Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por inadmisibles, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley articulados directamente ante esta Suprema Corte por el imputado en forma pauperis (arts. 483, 486 y concs., CPP -ley 14.647-).
2Rechazar, con costas, la queja interpuesta por el letrado de confianza de imputado M.M.G. (art. 486 bis y concs. cit.).
3Regular los honorarios profesionales del doctor Marco Antonio Molina en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"M.M.G. S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y DE NULIDAD EN CAUSA N° 79.855 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV; Y ACUM. M.M.G. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 79.855 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 128.851-RIL, caratulada: "M.M.G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 79.855 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV"; y acum. P. 128.849-RQ, caratulada " M.M.G. s/ Recurso de en causa N° 79.855 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado 16 de febrero de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora que condenó a M.M.G. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, revocó la libertad condicional que le fuera concedida y unificó dicha sanción con la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de ese Departamento Judicial en el marco de la causa n° 2280/5 en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (tres hechos), condenándolo -en definitiva- a la pena única de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 56/64 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el día 15 de marzo de 2017, el señor defensor particular del nombrado -doctor Marco Antonio Molina- dedujo -en sede casatoria- recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/70 vta.).
Por su parte, con fecha 10 abril del corriente, el imputado M.M.G. hizo lo propio presentando in pauperis idénticas vías extraordinarias ante este alto Tribunal provincial (v. fs. 1/3 vta. del legajo P. 128.851).
III. Por resolución del 11 de abril de 2017, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación declaró la inadmisibilidad de los carriles articulados por el letrado de confianza del imputado (v. fs. 71/74).
IV. En razón de los remedios impetrados por el encausado, se informó por Secretaría -el 21 de abril de 2017- que a esa fecha no surgía del sistema informático que se hubiera interpuesto recurso de queja alguno por ante esta Suprema Corte (v. fs. 4 y vta., legajo P. 128.851).
De este modo, se decidió remitir copias a la defensa particular del encartado, a fin de que -por donde corresponda- se diera cause jurídico a las presentaciones de Marcelo Gustavo Maldonado (v. fs. 10).
Notificado el letrado el 28 de abril de 2017 (v. fs. 11 vta. del citado legajo), con fecha 2 de mayo de ese año, el doctor Molina dedujo queja por recursos extraordinarios denegados (v. fs. 75/79 vta., legajo P. 128.949).
V. Con fecha 21 de septiembre de 2017, se libró nueva cédula a la defensa a los fines de que señale cómo había canalizado la presentación in pauperis realizada por su pupilo el día 10 de abril de 2017. Una vez notificado, el 2 de octubre del corriente, presentó un escrito solicitando se tenga por cumplido el requisito en cuanto se unifique el cauce de los recursos "...siendo que esta defensa técnica interpuso Recurso de Queja y el señor M.M.G. interpuso Recurso de Inaplicabilidad de Ley en forma pauperis..." (fs. 15, legajo P. 128.851) y requirió que esta Corte lleve a cabo el control de los recursos incoados y así concretar el derecho de defensa en juicio.
VI. Ahora bien, en lo que hace a la queja obrante a fs. 75/79 vta., el señor defensor sostuvo que los recursos fueron mal denegados desde que el a quo interpretó "...en forma errónea que fundamos nuestro recurso en la 'doctrina de la arbitrariedad', al discrepar en cuanto al carácter definitivo del resolutorio del fallo del Tribunal de Casación..." (fs. 76 vta.). Adujo que entender como lo hizo el órgano intermedio, clausura la cuestión planteada "...en tanto la misma ha sido sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentra el justiciable, se le vulnera nuestro derecho a accionar ante la justicia..." (fs. cit.), reconocido en el art. 18 de la Constitución nacional y el derecho a obtener una protección judicial efectiva.
Puntualmente, afirmó que el a quo se negó a tratar las cuestiones federales planteadas, con lo que entendió afectado el derecho al acceso a la jurisdicción (v. fs. 77). En cuanto a este último, trajo a colación el fallo "Giroldi" y el alcance otorgado a ese derecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 77 y vta.).
Por último, alegó la omisión de tratamiento de cuestiones constitucionales (v. fs. 78), entre ellas: a) la referida al derecho invocado por el CELS a accionar de manera colectiva en defensa de los reclusos de las comisarías y que ello derivó en la violación del acceso a la jurisdicción; b) la relativa a la falta de pronunciamiento por parte de la Casación respecto de si existía o no gravedad institucional, en tanto fue el objeto del recurso extraordinario de nulidad impetrado; c) la vinculada al defecto de fundamentación, por ser incoherente o contradictorio (v. fs. 78).
Afirmó que tales reclamos son de naturaleza federal, por lo que los jueces "...tienen la obligación de pronunciarse sobre los puntos propuestos por las partes..." (fs. cit.). En apoyo, citó los precedentes "Strada" y "Di Mascio".
En definitiva, expuso que la "...Sala IV del Tribunal de Casación Penal incurre en una clara omisión esencial por cuanto no trata [...] cuestiones esenciales que hace a la absolución plena del condenado que pone fin a este entuerto..." (fs. 78 vta.).
VII. Las presentaciones interpuestas no prosperan.
VII.1. Por un lado, las vías recursivas articuladas in pauperis por el encausado Maldonado y de modo directo ante esta Corte, resultan inadmisibles.
Ello, pues la deducción de los recursos extraordinarios respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal deberá efectuarse directamente ante el órgano que dictó la decisión que se pretende recurrir, siendo que dicho órgano es el que debe llevar a cabo el juicio de admisibilidad mediante resolución fundada (arts. 483, 486 y concs., CPP según ley 14.647).
VII.2. Por el otro, la queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
VII.2.a. Cabe destacar que el órgano intermedio desestimó el recurso extraordinario de nulidad en razón de no advertir transgresión alguna a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, pues en el caso se habían contemplado cada uno de los extremos denunciados por la parte en el recurso casatorio, obteniendo adecuado responde y tratamiento (v. fs. 71 vta.). Agregó que la crítica esbozada se vinculaba más bien con el análisis probatorio realizado en esa sede y que la mera discrepancia con el criterio del sentenciante de ponderar la prueba devenía insuficiente a los fines de que prosperase el remedio intentado (v. fs. 72).
VII.2.b. En cuanto al carril previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal, cumplido el requisito vinculado al monto de pena que exige la norma, verificó la concurrencia de los demás presupuestos formales o si bien el recurrente había planteado cuestiones federales.
En esa tarea, no advirtió cuestionamiento alguno a la ley sustantiva "...limitándose el impugnante -en forma extremadamente sucinta- objeciones genéricas vinculadas con la violación de garantías constitucionales. Tampoco se vislumbra elemento alguno que haga presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional" (fs. 72 vta.). Puso de resalto que tales extremos no se abastecían con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las impugnaciones en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretendía, sino que requerían por parte del recurrente un fundamento expreso que permitiera verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilitara la intervención de esa instancia, situación que en el sub lite no se advertía (v. fs. 73).
Expuso que tampoco se había efectuado un planteo federal que encuadrara en la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edificaba su queja, pues no lograba evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se decían conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo (v. fs. cit.). Y recordó que la mera introducción y el análisis dogmático no resultaba medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como era la arbitrariedad.
En definitiva, afirmó que mantenían plena aplicación las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, dado que no se había demostrado la existencia de una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso, como así tampoco que la decisión puesta en crisis fuera contraria al derecho invocado por el recurrente con fundamento en aquélla (v. fs. 73 vta.).
VII.2.c. Preliminarmente, corresponde destacar que el órgano revisor al resolver la viabilidad del recurso extraordinario de nulidad efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad inmiscuyéndose en la fundabilidad del recurso.
Y si bien ello podría concluir en una eventual declaración de nulidad, con el objeto de no dilatar la tramitación de la presente es que se dejará de lado la línea jurisprudencial sentada por esta Corte en las causas P. 125.626, resol. de 17-VI-2015; P. 125.710, resol. de 15-VII-2015; P. 125.778, resol. de 2-IX-2015; P. 126.507, resol. de 6-IV-2016; P. 126.225, resol. de 13-VII-2016, entre muchas otras (conf. art. 2, CPP).
Más aun teniendo en cuenta que de la confusa argumentación traída en la queja por la defensa, nada cuestiona en torno a dicho exceso de jurisdicción.
Además, los desarrollos postulados por el quejoso no lo logran conmover el argumento central que derivó en el rechazo de los recursos interpuestos: en el caso del recurso extraordinario de nulidad, y sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, en que no se advertía transgresión alguna a la manda de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, toda vez el motivo de agravio esgrimido por el recurrente no encuadraba en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 491 del rito. Y en lo que hace al de inaplicabilidad de ley, en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteamiento de las pretensas cuestiones federales, en particular la arbitrariedad.
Frente a ello, el quejoso se limita a efectuar consideraciones genéricas, desvinculadas de las circunstancias concretas de la causa, en tanto alega la violación del derecho al acceso a la jurisdicción y la omisión de tratamiento de los embates de cariz federal, desinterpretando, y desentendiéndose de las razones por las cuales asumió el temperamento adoptado.
VIII. Finalmente, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por inadmisibles, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley articulados directamente ante esta Suprema Corte por el imputado en forma pauperis (arts. 483, 486 y concs., CPP -ley 14.647-).
2. Rechazar, con costas, la queja interpuesta por el letrado de confianza de imputado M.M.G. (art. 486 bis y concs. cit.).
3. Regular los honorarios profesionales del doctor Marco Antonio Molina en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia