Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74800
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad a lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.800, "Castaño, Norma Beatriz y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredon - Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 925/950, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, condenó a las codemandadas -Gerónimo Rizzo S.A. y Municipio de General Pueyrredon- con el alcance expresado en el considerando III (v. fs. 995/1.017 vta.).
Disconformes con ese pronunciamiento la parte actora (v. fs. 1.059/1.069 vta.), la Municipalidad codemandada (v. fs. 1.044/1.058) y la firma Gerónimo Rizzo S.A. (v. fs. 1.071/1.087) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 1.096/1.097).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.112) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 1.044/1.058?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la firma Gerónimo Rizzo S.A. a fs. 1.071/1.087?
En caso negativo:
3ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 1.059/1.069?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Mar del Plata rechazó la demanda indemnizatoria interpuesta por Norma Beatriz Castaño y Oscar Ramón Bazán contra la Municipalidad de General Pueyrredon y la firma Gerónimo Rizzo S.A., con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del deceso del hijo de ambos (S. A. B.), quien falleció por asfixia al sumergirse en el espejo de agua existente en un predio ubicado en Mar del Plata, hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2004. Impuso las costas en el orden causado (cfr. art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-).
Para así decidir, luego de valorar la prueba, juzgó que el hecho de la víctima había sido la causa determinante del infortunio, interrumpiendo totalmente el nexo de causalidad, circunstancia que liberaba de toda responsabilidad a los demandados, más allá del factor de atribución que se invocara para imputar a uno y otro sujeto.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia dictada en primera instancia.
II.1. Indicó que los actores dirigieron su acción, por un lado, contra la firma Gerónimo Rizzo S.A., propietaria del inmueble, con sustento en el factor de atribución objetivo del art. 1.113 -segundo párrafo- del Código Civil (entonces vigente), en razón del carácter riesgoso que cabría predicar respecto del escenario donde tuvo lugar el accidente fatal (laguna formada por acumulación de aguas en la cava donde funcionó una cantera). Asimismo, plantearon la responsabilidad de la Municipalidad de General Pueyrredon con fundamento en el factor de atribución objetivo del art. 1.112 del mismo ordenamiento (falta de servicio), atento la omisión ilegítima en que habría incurrido en el ejercicio del poder de policía local, consistente en no haber controlado las condiciones de seguridad en que se encontraba el predio luego de que finalizara la actividad de extracción de minerales, sujeta a su regulación.
Observó que la sentencia apelada sólo se detuvo en la imprudencia de la víctima para descartar -de plano- toda responsabilidad del dueño de la cosa y del sujeto estatal, prescindiendo de efectuar un análisis integral de la problemática, a la luz de los presupuestos que rigen la responsabilidad de los demandados, según las normas y principios aplicables a uno u otro supuesto.
Descalificó el proceder del magistrado de grado por omitir el análisis razonado de cuestiones conducentes para la solución de la contienda y, además, por valorar fragmentariamente los elementos de convicción, arribando a conclusiones que -según entendió el tribunal- diferían diametralmente de aquellas que surgían de apreciar armónicamente las constancias probatorias, según los principios de la sana crítica racional (cfr. arts. 384, CPCC y 77, CCA).
II.2. Consideró que el adecuado tratamiento del caso imponía, en primer término, efectuar una reconstrucción de los antecedentes fácticos que motivan el reclamo judicial de los actores, con el fin de precisar con la mayor claridad posible cuáles fueron las circunstancias que rodearon el deceso del hijo de los apelantes. Cumplida dicha labor -continúa el tribunal- cabía deslindar las responsabilidades que se imputan en el caso y, eventualmente, determinarse si el hecho de la víctima tuvo -o no- alguna cuota de participación en el evento de marras.
En tal tarea, señaló que S. A. B. falleció el 11 de diciembre de 2004 a la edad de dieciséis años, al ahogarse en el espejo de agua que existía en el predio de la empresa codemandada Gerónimo Rizzo S.A., sito en la localidad de Mar del Plata. Refirió que el menor había acudido al lugar en horas de la tarde junto con otros amigos del barrio, quienes habían decidido refrescarse en las aguas de la mencionada cava. Manifestó que el joven se sumergió y repentinamente desapareció de la superficie y cuando fue rescatado por personal de Bomberos, ya se encontraba sin vida. Desde el punto de vista médico, la causa del deceso fue catalogada "asfixia por inmersión en agua dulce" (cfr. certificado de defunción de fs. 11; informe de autopsia, practicado en la IPP 184.173, v. fs. 310).
Tuvo por cierto que el inmueble de la empresa codemandada -popularmente conocido como "Cantera Rizzo"- abarcaba ocho parcelas y que allí había funcionado una explotación de extracción de piedra y minerales, industria que llevó a cabo la firma demandada y que había cesado varios años antes del suceso de marras (cfr. cédulas catastrales de fs. 496/501, imagen con ubicación parcelaria de fs. 502; actas notariales de fs. 487/489 e informe del Departamento de Actividades Económicas del municipio de fs. 765).
Destacó que el predio contaba con un ingreso principal (por la intersección de las calles Mario Bravo y Pehuajó), al que se accedía a través del paso de dos tranqueras de madera; en sus inmediaciones se emplazaba una vivienda en precario estado de conservación, en la que habitaba un casero. Agregó que en dicho paso también había dos carteles que contenían la inscripción "Peligro Prohibido Pasar Propiedad Privada" (cfr. informe de la Jefatura de Bomberos, Zona IV de Mar del Plata, labrado en fecha 30 de marzo de 2005 en el marco de la Investigación Penal Preparatoria 184.173, fs. 292/293).
Indicó que el inmueble tenía una superficie total de cincuenta hectáreas y si bien su perímetro se hallaba cercado en el sector más próximo a la vivienda, en las parcelas más alejadas no había alambrados ni tranqueras, ya sea porque nunca existieron, o bien porque se los habían robado (cfr. declaración testimonial de Rubén Cansobre prestada a fs. 716/717).
Resaltó que aproximadamente a quinientos metros de la entrada del predio se encontraba un espejo de agua originado a consecuencia de las sucesivas excavaciones, la acumulación de agua de lluvias y el ascenso de la napa freática (cfr. informe de Gerencia de Servicios de Obras Sanitarias Soc. Estado de fecha 11 de julio de 2005, v. fs. 22 del expediente administrativo 942-6-1/2005, agregado sin acumular). Ponderó que, de fisonomía irregular, la laguna tenía una extensión aproximada de cuatrocientos metros por doscientos metros, una profundidad promedio de dieciocho metros (cfr. informe de Gerencia de Servicios de OSSE, de fecha 3 de febrero de 2005, v. fs. 27, exped. citado). El agua era de color verdoso, característico del agua estancada y tenía vegetación -juncos- en algunos sectores (cfr. informe de la Jefatura de Bomberos y declaración testimonial, antes citados).
II.3. Luego refirió que los actores buscaban responsabilizar a la empresa propietaria del fundo, por tratarse de una cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil (entonces vigente), no sólo por la peligrosidad intrínseca que presentaría un espejo de agua de las proporciones descriptas, sino por el estado de precariedad y abandono en que se encontraba el fundo y la ausencia de medidas efectivas de prevención, circunstancias que habrían agudizado el riesgo que entrañaba la cantera cubierta de agua.
Recordó que, en los casos de responsabilidad objetiva fundada en el riesgo creado, es carga de quien reclama la indemnización acreditar: el daño causado, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre el daño sufrido y el riesgo o vicio de la cosa.
Señaló que en el caso la presencia de los dos primeros requisitos no se encontraba discutida y que la divergencia mediaba respecto de la configuración de los restantes presupuestos de la responsabilidad.
Consideró que existían sobradas evidencias que abonan la tesis de los actores, en cuanto al carácter riesgoso de la cava de agua situada en el predio de la firma codemandada, el estado de abandono general que presentaba el inmueble, la existencia de siniestros previos en dicho lugar y por similares causas y la ausencia de medidas de prevención y seguridad aptas para mitigar los peligros existentes.
Reseñó los elementos probatorios (v. fs. 1.001 vta./1.005) y entendió que, sopesados en su conjunto, eran prueba suficiente del carácter eminentemente riesgoso que presentaba el espejo de agua situado en el inmueble de la codemandada, quien hizo poco y nada para mitigar la situación descripta y evitar la reiteración de sucesos lamentables como el que en el año 2004 se cobró la vida del hijo de los actores, hecho que a esa altura de los acontecimientos resultaba claramente previsible (arts. 901, 902, 1.113 segundo párrafo y concs., Cód. Civ., entonces vigente; 384 y concs., CPCC).
Ante las circunstancias del caso, le restó relevancia a la discusión acerca de la existencia en las proximidades de la cava de carteles alertando sobre los peligros existentes y la prohibición de baño. Entendió que aun admitiéndose que en el lugar del deceso existían dichos elementos indicadores, su sola presencia no bastaba para neutralizar la peligrosidad existente en el predio y evitar el ingreso de terceras personas ni, por ende, para liberar a la empresa propietaria de toda responsabilidad, quien durante un largo tiempo supo aprovechar y servirse de las riquezas minerales del establecimiento, para luego, finalizada la explotación, y sin tomar mayores precauciones, abandonarlo a su suerte.
II.4. Por otra parte, señaló que el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño previsto en la última parte del art. 1.113 del Código Civil (entonces vigente) al que hizo referencia la demandada en su responde y el juez de grado en su fallo, debe ser interpretado de manera restrictiva para no convertirse en una razón que impida el cumplimiento efectivo del deber de reparar.
En tal sentido, la Cámara consideró absurda la conclusión que condujo a la eximición de responsabilidad por entender que la víctima y sus amigos ingresaron a la laguna contra la voluntad de su dueño sin tener en cuenta que, en la realidad de los hechos, ese uso fue largamente conocido por la propietaria del predio en el que se encontraba emplazada la cava, de manera tal que el conocimiento que el fallecido pudiera haber tenido acerca de su titularidad no implicaba la prohibición efectiva de acceso al lugar.
II.5. Luego trató la responsabilidad del municipio por la omisión ilegítima en el ejercicio de sus deberes de control, la que consideró en menor porcentaje de incidencia causal que la de la firma codemandada.
Señaló que, en el complejo ámbito de la responsabilidad estatal por sus comportamientos de abstención, cabe distinguir distintos tipos de situaciones, en las que la intensidad del deber de obrar del Estado no gravita con la misma fuerza, sino que ha de variar según los casos.
Destacó que, por fuera de los supuestos de omisiones a mandatos positivos y determinados, suelen presentarse situaciones en las que el Estado -como ocurre en autos- no se halla frente a una regla de derecho expresa, positiva o razonablemente implícita de actuación, sino que se encuentra más bien obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. Tales omisiones se presentan mayormente en el ejercicio de la policía administrativa, en la que los deberes que se imponen a la Administración no conducen automáticamente a instituirla en una suerte de asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio o daño ocasionado por la conducta ilícita -activa u omisiva- de terceros por quienes, en principio, no está obligada a responder.
Consideró que si bien es cierto que el ejercicio del genérico poder de policía que compete al Estado no constituye, en principio, título suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento ajeno a su intervención directa y en el cual ninguno de sus órganos ha tomado parte, no lo es menos que tal criterio ha de ser matizado, por ejemplo, cuando mediare desatención irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública o si se acreditare que ésta tenía cabal conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de clara potencialidad dañosa y, no obstante, descuidó la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos.
Concluyó que, si la obligación del servicio de policía y seguridad se satisface con aplicar la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, la verificación de alguna de las situaciones de excepción mencionadas denota, lógicamente, la infracción al estándar mínimo de actuación que era esperable en el contexto del caso, lo que apreció que ocurría en la especie.
Entendió que el municipio codemandado no podía permanecer ajeno al reproche, pues los antecedentes de la causa demostraron con patencia que la situación de la "Cantera Rizzo" constituía una problemática de larga data y de público conocimiento.
Destacó que más allá de las responsabilidades primarias que pesaban sobre el propietario del inmueble, el nefasto historial de víctimas que registraba el lugar requería de parte de las autoridades otro tipo de intervención. La dimensión social del asunto trascendía los límites de lo estrictamente privado, en tanto estaban en juegos intereses cuantitativa y cualitativamente relevantes (por caso, la vida de los vecinos que a diario concurrían a la cava), que obligaban a la Administración a adoptar un rol activo en la prevención de siniestros, desplegando un mayor control sobre el establecimiento privado en situación de abandono en el que había funcionado una actividad industrial que estuvo sujeta a la regulación y a los permisos municipales, y a raíz de la cual la accionada -para más- percibió un tributo en concepto de "Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de Arena, Cascajo, Pedregullo y demás minerales" (cfr. ordenanza 6.364, arts. 1, 2, 3, 12 y concs.).
Ponderó que todas las acciones del municipio en relación al predio de marras fueron posteriores al hecho y se cumplimentaron a raíz de la importante repercusión mediática que tuvo la muerte del joven Bazán (v. considerando 4.2).
Señaló que la tardía intervención de la autoridad municipal no hizo más que patentizar la absoluta pasividad en que se encontraba con anterioridad a la producción del hecho dañoso, evento que consideró que pudo haberse evitado si tales acciones llegaban en tiempo oportuno.
Juzgó que, al amparo de las circunstancias antes señaladas, la falta de servicio por omisión del municipio demandado se encuentra configurada en la especie, como así también la existencia de un adecuado nexo de causalidad entre ella y el suceso lesivo.
Concluyó que tanto el carácter riesgoso que presentaba el espejo de agua situado en el predio de la codemandada Gerónimo Rizzo S.A., potenciado por la ausencia de las razonables medidas de seguridad que las circunstancias del caso le imponían adoptar, como la inacción y desidia del municipio en el ejercicio de sus deberes de policía y control -a pesar de conocer largamente los reiterados siniestros ocurridos en el lugar- tuvieron una incidencia determinante y causalmente adecuada en la producción del lamentable resultado dañoso.
II.6. Luego se refirió a la conducta de la víctima (art. 1.113, Cód. Civ., entonces vigente) la que consideró que tuvo cierta incidencia parcial en la producción del resultado dañoso, en una contribución mucho menor a la que es dable atribuir a los demandados.
Ponderó que, si bien se observó una omisión de la víctima en el cuidado de su propia seguridad, al introducirse en las aguas de la peligrosa cava, sopesó que se trataba de un adolescente tentado en la travesura, que sin ninguna maldad ingresó en un predio privado y al que la gente de la zona acudía con asiduidad, para encontrar frescura en accesibles aguas, en las que trágicamente ocurrió su fallecimiento (arts. 901, 902, 1.112, 1.113 y concs., Cód. Civ., entonces vigente).
Con base en las razones antes expuestas, respecto al grado de participación y contribución causal al hecho, consideró que en la producción del evento resulta atinado atribuir un 50% de responsabilidad a la empresa Gerónimo Rizzo S.A. propietaria del predio riesgoso en que ocurrió el hecho fatal, un 30% al municipio de General Pueyrredon, por la abstención ilegítima en el cumplimiento de sus potestades de control, y el restante 20% al hecho de la víctima.
Entendió que tales porcentajes resultaban apropiados, teniendo en cuenta la mayor incidencia causal que pesó sobre el propietario del establecimiento, quien estaba en una relación directa con la cosa riesgosa, se había servido útilmente de ella, conocía más que nadie los peligros y antecedentes del lugar, y no obstante no había adoptado las medidas razonables que se encontraban a su alcance para mitigar los riesgos existentes.
Agregó que en ese contexto se engarza -aunque con un protagonismo menor- la omisión municipal en el ejercicio del poder de policía, por no haber activado en su momento el control que era esperable en el caso, y tolerado que el propietario de la cantera se mantuviera durante muchos años en la más absoluta pasividad, mientras los siniestros acaecían (cfr. arg. arts. 192, Const. prov. y 1.112, Cód. Civ. -entonces vigente-). Por último, sostuvo que también gravitó el hecho de la propia víctima, a quien no se le podía atribuir más intervención causal que la arriba indicada.
II.7. Sentado lo anterior la Cámara trató la pertinencia de los rubros indemnizatorios peticionados por la parte actora -pérdida de chance o valor vida y daño psicológico- (v. cons. II.6. 1, II.6.2 y II.6.3 de la sentencia de Cámara).
II.7.a. Respecto a la pérdida de chance o "valor vida", ponderó que, en el particular caso del fallecimiento de un hijo joven que aún no había dejado el hogar de sus padres, lo que debía resarcirse era el daño futuro cierto que correspondía a la razonable esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito. Resaltó que esa indemnización cabe, si no a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el hijo, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico pa
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