Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74788
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.788, "Ghio, Marcos contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 1.636/1.647 vta.) y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 1.597/1.629) que hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la Provincia de Buenos Aires y desestimó la pretensión indemnizatoria promovida por el señor Marcos Ghio. Las costas las impuso a la actora vencida -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, texto ordenado según ley 14.437- (v. fs. 1.673/1.689).
Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 1.698/1.705), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 1.707 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.718), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 1.719/1.723 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Marcos Ghio, en su carácter de cesionario de los derechos litigiosos cedidos por la señora Nora Aida Cruz, inició acción contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo obtener el pago de los eventuales daños y perjuicios que habrían de derivar de la supuesta falta de servicio en que habría incurrido el Registro de la Propiedad Inmueble al registrar -según adujo el actor- duplicadamente el inmueble supuestamente adquirido por la nombrada cedente.
I.2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Isidro hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en su consecuencia, rechazó la demanda promovida.
II. Apelada la sentencia de primera instancia por el accionante (v. fs. 1.636/1.647), la Cámara interviniente concedió el recurso y rechazó la solicitud -efectuada por la aludida parte en el referido escrito recursivo- de incorporar la copia de la pericia notarial realizada por la escribana Graham en los autos caratulados "Cruz, Nora Aida c/Fluguerto Martí, Fernando Matías y otro s/Reinvindicación" (exp. n° 25.958), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de San Isidro, como así también la remisión de las mencionadas actuaciones. Ello, con fundamento en que de acuerdo a las constancias de la causa no se observaba en ese estadio una denegación de prueba en los términos previstos por los arts. 57 del Código contencioso Administrativo y 255 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial. Dejó a salvo las facultades acordadas al Tribunal conforme lo dispuesto por el art. 36 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial y 46 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a la posibilidad de ordenar de oficio la producción o ampliación de la verdad de los hechos en cualquier estado del proceso, aún después del llamamiento de autos para sentencia (v. fs. 1.667/1.668).
III. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la Provincia de Buenos Aires y desestimó la pretensión indemnizatoria promovida por el señor Marcos Ghio (v. fs. 1.673/1.689).
Los fundamentos utilizados para decidir del modo en que lo hizo -en sustancia- son los siguientes:
III.1. Liminarmente, consideró que debía abordar la crítica relativa a la admisión de la defensa de prescripción opuesta por la demandada y el consecuente rechazo de la acción promovida por la accionante, pues su resultado adverso tornaría innecesario el análisis del restante agravio esgrimido contra la cuestión de fondo decidida -según su visión, de manera inoficiosa- por el magistrado de grado (v. cons. 7° a fs. 1.683 vta.).
Señaló que no fue controvertido en el caso la aplicación del plazo de prescripción bienal fijado en el art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente.
Destacó que las cuestiones a dilucidar se relacionaban con la determinación del punto de inicio del cómputo del plazo prescriptivo y con la apreciación de la existencia -o no- de alguna causal de suspensión y/o interrupción de aquél término.
III.2. Recordó que la parte demandada sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda y oponer la excepción de prescripción como defensa de fondo, que la contraria había tomado conocimiento de la supuesta doble registración con fecha 7 de noviembre de 2008, al haber contestado el traslado de la documentación y excepciones interpuestas por los accionados en los autos caratulados "Cruz, Nora Aida c/Ocupantes Inmuebles Elflein 3697 s/Desalojo" (causa 68.128), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de San Isidro, razón por la cual la acción se había encontrado prescripta al momento de promover la demanda de estos actuados con fecha 4 de julio de 2013. Refirió que la aludida parte negó cualquier hecho o acto con virtualidad suspensiva o interruptiva, en particular la carta documento que había sido remitida al señor Gobernador con fecha 27 de julio de 2012 (conf. contestación, fs. 75 y vta.). Agregó que tal postura fue ratificada al contestar la expresión de agravios de la contraria (conf. fs. 1.652 vta./1.654).
III.3. La Cámara puntualizó que el actor, al evacuar el traslado de la aludida excepción, argumentó que la cedente (señora Nora Aida Cruz) se anotició de la existencia de la doble registración de su inmueble recién al momento de la presentación del estudio de antecedentes de títulos efectuada con fecha 28 de junio de 2010 por la escribana Andrea Susana Martín, notaria designada de oficio en los autos sobre desalojo antes mencionados.
También recordó que el accionante adujo que con la carta documento que su parte había remitido al señor Gobernador el 27 de junio de 2012 había quedado suspendido por un año el plazo de prescripción en virtud de lo estipulado por el art. 3.986 del Código Civil, motivo por el cual la acción habría prescripto el 28 de junio de 2013, aunque el término había sido interrumpido con la interposición de esta misma acción de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires en el mes de marzo de 2013 por ante el Juzgado Federal de San Martín. Por lo que la demanda promovida en las presentes actuaciones con fecha 4 de julio de 2013 había sido temporánea. Agregó que el actor había alegado, a mayor abundamiento, que no había encontrado prescripta la acción por el reconocimiento expreso que había hecho la deudora del derecho de su parte, en los términos del art. 3.989 del Código Civil (entonces vigente) mediante los juicios de apremio promovidos en el Departamento Judicial de La Plata con fecha 3 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010 (conf. presentación de fs. 91/93).
III.4. Señaló, con cita de precedentes de esta Suprema Corte, que en materia de responsabilidad extracontractual la única previsión del ordenamiento de fondo sobre el inicio del cómputo extintivo (art. 3.956, Cód. Civ.) no da respuesta acabada a la problemática, ya que el mismo alude al título de la obligación personal como fecha de arranque del término respectivo. Por ello, por regla, el plazo en cuestión se computa en materia de actos ilícitos desde el momento en que el hecho se produjo, excepto que el perjuicio se manifieste o sea conocido, real y efectivamente, con posterioridad.
III.5. Luego de reseñar los antecedentes del caso, la Cámara compartió el criterio expuesto por el juez de grado en cuanto determinó como punto de partida del plazo de prescripción el día 31 de octubre de 2008, oportunidad en que la señora Nora Aída Cruz -cedente del actor- había sido notificada del escrito de responde presentado el 23 de octubre del año indicado por los demandados en los autos "Cruz, Nora Aida c/Ocupantes Inmueble Elflein 3697 s/Desalojo", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de San Isidro (v. fs. 1.305 vta.).
III.6. Al igual que el aludido magistrado, la Cámara entendió que el caso guardaba similitudes con el resuelto el 19 de diciembre de 1995 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en instancia originaria y por mayoría- en el marco de la causa "Legnangel S.A. c/Buenos Aires, Provincia s/Daños y Perjuicios -Registro de la Propiedad-" (L.281.XXII).
Refirió que en dicho precedente, en el que la firma actora había reclamado una indemnización a la Provincia demandada por los daños y perjuicios derivados también de una doble registración sobre un inmueble, ubicado en la localidad de San Isidro -como ocurre en el presente- la Corte Suprema nacional admitió la defensa de prescripción opuesta por la demandada y rechazó la demanda, en el entendimiento de que la accionante había tomado conocimiento suficiente de la existencia del hecho dañoso que invocaba en la litis para fundar la responsabilidad atribuida a la Provincia, con la notificación del traslado de la presentación de un tercero, en el marco de un proceso de desalojo e invocando su condición de propietario de la cosa.
Señaló que el mentado temperamento fue adoptado por la Corte nacional recordando que, ante circunstancias sustancialmente análogas, había decidido que el curso de la prescripción comenzaba desde que el actor tomara conocimiento del hecho dañoso y que ello no requería noticia subjetiva y rigurosa, pues tal exigencia se satisfacía con una razonable posibilidad de información en la medida en que ese plazo no pudiera ser sujetado a la discreción del acreedor supliendo -inclusive- su propia inactividad.
Con apoyo en el aludido precedente de la Corte nacional concluyó que resultó acertado el inicio del cómputo del plazo de prescripción del art. 4.037 del Código Civil (entonces vigente) que tomara el magistrado de grado, es decir, el 31 de octubre de 2008 con la notificación del escrito defensivo articulado por los ocupantes demandados en los autos "Cruz, Nora Aida c/Ocupantes Inmueble Elflein 3.697 s/Desalojo" y de la documentación adjuntada (conf. fs. 1.305 vta.). Entre la que se encontraban: el título de propiedad por ellos invocado y que controvertía el dominio alegado por la accionante; una escritura de bien de familia sobre el inmueble en cuestión; boletas de pago de servicios públicos y planos municipales. Por tal motivo consideró que el plazo bienal se habría cumplido con fecha 31 de octubre de 2010 (v. cons. 11° a fs. 1.685 vta./1.686 vta.).
III.7. La Cámara tuvo en consideración que la demanda fue promovida por el señor Ghio -cesionario de la señora Cruz- con fecha 4 de julio de 2013, por lo que habían transcurrido en demasía los dos años contemplados en el art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente. Sentado ello, analizó si habían existido causales que hubieran provocado la suspensión y/o interrupción del plazo de prescripción en curso (v. cons. 14° a fs. 1.687 vta. y 1.688).
III.7.a. Respecto al supuesto de suspensión del plazo prescriptivo señaló que la parte actora había pretendido repeler la defensa opuesta por la demandada en el entendimiento de que la carta documento que había enviado con fecha 27 de julio de 2012 (v. fs. 2), cuya autenticidad fuera reconocida por el Correo Argentino mediante la contestación de oficio agregada a fs. 121, había producido la suspensión del término de la prescripción por un año, efecto que por supuesto había sido rechazado por la demandada.
La Cámara consideró que, como el inicio del cómputo del plazo de prescripción había tenido lugar el 31 de octubre de 2008, la misiva remitida el 27 de junio de 2012 carecía de los efectivos suspensivos que pretendía endilgarle el recurrente, ya que el término prescriptivo había acaecido con anterioridad, el 31 de octubre de 2010, resultando la interpelación en cuestión manifiestamente extemporánea.
Para así decidir, entendió que la cesión ocurrida no produjo el reinicio del plazo de prescripción en la persona del cesionario porque nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba y, recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere (conf. art. 3.270, Cód. Civ.).
III.7.b. El Tribunal de Alzada tampoco observó que hubiera tenido lugar causal alguna que interrumpiera el plazo de prescripción.
En tal sentido, desestimó lo argumentado por el actor respecto a que la interposición de la demanda por ante el Juzgado Federal hubiera tenido el efecto interruptivo buscado, en tanto la promoción del escrito de inicio tuvo lugar el 5 de abril de 2013 (conf. fs. 1.552 vta.), con amplia posterioridad al cumplimiento del plazo de prescripción bienal.
Por otro lado, coincidió con lo argumentado por el magistrado de grado, respecto a que no resultó procedente sostener que los distintos procesos de apremio articulados contra la señora Cruz hubieran importado un reconocimiento del derecho a la reparación que aquí se pretende, con su consecuente efecto interruptivo de la prescripción en curso, atento la disímil naturaleza de los hechos y del derecho controvertidos en tales litigios. Aclaró que mientras en este juicio se discute la procedencia o no del resarcimiento de los daños que habrían sido provocados por una supuesta doble registración del inmueble de propiedad de aquella persona -señora Cruz-, en los invocados apremios se perseguía el cobro de la deuda impositiva que se había generado en relación al bien mencionado.
III.8. Concluyó que al no haberse configurado causal alguna que hubiera suspendido y/o interrumpido el plazo de prescripción bienal previsto en el art. 4.037 del Código Civil, el que había comenzado a computarse el 31 de octubre de 2008, dicho término se habría encontrado holgadamente fenecido al momento en que el accionante -en su carácter de cesionario de los derechos litigiosos con relación al bien inmueble de la señora Cruz- promoviera la demanda que diera inicio a las presentes actuaciones, lo que acaeció el día 4 de julio de 2013 (conf. cargo de fs. 43 vta.).
Ponderó que el agravio esgrimido por la parte actora no podía tener favorable acogida y confirmó la sentencia recurrida en cuanto declaró prescripta la acción incoada y, a consecuencia de ello, desestimó la demanda.
III.9. No obstante lo así resuelto, la Cámara resaltó que el embate de la actora examinado, en razón de su pobreza argumental, constituía más una opinión discordante con lo resuelto por el magistrado de grado, que una crítica puntual, concreta y razonada, conforme lo exige el Código ritual (conf. arts. 260, CPCC y 77, CCA; -v. cons. 15° a fs. 1.688/vta.-).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1.698/1.705 vta. el accionante denuncia que la Cámara vulneró la garantía constitucional de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional, al desestimar la producción de prueba que no estaba incorporada a las actuaciones al tiempo de dictarse la sentencia (v. puntos I y II a fs. 1.698/1.700).
Señala que ésta consiste en la pericia notarial confeccionada por la escribana Mariana Graham y que fuera presentada en los autos caratulados "Cruz, Aída Nora c/Fluguerto Martí, Fernando Matías y otro s/Reivindicación", en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de San Isidro y cuyo informe -según aduce el recurrente- resultó decisivo a los fines de determinar la razonabilidad y la certeza jurídica del inicio del plazo de la prescripción de la acción promovida en autos.
Se agravia porque la Cámara, en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2016 y previamente al dictado de la sentencia, denegó el pedido efectuado por su parte de incorporar como prueba nueva el aludido informe pericial. Ello, a pesar de que se presentó una fotocopia del mismo en estas actuaciones y habiéndose hecho notar que el informe se produjo con posterioridad a la clausura del período de prueba y antes del dictado de la sentencia de primera instancia. Cuestiona que el Tribunal de Alzada -a su criterio, erróneamente- consideró que no se trataba de una denegatoria de prueba. Concluye que así se configuró la violación del derecho de defensa en juicio.
En otro orden, controvierte que la Cámara hubiera fundado su argumentación en lo resuelto por la Corte Suprema nacional en los autos "Lengagnel S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios".
Señala las diferencias que consideró existentes entre ambos casos y concluyó que en el aludido precedente el conocimiento del hecho o la razonable posibilidad de información de la existencia de un doble registro dominial no sobrevino en el momento en que la accionante fue notificada de la contestación de demanda en el juicio de desalojo, sino cuando el señor juez suspendió tal proceso en razón de que el propietario legítimo había promovido en otrotTribunal una acción de nulidad de hipoteca por discrepar con el titular del certificado de dominio registral allí acompañado, es decir, que el plazo de inicio de la prescripción se computó a partir de un expediente judicial en el que se había efectuado el pertinente peritaje notarial. Por lo tanto, a partir del hecho cierto y comprobado mediante la intervención profesional de un experto, y no a partir de la simple defensa del demandado que presentara una escritura de 1974 que discrepaba con el dominio emitido en ese momento por el Registro de Propiedad. Destacó que no se trató de un doble dominio sino de una deficiente información registral en la inscripción de una hipoteca. Agregó que la sentencia del tribunal y no la simple documentación presentada por la accionada, tal como erróneamente expresó la Cámara, fue la que en ese caso dio inicio al plazo de prescripción.
Aduce que, por el contrario, en el sub lite no hubo ninguna sentencia judicial puesto que al tratarse de un doble dominio y no un error registral como en el caso "Lengagnel", fue el conocimiento del informe pericial presentado por la escribana Martín en el juicio de desalojo, el hecho que dio inicio al plazo de prescripción.
Por último, la recurrente solicita que, de confirmarse la sentencia de Cámara, se la exima del pago de las costas toda vez que se encontraba en la creencia de tener un justo derecho a litigar (v. punto VI a fs. 1.704 vta. y 1.705).
V. El recurso no prospera.
V.1. Preliminarmente advierto que si bien el Tribunal de Alzada hizo referencia a la insuficiencia del escrito de expresión de agravios (v. cons. 15° a fs. 1.688 y vta.), igualmente afrontó el tratamiento de la crítica. Es decir, materializó un criterio amplio de apreciación a favor del recurrente.
V.2. Sentado ello, como surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte a través del recurso extraordinario intentado, versa sobre la determinación del dies a quo del plazo de prescripción.
Empero este aspecto en debate, por regla, resulta extraño a la competencia de casación de este Tribunal, salvo supuesto de absurdo que, en el caso, no ha sido denunciado y mucho menos acreditado.
En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que determinar el inicio del plazo de prescripción y el modo de computar el mismo, en tanto constituyen típicas cu
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