Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132437
En la ciudad de La Plata, a 16 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.437, "Asociación Cultural Armenia -particular damnificada- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad, en causa n° 90.703, del Tribunal de Casación, Sala II - Seguida a Rivero, Francisco Argentino y Somoza, Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús".
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de abril de 2018, rechazó el recurso de la especialidad deducido por el representante de la Asociación Cultural Armenia -en carácter de particular damnificada-, y confirmó la resolución que dispuso el sobreseimiento de Francisco Argentino Rivero y Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza, por encontrarse extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con uso de documento falso y defraudación en concurso ideal (arts. 54, 293, 173 inc. 9, Cód. Penal; v. fs. 2.209/2.211 vta., con relación a fs. 1.993/1.997 de los principales).
La particular damnificada interpuso recurso de Casación, el que habiendo sido declarado inadmisible (v. fs. 2.291/2.292), motivó la pertinente queja (v. fs. 38/46, legajo casatorio n° 90.703), que por resolución del 31 de julio de 2018 fue rechazada por la Sala II del Tribunal a quo (v. fs. 52/58 vta.).
Contra ello, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad el doctor Ramiro Pérez Duhalde en carácter de apoderado de la Asociación Cultural Armenia -particular damnificada-, con el patrocinio letrado del doctor Emanuel F. R. Rives (v. fs. 64/83), los cuales fueron admitidos por resolución del 19 de febrero de 2019 (v. fs. 114/117 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 128/132); dictada la providencia de autos (v. fs. 133); presentada la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal, en la cual la parte reiteró los fundamentos de los recursos extraordinarios (v. fs. 138/141 vta.); y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la particular damnificada?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad la particular damnificada denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, invocando dos motivos de agravios.
De un lado, alega que el fallo inobserva el mentado art. 171 porque el Tribunal de Casación Penal ha desestimado la presentación deducida ante esa sede con sustento en cierta "exigencia" (consistente en que debió "dirigir el embate con precisión contra el auto de Cámara" , articulándolo en torno a la demostración de que la resolución del juez de grado fue suficientemente atacada para así evidenciar el yerro del pronunciamiento impugnado), que -según sostiene- no emerge de ninguna norma del Código Procesal Penal (arts. 421 a 435 y 448 a 466, Cód. cit.). Es decir, que se rechazó la vía merced a una obligación no prevista en "el texto expreso de la ley" (v. fs. 81 vta.).
Además, refiere que hubo omisión de tratamiento de una cuestión que reputa esencial (art. 168, Const. prov.), pues, habiendo esgrimido como supuesto de admisibilidad del recurso casatorio la arbitrariedad, puntualmente vinculada a "la incongruencia por defecto" de la decisión de la Cámara "al no considerar (al igual que el Tribunal de Grado) la correcta calificación señalada por [esa] parte y aplicable en virtud del iura novit curia . Esto es: dos estafas en concurso real, la segunda de ellas en grado de ejecución (Arts. 172, 42 y 55 CP) sin que haya comenzado a correr su prescripción", lo que a su criterio podría haber influido en la suerte del caso, nada se dijo sobre el tema (v. fs. 82 y vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v., especialmente, fs. 128/129 del dictamen).
III. Coincido en que los agravios reseñados no prosperan.
III.1. El Tribunal casatorio dio las razones por las que estimó que cumplido, en el caso, con el recurso de apelación que revisó y confirmó la decisión del juez de grado, constituyendo un supuesto en el que las dos instancias anteriores han resuelto el tema en el mismo sentido (arts. 421, cuarto párrafo y 450, CPP), como regla general, la vía ahora intentada, resultaba inadmisible (v. fs. 56), salvo determinados casos en que pudiere existir la denuncia suficientemente planteada del compromiso de alguna cuestión federal que conduzca a apartarse de esa premisa y por excepción habilite dicha vía, pero, reputó, que esa situación no se presentaba en el caso bajo estudio, en razón de la insuficiencia achacada a la parte, y que ésta reseñara en su agravio (v. fs. 56 vta.). Es decir, que la casación se refirió a los cuestionamientos que "bajo el ropaje federal" formuló el recurrente y descartó que se hubieran postulado con la suficiencia necesaria para su abordaje en esa sede (v. fs. cit./58), rechazando la queja (arts. 106, 421, 433, 448, 450, 454, 464, 530, 531 y concs., CPP y 14 y 15, ley 48).
La exigencia impuesta por el art. 171 de la Constitución local se satisface con la cita de las normas sustantivas o adjetivas que el sentenciante encuentre atingentes al razonamiento seguido para respaldar su decisión (conf., por todos, causa P. 121.005, sent. de 13-III-2019).
Y de la simple lectura del pronunciamiento cuestionado no se evidencia la falta de citas legales pertinentes o su ausencia, de modo que el fallo atacado cumple con la prescripción constitucional de fundarse en el texto expreso de la ley (conf. doctr. causas P. 93.837, sent. de 3-VI-2009; P. 125.736, sent. de 10-VIII-2016; P. 127.492, sent. de 13-XII-2017; e.o.).
El agravio de la parte antes bien parece direccionado a discutir el razonamiento del sentenciante respecto de los recaudos que habilitan la vía casatoria cuando la decisión del Tribunal de Alzada departamental no ha sido revocatoria de la de primera instancia, sino, como aquí, confirmatoria; y, también, en lo atinente al juicio de (in)suficiencia respecto de los planteos de pretensa índole federal, en relación con las constancias del caso, todo lo cual es ajeno al remedio intentado.
III.2. El segundo motivo de agravio tampoco es de recibo.
El Tribunal de Casación Penal declaró admisible la queja interpuesta para después -en la segunda cuestión- rechazarla. Si bien, como se adelantara en el apartado anterior, formuló diversas consideraciones en torno a las decisiones revisables ante esa instancia, y afirmó que no siendo la resolución de la Cámara revocatoria de la de primera instancia, el recurso de casación -por regla- era inadmisible (v. fs. 54 vta./56), seguidamente, abordó las cuestiones federales y las descartó por insuficiencia (v. desarrollo de fs. 56 vta./58).
Más allá del acierto o error en el modo de resolver del tribunal intermedio (que ya anticipé es materia extraña a la vía intentada), la reseña efectuada permite colegir que el recurso establecido en el art. 491 del Código Procesal Penal resulta improcedente desde que la cuestión que la parte dice omitida, en rigor quedó desplazada como consecuencia de la decisión adoptada por el a quo , sin que la recurrente logre evidenciar la infracción constitucional alegada.
Conforme al criterio de esta Suprema Corte, la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia se encuentra desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (causas Ac. 90.240, resol. de 4-II-2004; Ac. 100.703, resol. de 5-III-2008; P. 125.993, sent. de 3-V-2018; e.o.).
Por todo ello voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El 27 de agosto de 2004, el Juzgado de Garantías n° 1 de La Plata resolvió la elevación de la presente causa a juicio respecto de Hugo Orlando Larripa, Juana Basso, Francisco Argentino Rivero y Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza, por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con uso de documento falso y defraudación en concurso ideal (v. fs. 1.317/1.322 de los principales), decisión que fue confirmada por la Cámara el 20 de febrero de 2006 (v. fs. 1.463/1.467).
El 11 de agosto de 2006, se radicaron las actuaciones ante el Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental (v. fs. 1.600).
Los encartados Larripa y Basso optaron por el juicio abreviado (v. sentencia de fs. 1.619 ter/1.626 vta. del mencionado órgano; y el de fs. 1.805/1.813 pronunciado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental -por excusación del primero, con integración unipersonal-, respectivamente).
I.2. El 20 de agosto de 2014, el titular del último de los organismos mencionados, dictó el sobreseimiento de Francisco Argentino Rivero y Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza en virtud de encontrarse extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos por los cuales se elevó la causa a juicio (v. fs. 1.993/1.997).
I.3.a. Mediante el pronunciamiento del 3 de abril de 2018, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, rechazó un recurso interpuesto por la Asociación Cultural Armenia en carácter de particular damnificada, y confirmó la decisión anterior (v. fs. 2.209/2.211 vta.).
Para resolver de ese modo, el Tribunal de Alzada sostuvo que al momento de declararse la prescripción de la acción penal el juez de mérito tuvo en cuenta el encuadre legal del auto de elevación a juicio, el monto de pena contemplado para los delitos imputados y en base a ello consideró que "...desde el 11 de agosto de 2006, fecha en que se radicaron las actuaciones en el Tribunal Criminal N° 4 Departamental y último acto interruptivo en el proceso, hasta la fecha de su resolución había transcurrido el plazo de prescripción de la acción establecido en el art. 62 inc. 2° del Código Penal"; agregó que esa decisión se apoyó tanto en las constancias de la causa como en la normativa legal pertinente (v. fs. 2.209 vta. y 2.210).
Por otro lado, argumentó que "...los diversos actos procesales, acontecidos [a] raíz de la denuncia efectuada por la Asociación Cultural Armenia, [...] enumerados en los puntos a), b) y c) de la resolución apelada [...], hicieron cesar la consumación de la maniobra ilícita denunciada", a la par que consideró que no debía perderse de vista que en el marco de la presente causa había resultado condenada con fecha 14 de octubre de 2010 la escribana Juana Basso, respecto de quien se acreditó que con fecha 2 de febrero de 1998, como titular del Registro n° 35 de Mar del Plata anotó un acto de otorgamiento de un poder irrevocable de la Asociación Cultural Armenia -a través de su director, el señor Rubén Eduardo Kodjaian- en favor de Hugo Orlando Larripa, para vender y transferir el inmueble ubicado en la Localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, poder que no había sido suscripto ni por el director, ni por el Secretario de la Asociación, el señor Eduardo Khatcherian; delito calificado como falsedad ideológica de instrumento público, uso de documento público falso de los que la acusada fue autora y coautora de estafa y defraudación especial. Destacó que lo mismo aconteció con fecha 12 de marzo de 2007 con relación a Hugo Orlando Larripa, condenado por los mismos delitos (v. fs. 2.210 y vta.).
Concluyó en que no obstante las distintas acciones que los coimputados Rivero y Somoza pudieron haber emprendido sobre el inmueble, el ilícito por el cual se los imputó y se elevó la causa a juicio, cesó en su consumación (v. fs. 2.210 vta.).
I.3.b. Por decisión del 14 de mayo de 2018, la Cámara declaró inadmisible el recurso de casación incoado contra el pronunciamiento anterior por la particular damnificada.
Consideró que la resolución cuestionada no resultaba impugnable por dicho medio revisor al encontrarse suficientemente satisfecho el derecho al recurso, debido a que se trataba de una decisión confirmatoria de la dictada en primera instancia (conf. art. 450, CPP -a contrario sensu -; v. fs. 2.291/2.292).
I.4. En el recurso de queja, la recurrente sostuvo que el fundamento que había brindado el Tribunal de Alzada era aparente, y que de las cinco arbitrariedades denunciadas respecto de la resolución de Cámara ninguna había sido abordada en el examen de admisibilidad. Por tanto, consideró que la decisión objeto de la queja lesionó el art. 168 segundo párrafo de la Constitución provincial, fue arbitraria por omisión en el tratamiento de cuestiones oportunamente propuestas, aplicó erróneamente el art. 433 del Código Procesal Penal, efectuó una errónea aplicación del art. 450 del Código citado y, finalmente, inobservó el art. 106 del Código de rito (v. fs. 43 vta./45 vta., legajo casatorio n° 90.703).
I.5. Mediante el pronunciamiento dictado el 31 de julio de 2018, la Sala II del Tribunal de Casación Penal admitió la queja y la rechazó (v. fs. 52/58 vta.).
Luego de reseñar los agravios llevados en el recurso casatorio (v. fs. 53/54 vta.), argumentó del modo sintetizado al tratar la cuestión anterior.
En lo que importa señalar, refirió que las resoluciones importantes adoptadas durante el curso del proceso o en la etapa de ejecución, tienen previsto su respectivo recurso ya sea el de apelación o el de casación, además de los extraordinarios ante este Superior Tribunal de provincia; y que el de casación cumple exactamente el mismo papel que el de apelación, en la medida en que ambos se encuentran diseñados para tornar operativo el derecho al recurso, por tanto "...no sería lógico interpretar las disposiciones legales en el sentido de conceder el 'recurso de casación' en aquellos casos en los que la garantía de la doble conforme haya sido satisfecha a través del 'recurso de apelación'" (fs. 55).
En cuanto al auto que dispuso el sobreseimiento de Rivero y Somoza, sostuvo que fue analizado y revisado por la Cámara, por lo que no siendo esta última decisión revocatoria de la de primera instancia, la resolución cuestionada debía ser confirmada (arts. 421 cuarto párrafo y 450, CPP; v. fs. 55 vta. y 56).
Luego aludió a las cuestiones de índole federal y descartó que las mismas hubiesen sido planteadas de manera suficiente (v. fs. 56 y vta.).
Destacó que el sobreseimiento dictado por el magistrado de origen tuvo apoyo tanto en las constancias de la causa como en la normativa pertinente, por lo que consideró que la presentación ante esa instancia debió dirigir el embate con precisión contra el auto de Cámara y "...articularse principalmente en torno a la demostración de que la resolución del juez garante fue suficientemente atacada y así, evidenciar el yerro del a quo", no obstante aclaró que de la presentación casatoria no surgía tal circunstancia; de modo tal que la decisión del Tribunal de Alzada era uno de los supuestos respecto de los cuales no se hallaba previsto recurso de casación (v. fs. 56 vta.).
Por último, se encargó de los cuestionamientos que bajo el ropaje federal articuló el recurrente y destacó que pese a denunciar arbitrariedad, violación al debido proceso y al derecho de propiedad, la ausencia de desarrollo específico impedía su abordaje.
Puntualmente, sostuvo con relación a la arbitrariedad -conforme cita de doctrina de esta Corte-, que "...la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal sino que será menester su correcto planteamiento, pues sólo así [la] Corte se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal de la causa según los precedentes del Superior Tribunal nacional..." (conf. causa P. 107.574, resol. de 23-XII-2009); y que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (C.S.J.N., Fallos 310:234)" (fs. 57 y vta.).
Agregó que si lo que se pretende es sortear el valladar formal que constituyen las normas que regulan las diversas vías impugnativas (en el caso el art. 450, CPP), antes que nada, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían lograr con éxito su acceso a la instancia federal, lo que no ocurre en este caso "...por la manifiesta generalidad de los planteos que bajo esa etiqueta trae la impugnante" (fs. 57 vta.).
Señaló -por ejemplo- que ello se advierte cuando se denuncia la violación a diversos principios y garantías de un modo genérico, o cuando se indica que el fallo atacado resulta carente de motivación, sin hacerse cargo de contrarrestar concienzudamente la cita efectuada por la Cámara al art. 450 del ritual sobre la cual basó la inadmisibilidad del recurso (v. fs. cit.).
Por otro lado, destacó que la parte no había refutado todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión recurrida, y que ese tribunal intermedio no podía suplir las omisiones de la recurrente en torno a la denuncia de las cuestiones federales, pues no era de su competencia -sino de la parte- establecer la existencia de la relación directa e inmediata entre la materia del pronunciamiento y la cuestión federal planteada (v. fs. 57 vta. y 58).
Concluyó que pese a haber alegado agravios federales, no efectuó mayores alusiones al caso concreto como para demostrar las transgresiones denunciadas (v. fs. 58).
II. Contra aquella decisión, el doctor Ramiro Pérez Duhalde en carácter de apoderado de la Asociación Cultural Armenia, con el patrocinio letrado del doctor Emanuel F. R. Rives, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido por el Tribunal de Casación por resolución del 19 de febrero de 2019 (v. fs. 64/83 con relación a fs. 114/117 vta.).
Atribuye arbitrariedad a la decisión atacada debido a que -a su entender- la queja fue rechazada mediante argumentos "aparentes", pese a que esa parte había planteado diferentes supuestos de naturaleza federal debidamente circunstanciados y con directa vinculación al resultado de la causa (v. fs. 65).
En primer término, denuncia inobservancia de los arts. 448 a 466 del Código Procesal Penal, y argumenta -al igual que en el recurso de nulidad- que el tribunal a quo pretendió que esa parte cumpliera con exigencias no previstas en la ley, al considerar que debió haber demostrado en el recurso de casación que se refutó de manera suficiente la decisión del tribunal de grado para así evidenciar el error en el que incurrió la Cámara (v. fs. 65 vta.).
Con sustento en los mismos fundamentos del planteo anterior alega inobservancia del art. 19 segunda oración de la Constitución nacional en lo referente a que "...nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda" (v. fs. cit.).
Por otro lado, tacha de arbitrario el pronunciamiento por apartamiento de las constancias de la causa al no haber considerado los argumentos llevados en su presentación ante esa instancia intermedia (v. fs. ibidem).
Seguidamente, desarrolla una batería de arbitrariedades en las que habría incurrido el Tribunal casatorio al brindar respuestas dogmáticas e inexactas, por ejemplo: "...la ausencia de desarrollo específico impide a [ese] ór
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