Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74762
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.762, "Feijoo, Marta Ernestina contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado; hizo lugar parcialmente al de la Municipalidad de Chivilcoy (en lo que respecta a su porcentaje de responsabilidad por el hecho de autos) como así también al de la parte actora, pero sólo en relación al agravio relativo a los intereses aplicables al monto de condena. Impuso las costas de la instancia a la Provincia demandada y a la parte actora, en su calidad de vencidas, conforme arts. 51 inc. 1 y 77 del Código Contencioso Administrativo y 71 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 348/364).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 370/375), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 377/378.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 389), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 390/394) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En atención a los agravios vertidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 370/375, corresponde señalar que:
La jueza de primera instancia ponderó que, conforme las probanzas obrantes en autos, y sin perjuicio de los primeros inconvenientes que pudiera haber tenido la parte actora desde la construcción del asfalto de la ruta provincial n° 30 -alrededor del año 1982-, el hecho generador del daño -reclamado en estas actuaciones- se produjo con la obstrucción de las alcantarillas situadas debajo de la mencionada ruta, a la altura del predio de la accionante (acontecimiento este que impidió el escurrimiento de las aguas, quedando una parte del campo anegada y otra supeditada para su escurrimiento a la evaporación por el cambio de clima; v. cons. 2° a fs. 257 vta./258 vta.).
Consideró que las autoridades municipales procedieron al cegamiento de las alcantarillas en cuestión a partir de 2003 y que, por lo tanto, devenía indubitable que a la fecha de promoción de la demanda -2 de junio de 2004-, la acción para reclamar el resarcimiento de los presuntos daños y perjuicios derivados de aquel hecho, no se encontraba prescripta.
En consecuencia, rechazó la defensa de prescripción incoada por la parte demandada (cfr. arts. 3.956, 3.986 y 4.037, Cód. Civ.; 35, 77 inc. 1, CCA y 384, CPCC).
II. La Cámara, por mayoría, confirmó la decisión de la magistrada de primera instancia y desestimó los agravios vertidos en tal sentido por la Fiscalía de Estado y la Municipalidad de Chivilcoy (v. cons. III.2, a fs. 354 vta./356).
II.1. Refirió que las mencionadas codemandadas habían resaltado el reconocimiento efectuado por la parte actora de la existencia de perjuicios en el campo de su propiedad, a raíz de problemáticas hidráulicas derivadas de la pavimentación de la ruta n° 30, ejecutada a principios de la década del ochenta. Que citaron expresamente no sólo los dichos de la reclamante en el escrito de inicio y su absolución de posiciones, sino también el acta de constatación y las diversas notas y cartas documento dirigidas tanto a la empresa encargada de la reparación de la ruta, como a Vialidad provincial y a la Municipalidad de Chivilcoy, todas ellas acompañadas por la actora como prueba.
Aclaró al respecto que, no obstante que dichas constancias permitían advertir que los reclamos del señor Llamas de Madariaga (ex cónyuge de la actora) denunciaron el anegamiento de su campo mucho antes de interponerse la pretensión indemnizatoria que aquí se discute, tampoco podía ignorarse que, con el devenir de los años, la zona donde se localiza la propiedad de la reclamante había sido objeto de diversas modificaciones ocasionadas por las obras públicas planificadas y encaradas por la Administración pública provincial, que alteraron en diferentes oportunidades la topografía de tal región.
En tal sentido, indicó que a partir de las constancias de autos se observaba, desde los años ochenta, la ejecución de la obra vial de la ruta n° 30 y la sobreelevación del nivel natural de los campos, como así también que, con la construcción de la mencionada carretera, se proyectaron e hicieron varias alcantarillas de cruce, una de ellas ubicada justo en el medio del campo objeto de la accionante (v. pericia a fs. 137 del citado cuaderno).
Señaló que mediante las cartas documento remitidas por el señor Llamas de Madariaga se denunció que, con el paso del tiempo, los propietarios de campos vecinos efectuaron desagües, zanjas, cunetas y alcantarillas clandestinas que vaciaban el agua de esos campos desembocando en el suyo.
Y puntualizó que años después -en febrero de 2001- se inició la obra "Escurrimientos Ruta Provincial n° 30" concebida con el objeto de conducir las aguas que llegaban en sentido transversal y desde el este de la mencionada ruta hacia la Cañada de Chivilcoy, mediante una canalización paralela al préstamo de la referida carretera y que tal emprendimiento se vio motivado en la necesidad de evitar los anegamientos recurrentes que soportaba el barrio "Nueva Aurora".
Agregó que dicha obra de canalización se complementó con el cegamiento de dos alcantarillas transversales, concretada en mayo del año 2004. Que, en esa oportunidad, la comuna demandada -a requerimiento de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas- taponó las dos alcantarillas próximas a los mojones 101 y 115, cercanas al predio de la señora Feijoo.
II.2. Expresó que, si bien era posible que las señaladas modificaciones incidieran conjuntamente en la geomorfología del predio y su consecuente inundación, la decisión final de taponar las alcantarillas había actuado como causa generadora de los daños cuya indemnización era reclamada (obra que, como fuera manifestado expresamente por la autoridad administrativa, habría finalizado en el año 2004).
Y aclaró que la señalada circunstancia también había sido destacada por los peritos intervinientes en estas actuaciones.
II.3. Además, recordó que esta Suprema Corte tiene dicho que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y, en consecuencia, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (cfr. causas C. 110.716, sent. de 29-IV-2015; Ac. 79.932, sent. de 3-X-2001; Ac. 87.437, sent. de 15-III-2006; e.o.).
Concluyó así que coincidía con la magistrada de grado en tanto resolvió que la acción no se encontraba prescripta dado que la demanda fue interpuesta por la actora el 2 de junio de 2004.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 370/375 la Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 163 inc. 6, 375, 384 y 330 del Código Procesal Civil y Comercial; 499, 1.112, 4.037 del Código Civil (ley 340); 17 y 18 de la Constitución nacional. También acusa la vulneración de la doctrina legal emergente de las causas Ac. 89.241, sentencia de 14-XII-2005; Ac. 93.179, sentencia de 6-IX-2006 y Ac. 92.244, sentencia de 28-V-2008.
La recurrente señala expresamente que el agravio del recurso extraordinario interpuesto lo constituye el rechazo de la defensa de prescripción articulada.
Aduce que de la simple lectura de las pruebas producidas surgen acreditadas diversas circunstancias que demuestran el punto de arranque del curso de la prescripción y, por ende, que la acción se encontraba fenecida al momento de promoverla.
Entiende que el pronunciamiento atacado ha sido dictado en franca violación a las reglas de la lógica y la experiencia universal, en oposición a las normas de la sana crítica que deben gobernar toda decisión judicial (cfr. art. 384, CPCC).
Alega absurdo del razonamiento esgrimido en la sentencia que contraría las pruebas producidas y el derecho aplicable y vulnera abiertamente los arts. 499, 1.112 y 4.037 del Código Civil (ley 340); 163 inc. 6, 330, 375, 384 y 385 del Código Procesal Civil y Comercial.
Con invocación de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara de Apelaciones departamental sostiene que el cómputo del plazo de prescripción debe partir desde el momento que los daños fueran conocidos por el reclamante y tuvieran carácter cierto y susceptible de apreciación pecuniaria, dado que la circunstancia de que pudieran presentar un proceso de duración prolongada o indefinida no era inconveniente para ello (v. fs. 372 vta.).
Concluye que la prueba obrante en autos confirma que cuando la parte actora inició la demanda, en junio de 2004, la acción se encontraba prescripta, pues esta Suprema Corte tiene dicho que la persistencia del perjuicio no altera el cómputo del plazo prescriptivo, que en materia de daños por inundaciones debe ubicarse en el momento en que tal fenómeno se produjo (cfr. causa Ac. 116.218, sent. de 4-III-2015).
Por último, destaca que la vulneración consumada por la mayoría de la Cámara fue puesta de manifiesto por el magistrado que votó en segundo término al considerar prescripta la acción promovida (v. voto del doctor De Santis).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Como surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte a través del recurso extraordinario intentado, versa sobre la determinación del dies a quo del plazo de prescripción.
Es doctrina de esta Corte, aplicable en la especie, que la determinación del inicio del plazo de prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, constituyen típicas cuestiones de hecho que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se denuncie y demuestre el absurdo, en franca violación de la tarea axiológica (cfr. causas Ac. 87.957, "Fernandez", sent. de 22-XII-2004; C. 102.536 "Patrimonio en liquidación Banco nacional", sent. de 20-V-2009; A. 72.739, "Pérez", sent. de 10-V-2017; A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018; e.o), vicio que entiendo no ha sido acreditado por la impugnante.
Los reparos ensayados por la Fiscalía de Estado devienen insuficientes, en tanto sólo traducen una mera disconformidad con lo resuelto por la Cámara que lejos está de evidenciar la existencia del grosero desvío valorativo denunciado (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis , no basta con presentar la propia versión sobre su mérito, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (cfr. causas A. 79.592, "Rodriguez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.092, "Martinez", sent. de 17-X-2018; C. 121.943, "Magra", sent. de 21-XI-2018; e.o.), labor que la recurrente no ha desarrollado.
IV.2. En efecto, la Fiscalía de Estado expresa que, de acuerdo a las constancias obrantes en autos, la fecha de la obra de la clausura de la alcantarilla de la ruta n° 30 se produjo en el mes de agosto de 2004 y que, como la demanda se promovió en el mes de junio del mismo año, las reglas de la lógica "...indican que el inicio de la acción se produjo por un daño cuya causa fuente preexistía con anterioridad a dichas fechas, de ahí, el absurdo de la sentencia..." (v. fs. 372 vta.).
Arguye que la Cámara no ha valorado los hechos acreditados en la causa conforme las reglas de la sana crítica, pues -a su entender- de la documentación que detalla surge patente que la parte actora hubo de tener conocimiento del supuesto anegamiento con antelación y, por lo tanto, también del supuesto perjuicio producido. Menciona las cartas documento obrantes a fs. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26; las notas de la Municipalidad (v. fs. 18), la dirigida a la Dirección de Vialidad provincial (v. fs. 21); la agregada al expediente administrativo iniciado por la parte actora de fecha 2 de febrero de 1999 (v. fs. 24) y la nota a un diario local (v. fs. 27).
Aduce que resulta indudable que el agua ingresó a la propiedad de la actora con anterioridad al año 2003, que la presencia de la misma en el campo de la actora para las fechas que muestran las imágenes satelitales (obrantes a fs. 13/17 del cuaderno de prueba demandada -Fiscalía de Estado-) lo fue independientemente de las obras de la ruta n° 30 y que ello no fue considerado por la Cámara, lo que también revela lo absurdo del razonamiento esgrimido en la sentencia.
Además, cuestiona la falta de valoración del informe de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 45 del cuaderno de prueba de la Municipalidad.
IV.3. Sin embargo, el impugnante en su discurso omite hacerse cargo de los fundamentos esgrimidos por la Cámara en apoyo de su decisión, como así también de las pruebas expresamente indicada en sustento de la misma (algunas de ellas acompañadas también en el citado cuaderno de prueba del municipio).
La recurrente no formula una réplica idónea respecto del razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada en cuanto a que de las pruebas producidas se advertía, la ejecución -desde los años ochenta- de la obra vial de la ruta n° 30 sobre cuyo margen se encuentra asentado el campo de la actora, con la consecuente sobreelevación del nivel natural de los campos; y que con la construcción de la dicha ruta se habían proyectado y construido varias alcantarillas de cruce. Observó que recién en febrero del año 2001, se había dado inicio a la obra "Escurrimientos Ruta Provincial N° 30" con el objeto de evitar los anegamientos recurrentes que soportaba el barrio Nueva Aurora.
Agregó que dicha obra de canalización se complementó con el cegamiento de dos alcantarillas transversales, concretada en mayo del año 2004 y que la comuna, a requerimiento de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, taponó las dos alcantarillas próximas a los mojones 101 y 115, cercanas al predio de la actora (v. fs. 29 y 37/39 del cuaderno de prueba de la Municipalidad de Chivilcoy).
Con base en las probanzas producidas en autos, aclaró que, si bien era posible que todas estas modificaciones incidieran conjuntamente en la geomorfología del predio y su consecuente inundación, lo cierto era que la decisión final de taponar las alcantarillas había sido el hecho que cerró la suerte del anegamiento denunciado, actuando como causa generadora de daños.
Señaló que, conforme había manifestado expresamente la autoridad administrativa, ese taponamiento finalizó en el año 2004 (haciendo específica mención de los distintos informes acompañados a fs. 34, 37/39 y 45 del cuaderno de prueba de la comuna) y que, tal circunstancia también había sido destacada por los peritos intervinientes en estas actuaciones (v. fs. 137 y vta., 139 y fs. 154 vta.), cuyos informes -en parte- transcribió.
En ese orden de ideas concluyó en que coincidía con la jueza de primera instancia en que la acción deducida el 2 de junio de 2004 no se encontraba prescripta.
IV.4. Ante tal conclusión, la impugnante se limita a argumentar su oposición con la cita de la pericia obrante a fs. 153/156, sin reparar debidamente en la prueba indicada por la propia Alzada (como, por ejemplo, la que luce cuaderno de prueba de la comuna coaccionada) lo que torna insuficiente su queja (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Es doctrina consolidada de este Tribunal, que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (cfr. doctr. causas A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "Lopez", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
Es que, si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella sólo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Ello es así, en el entendimiento que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. causas Ac. 77.310, "La Rosaura", sent. de 2-X-2002; Ac. 90.443, "Adano", sent. de 13-IV-2005; A. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; e.o.).
De ahí que el mentado vicio no quede configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (cfr. causas L. 103.302, "Di Sano", sent. de 7-IX-2011; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y C. 121.938, "De Loizaga", sent. de 7-XI-2018). Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente respecto al cómputo del plazo bienal de prescripción (cfr. art. 384, CPCC) aunque contrario a la postura de la recurrente.
Por lo expuesto, advierto que la Fiscalía de Estado no logra demostrar que el razonamiento seguido por la mayoría del Tribunal de Alzada, en ejercicio de facultades que le son privativas, haya incurrido en el aludido vicio de absurdo (art. 279, CPCC).
IV.5. Tampoco prospera la denunciada violación de la doctrina legal de este Tribunal y de precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las Cámaras de Apelaciones, como los invocados por la recurrente a fs. 373 vta./374 vta., pues sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
La impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre las causas denunciadas a fs. 371 vta. y 374 –causas Ac. 89.241, Ac. 93.179, Ac. 92.244 y Ac. 116.218, sentencia de 4-III-2015- y el supuesto de autos. De tal modo, el planteo luce insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
Por otro lado, conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, aquella doctrina cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Sup
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