su escrutinio.
Es decir, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional sólo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquél. Tal como se desprende del propio desarrollo discursivo que realiza el quejoso, el defensor en ocasión de interponer el recurso de casación, dirigió sus críticas a denunciar la falta de fundamentación en la valoración como agravante de la modalidad del hecho, sin efectuar ningún tipo de consideración respecto a la falta de justificación del apartamiento del mínimo legal de la escala (v. fs. 60/61 vta. del legajo casatorio n° 65.345.
En consecuencia, no se advierte omisión alguna del a quo en el tratamiento de las cuestiones planteadas por el recurrente, cumpliéndose en el caso el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para dotar de validez a una sentencia definitiva.
Por último, cabe señalar que la denuncia de arbitrariedad como así también la trasgresión de garantías constitucionales (doctr. Ac. 47.955 de 23-XII-1991; 50.960 de 18-V-1993; Ac. 85.556 de 3-XII-2003; Ac. 91.706 de 20-VI-2007; Ac. 92.133 de 16-IX-2009; e/o), es un tema ajeno a la vía intentada y, eventualmente, subsanable por medio del recurso de inaplicabilidad de ley (conf., por todos, Ac. 91.706 cit.; P. 74.883 de 15-IX-2004).
2. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de modo preliminar resulta pertinente aclarar que únicamente se analizará el embate por el cual fue concedido (los planteos vinculados a la aplicación del art. 41 bis del Cód. Penal) ya que el auto de admisibilidad parcial efectuado por el a quo fue consentido (v. informe de fs. 177 y notificaciones de fs. 171 y 174).
a. Sentado lo anterior, cabe destacar que el defensor oficial de la instancia denunció la errónea aplicación de la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal por afectar el principio de non bis in ídem (v. fs. 83 vta/85 vta.).
Frente a tal embate, el Tribunal de Casación Penal sostuvo que un homicidio puede ser cometido de una infinidad de formas y a través de una innumerable cantidad de instrumentos, por lo que si se han empleado armas de fuego, habiendo desempeñado éstas un papel fundamental en el atentado contra la vida de la víctima, es posible advertir un mayor contenido injusto en términos comparativos y, con ello, una razón legítima para agravar el homicidio (v. fs. 118 vta.). Asimismo, aclaró que el mayor riesgo derivado de la utilización de armas de fuego debe medirse ex ante y no ex post como considera el recurrente (v. fs. cit.). Efectuó diversas consideraciones respecto a la tremenda ofensividad que le confiere al autor el arma de fuego y concluyó que no encontraba ningún inconveniente legal en aplicar la agravante del art. 41 bis al delito de homicidio (v. fs. 119 y vta.).
b. De la reseña efectuada, se advierte que el recurrente no ha logrado demostrar la configuración del agravio federal, ello al no hacerse cargo del tratamiento que el órgano casacional dio a los planteos que fueron llevados a su conocimiento, limitándose a volcar divergencias genéricas y calificando las respuestas de dogmáticas y aparentes, con lo cual queda sin sustento la argüida arbitrariedad que -además- intentó vincular con el alcance del derecho a la revisión de la sentencia de condena, acordado por los arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese sentido, corresponde recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234).
Por otra parte, cabe señalar que lo resuelto por el a quo se corresponde con la doctrina de esta Corte sobre el punto (conf. P. 101.124, sent. de 25-III-2009; P. 107.058, sent. de 2-VII-2010; P. 107.276, sent. de 14-VII-2010; P. 99.987, sent. de 22-IX-2010, P. 109.971, res. del 1-VI-2011, entre otros).
En el precedente P. 100.072, sent. de 12-XI-2008, se puso de resalto que, al incorporarse el art. 41 bis al Código Penal a través de la ley 25.297 (BO, 22-IX-2000), se estableció en la Parte General del digesto una "agravante genérica" o referencia típica destinada a integrar como elemento calificante ciertos delitos de la Parte Especial. Ello supuso una elevación de la escala penal de los ilícitos que contemplan en su núcleo típico la violencia o intimidación contra las personas, cuando tuvieren lugar mediante el empleo de un arma de fuego.
La ubicación del precepto, a continuación de los arts. 40 y 41 -que establecen las "reglas" para la determinación judicial de la pena- no debe llevar a interpretar que se trata la examinada de una pauta "agravante" (no "neutra") propia de este acápite. Consiste, en verdad, en una figura calificante de los tipos a los que se integra, modificadora de la escala punitiva respectiva, lo cual conlleva la necesidad de "construir" su relación de especialidad respecto de cada delito con el que se vincula.
Dado que la figura contemplada por el art. 79 del Código Penal no alude a ningún medio ejecutivo en particular, el empleo de un arma de fuego para cometer el homicidio queda captado por el art. 41 bis, que agrava la escala penal y deja el caso fuera del alcance de la excepción del segundo párrafo (conf. P. 107.276, sent. de 14-VII-2010 y P. 105.855, sent. de 13-VII-2011 -entre otras-). Asimismo, tiene dicho este Tribunal que la sola circunstancia de que el art. 41 bis agregue una norma genérica a la Parte General del Código Penal destinada a jugar en relación a los tipos pertinentes de la Parte Especial no constituye una afectación del principio de legalidad (P. 100.072, sent. de 12-XI-2008 y P.107.276, sent. de 14-VII-2010 -anteriormente citada-; P. 105.689, sent. de 11-XI-2009; entre otros).
Los argumentos expuestos por el a quo para concluir en la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal a la figura del homicidio simple no evidencian la infracción al principio del non bis in ídem que la parte expone.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedentes- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 493, 496, sigs. y concs. del CPP; 31 bis de la ley 5827)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2736
Fin de la sentencia