Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.558, "Ponce, Alberto Leandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -parcialmente admitido- en la causa 78.787 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 28 de marzo de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Alberto Leandro Ponce contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y convivencia que mantenía con la víctima y por violencia de género (v. fs. 178/184).
Frente a ello, la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 189/200), el que fue concedido parcialmente por la Sala interviniente mediante resolución de fs. 203/207 vta. Ante ello, la defensa dedujo recurso de queja (v. fs. 156/158 de la causa 129.471), que fue desestimado por esta Suprema Corte (v. fs. 160/161 de la causa citada).
Oído el señor Procurador General, quien dictaminó aconsejando que el recurso sea rechazado (v. fs. 238/242), dictada la providencia de autos (v. fs. 243) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el único agravio que resultó admitido para esta revisión extraordinaria, la señora defensora oficial adjunta sostuvo que el Tribunal de Casación confirmó la responsabilidad de Alberto Leandro Ponce como autor del delito que se le atribuye de homicidio doblemente calificado, al revalidar la introducción al proceso de sus manifestaciones autoinculpatorias por vía de las declaraciones testimoniales de los funcionarios policiales Britez y Capuccio; tildó la decisión de arbitraria y denunció la violación del derecho a guardar silencio, el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 191 vta.).
Con una transcripción parcial de lo resuelto en el aspecto que cuestiona, afirmó que los fundamentos del a quo reproducen los vertidos en la sentencia de origen, frustrándose el derecho del acusado a obtener una revisión amplia de la condena (arts. 8.2. inc. "h", CADH y 14.5, PIDCP), pues de esa forma, en su decir, no se habría dado respuesta a lo argumentado sobre la imposibilidad de valorar los mentados testimonios "...por cuanto refieren dichos de una persona que, como en el caso, aún no ha sido informada formalmente de un delito y, por ende, no ha sido asesorada con respecto a su derecho a guardar silencio" (fs. 192 y vta.).
De todos modos, alegó que si bien ambas instancias precedentes destacaron que nada indicaba que las manifestaciones del imputado se hubieran producido con violencia o engaño y que los agentes no efectuaron un interrogatorio, "...difícilmente la situación de Ponce (que estaba siendo trasladado de una comisaría de la capital federal a otra sita en provincia) puede equipararse a la de una persona que se presenta espontánea y libremente a confesar un delito", tildando de "...irrelevante que haya existido coacción o engaño por parte de los funcionarios policiales pues, la situación 'per se' impedía a Ponce manifestarse con libertad y voluntariedad" (fs. 193 y vta.).
En función de ello, la defensa sostuvo que los dichos autoinculpatorios del acusado fueron incorporados en violación de las disposiciones del art. 308 del Código Procesal Penal y de la doctrina de esta Corte que invocó con transcripción de lo fallado en el precedente P. 105.443, sentencia de 25-VIII-2010. En base a considerar que, de prescindirse de la prueba puesta en crisis, no podría predicarse con certeza la responsabilidad de Alberto Leandro Ponce en el homicidio de su pareja, solicitó la anulación de la sentencia y el reenvío de la causa a la sede anterior para que efectúe una nueva revisión sobre el punto (v. fs. 195).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no prospera en razón de su manifiesta insuficiencia para demostrar que la sentencia recurrida haya incurrido en alguno de los supuestos que podrían viciarla por arbitraria ni vulnerado las garantías constitucionales aducidas, conforme quedó indicado a fs. 241 vta. y 242 de su dictamen.
II.1. El tribunal que llevó adelante el juicio tuvo por acreditado que Alberto Leandro Ponce, durante la noche del día 18 y la madrugada del día 19 de julio de 2013, desplegó violencia física contra Susana Beatriz Leiva, con quien mantenía una relación de pareja y convivía, efectuándole cinco heridas punzo cortantes periumbicales bilaterales con penetración en la cavidad peritoneal, tres lesiones termo calóricas ubicadas dos de ellas en la región infraescapular derecha y una en la región lumbar derecha (quemaduras de cigarrillo) y una fuerte compresión en su cuello que derivó en el fallecimiento por asfixia de la mencionada víctima; muerte que estimó concretada en el marco de la violencia de género que la señora Leiva venía sufriendo, cuanto menos, en el último período de convivencia, al ser sometida por el enjuiciado a padecimientos que vulneraron su libertad en su condición de mujer (v. fs. 29 y vta.).
Para justificar la autoría responsable del acusado, el sentenciante tomó en consideración la mendacidad emergente de sus declaraciones prestadas en el curso del debate, cuyo exhaustivo análisis le permitió determinar las incongruencias y contradicciones existentes entre ellas, destacando el claro intento de Ponce de ensayar versiones fantasiosas sobre lo acontecido durante la noche del hecho en la que admitiera hallarse en el dormitorio de la habitación de su casa junto con Leiva; premisa que estimó corroborada con los informes psiquiátricos y psicológicos llevados a cabo; los mensajes de texto enviados por el imputado a la damnificada el mismo día de acontecida su muerte; los numerosos testimonios ponderados, entre ellos, los de los policías Capuccio y Britez que declararon sobre los dichos de Ponce que habían llegado espontáneamente a su conocimiento; los indicios de oportunidad e inmediatez extraídos de las circunstancias comprobadas; en particular, que a raíz de la denuncia del acusado -formulada 48 horas después de ocurrido el ilícito- de la presunta desaparición de su pareja, en las diligencias tendientes a la averiguación de su paradero, agentes policiales habían interrogado tanto a parientes como al denunciante, quien se había mostrado nervioso y presentaba, según el informe médico de fs. 45, "...excoriaciones en dorso de mano derecha, dorso de dedos pulgar (...compatible a impronta dentaria) y anular de mano izquierda" con una evolución superior a las 48 horas, en correspondencia con "...algún acto de defensa de la víctima (recuérdese que el enjuiciado reconoció en su relato recibir golpes y mordeduras en el momento de los hechos)" y que en igual sentido el informe médico de fs. 456/457 había identificado la serie precisa de lesiones constatadas en las manos del imputado (v. fs. 86 y vta., sent. orig.).
Cabe apuntar que, al disponerse el allanamiento de la vivienda en la que moraban la señora Leiva y el acusado Ponce, éste se había retirado en su automóvil, previo recoger una considerable cantidad de dinero. Poco después, fue detenido en jurisdicción federal por posesión de droga, tras lo cual se ordenó su traslado desde la comisaría n° 16 de la Policía Federal hasta la seccional policial bonaerense de Témperley, viaje en que relató a los aludidos funcionarios Capuccio y Britez haber matado a su pareja, cuyo cuerpo para ese entonces había sido encontrado en un pozo ciego de la vivienda allanada (v. fs. 93/94 vta.).
II.2. En su recurso de casación, la defensa objetó que se hubiesen computado las declaraciones de los aludidos funcionarios policiales, en la inteligencia de que refirieron dichos "autoincriminatorios", que según los declarantes fueron "...vertidos por Ponce en forma espontánea y que no pudieron evitar escuchar, pero sabiendo que violan garantías constitucionales, deberían [haber] guarda[do] silencio respecto de los mismos" (fs. 139); postuló la nulidad de tales piezas probatorias -y de todo lo actuado- alegando la vulneración del derecho de su asistido de guardar silencio, con cita de los arts. 18 de la Constitución nacional; 7 incs. 2 y 3 y 8 inc. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que citó (v. fs. cit. vta. y 140).
II.3. A su turno, el Tribunal de Casación compartió la solución plasmada en la cuestión previa del veredicto de que no cabía nulificar las declaraciones de los funcionarios policiales ni invalidar el proceso como pretendía la defensa.
Tuvo presente que, según aquella decisión originaria, "...no podían considerarse afectadas las garantías constitucionales que amparaban a Ponce, en tanto los policías se limitaron a reproducir sus manifestaciones espontáneas, las que había expresado sin haber sido preguntado al respecto. Se supo por los dichos de esos testigos (sin que haya sido puntualmente puesto en tela de juicio por la defensa) el asombro que les causó que Ponce les refiriera dichas manifestaciones toda vez que, hasta ese momento, era un desconocido y los testigos eran absolutamente ajenos a la investigación que se venía cursando por el hallazgo del cuerpo de Leiva en el interior de un pozo ubicado en el inmueble del encartado (circunstancias que [...] desconocían). Tampoco sabían de la existencia de un canasto de basura en la puerta de la casa del inculpado, donde éste anotició haber arrojado los documentos de la víctima. De hecho, luego de recibir esas manifestaciones, Capuccio y Britez se limitaron, según contaron, a trasladar al encartado a la Comisaría, justamente porque eran agentes ajenos a la investigación del caso puntual. [D]e allí [...] que, tanto Capuccio como Britez, nunca instaron la actividad probatoria, ni obtuvieron pruebas con afectación a garantías constitucionales de Ponce, pues jamás efectuaron un interrogatorio direccionado al causante sobre los hechos [...] 'Muy por el contrario, solo testificaron lo que Ponce espontáneamente dijo mientras era trasladado de comisaría capitalina a comisaría bonaerense, o cuando habiendo ingresado a ésta, se sorprendieron ante lo que Ponce les contaba, todo lo cual no generaron sino que únicamente lo percibieron a través de sus sentidos...'" (fs. 179 vta. y 180).
Con esa base, el a quo justificó que la respuesta desestimatoria a la exclusión probatoria solicitada se ajustaba a derecho, en el entendimiento de que "...no puede identificarse el derecho a no autoincriminarse, con una situación distinta en naturaleza como lo son los testimonios que dan cuenta de dichos pronunciados por un imputado por fuera del acto de su declaración [...]. Un asunto es la validez formal y otro asunto, muy distinto, es la eficacia suasoria que tales testimonios (dichos de dichos) puedan tener, lo cual obviamente dependerá de los factores particulares de apreciación del testimonio que cada caso específico ofrezca. Por otra parte, aquí no se advierte agravio constitucional si se considera que las manifestaciones efectuadas por el acusado, y que fueran recreadas en el debate por los agentes policiales, se efectuaron voluntariamente, no afectándose así la garantía contra la autoincriminación puesto que ni siquiera viene alegado que Ponce haya sido obligado a efectuar manifestación alguna por parte de los preventores" (fs. 180 vta.).
Agregó el a quo que "...tampoco deberían las manifestaciones espontáneas del encartado confundirse con la declaración prevista en el art. 308 del rito, cuya recepción resulta privativa del Ministerio Público Fiscal, previa notificación a la defensa, bajo sanción de nulidad. En efecto, los datos útiles a fin de proseguir con la investigación que de manera voluntaria y libre aporte una persona sospechada de haber cometido un ilícito, no importan la afectación de la garantía de la prohibición de la autoincriminación, pues resultaría carente de todo sentido que estuviera vedado a los agentes preventores considerar esos datos a fin de llevar a cabo las medidas urgentes que resultaran indispensables en cada caso. La mera comunicación de un dato por parte de quien eventualmente resulte imputado al personal policial, en la medida que sea producto de la libre voluntad y no sea fruto de una coacción, no es un indicio que deba desecharse, sin más, dentro del marco de una investigación criminal" (fs. cit. y 181).
Para el sentenciante resultó fundamental "...el hecho de que, en el caso, no viene alegada ni existe la más mínima sospecha de que haya existido engaño y, ni que hablar, coacción por parte de los organismos estatales, por lo que no advi[rtió] -más allá de las generalidades ensayadas por la defensa- de qué manera pudieron haberse violado las garantías constitucionales que insuficientemente se denuncian conculcadas y, en especial, la que prohíbe obligar al imputado a que se autoincrimine. [E]l art. 18 de la C.N. que se denuncia como inobservado, veda la posibilidad de que la persona sea obligada a declarar contra sí misma, lo que para nada ha ocurrido en este caso. Lo prohibido por nuestra Carta Magna es compeler a la persona (ya sea físicamente o espiritualmente) a comunicar datos o elementos que la puedan incriminar, pero no se vulnera dicha garantía cuando la persona los aporta voluntariamente al proceso, sin vestigio alguno de coacción" (fs. 181 y vta.).
III. Lo que se lleva reseñado permite concluir que el tribunal del recurso dio respuesta fundada al planteo nulificante sometido a su consideración. Carece de todo asidero el menoscabo que la defensa atribuye a la fiscalización emprendida, pues el a quo no se limitó a transcribir los fundamentos del veredicto, sino que, a partir de su examen, expuso las razones por las cuales entendió debía mantenerse la validez de las cuestionadas declaraciones.
Surge también evidente que el agravio llevado a la instancia anterior ofrecía para su análisis una particularidad discorde a la planteada en esta presentación extraordinaria.
Ante casación, la defensa se limitó a señalar que Capuccio y Britez no debieron declarar sobre los dichos incriminatorios de Ponce –no puso en duda entonces que ellos hubieran sido producto de su libre y espontánea manifestación ante los nombrados funcionarios policiales- y que el perjuicio irrogado consistió en la vulneración del derecho del imputado de guardar silencio. Tampoco invocó allí el precedente P. 105.443, que ahora cita.
En cambio, en la impugnación que aquí se examina, pretende que las mencionadas declaraciones sean nulificadas porque Ponce no habría tenido oportunidad de recibir asesoramiento sobre ese derecho que le asiste, poniendo en jaque la espontaneidad de sus dichos en virtud del contexto en que fueron pronunciados, de manera que tratándose de un sustrato argumental novedoso no puede ser atendido por esta Corte en el marco excepcional de su competencia revisora (doctr. art. 451, CPP).
Véase en tal sentido que el órgano casatorio justificó precisamente la insuficiente formulación del pedido de supresión probatoria, poniendo de resalto que la defensa ni siquiera había alegado la existencia de coacción alguna por parte de los preventores, por lo que no podía colegirse de qué modo resultarían violadas las garantías constitucionales del imputado, en particular, la que prohíbe obligarlo a autoincriminarse.
Por lo demás, la impugnación se sustenta en genéricas consideraciones que no se hacen cargo de las particularidades del caso que fueron justipreciadas por el tribunal a quo para reafirmar la validez de las declaraciones objetadas -que los funcionarios resultaban ajenos a la investigación en curso y desconocían sus vicisitudes probatorias; que no habían sometido a Ponce a interrogatorio alguno, por lo que ninguna prueba había sido obtenida ilegalmente en su contra; que no se trataba la situación de la reglada por el art. 308 del Código Procesal Penal-; tal técnica deficitaria impide evidenciar en ese análisis del a quo el vicio adjudicado, ni afrenta a garantía constitucional alguna (art. 495, CPP).
Frente al fracaso del planteo, pierde virtualidad la dogmática alegación de la parte de que con la supresión de los testimonios cuestionados no existiría otro cauce probatorio independiente capaz de sustentar la condena de Ponce, la que además ha sido introducida novedosamente en el escrito que es aquí analizado.
Conforme se indicó en el apartado II.2. del presente, el reclamo sobre la temática llevada a conocimiento de la casación estuvo ceñido a la invalidación de las declaraciones de los funcionarios policiales. Ni la defensa le asignó a tal exclusión el alcance que ahora pretende, ni discutió en dicha ocasión el cuadro probatorio en función del cual el órgano de juicio forjó su convicción sobre la autoría del acusado, el que resultó conformado con la serie de elementos, entre ellos las declaraciones en cuestión, que fueron detallados en el punto II.1. de este voto; lo que evidencia además, el sin sentido de lo postulado sobre la ausencia de otras pruebas independientes que avalen dicho extremo de la imputación.
En suma, a la dogmática invocación de la defensa de no hallarse abastecida la garantía que contempla el art. 8.2. inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se contrapone el examen realizado por la casación de los agravios de esa parte respecto del fallo de condena, sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna, contando lo resuelto con fundamentación suficiente para su validación judicial (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia