Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74124
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.124, "Bouzón, Marcela Alejandra contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 503/508) y, en consecuencia, revocó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la demanda interpuesta por la señora Marcela Alejandra Bouzón (v. fs. 530/533 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 540/548), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 550/551.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 556), agregado el memorial presentado por la demandada (v. fs. 570/575 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por la señora Marcela Alejandra Bouzón, declaró la nulidad de las resoluciones 79.742 (Acta n° 1.873 del 2 de marzo de 2010) y 78.829 (Acta n° 1.853 del 6 de octubre de 2009) -dictadas por el Directorio de la Caja demandada en el expediente administrativo 2.138-92.069 alcance 1- y, en consecuencia, reconoció el derecho de la actora a la adecuación de su haber de pensión conforme al cómputo existente en las actuaciones administrativas incorporadas a la causa (96,6%; v. fs. 263, cómputo de servicios de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES-), desde el día 2 de enero de 2006 y ordenó la liquidación y pago de las diferencias en los haberes que correspondieran con más intereses. Impuso las costas a la demandada vencida, conforme lo normado en el art. 51 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437 (v. fs. 490/494).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 503/508 vta.) y, en consecuencia, revocó el fallo impugnado.
II.1. Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que la controversia quedó acotada a la discusión relativa al alcance de la denegatoria en sede administrativa, fundada en que los servicios extra policiales acreditados no reunían las exigencias del art. 53 del decreto ley 9.538/80 y, en su caso, tampoco las del art. 52 de la ley 13.236, para obtener el mayor porcentaje requerido por la actora en la determinación del haber (96,6% del cargo de revista) por sobre el reconocido por la demandada, que ascendía al 75%.
Destacó que le asistía razón a la apelante en cuanto a que la decisión de primera instancia adoptó un derrotero que no se compadecía con los contornos precisos del objeto de la demanda, el que había sido acotado a reclamar un pronunciamiento que reconociera el derecho a reajuste en el haber de la actora con el cómputo de los servicios de afiliación nacional reconocidos por la ANSES a su causante (Juan José Ribelli), hasta alcanzar el porcentaje del 96,6%. Ello, en función del 75% reconocido por el referido organismo previsional, porcentaje que la beneficiaria intentó reajustar.
II.2. En el marco de ese planteo, sostuvo que las condiciones de reconocimiento del art. 52 de la ley 13.236, previstas en el sistema para acrecentar el haber, no fueron materia de cuestionamiento constitucional.
Destacó que, pese a ello, el reclamo inicial de la accionante se fundó en el decreto ley 9.538/80 en cuyo marco le fue reconocido el beneficio (cfr. art. 48 inc. "b", texto según ley 12.962), computando 25 años de aportes de su causante. Agregó que la demandante reiteró el mismo fundamento normativo en su escrito de contestación del recurso de apelación (v. fs. 516/518).
Señaló que la situación pensionaria se consolidó a partir de la transferencia hacia su beneficio de pensión de la situación previsional del señor Juan José Ribelli al tiempo de generado el derecho y en la medida de las condiciones con que la obtuviera, al amparo del referido art. 48. Es por aplicación del decreto ley 9.538 citado que se produjo el otorgamiento del beneficio de pensión provisoria a favor de la accionante.
Recordó que el requerimiento de reajuste de la parte actora, se apoyó en la fuerza aplicativa del art. 58 del decreto ley 9.538/80 para abastecer un criterio por el que sostuvo innecesaria toda remisión al régimen general del decreto ley 9.650/80 en la solución de la controversia. Sin embargo, frente al cuadro descripto, dejó sentado que el marco legal aplicable al beneficio no puede ser otro que el del decreto ley 9.538/80. Ello, no solo por determinación de la época de adquirido el derecho a partir del cese del causante sino también la de los servicios en más, bajo los cuales se procuraba el incremento perseguido. Aclaró que, de todos modos, la solución que determinaría para el caso bajo estudio, no podría variar aún si se aplicara el art. 52 de la ley 13.236.
II.3. Luego de establecer las cuestiones esenciales que delimitan la contienda, la Cámara resolvió que era improcedente la aplicación del art. 58 del decreto ley 9.538/80 pues, "...referido éste al lapso de prescripción sobre haberes y diferencias devengadas, nada aporta a la procedencia del presupuesto en el que pueda sostenerse ese devengamiento, siendo que ella constituye la cuestión previa que exhibe el contradictorio..." (fs. 532 vta.).
Entendió que era necesario recurrir al régimen general que aporta el decreto ley 9.650/80 en su art. 53 y decidir así la variable de acrecentamiento en el causante y su transferencia a la actora como causahabiente. Y, en tal contexto, "el propósito por agregar al transcurso que ha sido la base de determinación del haber el período en más laborado con aportes al ANSES (fs. 263), carece de consistencia, en tanto la certificación que los acredita no da cuenta de una fuente que sea susceptible a la acumulación perseguida, pues no reporta la satisfacción de la primera de las exigencias normativas (art. 53 inc. a) decreto ley 9650/80 cit.), que es relativa a un desempeño en cargo o funciones de superior jerarquía a aquélla computada para otorgar la prestación [...] No basta con justificar servicios en más, ni aún computables bajo el sistema interjurisdiccional, siéstos no reúnen esa condición" (fs. 532 vta.).
Por último, entendió que la presencia de aportes posteriores al sistema nacional de reparto, nada agregaba a una situación que definía de manera inequívoca el referido art. 53 del decreto ley 9.650/80, tal y como también lo regulaba el art. 52 de la ley 13.236.
Concluyó que al estar ausente el mencionado recaudo [desempeño en cargo o funciones de superior jerarquía a aquélla computada para otorgar la prestación] y descartada así la posibilidad de complementar el haber con el desempeño invocado, que no acreditaba la referida exigencia, correspondía hacer lugar a la apelación de la Fiscalía de Estado, en tanto "el requisito de la norma local no modifica ni altera el sistema de reciprocidad, cuya integridad se muestra incólume en un caso que se resuelve en armonía y adecuación a una plataforma fáctica que no ha sido valorada de manera suficiente en la sentencia recurrida".
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 540/548 la parte actora denunció que la sentencia de la Cámara incurrió en error en la aplicación legislativa, pues su requerimiento de reajuste no se refiere a un caso de reingreso a la actividad, sino que se encuadra en las previsiones correspondientes a la reciprocidad jubilatoria a la que adhirió la Caja de Retiro de Jubilaciones y Pensiones de la Policía.
Adujo que no existió apartamiento del juez de primera instancia respecto de los hechos y el derecho en litigio sino, por el contrario, éste basó su decisión en forma razonada y ajustada a derecho.
Sostuvo que, en el caso, ante la provisoriedad y no constitución definitiva de los requisitos para la obtención del beneficio de retiro o jubilación que establecía el decreto ley 9.538/80, en su art. 48 inc. "b", no podía sustentarse ninguna argumentación legal que hiciera referencia al reingreso a la actividad ya que no existió tal reingreso, sino una continuidad laboral y previsional que descansa en la referida normativa a la que la Caja adhirió.
Se agravió porque la Cámara le cuestionó no haber solicitado la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 13.236, contradiciéndose al afirmar que la ley aplicable al caso era el decreto ley 9.538/80 por principios previsionales y ser la norma vigente al momento del cese.
Señaló que toda esa construcción argumental era errónea ya que, según su criterio, no podría solicitarse la inconstitucionalidad de una norma no aplicable al caso, toda vez que no se encuentra ante un beneficio solicitado por quien devengó los aportes en actividad, sino ante un beneficio provisorio de pensión donde la figura de quien generó los aportes es la del causante.
Adunó que tampoco estaban cerrados los requisitos a que alude el art. 48 inc. "b" del decreto ley 9.538 al establecer que, en caso de que el afiliado resultare absuelto, el beneficio de pensión caducará y se beneficiará con el retiro o jubilación si reúne los demás requisitos exigidos para su otorgamiento. Explica que, si con la absolución el afiliado no alcanzare los mínimos recaudos para obtener el retiro o jubilación, el beneficio previsional otorgado provisoriamente no sería transformado sino suspendido y, en consecuencia, los períodos foráneos con aportes devengados pasarían sin más a integrar el cómputo previsional al momento de solicitar el beneficio previsional a través del convenio de reciprocidad con la oportuna determinación de la Caja otorgante.
Afirmó que con base en ello el juez de primera instancia acertó al momento de resolver, interpretando de manera correcta la legislación aplicable al caso, que no es otra que el decreto ley 9.316/46, ratificado por ley provincial 5.157, junto a las obligaciones de la demandada en virtud de su adhesión a este convenio de reciprocidad, firmado con el régimen nacional previsional.
Sostuvo que la facultad que tiene el organismo previsional provincial para calcular el monto de la prestación, según sus disposiciones orgánicas, permite el deber correlativo de considerar todos los servicios y la totalidad de las remuneraciones percibidas en el régimen nacional como prestado y devengado bajo su propio régimen.
Manifestó que la adhesión de la Provincia al sistema de reciprocidad creado y el convenio suscripto por el Instituto de Previsión Social el día 6 de agosto de 1948, implicó la incorporación de una norma federal, razón por la cual las leyes provinciales sancionadas con posterioridad no lo han podido modificar. Aduce que el decreto ley nacional 9.316/46, por el origen de su vigencia en la provincia, constituye una "ley contrato" de aplicación prioritaria respecto de la legislación puramente provincial e inmodificable por ella. Cita jurisprudencia de este Tribunal que así lo tiene dicho (causas B. 53.122, "Cattaneo de Lopez", sent. de 25-VIII-1992; B. 54.279, "Menduiña", sent. de 8-III-1994 y B. 67.278, "Maroni", sent. de 3-X-2007; e.o.).
Destacó que este Tribunal, en la causa B. 57.793, "Suarez", sent. de 18-XII-2002, resolvió que la vinculación entre la Provincia y la Nación a través del convenio suscripto en el año 1948 no implicó la instauración de un régimen de aplicación uniforme, sino un verdadero acuerdo interjurisdiccional, en el que las partes sin resignar sus potestades en materia previsional establecieron la forma en que habría de posibilitarse el cómputo de servicios de los afiliados a una u otra jurisdicción. Y es al celebrarse este convenio en que se origina una norma federal de aplicación obligatoria en los estados provinciales, en virtud del compromiso asumido por éstos al celebrar los acuerdos con el Gobierno nacional.
Recordó que es así como queda expuesto que cuando para la determinación del haber debe acudirse al cómputo de remuneraciones con aportes a otro régimen, los principios del sistema de reciprocidad jubilatoria imponen conferir igual trato a todos los servicios, cualquiera haya sido el régimen bajo el cual se prestaron y acumular las remuneraciones cobradas a los efectos de la determinación del monto de la prestación, considerándolas por la Caja otorgante del beneficio como devengadas bajo su propio régimen (causa B. 57.034, "Pintos", sent. de 3-III-1998).
Concluyó que debía tenerse en cuenta la grave afectación al principio de igualdad ante la ley, el que puede probarse con solo requerir a la demandada que "remita los expedientes de jubilación y aumento de porcentaje de liquidación de haberes del Suboficial Mayor Acosta Ramón Isidro, que fue resuelto favorablemente poco antes de la petición de esta parte", junto a "otros trámites de otros beneficiarios de dicha Caja que también han sido resueltos favorablemente a esa fecha, lo que se puede constatar mediante informe de la misma" (fs. 547 vta., penúltimo párr.).
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. La Cámara, en primer lugar, ponderó que la sentencia de primera instancia se apartó de la cuestión sometida a juzgamiento al adoptar un derrotero que no se compadecía con los contornos precisos del objeto de la demanda mediante la cual la actora reclamó el reconocimiento del derecho a reajustar su haber con el cómputo de los servicios de afiliación nacional reconocidos por la ANSES a su causante, hasta alcanzar el porcentaje del 96,6% y no el 75% que le fue reconocido.
Puntualmente decidió que para determinar la variable de acrecentamiento del haber del señor Ribelli y su transferencia a la actora como causahabiente, debía acudirse a lo previsto por el art. 53 del decreto ley 9.650/80. En ese contexto, entendió que el período en más laborado con aportes al ANSES (v. fs. 263) por el causante no podía ser acumulado porque no satisfacía la primera de las exigencias normativas (art. 53 inc. "a", decreto ley cit.), que es la relativa a un desempeño en cargo o funciones de superior jerarquía a aquella computada para otorgar la prestación. Destacó que no bastaba para justificar servicios en más, ni aún computables bajo el sistema interjurisdiccional, siéstos no reunían la mentada condición (v. fs. 532 vta.). Aclaró que del mismo modo lo regulaba el art. 52 de la ley 13.236.
IV.2. Tales argumentos no han sido rebatidos con la suficiencia requerida (art. 279, CPCC).
En efecto, se advierte que la parte interesada omitió denunciar como infringida la norma legal actuada por la Cámara y que constituyó el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustentó la sentencia impugnada, es decir el art. 53 inc. "a" del decreto ley 9.650/80.
En tal sentido, si se soslaya mencionar la disposición esencial sobre la cual se sustenta el pronunciamiento atacado, queda insatisfecha la carga de fundamentación adecuada (conf. art. 279, cit.).
Sabido es que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no se alega la transgresión de norma legal alguna, pues esta Suprema Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (causas A. 70.211, "G., M. A.", sent. de 18-V-2011; A. 71.710, "M., E. M.", sent. de 11-V-2016 y A. 73.635, "Pedoto", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
El mero señalamiento acerca de que el a quo incurrió en error en la aplicación de la ley, en manera alguna satisface la carga técnica que impone el ritual, de contener en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (conf. art. 279, cit.).
Los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado pues, de lo contrario, se infringen normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, CPCC; causas A. 70.339, "Buschiazo", sent. de 6-VI-2014 y A. 72.773, "Ayala", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
IV.3. Frente a los argumentos del a quo , la recurrente se limita a reiterar planteos que han sido tratados y rechazados por la Cámara. Sus agravios se limitan a la discusión sobre la aplicación al caso de la ley 13.236, la clasificación de los servicios extra policiales y la aplicación de precedentes administrativos y/o judiciales, prescindiendo de una de las reglas que impone la instancia extraordinaria que no es otra que aquella que exige una crítica concreta y razonada sobre los fundamentos en que se basó la a quo para rechazar la demanda.
Es doctrina del Tribunal que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y que se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del asunto, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas A. 70.339 y A. 72.773, cit.).
IV.4. Idéntico déficit se verifica con relación a la denuncia de violación de la doctrina legal de este Tribunal, toda vez que para demostrar tal infracción no basta identificar el precedente de la Suprema Corte que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causas A. 72.293, "Gomez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017; A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.974, "Mastellone Hnos. S.A.", sent. de 20-IX-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017 y A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
V. Por las razones expuestas, atento que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC), corresponde su rechazo.
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó ta
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