Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73966
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 289 último párr., CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.966, "Aquilano, José Luis contra Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, acogiera la demanda contencioso administrativa deducida por el señor José Luis Aquilano e impuso las costas a la recurrente vencida, conforme art. 51, texto según ley 14.437 (v. fs. 420/426).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 432/439), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 440/441.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 446), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- acogió la demanda contencioso administrativa promovida por el señor Aquilano mediante la cual peticionaba la nulidad de la resolución 1.503/03 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el marco del sumario administrativo 11.608. A través de esta se dispuso aplicar a la accionante la sanción de suspensión por el término de diez días y la formulación de un cargo patrimonial, por encontrarlo responsable de haber trasgredido las obligaciones previstas en el art. 167 del Reglamento de Disciplina para el personal.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada en primer lugar reivindicó las facultades que en materia de valoración y selección de las pruebas tiene la instancia ordinaria para luego adunar otro fundamento a la revocación de la sanción oportunamente resuelta por el a quo por falta de proporcionalidad: esto es la falta total de relación entre los hechos comprobados y el derecho aplicado.
En efecto según ponderó de la prueba rendida lejos de haberse probado la participación del señor Aquilano en los hechos, quedó claro que éste fue una víctima de la señora Cavello, también empleada de la entidad, quien, abusando de su confianza, utilizó su clave personal para perpetrar la estafa al Banco.
De este modo expresó "...las propias constancias del sumario demuestran, junto con las piezas que forman parte del mismo, de carácter penal, que la responsabilidad se nuclea exclusivamente en la señora Cavello, sin que se haya demostrado participación de otra distinta; inclusive se corrobora con el reclamo de carácter civil que el Banco entablara contra ella".
Y que "...el aprovechamiento de un tercero no puede imputarse para afirmar que no haya ejercido en forma correcta las facultades y atribuciones propias de su cargo y que no se haya ajustado a las normativas en cuestión", así como tampoco pudo acreditarse que el señor Aquilano haya divulgado, suministrado él mismo a terceros, o haya dejado en lugares que no sean de su exclusivo acceso, su clave personal para ingresar al sistema.
Por eso concluyó, se ha llegado a una sanción que no se corresponde con su antecedente, no dando lugar a dudas que no se ha probado que la participación en los desvíos de fondos haya sido con la participación del actor.
En consecuencia, rechazó el recurso de apelación interpuesto, confirmando la decisión del juez de grado, en cuanto dispuso la nulidad de la resolución 1.503/03 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en lo que refiere a las sanciones impuestas al actor.
Por último, en cuanto a la crítica efectuada con relación a la imposición de las costas en la instancia de grado, consideró que la posición de la recurrente resulta inadecuada e inoficiosa la jurisprudencia citada, por lo que propició su rechazo, y en aplicación de la norma del art. 51 punto 1 del Código Contencioso Administrativo, según ley 14.437 las impuso a la demandada vencida.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia básicamente absurdo.
Sostiene que el deber de guarda, custodia y conservación de activos tales como claves personales es una obligación de resultado, por ello no es suficiente acreditar que no hubo culpa del actor, sino que se debe acreditar fehacientemente la culpa de un tercero o la falta de reprochabilidad en el accionar. Entiende que el actor de manera directa o indirecta fue coautor en el desarrollo del daño por la falta de cuidado y en consecuencia debe responder administrativamente por esta falta.
Argumenta asimismo que existe culpa concurrente del actor con quien luego terminó perpetrando el ilícito. Afirma que los hechos investigados en el sumario que tuviera como principal responsable a la señora Edith Cavello, sólo pudieron acontecer con la colaboración que a éstas le reportaron las conductas desaprensivas del resto de los empleados sancionados en la resolución que aquí se impugna.
Sostiene que se encuentra acreditado el incumplimiento de los deberes establecidos en el estatuto del empleado
Finalmente, se agravia de que la sentencia recurrida le impuso las costas por su condición de vencida al aplicar el art. 51 de la ley 12.008, texto según ley 14.437.
Considera que en estos autos han mediado razones atendibles para apartarse de tal criterio. Destaca que el nuevo régimen se sancionó cuando el presente proceso ya se encontraba iniciado y que por esta razón las costas debían imponerse en el orden causado.
Entiende igualmente que aún con la nueva norma en algunas ocasiones se permite que las costas se impongan de ese modo -no obstante la vigencia del nuevo art. 51 de la ley 12.008, texto según ley 14.437- ya que autoriza en forma expresa a los magistrados a eximir total o parcialmente del pago de las mismas al vencido, cuando la cuestión controvertida es compleja o dudosa, situación que entiende se da en el sub lite .
III. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
III.1. Sabido es que por vía de principio los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de la prueba por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (doctr. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 70.598, "L., R. C.", sent. de 22-VIII-2012; A. 71.584, "Ramos Leiva", sent. de 30-III-2016; e.o.).
En la acepción dada por esta Suprema Corte se define al absurdo como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 69.017, "Salguero", sent. de 3-VI-2009; A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; A. 71.584, cit. y A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016).
En la especie la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que autorice a casar el fallo en crisis. Veamos:
Las alegaciones de la recurrente giran en torno a señalar que la Cámara incurrió en un error de juzgamiento al omitir ponderar la supuesta negligencia en el cumplimiento de sus tareas que habrían permitido perpetrar el posterior ilícito por la señora Cavello.
En efecto, señala que el a quo no valoró que en el caso el deber de los empleados es de resultado y no de medios, con lo que no era suficiente probar la falta de culpa sino la de un tercero o la irreprochabilidad del actuar.
Sin embargo, la Cámara, aún sin desconocer las alegaciones de la accionada, centró su análisis en el trámite del sumario administrativo y concluyó que no se encontraba acreditada la falta disciplinaria atribuida al actor desde que -según la prueba rendida- lo que sí había quedado probado fue que, abusada la confianza por parte de una tercera persona (por no decir a través de maniobras engañosas que han permitido el uso indebido de las herramientas tecnológicas) ésta se valió de ello para realizar las maniobras fraudulentas. Es más, según entendió de las propias constancias sumariales quedó demostrado, junto con las piezas de carácter penal que forman parte del mismo, que la responsabilidad se nucleó exclusivamente en la señora Cavello, sin que se haya demostrado participación de otra distinta.
Por ello concluyó que no existía prueba alguna de que el actor no hubiera prestado el servicio con eficiencia y demás condiciones que impone el Estatuto para el Personal del Banco, no resultando para ello suficiente la circunstancia de que un tercero se pudiera haber aprovechado de su clave para cometer los ilícitos, en tanto no pudo probarse que el señor Aquilano haya divulgado, suministrado él mismo a terceros, o haya dejado en lugares que no sean de su exclusivo acceso, su clave personal para ingresar al sistema.
A partir de allí, consideró que los agravios vertidos por la recurrente resultaban inconsistentes para desvirtuar la solución adoptada.
Como se observa, el fundamento central del fallo, referido a la ausencia de prueba que diera cuenta al menos de un obrar negligente en cabeza del actor, ha quedado indemne y fuera del abordaje recursivo que hubiera correspondido para permitir su revisión.
El juzgamiento de la Cámara llega incólume a esta instancia extraordinaria, pues más allá de la genérica denuncia de absurdo, la sentencia resiste los embates. Las objeciones formuladas por la quejosa conforman meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para los agravios, puesto que -como quedó expresado- el absurdo solo se configura cuando media cabal demostración de su existencia.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (doctr. causas L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016 y C. 118.779, "Misuraca", sent. de 19-X-2016) y que se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.831, "Muñoz", sent. de 10-XII-2014 y A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016).
Y que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, como lo es interpretar, en el caso, los hechos y las pruebas aportadas, discrepancia que resulta insuficiente para modificar el pronunciamiento atacado (doctr. causas A. 71.933, "Braña", sent. de 11-III-2015; A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; C. 119.731, "Estoroni", sent. de 15-XI-2016 y C. 120.447, "Samaniego", sent. de 8-III-2017).
III.2. Por otro lado y sin perjuicio de considerar infundada la pretensión de la demandada de que exista una obligación de resultado en cabeza del agente (pues no surge con este carácter en la normativa involucrada; cfr. del Estatuto para el Personal), lo cierto es que ello configura además el fruto de una reflexión tardía que de modo alguno puede introducirse en esta instancia extraordinaria.
Al respecto basta señalar que de la lectura de la expresión de agravios (v. fs. 394/399), surge que la cuestión no fue oportuna y concretamente planteada con este alcance ante la segunda instancia, sólo existe una mínima mención en la contestación de demanda, pero tampoco en esos términos, sino que simplemente se indicó que el incumplimiento del deber de custodia de las claves debía ser interpretado de manera objetiva (punto III, séptimo párr., contestación de demanda, fs. 204).
Dicho argumento no se condice con lo planteado posteriormente ante esta sede por el recurrente quien, como fuera ut supra reseñado, sostiene que en el caso se trata de una obligación de resultado y que por ello no cabe indagar si existe o no culpa pues operaría como una responsabilidad objetiva, cuestión que, así planteada, no fue alegada ni probada en instancias anteriores, por lo que no es procedente considerarla por vía de inaplicabilidad.
En este sentido vale recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley este Tribunal no puede conocer de cuestiones que no fueran sometidas a consideración de la segunda instancia (conf. doctr. Ac. 61.656, sent. de 1-XII-2004; C. 93.735, sent. de 27-VIII-2008; e.o.), lo cual sella adversamente la suerte de este tramo del recurso.
Para más y aún puesto en esa línea de razonamiento lo cierto es que lo que el Tribunal de Alzada consideró -con base en las constancias del sumario- que la responsabilidad había sido exclusiva de la señora Cavello, situación que descarta la del actor aun cuando pudiera considerarse a ésta objetiva.
Finalmente, respecto a la denuncia de la violación de doctrina legal realizada al principio del escrito recursivo, destaco que la misma no tuvo desarrollo incumpliéndose la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada indicando en qué consiste tal violación o error (doctr. causa A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016).
III.3. Por último, en cuanto al agravio referido a las costas del proceso y la petición de que las mismas sean impuestas por su orden, considero que tampoco puede prosperar, toda vez que al momento en que el juez de primera instancia dictó el pronunciamiento recurrido ya había entrado en vigencia la ley 14.437 (cfr. doctr. causa A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017 y mayoría en causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Por lo demás, he de recordar que la imposición y distribución de costas constituye una manifestación del ejercicio de facultades propias de los jueces de instancias ordinarias, aspectos que -por regla- no son revisables en casación, salvo que se demuestre absurdo, representado por una irrazonable o burda meritación de las constancias de la causa que conduzca a alterar la condición de vencido o que evidencie una manifiesta iniquidad en el criterio de distribución utilizado (doctr. causas A. 69.243, sent. de 6-X-2010; C. 99.382, sent. de 12-III-2014; e.o.) circunstancias que no concurren en la especie.
IV. Por las razones expuestas, no habiéndose demostrado el absurdo valorativo alegado (art. 279, CPCC y su doctrina), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 289 último párr., CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero a lo expuesto y votado por el colega que inicia el acuerdo en los puntos III.1. y IV. de su exposición.
En lo que concierne al agravio vinculado con la imposición de costas, considero que los argumentos que contiene el recurso también devienen inhábiles para provocar la revisión de lo decidido.
Es doctrina reiterada de esta Corte que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. causas L. 98.143, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-III-2009; L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008 y L.74.349, "Arias", sent. de 11-VI-2003).
En el caso, la pretendida revisión traída a esta instancia con base en la escueta alusión de que la cuestión controvertida en autos resulta compleja o dudosa no es viable, pues no demuestra la existencia de algún extremo susceptible de descalificar el ejercicio de atribuciones privativas que el Tribunal de Alzada tiene sobre la materia (art. 279, CPCC).
Voto, así, por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 289 último párr., CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia