Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71043
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde, rechazar el recurso extraordinario interpuesto, con costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.043, "González, Mabel Leoncia contra Municipalidad de Tapalqué. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto, confirmando de tal modo el fallo de primera instancia que desestimara la demanda de daños y perjuicios derivados de la muerte del señor Adolfo Omar Gargaglione (hijo de la actora), mientras realizaba tareas de limpieza en la piscina del Club Atlético Tapalqué, en la ciudad del mismo nombre (v. fs. 322/334).
Disconforme con dicha sentencia, la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido (v. resol. de fs. 359/360).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 365) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal a quo rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia de primera instancia que rechazara la demanda de daños iniciada por la actora mediante la cual pretendía una indemnización derivada de la muerte del señor Adolfo Omar Gargaglione, hijo de la accionante, mientras realizaba tareas de limpieza en la pileta propiedad del Club Atlético Tapalqué.
Para así decidir, y en cuanto interesa al caso, la Cámara actuante consideró acertada la conclusión del magistrado de primera instancia que estimó ausentes los presupuestos para la procedencia de la responsabilidad del Estado, básicamente por la inexistencia de relación causal entre la omisión estatal y el daño sufrido (v. punto II.1.1. del voto señalado).
En tal sentido recordó que la presente causa se inició por la actora con el objeto de hacer efectiva una pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de Tapalqué por los perjuicios derivados de la muerte de su hijo mientras realizaba tareas de limpieza de la piscina del Club Atlético Tapalqué, originada –según denuncia- por una pequeña descarga eléctrica de la bomba autocebante utilizada a tal efecto.
Partiendo de esta premisa –continuó repasando- la accionante le atribuye responsabilidad al municipio demandado con base en la supuesta omisión en el ejercicio del poder de policía el que, según entiende, le impidió detectar los desperfectos de la instalación eléctrica dando lugar a la descarga que sostiene le ocasionó la muerte a su hijo.
Con referencia a ello consideró determinante, para rechazar la pretensión de daños, la circunstancia de no haberse demostrado en el presente juicio la verdadera causa del fallecimiento de Gargaglione, en tanto las constancias obrantes en la IPP sólo dan cuenta de probables acontecimientos que derivaron en el deceso referido, pero en modo alguno existe el grado de certeza necesario para establecer el mentado nexo causal imprescindible para responsabilizar al Estado por omisión en el poder de policía.
Según advirtió, no se encuentra debidamente demostrado que el deceso del señor Adolfo Omar Gargalione se hubiera producido por electrocución, siendo insuficientes –a tal fin- los elementos arrimados por la parte actora a la causa. Para ello valoró el informe médico obrante en la IPP elaborado luego de la operación de autopsia del cual surge que el deceso se produjo por un paro cardiorespiratorio traumático con un traumatismo de cráneo y en el que solo se consignó "probable asfixia por sumersión y electrocución", circunstancia esta última que no fue corroborada ni por el resto de las pericias producidas ni por el propio testimonio del perito que realizara dicho informe.
Que al no encontrarse debidamente acreditada la causa del obituario, continuó, no puede afirmarse -como lo hace la actora en su recurso- que de haber adoptado la Municipalidad de Tapalqué ciertas medidas de seguridad en el ejercicio de la policía administrativa sobre la pileta del Club, se hubiera evitado la muerte de Adolfo Omar Gargaglione.
Que por ello tampoco se configura un caso de "absurda valoración de la prueba" por parte del magistrado de la instancia, en tanto de un detenido estudio de las constancias de la causa se desprende que la causa invocada en la demanda como causante de la muerte y sobre la base de la cual se imputa la responsabilidad estatal, esto es la supuesta "descarga eléctrica de la bomba autocebante", no ha sido debidamente acreditada.
En este sentido, explica el Tribunal de Alzada que las argumentaciones de la recurrente tendientes a sostener el carácter de "cosa riesgosa" de la bomba autocebante de la piscina no alcanzan mayor grado de verosimilitud que el de una opinión personal, siendo que no se ha podido probar la verdadera causa de la muerte.
Siendo así, concluye, resulta superfluo analizar los agravios vinculados con la supuesta culpa de la víctima en el suceso fatal, en tanto aquella "se relaciona con la concurrencia o no de una de las eximentes previstas en la norma fondal, cuya ponderación sólo cobra vigencia para desligar al accionado de la responsabilidad que en principio se le atribuye, presupuesto que no se halla presente en el sub lite ".
II. Contra esta decisión, se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad en el que básicamente reitera sus argumentos vinculados con la existencia de una "falta de servicio" por parte de la Comuna de Tapalqué, al omitir cumplir con lo ordenado en la ley provincial 10.271, respecto del poder de policía en materia de piscinas públicas o semipúblicas.
Sostiene la existencia de los recaudos que harían viable la responsabilidad estatal: falta de servicio, existencia de daño y relación causal entre ellos.
Por su parte, cita doctrina judicial en donde se consideró como riesgosa a la energía eléctrica y por ello de aplicación el art. 1.113 del Código Civil.
Asimismo, invoca absurdo en el fallo del Tribunal de Alzada, estimando probado que el daño fue originado por el vicio de la cosa. Según entiende lo más probable es que dada las condiciones en que se encontraba la bomba, esta produjo una descarga eléctrica que generó la caída y posterior golpe en la cabeza, cuyo desenlace fue el deceso de la víctima.
Cita doctrinas judiciales en materia de responsabilidad del Estado y opinión de autores de derecho civil respecto de la temática de la responsabilidad por omisión.
III.1. Como surge del relato anterior, la pieza recursiva se funda en la responsabilidad que se enrostra a la Municipalidad de Tapalqué por la muerte de Adolfo Omar Gargaglione en la ocasión de realizar tareas de limpieza en la piscina del Club Atlético Tapalqué, ello en virtud de la supuesta omisión en el ejercicio del poder de policía de seguridad en piscinas y natatorios públicos, semipúblicos o comerciales.
En otras palabras, el argumento central del recurrente transita por responsabilizar al Estado por su conducta omisiva, dando por cierto que la causa de la muerte ha sido la electrocución como consecuencia del estado deficiente de la bomba autocebante que se encontraba utilizando la víctima, y que de haberse inspeccionado por la comuna podría haberse evitado.
III.2. Adelanto que en mi opinión el recurso no puede prosperar.
Cabe recordar que en esta instancia extraordinaria es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007). Déficit que, entiendo, exhibe la pieza recursiva.
En efecto, si bien la actora denuncia la aplicación errónea de ciertas normas del Código Civil en materia de responsabilidad como así también el incumplimiento de la ley 10.217, lo cierto es que se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas en su recurso de apelación, sin abordar adecuadamente la razón fundamental dada por el Tribunal de Alzada para rechazar la demanda de daños y perjuicios contra la comuna demandada.
Como vimos, la sentencia impugnada descartó la responsabilidad estatal por existir una indeterminación fáctica previa en relación a la causa real del fallecimiento, lo que impidió cualquier tipo de evaluación jurídica posterior. Asimismo, destacó la ausencia de actividad probatoria suficiente –por parte de la accionante- como para disipar tal incertidumbre.
Ahora bien, lejos de contradecir esta conclusión la recurrente insiste con esta aseveración sin que la mera invocación del absurdo, realizada en la parte final de su recurso, resulte suficiente para demostrar que ésta sea producto de una interpretación irrazonable o incompatible con las constancias de la causa, único supuesto donde este Tribunal podría entrar a considerar cuestiones que por regla escapan a su conocimiento.
Al respecto cabe recordar que este instituto creado por la doctrina de este Tribunal, supone la denuncia de un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desintepretación del material probatorio aportado (causas Ac. 74.854, sent. de 8-XI-2006 y Ac. 91.954, sent. de 8-VIII-2007), que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas L. 94.977, "Balbis", sent. de 6-V-2009 y L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008).
Empero este vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie, desde que el recurrente reiterando argumentos antes expuestos opone a la apreciación efectuada por la Cámara consideraciones que se sustentan solo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas.
Si bien, a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión material fáctico de la causa de casación, a ella solo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Ello así en el entendimiento que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. doctr. causas A. 70.001, sent. de 8-XI-2010; A. 71.274, sent. de 7-IX-2016 y A. 72.831, sent. de 6-XII-2017). Exigencia que no ha sido cumplimentada por el quejoso.
Por lo demás, advierto que los planteos de la recurrente vinculados con la falta de aplicación de una supuesta responsabilidad derivada de la "cosa riesgosa" (art. 1.113, Cód. Civ.) importa una demostración más de la insuficiencia impugnatoria, en tanto ésta fue abordada por la Cámara interviniente desde un ángulo argumental que no ha sido controvertido de manera suficiente por la recurrente, circunstancia que sella el resultado adverso del presente recurso.
Vinculado a ello la parte quejosa denuncia también en forma genérica e imprecisa la violación de cierta doctrina legal, incumpliendo de este modo la exigencia que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada (doctr. causa Ac. 95.743, sent. de 13-XII-2006).
Específicamente, en el recurso referido las supuestas citas de pronunciamientos de este Tribunal no son explicitadas en su relación material con los hechos del sub lite , sino que, por el contrario, se invocan en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
En tal sentido, la denunciada violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas Ac. 34.081, "Pérez, Paula", sentencia de 23-VII-1985 y Ac. 33.743, "Domínguez de Tevez", sentencia de 14-X-1986, tampoco es de recibo puesto que, conforme se ha resuelto reiteradamente, resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (cfr. causas Ac. 76.777, sent. de 28-III-2001; Ac. 76.888, sent. de 19-II-2002; Ac. 84.617, sent. de 5-V-2004; A. 68.808, "Maidana", sent. de 20-VI-2007; A. 68.817, "Bersani Ledesma", sent. de 20-VI-2007; e.o.) tal como sucede en la especie.
IV. En consecuencia, al no haberse demostrado ni la violación de las normas ni el absurdo invocado, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas a la vencida (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde, rechazar el recurso extraordinario interpuesto, con costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia