Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución de la Cámara de fs. 100/101, se declara que el actor se encuentra alcanzado por el beneficio de gratuidad establecido por la ley 12.200 y se remiten los autos al Tribunal de Alzada a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
El depósito judicial de $66.400 acreditado a fs. 127/128, debe ser restituido al señor Mariano Javier Puccio, en tanto no se encuentra obligado a efectuarlo conforme lo aquí decidido (arts. 1, 2 y 3, ley 12.200 -texto según ley 14.148-) y lo normado en el art. 60 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.066, "Puccio, Mariano Javier contra Tribunal de Cuentas sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró inaplicable al caso el beneficio de gratuidad establecido por la ley 12.200 (v. fs. 100/101 y 110/111).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/115 y 116/119), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 130.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 132) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los antecedentes de la causa útiles para la decisión del recurso son los que siguen.
I.1. El señor Mariano Javier Puccio -quien se desempeñó como Director de la Unidad Ejecutora Provincial de Programas de Financiamiento Externo, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- promovió demanda contencioso administrativa contra el Tribunal de Cuentas con el objeto de obtener la anulación de la resolución 328/17 de 29-VI- 2017, dictada en el expediente 2-167.0-2015 (Dirección General de Cultura y Educación- Ejercicio 2015) mediante la cual se le formularon cargos, más una sanción pecuniaria, en ocasión de su desempeño en la citada Unidad Ejecutora. Requirió, asimismo, se lo exima del pago de la Tasa de Justicia, invocando lo normado en el art. 3 de la ley 12.200 (v. fs. 85/98).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata declaró inaplicable al caso el beneficio de gratuidad establecido por la referida ley, por entender que el cargo deudor objeto de la pretensión anulatoria tenía origen en la responsabilidad del actor en el manejo de fondos públicos y no en una relación de empleo propiamente dicha. Señaló, además, que el señor Puccio contaba con la posibilidad de recurrir a otros institutos procesales idóneos para proteger cualquier insuficiencia patrimonial para solventar los gastos que conlleva el acceso a la justicia, tal como el beneficio de litigar sin gastos regulado en el art. 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 100/101).
I.3. Frente a tal decisión, la parte actora dedujo reposición (v. fs. 107/108) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/115 vta.).
Denegada la primera de las vías de impugnación mencionadas (v. fs. 110/111), interpuso un nuevo recurso de inaplicabilidad de ley contra tal decisión (v. fs. 116/119 vta.).
I.4. Al abordar la admisibilidad de ambos embates, la Cámara asignó carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a lo decidido -por cuanto ponderó que la cuestión debatida, ceñida estrictamente a la interpretación de la ley 12.200, podría causar al apelante un agravio de imposible reparación ulterior-, y en relación al cumplimiento de los extremos requeridos por el art. 280 del citado Código, lo intimó a depositar la suma de $66.400 (v. fs. 121/122). Cumplida la exigencia (v. fs. 127/128), el Tribunal de Alzada concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 112/115 y 116/119 (v. fs. 130 y vta.).
II. Mediante el mentado remedio la parte actora denuncia que la Cámara no aplicó los arts. 1 y 3 de la ley 12.200, texto según ley 14.148, que a su criterio claramente comprenden el supuesto de autos.
Aduce que, del propio acto administrativo que dio lugar a la demanda, surge la circunstancia de que el actor se desempeñó hasta diciembre de 2015 revistiendo la calidad de funcionario público y que los cargos pecuniarios formulados por el Tribunal de Cuentas son consecuencia de reprocharle una conducta omisiva a la hora de rendir cuentas en sede provincial, por lo que dice que resulta evidente que el litigio se enmarca en diferencias de apreciación fácticas y legales respecto de sus presuntas actuaciones y omisiones en ocasión del ejercicio del cargo de titular de una repartición provincial.
Sostiene que la resolución recurrida ha prescindido, sin motivo plausible, del deber de aplicar la normativa vigente a los hechos del caso cuando de su texto resulta evidente que comprende al sub lite , comprometiendo así el acceso al servicio de justicia, ya que exigirle el pago de una tasa del monto calculado violaría las previsiones constitucionales que invoca (arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.)
III. El recurso prospera.
III.1. El art. 1 de la ley 12.200 establece "la gratuidad de las actuaciones en sede administrativa y judicial, de reclamos de origen laboral y de seguridad social, cualquiera sea el tipo de la relación de empleo y el fuero ante el que se intente". Asimismo, el art. 2 dispone que "En sede jurisdiccional los trabajadores tendrán acordado el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances, de pleno derecho, declarándolos exentos del pago de tasas por servicios administrativos y/o judiciales".
El art. 3, incorporado por ley 14.148 (B.O. de 29-VII-2010), dispone que "en caso que el reclamo administrativo o judicial sea iniciado por o contra personas que hayan cesado en su calidad de agentes o funcionarios públicos, gozaránéstos de los beneficios de los artículos precedentes si el reclamo se originase en hechos, actuaciones u omisiones en ocasión del ejercicio del cargo o función pública que ocuparon".
Es dable destacar los fundamentos que llevaron al legislador a la referida reforma normativa, que tendieron a despejar toda duda respecto de la interpretación de esa ley y sus alcances. Así, consideró injusto que al funcionario que el Tribunal de Cuentas le realizó un cargo deudor y, luego de haber cesado en su función, inicia un juicio, no se le reconozca el "beneficio de litigar sin gastos de pleno derecho" que establece la ley 12.200 y, en su lugar, se le exija que inicie un beneficio de litigar sin gastos en los términos del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, en tanto el caso judicial se vincule a hechos ocurridos "en ocasión del ejercicio de la función pública" y la persona sea actora o demandada por haber sido un empleado público ( https://normas .gba.gob.ar/documentos/VN3qgUNO.html).
III.2. Conforme surge de los textos reseñados, el referido beneficio de gratuidad alcanza al actor, quien ha de gozar de éste toda vez que la pretensión planteada en autos -la anulación de la resolución del Tribunal de Cuentas que le impuso un cargo deudor- tiene su fundamento en el ejercicio de una función pública, tal la que desempeñó como Director de la Unidad Ejecutora Provincial de Programas de Financiamiento Externo, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, situación que encuadra en lo normado en el art. 3 de la ley 12.200, texto según ley 14.148.
Por lo demás, esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que cuando el texto de la norma es claro y expreso no es dable prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta propio de su contenido (doctr. causas A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 72.651, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 21-XI-2018 y A. 74.578, "Arias", sent. de 15-V-2019; e.o.).
La Cámara en su decisión de fs. 100/101 ha prescindido injustificadamente de los términos y el sentido de la norma (arts. 1, 2 y 3), por lo que cabe casar el pronunciamiento y declarar que el actor se encuentra alcanzado por el beneficio de gratuidad establecido por la ley 12.200 -texto según ley 14.148- (art. 289 inc. 2, CPCC).
IV. Por las razones expuestas corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la resolución de la Cámara de fs. 100/101, declarar que el actor se encuentra alcanzado por el beneficio de gratuidad establecido por la ley 12.200 y remitir los autos al Tribunal de Alzada a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
El depósito judicial de $66.400 acreditado a fs. 127/128, debe ser restituido al señor Mariano Javier Puccio, en tanto no se encuentra obligado a efectuarlo conforme lo aquí decidido (arts. 1, 2 y 3, ley 12.200 -texto según ley 14.148-) y lo normado en el art. 60 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la resolución de la Cámara de fs. 100/101, se declara que el actor se encuentra alcanzado por el beneficio de gratuidad establecido por la ley 12.200 y se remiten los autos al Tribunal de Alzada a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
El depósito judicial de $66.400 acreditado a fs. 127/128, debe ser restituido al señor Mariano Javier Puccio, en tanto no se encuentra obligado a efectuarlo conforme lo aquí decidido (arts. 1, 2 y 3, ley 12.200 -texto según ley 14.148-) y lo normado en el art. 60 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2020 12:36:04 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 02/06/2020 14:48:13 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 19:45:53 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 05/06/2020 19:10:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 08/06/2020 07:31:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia