Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74591
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.591, "Tedesco, Luz Edith contra Instituto de Previsión Social sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 84/86). En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia dictada a fs. 73/80 y rechazó la demanda interpuesta por la señora Luz Edith Tedesco contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS). Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado, conforme lo normado en el art. 51 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437 (v. fs. 102/107).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 113/120 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 122/123.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 130) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La Plata hizo lugar a la demanda deducida por la señora Tedesco; anuló el art. 4 de la resolución 716.017/11 dictada por el IPS y condenó al referido organismo a rehabilitar el beneficio pensionario de la actora -que había sido concedido por resolución 175.105/73, en su condición de viuda en primeras nupcias del causante, señor Antonini- y a abonarle los haberes correspondientes, devengados desde la fecha del fallecimiento de su cónyuge en segundas nupcias, señor Graziano -el 5 de marzo de 2008- (v. fs. 73/80).
II. La Cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado; revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida.
Recordó que el juez de grado circunscribió el tema decidendum en determinar si en el caso se configuró el supuesto previsto por el art. 55 del decreto ley 9.650/80, en cuyos términos la demandada fundó la decisión denegatoria del beneficio previsional solicitado por la señora Tedesco, o si por el contrario procedía la pretensión actora de acceder a dos pensiones.
Consideró que la pauta general establecida en el art. 55 del decreto ley 9.650/80 no quedó derogada ni modificada por la ley 11.104, como tampoco el dictado de esta última determinó un criterio de interpretación que desplazara la incompatibilidad originada en la percepción de dos beneficios pensionarios por parte de la viuda, que es el tema discutido en la especie.
II.1. Señaló que la ley 11.104 (B.O., 7-VIII-1991) sustituyó el inc. "b" del art. 59 del decreto ley 9.650/80, y las previsiones análogas de otros regímenes (para profesionales de la ingeniería, abogados, martilleros y corredores públicos, escribanos y odontólogos), suprimiendo como causal de pérdida del derecho a pensión, el contraer nuevas nupcias, sea según el caso, por el cónyuge supérstite o por la viuda.
Destacó que la referida ley responde a un principio de avanzada en la Seguridad Social, desde que el beneficio de pensión no reviste ya el carácter asistencial, encuadrándose al igual que la jubilación, en retribución por aportes efectuados, no sólo por el titular, sino por la pareja en conjunto (conf. considerandos, dec. 2.158/91 de promulgación).
Agregó que la norma estableció en su art. 6 que el cónyuge supérstite en ningún supuesto podía acumular dos pensiones, pudiendo optar por el beneficio que resulte más favorable.
Recordó que ese precepto fue vetado por el Poder Ejecutivo (art. 1, dec. 2.158/91), con el argumento de no condecir con las leyes que no prevén incompatibilidad alguna de esa especie y sus prestaciones jubilatorias no obstan a los que se obtengan en otros regímenes, configurando un impedimento que contradice tanto el convenio de reciprocidad jubilatoria instituido por la resolución n° 363 de la Subsecretaría de Seguridad Social, al que se encuentra adherida la Provincia de Buenos Aires por decreto 540/81, cuanto a razones de justicia y de equidad (v. considerandos, dec. 2.158 cit.).
II.2. Luego el Tribunal de Alzada fijó el alcance que correspondía asignarle al veto que efectuara el decreto de promulgación de la ley 11.104 en relación al art. 6 del proyecto.
Entendió que la referida observación tuvo por objeto mantener la doble percepción entre la prestación previsional del decreto ley 9.650/80 y los beneficios obtenidos en otros regímenes que no establezcan la incompatibilidad, y no contradecir las previsiones del Convenio de Reciprocidad entre las Cajas nacionales y las de profesionales de la Provincia de Buenos Aires que no obstaren a esa situación.
Ponderó que se trató de una ley que introdujo la referida modificación -tendiente a mantener incólume la pensión de la cónyuge supérstite que contrae nuevo matrimonio o inicia vida marital de hecho- no sólo respecto del régimen general del decreto ley 9.650/80, sino también en los regímenes previsionales de profesionales de la ingeniería, abogados, martilleros y corredores públicos, escribanos y odontólogos.
Consideró que no tiene la incidencia derogatoria del impedimento que rige en el marco normativo aplicable en el caso (art. 55, dec. ley 9.650/80), que expresamente no posibilita acumular dos pensiones del mismo sistema de afiliación, por parte de la viuda. Destacó que el precepto normativo en cuestión resulta de plena aplicación en la especie, el que, por lo demás, no ha sido objeto de cuestionamiento constitucional alguno en autos.
Señaló que dicha interpretación no deja sin fundamento la índole ganancial asignada a las pensiones, pues ese principio informa con carácter decisivo la reforma consistente en excluir una causal de extinción -nuevas nupcias o vida marital de hecho-, mas no implica -ni ha de conllevar- que necesariamente sea factible acumular dos prestaciones derivadas de sucesivos matrimonios, en un mismo sistema previsional que -como el aquí aplicable- establece en forma expresa una incompatibilidad al respecto (conf. art. 55, cit.).
Agregó que, por el mismo motivo, no se incurre en contradicción con la cláusula constitucional que obliga a estar, en caso de duda, a la interpretación más favorable al trabajador (art. 39 inc. 3, Const. prov.), desde que no se advierte en el aspecto analizado un supuesto de vacilación que conduzca a la pérdida de cobertura previsional.
Concluyó que resultaron fundados los agravios de la apelante en tanto acertaron a cuestionar el sostén principal de la sentencia de primera instancia, en cuanto en el régimen que rige a ambas pensiones no es dable su acumulación.
II.3. Por último, la Cámara cuestionó la aplicación en el caso de los precedentes jurisprudenciales invocados por el magistrado de grado en su pronunciamiento.
Puntualizó que en la causa "García" (B. 56.205, sent. de 22-IV-1997), la cuestión sometida a decisión giró en torno a la ilegitimidad de la aplicación a la cónyuge supérstite de la causal de exclusión del art. 59 inc. "b" del decreto ley 9.650/80 -a tenor de la cual el organismo previsional declaró extinguido el derecho a pensión que venía percibiendo la interesada, atento el inicio de vida marital de hecho denunciado por ella en ocasión de solicitar pensión por fallecimiento del conviviente-, y le formuló cargo deudor a partir de la fecha de comienzo de la unión de hecho en cuestión. Destacó que este Tribunal entendió que no correspondía aplicarle tal causal, porque a partir de la sanción de la ley 11.104 el cónyuge conserva el beneficio adquirido con prescindencia de que mantenga o no el estado de viudez. Ello, sin efectuar apreciación alguna respecto de la nueva pensión solicitada en sede administrativa, por no resultar objeto de debate en el caso judicial planteado en ese precedente.
Agregó que las restantes causas citadas por el juez de grado (B. 55.877, "Machain" y B. 56.029, "Efron", sents. de 29-IV-1997; B. 56.466, "Colombo", sent. de 17-V-2000; B. 63.523, "Putallaz", sent. de 5-IV-2006; B. 63.278, "Blas", sent. de 29-X-2014; e.o.) versaron sobre el goce íntegro de un único beneficio de pensión en favor de quienes se hubiera dejado sin efecto o no fue concedido, atento haber modificado su situación de pareja (por haber contraído nuevo matrimonio o entablado relación de convivencia con otra persona).
Con respecto al fallo de la Corte Suprema nacional citado en la sentencia impugnada, refirió que del considerando 4° -que el juez de grado trascribe y subraya- surge que el goce de la pensión percibida por la cónyuge supérstite resultó válidamente limitado -en su faz patrimonial- con motivo de la nueva relación de convivencia que entablara -restricción que se sustenta en la ayuda recíproca que supone tal nueva relación- y si bien admite la acumulación de tal beneficio de pensión con el generado con motivo del posterior fallecimiento del conviviente, ello es a tenor del claro texto normativo vigente en la órbita nacional, que contempla expresamente la posibilidad de acumular las pensiones, otorgadas o a otorgar, a que tengan derecho el o la cónyuge o el o la conviviente, que contrajera matrimonio o hiciere vida marital de hecho (art. 2, ley 18.037 y modif.). Aclara que la norma fija -a consecuencia de tal previsión expresa- parámetros para la determinación del haber respectivo, sentando como límite al que puede ascender el haber pensionario total acumulado, el monto del máximo de la jubilación (art. 79, ley 18.037; texto conf. modif. leyes 22.611 y 23.570 y dec. 764/06 y resol. s/n 2-07 del Congreso nacional; art. 90 de la ley 18.037).
Concluyó que, en la especie, la hermenéutica interpretativa expuesta resultaba acorde con el plexo normativo previsional aplicable (dec. ley 9.650/80, arts. 55 y 65, conf. ley 11.104 y dec. 2.158/91), cuyo claro texto ameritó la solución dada al caso, máxime a tenor de la inveterada doctrina en cuanto a que la inconsecuencia o imprevisión del legislador no se presumen (conf. causas B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 63.568, "Garcia", sent. de 10-VIII-2011; e.o.).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 113/120 vta. la parte actora denuncia la errónea aplicación e interpretación del art. 55 del decreto ley 9.650/80.
III.1. Aduce que la sentencia impugnada se equivoca en la forma de aplicar la ley porque el art. 55 citado se refiere exclusivamente a la prohibición de percibir dos pensiones de un mismo causante.
Agrega que con la sanción de la ley 11.104 y el decreto 2.158/91 que la promulga, los alcances de dicha norma han sido modificados y deben ser compatibilizados con los últimos. Ello, porque es un principio jurídico absoluto que la ley especial y posterior modifica a la ley anterior y general.
Sostiene que la ley 11.104 no se limitó a la habilitación de la percepción del beneficiario para quien contrae nuevas nupcias, sino que además y por vía del decreto 2.158/91 que vetó el art. 6, permite percibir dos pensiones, tal como entiende que corresponde respecto a la actora.
Se agravia porque la Cámara no tuvo en cuenta el carácter ganancial de los aportes integrados por los miembros de la pareja, argumento importante que se tuvo en cuenta para resolver el caso. Resalta que el decreto de promulgación de la ley 11.104 además de invocar cuestiones vinculadas a la reciprocidad jubilatoria, se refirió también a razones de justicia y equidad.
Sostiene que la Cámara se equivoca en sus razonamientos lógicos, al quitarle importancia a este veto y sus argumentos y pretender buscarle explicación en el mantenimiento de la doble percepción entre la prestación previsional del decreto 9.650/80 con la de aquellos beneficios obtenidos en otros regímenes. Entiende que la acumulación de esos beneficios ya existía previamente sin cuestionamientos, y no había necesidad de vetar ese artículo para aclararlo.
Cuestiona la interpretación dada por la Cámara porque limita la posibilidad de que una persona perciba dos pensiones de distintos causantes cuando quien las otorga es el ente provincial, pero sí es posible que el cónyuge supérstite, en la misma situación, perciba los dos beneficios cuando uno de ellos es concedido por el IPS y otro por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) o por una Caja Profesional.
Arguye que esa consecuencia resulta discriminatoria pues coloca en una situación diferente y disvaliosa a quien se encuentra en las mismas condiciones fácticas (pérdida de quien sostiene el hogar y realizó los aportes correspondientes de carácter ganancial).
Concluye que se priva a la actora del derecho a la percepción de una prestación previsional móvil que le acuerdan las leyes, vulnerando el art. 14 bis de la Constitución nacional, tal como con buen criterio hizo ver el magistrado de grado al momento de dictar sentencia acogiendo la demanda.
Destaca que, la naturaleza sustitutiva de la pensión implica que la actora, ante la pérdida de su segundo marido, vea reflejada proporcionalmente la situación económica en la que se encontraba antes de tan dolorosa situación.
Aduce que la postura asumida por el fallo impugnado lleva al absurdo de condenar a la señora Tedesco a contar solamente con un ingreso cuando, hasta el momento de encontrarse con vida su segundo marido, percibía la pensión y el importe con que éste contribuía al hogar en común (y por el que realizó los respectivos aportes, de carácter ganancial).
III.2. Por otra parte, la recurrente denuncia que el IPS ha abonado en otro caso dos pensiones de distintos causantes en favor de una beneficiaria. Refiere a lo actuado en el expediente administrativo -agregado como prueba en estos autos- de la señora María Mercedes García, quien por aplicación de la ley 11.104, cobró hasta su muerte las pensiones derivadas del fallecimiento de sus dos maridos.
Aduce que no reconocer la pretensión actora implicaría una grosera discriminación con respecto a la titular del citado expediente y que la Cámara se equivoca al quitar relevancia a ese precedente, refiriéndose a la cuestión que se debatió en el juicio iniciado por la señora García y que tramitó ante esta Suprema Corte (causa B. 56.205, "García", sent. de 22-IV-1997), referido a la aplicación de la ley 11.104 y a la extinción de su derecho por iniciar vida marital con una nueva pareja.
Destaca que el Tribunal de Alzada no consideró que, como consecuencia directa de dicho fallo, al fallecer su segunda pareja, el IPS le abonó también la pensión derivada del fallecimiento. Por ello, de los expedientes citados y agregados en autos surge con claridad el cobro de las dos pensiones por parte de la mencionada beneficiaria hasta su muerte.
Concluye que la Cámara efectúa un razonamiento jurídico equivocado al dejar de lado otro importante elemento de interpretación y aplicación de la ley. Ello, al tratarse de un antecedente idéntico al suyo y que se condice en realidad con la correcta aplicación legal a su situación.
Arguye que es criterio de esta Suprema Corte que resulta arbitrario por parte de la Administración contradecir sus propios precedentes bajo determinadas circunstancias (conf. causa B. 58.244, "Nazar Anchorena"), lo que claramente se presenta en autos. Explica que se trata de la misma autoridad, en iguales circunstancias y que no se han mencionado razones suficientes para fundar el cambio de criterio en los dos casos.
III.3. En otro orden, acusa que la Cámara aplica mal la doctrina legal al quitar relevancia a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Hernandez Adelaida Susana c. ANSeS", sentencia de 28-V-2002, por medio del cual se estableció el derecho de la actora de cobrar las pensiones derivadas del fallecimiento de su primer marido juntamente con la de su conviviente.
III.4. Por último denuncia que la Cámara analizó todos los argumentos expuestos por su parte y por el magistrado de grado, como elementos separados y desvinculados entre sí, para terminar aplicando mal la ley y la doctrina legal referente al caso.
Sostiene que si bien su derecho se acreditó en forma clara e inequívoca, si alguna duda pudiera existir para resolver el presente recurso, debe primar la interpretación más favorable al beneficiario de la seguridad social (conf. art. 39, Const. prov.). Y, por lo tanto, no generar una pérdida de un derecho de naturaleza jurídica alimentaria como la que pretende convalidar la Cámara con su fallo mal fundamentado.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. El meollo de la cuestión gira en torno a si le corresponde a la actora percibir dos pensiones, ambas otorgadas por el IPS, derivadas del fallecimiento de dos causantes distintos (cónyuges en primera y en segunda nupcias). Y, en esta instancia, si la Cámara al rechazar tal pretensión incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley.
El art. 55 del decreto ley 9.650/80, norma en la cual el IPS basó su decisión denegatoria del beneficio previsional reclamado por la actora, establece -en lo que aquí interesa- que "No se acumularán en una misma persona dos (2) o más prestaciones de las que otorga la presente ley con excepción de: a) la viuda, el viudo, el conviviente o la conviviente quienes tendrán derecho a la percepción de su jubilación y no más de una pensión...".
IV.2. La recurrente sostiene, por un lado, que la referida norma establece que la actora no podría percibir dos pensiones de un mismo causante pero tal limitación no existiría cuando se tratara de personas distintas. Por otro, parte de una premisa errónea, tal la de considerar que el mencionado art. 55 se encuentra modificado por la ley 11.104 (B.O., 7-VIII-1991) y por el decreto 2.158/91 que la promulgó.
Adelanto que se ajusta a derecho la interpretación del referido art. 55 efectuada por la Cámara y no advierto que hubiera aplicado erróneamente la ley.
IV.2.a. Como es sabido interpretar una norma implica establecer el exacto significado de la misma. Sobre esta cuestión tiene dicho esta Corte, como principio general, que constituye una elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo su aplicación estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (doctr. causas L. 34.745, sent. de 13-VIII-1985 y L. 36.992, sent. de 26-XII-1986) especialmente cuando a una solución -como la propuesta por la actora- no podría llegarse sin forzar el propio texto legal (doctr. causas B. 49.363, "Rodríguez", sent. de 18-XI-1986; B. 56.628, "Blasetti", sent. de 15-IV-1997; A. 70.858, "López", sent. de 9-IV-2014; A. 72.025, "Klappenbach", sent. de 21-XII-2016; e.o.).
A partir de la pauta precedentemente expuesta, no corresponde entender que la incompatibilidad del cobro de dos pensiones prevista por el art. 55 se refiera sólo a las derivadas de un mismo causante como lo propone la recurrente.
IV.2.b. Por otra parte, este Tribunal tiene dicho que la ley, en sentido amplio, pierde vigencia en forma expresa cuando aquella que la deroga lo dice concretamente o, también, en forma tácita si las nuevas disposiciones son inconciliables con el régimen normativo anterior (conf. doctr. causas B. 51.902, "Alconada", sent. de 8-VII-1997 y B. 60.073, "Curto", sent. de 13-III-2002), circunstancias que no se presen
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