Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289, inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.904, "Bernatene, Elsa Esther contra Dirección de Hidráulica Provincial y Otros sobre Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora revocando el fallo de primera instancia en aquello que fue materia de agravios (v. fs. 451/466).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 472/480), el que fue concedido a fs. 488/489.
Dictada la providencia de llamamiento de autos para resolver (v. fs. 494) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia, en lo que fue materia de agravios. Asimismo, resolvió condenar a la Provincia de Buenos Aires -a través de los organismos con competencia en la materia- a presentar un plan de seguridad en el plazo de noventa (90) días a los efectos de erradicar el uso de las zonas adyacentes del dique Roggero como lugar de esparcimiento de las poblaciones aledañas (cons. 9).
Para así decidir, el a quo efectuó las siguientes consideraciones:
Más allá de lo resuelto respecto de la responsabilidad estatal por la muerte de los hijos de la actora, existen suficientes elementos de prueba en la causa que acreditan el uso para fines de esparcimiento en la zona adyacente al dique Roggero, siendo utilizadas las instalaciones por personas de diferentes edades con el consiguiente riesgo para su vida e integridad personal.
Destaca pasajes de la pericia obrante en autos que da cuenta de las diferentes actividades de recreación y deportes que se realizan en cercanías de la represa y en el interior del espejo de agua.
Fundamenta su decisión en la tutela preventiva en materia de daños que emerge de los tratados internacionales de protección de Derechos Humanos constitucionalizados en el año 1994 que obligan al Estado a tomar los recaudos pertinentes a los fines de tutelar la vida e integridad de las personas.
Agrega que resulta aplicable por analogía el principio de tutela preventiva en materia de daños, regulado en el art. 1.713 y concordantes del nuevo Código Civil y Comercial, justificando así la condena de la provincia a presentar un plan de seguridad para erradicar las actividades de esparcimiento en el área circundante al dique Roggero.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el Fisco de la Provincia mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia la violación de la Constitución nacional (arts. 1, 5, 18, 19, 28, 33, 43 y concs.), la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 1, 168 y 171) y los principios y doctrina legal referidos a la división de poderes, sistema republicano de gobierno y debido proceso legal, exponiendo los siguientes agravios:
El primero de ellos se centra en la violación del principio de congruencia, resultando la sentencia atacada -desde su óptica- extra petita , en virtud de no haber sido solicitado en la demanda que se realicen acciones para erradicar el uso de las zonas adyacentes del dique Roggero como lugar de esparcimiento de poblaciones aledañas.
Destaca que, sobre la parcela de la decisión judicial en cuestión, la Provincia no pudo ejercer su derecho de defensa en juicio por haberse expedido la Cámara sobre una cuestión no sometida por las partes a su consideración.
En segundo lugar, se agravia de la violación del principio republicano de gobierno y de la división de poderes por considerar que la conducta ordenada en la sentencia implica una invasión ilegítima del Poder Judicial en potestades propias, exclusivas y excluyentes del poder administrador.
Sostiene que permitir al Poder Judicial que decida sobre cuestiones de presupuesto y asignación de recursos, implica una clara violación del principio republicano de separación de poderes.
Agrega que la orden dispuesta judicialmente en materia de policía de seguridad refiere a competencias propias del estado municipal y no de la Provincia de Buenos Aires, por lo que deviene de imposible cumplimiento por parte de la recurrente sin afectar tal distribución legal de competencias.
Concluye afirmando que la realización de políticas públicas constituye el ejercicio de una facultad que, como regla, excluye la revisión judicial, cuyo ámbito queda reservado para los casos en que la decisión administrativa resultare manifiestamente ilegal e irrazonable, a la par que ocasione un daño a terceros que no sea susceptible de una adecuada reparación.
III. El recurso no puede prosperar.
Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley atento su insuficiencia cuando el impugnante no logra acreditar la violación de la ley aplicable a través de meras discrepancias subjetivas y su personal interpretación de las mismas (causa C. 109.032, int. de 30-III-2011).
La Cámara fundó normativamente la parcela de su decisión cuestionada en la nueva regulación del Código Civil y Comercial que en materia de responsabilidad reconoce la función preventiva que de oficio puede otorgar un magistrado a su sentencia (art. 1.713 y concs., Cód. Civ.), agregando que resulta una obligación que emerge de los tratados internacionales de protección de Derechos Humanos la obligación del Estado de tomar los recaudos necesarios para tutelar la vida e integridad de sus habitantes.
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos y fundamentos normativos de la sentencia recurrida, ni da cuenta del modo en que infringe la ley o doctrina legal, incurre en un déficit que se erige en una causal de inadmisibilidad, ya que dicho remedio procesal no se ha propuesto como corresponde. Es así que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (causas C. 120.566, sent. de 14-XII-2016; C. 118.824, sent. de 8-III-2017; e.o.).
Además, procede también el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sustentado -en rigor- en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión del referido postulado y de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso. Así, resulta carga del impugnante alegar infracción de las normas adjetivas que receptan el principio de congruencia.
La demandada, al inicio de su escrito recursivo, simplemente enuncia la normativa erróneamente aplicada por la Cámara (arts. 1, 5, 18, 19, 28, 33, 43 y concs., Const. nac. y 1, 168 y 171, Const. prov.) sin efectuar luego el necesario desarrollo argumental que sostenga dicha premisa. Es criterio de este Tribunal que no basta con la mera cita del precepto que se denuncia como violado o erróneamente aplicado. El recurrente debe demostrar la forma en que la sentencia en crisis incurre en alguno de los supuestos contemplados en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (causa A. 70.598, sent. de 22-VIII-2012).
No es de recibo la alegada violación al principio de congruencia si no se desarrolla algún argumento que permita visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016).
Finalmente, tampoco resulta procedente el planteo recursivo relativo a la violación del principio de división de poderes por la alegada invasión de facultades propias del Poder Ejecutivo por parte del Poder Judicial. En el estado de derecho la actividad administrativa está sujeta a control y eventual invalidación judicial a los fines del restablecimiento de los derechos conculcados por el accionar estatal. De comprobarse la causal que convierte en ilegítimo el proceder administrativo, el reconocimiento o restablecimiento del derecho pretendido, así como la consecuente condena a hacer o no hacer, forman parte del quehacer judicial (arts. 15, 20 inc. 2 y 166, Const. prov. y 14, ley 13.928), sin que con ello pueda considerarse desarticulado el principio de división de poderes sobre el que reposa la forma republicana de gobierno (arts. 1 y 5, Const. nac. y 1, Const. prov.). Por el contrario, tal efectividad es presupuesto indispensable de su vigencia (causa A. 69.990, "Di Micoli", sent. de 24-V-2011).
IV. Por los fundamentos expuestos, juzgo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, confirmando lo resuelto por la Cámara interviniente, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
En consideración a los fundamentos expuestos por la Cámara a fs. 465/466, coincido con el distinguido colega que abre el Acuerdo en que el recurso extraordinario deducido a fs. 472/480 ha sido insuficientemente fundado. En consecuencia, corresponde proceder al rechazo de la impugnación, con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289, inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia