Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde, rechazar el recurso extraordinario interpuesto, con costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 60, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 70.978, "Magadan, Guillermo Arturo y otros contra Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la pretensión anulatoria de las resoluciones de fecha 23-XI-2002 y 11-XII-2003, dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en lo que atañe a la rendición de cuentas de la Municipalidad de la Costa -ejercicio 1999- y a los cargos formulados en relación con los actores -funcionarios públicos con cargos vigentes en aquél período-.
Impuso las costas del proceso en el orden causado, en los términos del art. 51 del Código Contencioso Administrativo.
Disconforme con tal pronunciamiento, los actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 176) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó la pretensión anulatoria interpuesta por los señores Guillermo Arturo Magadan, Emilia Cristina Panzeri y Luis Alfredo Ramón Silva, en su calidad de funcionarios de la Municipalidad de la Costa durante el ejercicio 1999 -todos con responsabilidad política y contable- con el objeto de que se dejaran sin efecto sendas resoluciones del Tribunal de Cuentas provincial en cuanto imponían distintas sanciones pecuniarias a los nombrados, por incumplimiento de deberes de formalidades legales y reglamentarias al confeccionar la rendición de cuentas municipal de referencia (v. fs. 96/99).
Previamente, el magistrado había hecho lugar a una medida cautelar suspensiva de los efectos de la sentencia del Tribunal de Cuentas de fecha 11-XII-2003 (v. resolución de fs. 20).
I.2. Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de apelación, argumentando que la sentencia de grado aplica erróneamente los arts. 79 del decreto ley 7.647/70; 41 de la ley 10.869; 93, 191, 1.145 y 1.146 del Código Civil en cuanto a las normas de orden público que gobiernan la competencia y la materia del debido proceso legal, por cuanto el Tribunal de Cuentas tendría una naturaleza eminentemente "penal" (v. recurso obrante a fs. 100/114). De su lado, plantea la ausencia de motivación en las resoluciones cuestionadas, y la falta de valoración de este punto por la sentencia atacada, lo que devendría en una ausencia de razonabilidad en la misma.
Asimismo, se agravia respecto de la prescindencia de pruebas que resultarían decisivas para alterar el resultado del presente juicio.
I.3. En sentencia obrante a fs. 132/141, la Cámara Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de La Plata consideró, de un lado, que el pronunciamiento de primera instancia enfocó correctamente la cuestión de la inexistencia de pérdida de competencia por caducidad temporal, respecto del Tribunal de Cuentas, con aplicación del Código Procesal Penal en lugar de la ley de procedimientos administrativos. En este pasaje, el a quo refiere acerca del carácter de Tribunal administrativo del ente citado y de sus funciones jurisdiccionales de contralor, así como ausencia de vigencia efectiva de la norma invocada por los actores para este agravio (art. 17, ley 10.869).
Por otra parte, la sentencia en cuestión, desestima el agravio de falta de motivación de las resoluciones recurridas sobre la base de que la aceptación por parte del plenario del Tribunal de Cuentas respecto del criterio de la relatoría, no significa exclusión de la voluntad decisoria propia del vocal preopinante a cuyo voto adhirieron los restantes miembros (v. punto II.2."b", del voto de la doctora Milanta, al cual adhirieron, en lo sustancial, los restantes camaristas).
Asimismo, el Tribunal de Alzada consideró que el magistrado de primera instancia había valorado correctamente la prueba producida, dadas las particulares circunstancias de la causa y que la recurrente -por el contrario- no efectuó las precisiones necesarias que denotaran una evidente discordancia entre el material probatorio y las conclusiones del magistrado, siendo inaceptable una denuncia de deficiencia probatoria "en abstracto". Del mismo modo, entiende que la ausencia de consignación de determinada prueba rendida en la causa (constancias documentales en poder de la Municipalidad que fueran incorporadas a fs. 17, 75, 76, 81 y 82) no torna arbitrario el pronunciamiento, dada la índole de la fundamentación del mismo.
Al analizar el agravio referido a la ausencia de razonabilidad de la medida adoptada, la Cámara interviniente entendió que de conformidad con el art. 126 del Reglamento de Contabilidad los egresos o fondos no podrán realizarse sin orden escrita del Intendente, refrendada por el secretario e intervenida por el contador, estableciéndose asimismo los requisitos formales que debían poseer las órdenes de pago o de devolución (cfr. arts. 243 y 244, LOM). De allí que se considere que la conducta efectivamente sancionada por el Tribunal de Cuentas ha sido la ausencia de respaldo documental, y no el concepto mismo del pago, como pretenden argumentar los actores.
I.4. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 144/169) sosteniendo que la sentencia recurrida violaba la ley aplicable, así como los preceptos que rigen una correcta apreciación de la prueba (art. 384, CPCC).
Se agravia de la desinterpretación del Tribunal de Alzada en relación con la temática de la falta de competencia por parte del Tribunal de Cuentas y de su tácita aprobación de las cuentas (cfr. lo dispuesto en el art. 17, ley 10.869).
También se impugna la afirmación del Tribunal de Alzada en relación a la existencia de una motivación adecuada de las resoluciones cuestionadas, lo que tornaría nulo el citado acto administrativo, en tanto considera que al remitirse el cuerpo del acto jurisdiccional al dictamen de relatoría, el mismo carece per se de sustento y causa.
Alega respecto de la falta de razonabilidad de las sanciones, las cuales resultarían "impagables" y en las cuales no se acredita ningún perjuicio, dado que no se habría comprobado "la real existencia de las compras o servicios pagados" (sic. fs. 162).
Finalmente, los recurrentes argumentan respecto de la arbitrariedad de la sentencia, la cual derivaría de la ausencia de una debida valoración del material probatorio, tanto en primera como en segunda instancia, principalmente en cuanto a la documentación respaldatoria de las órdenes de pago. Todo lo cual habría vulnerado, en su perjuicio, el derecho de defensa en juicio.
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues al denunciar la errónea interpretación y aplicación del art. 17 de la ley 10.869 repite consideraciones formuladas en su recurso de apelación ordinario acerca de la exégesis que considera cabe asignar a los conceptos contenidos en la norma (v. fs. 105/106). Mas, en ese derrotero, soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por el Tribunal de Alzada para dar cuenta de los deberes legales que surgen del citado precepto, en relación a la efectiva aplicación de la norma al caso de marras.
La conclusión del a quo referida a que tal precepto -además- contempla un instituto distinto -el tenerse por aprobada la cuenta provincial por vencimiento del plazo para examinarla- que no guarda identidad con el argumento utilizado en el agravio respecto de la caducidad de la competencia (v. fs. 135 y vta.), no ha sido eficazmente rebatida (art. 279, CPCC).
De tal modo, queda en evidencia que la denuncia de violación del art. 17 de la ley 10.869 resulta infundada.
II.2. Los agravios relativos a la falta de motivación de las medidas y a la ausencia de razonabilidad en la sanción presentan el mismo déficit argumentativo, esto es, repiten las consideraciones ya efectuadas al momento de recurrir el pronunciamiento de primera instancia, sin hacerse cargo de las argumentaciones respaldatorias brindadas por la Cámara en aval de la ratificación del criterio impuesto. En efecto, insiste la parte recurrente en su interpretación personal respecto de los alcances del art. 126 del Reglamento de Contabilidad, en el carácter eminentemente "penal" del procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y aún en la preterida cuestión de la remisión por parte de aquél a las consideraciones efectuadas por la relatoría contable.
Otra vez, pues, contraviene la parte la clara doctrina del Tribunal relativa a que es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo, y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (cfr. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. de 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. de 3-VIII-2005 y Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006).
II.3. Los dos últimos agravios, relativos a la ausencia de valoración de la prueba rendida en la causa vinculada con la documentación respaldatoria cuya falta diera origen al fallo del Tribunal de Cuentas y la arbitrariedad invocada, destaco que tampoco son de recibo.
Al respecto cabe destacar que el juez de primera instancia al resolver la cuestión comenzó delimitando la materia litigiosa, habiendo resuelto que esta versaba únicamente sobre la existencia de vicios en la competencia, la motivación y el objeto de los actos cuestionados, excluyendo los aspectos causales de los mismos vinculados a los hechos que se reputaran como infracciones.
A su turno el Tribunal de Alzada siguiendo con dicha línea expresó que "pese a que a través de las críticas se desliza el embate contra la supuesta omisión en el tratamiento de la real existencia de las operaciones, cuya falta de documentación respaldatoria diera pie a la responsabilidad endilgada a los actores, ello carece de recibo por exceder los términos de la contienda".
Es decir que la ausencia de valoración que ahora se expone como agravio es producto de la propia postulación de los accionantes al proponer la demanda y de cómo quedara trabada la litis.
Cabe recordar aquí que conforme tiene dicho esta Suprema Corte la fijación de los hechos litigiosos -y su valoración en función de las pruebas rendidas-, constituye una labor privativa de los jueces de la causa, cuyo examen, por regla, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando viole las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa A. 69.199, sent. de 6-V-2009).
Como así también que la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso también resulta una competencia privativa de las instancias inferiores salvo comprobada existencia de absurdo (conf. causas C. 105.970, "Ortiz Viuda de Polo", sent. de 9-VI-2010; C. 117.015, "Loaiza", sent. de 30-X-2013 y A. 72.745, sent. de 13-XII-2017).
A esta altura corresponde recordar que la presencia de este vicio supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al tribunal a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa, pues no basta con un error meramente opinable, ni revierte el fallo la expresión de un mero criterio discordante por parte del recurrente (doctr. causa L. 83.615, sent. de 20-VI-2007; e.o.).
En el caso, el recurrente no demuestra un vicio de esas características. La Cámara de Apelación no ha desconocido dichas pruebas, sino que ha considerado inabordable esta cuestión por encontrarse fuera de los contornos de la litis.
Pues bien, el apuntado criterio de la Cámara, al margen de su acierto o error, llega incólume a esta sede extraordinaria, pues más allá de la vaga referencia a la arbitrariedad, este vicio no ha podido ser demostrado.
III. Por lo anteriormente expuesto, juzgo que corresponde rechazar el recurso extraordinario. Costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 60, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde, rechazar el recurso extraordinario interpuesto, con costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 60, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia