Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132717
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.717, "Chamorro, Sergio Marcelo; Santoro, Matías Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad en causa n° 86.194 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 27 de marzo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que había condenado a Matías Ezequiel Santoro a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada (hecho I), y robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio criminis causa en grado de tentativa y abuso de armas agravado en concurso real entre sí (hecho II), en concurso material entre sí; y a Sergio Marcelo Chamorro a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia por segunda vez, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio criminis causa en grado de tentativa y abuso de armas agravado en concurso real entre sí (hecho II).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante ese órgano revisor, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 125/131) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 132/146 vta.), los que fueron admitidos por la Sala interviniente (v. fs. 161/167), aunque solo parcialmente el de inaplicabilidad de ley, lo cual no generó deducción de queja por parte de la defensa (v. fs. 191).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/198 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 199) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso de nulidad interpuesto, el señor defensor oficial denunció omisión de tratamiento de una cuestión esencial en violación a la doctrina de este Tribunal sentada en causa P. 117.574 (v. fs. 125/131).
Para comenzar, recordó que el señor defensor oficial interviniente, al interponer el recurso de casación, había cuestionado en primer término el inadecuado encuadre legal atribuido a Sergio Marcelo Chamorro en el "hecho II" y planteado la errónea inaplicación del art. 47 del Código Penal, por estimar que la tentativa de homicidio criminis causa imputada en el suceso en el que resultara damnificado el señor Espinosa constituía un exceso del coautor Santoro por el que Chamorro no debía responder (v. fs. 126 vta. y 127).
Agregó que también se había denunciado infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal por la errónea y arbitraria desconsideración de circunstancias atenuantes solicitadas por la defensa, así como también la inadecuada valoración de ciertas agravantes. En concreto, expuso que el recurso de casación portaba tres agravios relativos a las pautas agravantes y atenuantes: 1) la ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto; 2) el cuestionamiento a la ponderación como agravantes del "trauma psicológico" evidenciado por la víctima del "hecho II" y el "daño material" ocasionado al vehículo sustraído en el "hecho I"; y 3) el reclamo para que se consideren como atenuantes los informes socio-ambientales de los imputados y, específicamente a favor de Santoro, su juventud al momento de los hechos (v. fs. 126 vta./127 vta.).
En ajustada síntesis, al abordar la fundamentación del reclamo aquí deducido, la defensa se quejó argumentando que el Tribunal de Casación, en lo que hacía a la determinación de la pena, solo había abordado el planteo vinculado a la ausencia de fundamentación del monto punitivo impuesto, omitiendo analizar los otros dos agravios introducidos (incorrecta valoración de agravantes y desconsideración de atenuantes); así como tampoco había brindado respuesta a los reclamos relativos a la calificación legal atribuida al "hecho II" con relación a Chamorro y la inadecuada desconsideración del art. 47 del Código Penal (v. fs. 127 vta. y 128).
En tal orden, el impugnante adujo que el órgano intermedio omitió pronunciarse sobre cuestiones esenciales oportunamente trabadas y cuya falta de tratamiento generó un perjuicio concreto para los imputados de autos, afectando de manera sustancial el derecho de defensa y el de obtener la revisión del fallo por un tribunal superior (arts. 18, Const. nac. y 8.2. "h", CADH; v. fs. 129).
En definitiva, solicitó que se case el fallo recurrido, disponiéndose su anulación y el reenvío de la causa a la instancia de origen a los efectos de que se dicte un nuevo pronunciamiento que aborde los planteos preteridos (v. fs. 130).
II. No coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 192/198 vta., esp. fs. 192 vta./195). En mi opinión, debe hacerse lugar al remedio intentado.
III. En el respectivo recurso de casación, la defensa planteó diversos agravios ante la instancia intermedia. A continuación, se detallarán aquellos que interesan para la resolución del presente reclamo.
III.1. Por un lado, la defensa efectuó cuestionamientos a la calificación legal atribuida a Sergio Marcelo Chamorro con relación al suceso identificado como "hecho II". En concreto, afirmó que para el caso de Chamorro resultaban aplicables las previsiones del art. 47 del Código Penal, ya que aquel no había ejercido ninguna acción que permitiera atribuirle participación en el intento de quitarle la vida a Espinosa (v. fs. 54 vta./55 vta.).
III.2. Otro de los agravios introducidos ante la instancia intermedia se vinculó con la determinación del monto de las penas impuestas (v. fs. 60 vta./61 vta.).
Con relación a las circunstancias agravantes ponderadas, impugnó la valoración como tal del presunto trauma sufrido por el señor Espinosa, por entender que el temor manifestado ya se encontraba previsto en la escala penal que agravaba el robo -en el caso, por la utilización de un arma de fuego-, integrando lo referido a la "violencia en la persona", de modo que su ponderación transgredía la regla de ne bis in idem (v. fs. 61 y vta.).
Además, cuestionó la valoración como agravante del daño material del vehículo perteneciente al damnificado del "hecho I", argumentando que los daños más graves habían sido ocasionados por quien había disparado contra la unidad, siendo que la pérdida de control del vehículo había obedecido a la herida que presentaba Santoro, y no a un designio de destrucción de la cosa (v. fs. 61 vta.).
También criticó que se hubiera ponderado como agravante la presunta superioridad numérica en el "hecho II", ya que, a su entender, por la mecánica del evento, era la cantidad mínima necesaria para intentar el despojo (un conductor y alguien que se apodere). Al respecto, el defensor puntualizó que el hecho de que el delito hubiera quedado frustrado daba cuenta de que la cantidad de intervinientes no era garante de consumación (v. fs. cit.).
III.3. Finalmente, sobre la ponderación de las circunstancias atenuantes de la pena, la defensa planteó que se había omitido valorar favorablemente los informes socio-ambientales de ambos imputados y, en particular a favor de Santoro, su juventud al momento de los hechos que, a su criterio, debía influir en un menor reproche penal (v. fs. cit.).
IV.1. A su turno, el tribunal intermedio, a fin de acreditar el evento individualizado como "hecho II", tuvo especialmente en cuenta las manifestaciones de la víctima Héctor Espinosa.
A partir de ese relato, el órgano revisor tuvo en cuenta que uno de los delincuentes se había acercado hasta donde estaba la víctima y, apuntándole al pecho, le gatilló dos veces, claramente con el fin de matarlo, pero por suerte no salieron los disparos. Tras ello, la víctima escuchó a una persona gritar "alto policía", a quien reconoció como un vecino del barrio que trabajaba en la Policía federal. Y, luego de esa advertencia, el ladrón comenzó a disparar, originándose un enfrentamiento y una fuerte balacera (v. fs. 91 vta.).
Asimismo, el sentenciante destacó que, ante esa situación, Espinosa alcanzó a esconderse en un jardín, observando desde allí la secuencia de los hechos y que, dentro del automóvil donde habían llegado los asaltantes, había más personas, una de ellas tenía también un arma de fuego; pudiendo finalmente los delincuentes darse a la fuga tras una gran maniobra (v. fs. cit.).
También se ponderó que Espinosa había identificado sin duda alguna a Matías Santoro en el debate, como el sujeto que se le acercó con intención de robarle y pretendió matarlo de dos disparos en el pecho, y como quien también arremetió contra el oficial policial (v. fs. cit.).
Además, se recreó el testimonio del oficial de policía Miguel Tale, quien "...alcanzó a herir a uno de los delincuentes en una pierna, y que otro de sus compinches que estaba dentro del automóvil alcanzó a asistirlo, arma de fuego en mano, para luego retirarse de la escena a gran velocidad" (fs. 92).
Otro de los testimonios que se tuvo en consideración fue el de Juliana Grismanu, oficial del comando de Patrullas de Berazategui, quien se encontraba de recorrida cuando tomó conocimiento de un accidente vial, encontrando al dirigirse al lugar en cuestión un automóvil Fiat modelo Uno oscuro incrustado contra un portón de un club, y dentro del rodado un muchacho herido de bala en una pierna, recordando además que había mucha sangre en uno de los asientos delanteros (v. fs. cit.).
A su vez, el tribunal intermedio completó el plexo probatorio con el parte médico que certificaba la entrada al Hospital Evita Pueblo de Berazategui del imputado Matías Ezequiel Santoro, con una herida de arma de fuego en su pierna izquierda (v. fs. cit.).
De seguido, el sentenciante se ocupó de la situación del imputado Chamorro, destacando que el juzgador originario había valorado la pericia criminalística que determinaba la cantidad de orificios que presentaba el automóvil y los restos de manchas hemáticas, las cuales habían sido levantadas como evidencia, y luego de una correcta cadena de custodia del material, que la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia provincial estableció que se trataba de tejido hemático humano apto para cotejo y cuyo ADN coincidía con el perfil comparativo de la saliva de Sergio Marcelo Chamorro -hisopado bucal- (v. fs. 92 vta.).
Además, sumó como un fuerte indicio el hecho de que Chamorro se presentara en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui para curar una herida en el tórax causada por un disparo de arma de fuego, ocasión en la que adujo, para no levantar sospecha, que había sido víctima de un robo, e incluso ocultó su verdadera identidad para no ser descubierto (v. fs. cit.).
A fin de establecer la cuestionada participación de Chamorro en el evento criminoso, sopesó que el imputado había aparecido lesionado en el establecimiento el mismo día en que se produjo el enfrentamiento -16 de noviembre de 2014, a las 12:00 hs.- (v. fs. cit.).
Con ello, el tribunal revisor concluyó que la credibilidad que el tribunal de origen había otorgado a los testigos de cargo resultaba incensurable (v. fs. cit.).
IV.2. De otro lado, el revisor también confirmó la aplicación del art. 166 inc. 2, párrafo segundo, del Código Penal que había sido cuestionada por la defensa.
En ese sentido, puntualizó que el tribunal oral había tenido por acreditado en el curso del suceso la utilización de adminículos y la aptitud para el disparo de las armas con la que los sujetos cometieron el robo (v. fs. 93 vta.).
Además, se tuvo especialmente en cuenta que las víctimas de ambos hechos manifestaron haber sido abordadas e intimidadas con un arma de fuego para sustraerles sus vehículos (v. fs. 94).
Posteriormente, añadió que el hallazgo de un arma de fuego no apta para el disparo en el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes no resultaba un obstáculo para sostener que Chamorro había esgrimido y utilizado un arma apta para dicho fin, ello en base a los relatos juramentados de los damnificados Raúl Carabajal -hecho I- y de Héctor Espinosa -hecho II-, sumado al testimonio de Miguel Tale, miembro de la Policía federal, quien relató el enfrentamiento armado que había tenido con los delincuentes y la balacera producida (v. fs. cit.).
IV.3. A partir de todo lo expuesto, se advierte que, con respecto a la temática que el impugnante dice preterida, vinculada con la eventual aplicación a Sergio Marcelo Chamorro de las previsiones del art. 47 del Código Penal con relación a la tentativa de homicidio criminis causa que tuviera como damnificado a Espinosa, el Tribunal de Casación Penal no dedicó ninguna respuesta que abarque siquiera alguna mínima consideración sobre el alcance de dicho planteo formulado por la parte, en tanto se trataba de una cuestión esencial, con virtualidad, en caso de prosperar, de modificar eventualmente la solución en favor de una decisión posiblemente más ventajosa.
De tal modo, el tribunal revisor no abordó ni explícita ni implícitamente la cuestión referida, ni tampoco resultó debidamente desplazada, lo que abastece de manera sobrada la transgresión constitucional postulada. Así, el juzgador ha soslayado dar una respuesta concreta al cuestionamiento llevado a estudio y resolución, en franca violación del art. 168 de la Constitución provincial.
V. Con relación al capítulo vinculado con la ponderación de las circunstancias atenuantes y agravantes tomadas en cuenta por el juzgador para determinar la sanción a imponer a los imputados, el reclamo también merece ser acogido.
V.1. El tribunal intermedio, en el apartado VI de su decisorio, abordó el agravio introducido por la defensa por medio del que solicitaba "...una disminución de la sanción por considerar a la impuesta excesiva..." (v. fs. 94 vta.).
En esa ocasión, adelantó que no advertía una violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal, ya que el tribunal de origen había escogido un monto de pena que no aparecía desproporcionado ni irracional atento al ilícito imputado (v. fs. cit.).
Luego de referirse a la inexistencia de un punto de ingreso a la escala penal y a la doctrina que descarta la obligación de partir siempre del mínimo legal, el órgano intermedio concluyó que la fijación del monto punitivo impuesto resultaba "...ecuánime en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional...", por lo que la pena fijada debía mantenerse inalterable en tanto el tribunal oral había analizado y valorado las distintas circunstancias atenuantes y agravantes que concurrían en el caso (v. fs. 95 y vta.).
V.2. Sin embargo, en ninguno de los pasajes que conforman la sentencia impugnada se dio concreta respuesta a los agravios de la parte que aludían a la incorrecta valoración de ciertas circunstancias agravantes y la desconsideración de pautas atenuantes (v. ptos. III.2. y III.3. de la presente), que podrían haber incidido a favor de los imputados en el monto de pena impuesto.
De tal modo, el Tribunal de Casación Penal incurrió una vez más en transgresión del art. 168 de la Constitución provincial al omitir el tratamiento de dichas cuestiones esenciales, en la medida en que el reclamo, de haber progresado, podría haber incidido en el monto de la pena finalmente impuesta (art. 168, Const. prov.; conf. causas P. 122.722, sent. de 25-IV-2018; P. 131.187, sent. de 6-XI-2019; e.o.).
Además, el recurrente consiguió demostrar su carácter esencial (conf. causa P. 76.228, sent. de 04-VI-2008), pues a "...los fines del recurso extraordinario de nulidad, resultan esenciales las cuestiones o tópicos propuestos que puedan objetivamente incidir en la solución del litigio, y que omitidos, conllevan a la nulidad del fallo" (conf. causa P. 116.841, resol. de 11-VI-2014).
En tal sentido, esta Corte tiene dicho que corresponde anular el fallo que omitió considerar la cuestión relativa a las circunstancias atenuantes y agravantes pues su tratamiento por el a quo resultaba esencial en los términos del art. 168 de la Constitución vigente (conf. causa P. 131.187, sent. de 6-XI-2019, y su cita).
Además, cabe recordar que el art. 168 de la Constitución provincial exige que los tribunales de justicia resuelvan todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.
VI. Conforme todo lo antes expuesto, corresponde declarar la nulidad parcial de la sentencia obrante a fs. 87/96 vta. y devolver los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con jueces habilitados, dé una respuesta a los planteos vinculados, por un lado, a la aplicación o no de las previsiones del art. 47 del Código Penal en el caso del coimputado Sergio Marcelo Chamorro, habida cuenta de que no habría tenido, según lo entiende su defensa, participación alguna en el suceso contra la vida sindicado como "hecho II"; y, por otro lado, respecto de la valoración de las pautas agravantes y atenuantes de la sanción en orden a los imputados Matías Ezequiel Santoro y Sergio Marcelo Chamorro, cuyo abordaje fue preterido en el fallo en crisis (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial también interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que formuló dos motivos de agravio (v. fs. 132/146 vta.).
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 45 del Código Penal y la violación al principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov.), con relación al evento individualizado como "hecho II" del que resultara damnificado Héctor Norberto Espinosa, y solo con respecto al coimputado Sergio Marcelo Chamorro (v. fs. 135/139).
Cuestionó la falta de acreditación del aspecto subjetivo de la coautoría, en el entendimiento de que no se había podido fundar debidamente que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar a la víctima, sino que la conducta de quien había efectuado el disparo -Matías Ezequiel Santoro- resultó un exceso por el que su asistido Chamorro no debía responder, y que tampoco resultaba probado que el nombrado hubiera efectuado aporte objetivo alguno a esa tentativa de homicidio que le hubiera dado "dominio del hecho" (fs. 135 vta.).
Alegó que surgía clara la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal, pues no se había establecido de qué modo su defendido había tomado parte en la ejecución del hecho potencialmente homicida, ni cuál había sido su aporte objetivo a la realización de un elemento del tipo, sin el cual el homicidio tentado no hubiera podido cometerse o que le hubiera dado el dominio funcional del hecho (v. fs. 136).
Expresó que resultaba arbitrario concluir en la existencia de un dolo homicida preacordado por los imputados y de su ultrafinalidad, todo lo que no respondía a una aplicación del derecho vigente a los hechos probados (v. fs. 137).
Agregó que la conducta de Santoro resultó un exceso respecto del robo, que sí había sido acordado con los restantes coautores del delito contra la
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