Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74799
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.799, "Presa, Eduardo y otros contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada (v. fs. 108/114) y confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda promovida, con costas a la recurrente vencida -conforme art. 51 inc. 1 de la ley 14.437- (v. fs. 126/136 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/150), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 151 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 158) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida; declaró la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 54/11 -y sus modificatorios- en cuanto asignó carácter no remuneratorio a la bonificación allí establecida; reconoció el derecho de los actores al incremento de su haber previsional merced al aludido adicional; acogió la defensa de prescripción opuesta y condenó a la Caja demandada a abonar a cada uno de ellos las sumas devengadas por tal concepto, desde dos años previos al momento del inicio de la demanda, con más los intereses, de acuerdo a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación desde que cada una de dichas sumas debió ser percibida junto con cada haber mensual y hasta su efectivo pago y condenó a la Provincia de Buenos Aires a que cumpla con las obligaciones que le impone el régimen previsional aplicable. Impuso las costas del juicio a la parte vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (v. fs. 94/103 vta.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia, con costas a la parte recurrente en su objetiva condición de vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-).
Centró la cuestión a resolver en determinar si la bonificación especial establecida en el decreto 54/11, y luego incrementada mediante el decreto 934/13, que percibían los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en los regímenes de la ley 13.982 y del decreto ley 9.578/80 que se encontraban en actividad, debía ser incluida -o no- en la base de cálculo del haber previsional de los demandantes, a la luz de los principios constitucionales en juego y las disposiciones de la ley 13.236 (cfr. art. 1, ley cit.).
II.1. Refirió al marco legal aplicable al caso (arts. 26 y 27, ley 13.236) y a los decretos 54/11 y 934/13.
Recordó que el mencionado decreto dispuso otorgar, a partir del día 1 de enero de 2011, una "bonificación no remunerativa no bonificable" por la suma de quinientos pesos, "...para los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires [...] que se encuentren a la fecha en actividad y cumpliendo con la prestación efectiva de servicios" (art. 1). Según se indica en los considerandos, el suplemento sería acordado en carácter de incentivo para aquellos agentes que "...en muchos casos y según las dependencias en que revistan", tienen que cumplir "...servicios extraordinarios para el sostenimiento de la seguridad pública" (cfr. párrafos primero y segundo de los fundamentos).
Destacó que el aludido decreto estableció que -por razones de conocimiento directo y estricta competencia- sería el Ministerio de Justicia y Seguridad quien determinaría específicamente los agentes que resultarían beneficiados de dicha retribución (cfr. art. 2, dec. cit.).
Agregó que más tarde el decreto 934/13 incrementó -con vigencia a partir del día 1 de enero de 2014- la "bonificación no remunerativa no bonificable" creada por el decreto 54/11 en la suma de dos mil pesos.
II.2. Efectuada la reseña normativa, consideró que no había razones para apartarse de la solución propiciada por el juez de grado quien -con base en precedentes de la Suprema Corte- entendió que, en atención a la calificación acordada a la bonificación establecida por el decreto 54/11 -y su modificatorio-, el accionar estatal reprochado resultaba violatorio de los derechos constitucionales -a la movilidad jubilatoria y de propiedad- de los demandantes, al imposibilitar que sus haberes previsionales se vieran incrementados en función del reflejo necesario que -conforme el régimen vigente- conlleva el otorgamiento al personal en actividad de una retribución mensual en forma general, regular y habitual.
II.3. Advirtió que en el agravio contenido en el recurso de apelación bajo el título "Improcedencia de trasladar al haber previsional de los actores el incentivo de los decretos 54/2011 y 934/2013" (v. pto. IV.1., fs. 109/110 vta.), la recurrente no se hizo cargo del raciocinio central alcanzado por el juzgador para decidir el tópico en cuestión, esto es, el reconocimiento del carácter de retribución general, regular y habitual de la bonificación establecida mediante el decreto 54/11.
Destacó que la apelante no refutó el razonamiento seguido por el magistrado para acoger la petición sustancial articulada y replicó manifestaciones ensayadas en la contestación de demanda reeditando los argumentos puestos a consideración del sentenciante de grado en la etapa inicial del presente proceso.
Concluyó que el agravio en estudio no logró conformar una crítica concreta razonada del segmento del pronunciamiento cuyo desacierto pregona la recurrente, requisito éste que, puesto por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, exige hacerse cargo de los fundamentos del fallo a través de un memorial que exponga en forma seria, fundada, concreta y objetiva los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho, lo que no ha sido efectuado en el recurso.
II.4. No obstante considerar que la aludida falencia que porta el agravio resultaba suficiente para sellar su suerte adversa, la Cámara juzgó que la decisión adoptada por el juez de grado, al ordenar la actualización de los beneficios previsionales de acuerdo a las modificaciones de los sueldos del personal en actividad -de un lado- observaba cabalmente lo dispuesto por el art. 27 de la ley 13.236 y -de otro- garantizaba la efectiva concreción de la garantía de movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Compartió con el juez de grado el argumento referido a que la reglamentación del decreto 54/11 -y la justificación que portaba su texto- no efectuaron distingo alguno que permitiera delimitar el universo de agentes en actividad con vocación para percibir la bonificación allí creada y conferir cierta "especialidad" a dicho adicional.
Reparó en que en la fundamentación que motivó el dictado del citado decreto se evidenció la voluntad administrativa de retribuir -con carácter de incentivo- los significativos esfuerzos que los agentes de las Fuerzas de Seguridad realizan al cumplir -en muchos casos y según las dependencias que revistan- servicios extraordinarios para el sostenimiento de la seguridad pública, finalidad que no contempla -si bien con la carga que ello conlleva- más que la prestación de las labores inherentes a la función que desarrollan, no resultando posible vislumbrarse -de la literalidad del acto en cuestión- la consagración de elementos concluyentes que ameriten su percepción en favor de un grupo determinado de beneficiarios.
Agregó que tal generalidad, sumada a la prescindencia de todo término temporal, que limite la vigencia de dicha bonificación, brinda basamento suficiente a la inteligencia formalizada por el a quo .
II.5. Tampoco la circunstancia de que el pago del adicional esté sujeto a la prestación efectiva de servicios enerva -a criterio de la Cámara- su calidad de habitual y regular.
Entendió que la tesitura de la Fiscalía de Estado procura investir a la Administración de la potestad de alterar reglamentariamente los términos de la movilidad previsional prevista en el art. 27 de la ley 13.236, al facultarla a calificar normativamente como "no remunerativo" a un concepto que por su propia configuración tiene la calidad de regular y habitual, reflejando -por ende- una retribución de carácter remunerativa.
Consideró que el juez de grado no otorgó un alcance indebido a la bonificación creada mediante el decreto 54/11, sino que ajustó su fiel sentido al esquema normativo en el que debía insertarse (arts. 26 y 27, ley 13.236).
II.6. Destacó el silencio que la recurrente ha guardado frente al silogismo efectuado por el juez interviniente, al endilgar a la defensa fiscal la omisión de alegar -y acreditar- la existencia de otras normas reglamentarias de rango inferior en las que se impusieran los condicionamientos objetivos que motivaran la percepción de la bonificación por parte del personal en actividad.
Entendió que, a consecuencia de ello, quedó ratificado el postulado de los accionantes respecto al carácter general, regular y habitual del adicional en cuestión. Porque al observar que sobre tal segmento del fallo nada dijo la demandada, más allá del acierto o desacierto de lo allí resuelto, se trata de una cuestión que -por haber arribado firme a la instancia de apelación- se encuentra vedada al conocimiento de la Cámara, desde que lo contrario importaría quebrantar el principio constitucional de congruencia.
II.7. Con respecto a lo normado en el segundo párrafo del art. 26 de la ley 13.236, entendió que la falta de aportes sobre el suplemento en cuestión no puede ser imputable al beneficiario previsional, sino que obedece más bien una defectuosa técnica normativa del decreto de su creación al exceptuar de dicha carga, a causa de la errónea calificación que se otorga, a un suplemento que posee las calidades de general, regular y habitual.
II.8. Por otra parte, advirtió que la breve referencia del juez de primera instancia al decreto 1.315/15, se direcciona solamente a patentizar que el reconocimiento del derecho peticionado por los accionantes, tras tenerse por acreditada la generalidad de la bonificación establecida mediante el decreto 54/11, ha sido consagrado en forma parcial y progresivo por el aludido acto administrativo de alcance general. De modo que la cuestionada acotación, relativa a la política salarial fijada por la Administración para el año 2015, y de escasa trascendencia en la resolución de la contienda trabada en autos, lejos estuvo de colocar a la parte agraviada en una situación de indefensión tal como ella lo alegara.
II.9. Finalmente, descartó el agravio de la recurrente, referido a la indebida traslación de la doctrina fijada por este Tribunal en la causa B. 60.279, "Terzaghi", sentencia de 18-III-2009. Destacó que sin perjuicio de las divergencias fácticas y jurídicas que presenta la controversia ventilada en autos con aquella, el juzgador de grado no sólo ha contemplado el cambio jurisprudencial consumado con relación a las causas iniciadas en razón del suplemento establecido en el decreto 1.014/97, sino que también se ha ocupado de señalar aquellas similitudes y disonancias que el tópico bajo examen exhibe respecto del fallo citado.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 139/150, la Fiscalía de Estado denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236 y la vulneración de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
III.1. Adujo que la sentencia impugnada ha violado, de modo claro y concreto, lo preceptuado en las normas referidas, en cuanto establecen que las bonificaciones que perciban los agentes policiales activos, sólo podrán ser trasladadas a los agentes en pasividad bajo el ineludible requisito de que se realicen aportes previsionales.
Sostuvo que resulta fundamental apoyarse en la ley aplicable porque a los fines previsionales ésta debe constituir la fuente directa de solución a la controversia, de modo tal que no puede soslayarse que ya en los considerandos del decreto 54/11, se indicó que el incentivo en cuestión fue establecido sólo para el personal en actividad de las fuerzas de seguridad, mientras que en el art. 1 se dispuso que se trató de una bonificación no remunerativa. Lo mismo replica la recurrente respecto del decreto 934/13.
Asimismo, afirmó que los presupuestos establecidos por la ley 13.236 sobre el concepto de retribución, estipulan -por un lado- que debe considerarse el carácter regular, habitual y permanente de la asignación y -por otro- que sobre ella se hagan obligatoriamente los aportes previsionales.
Destacó que habiendo la ley especial establecido expresamente los rubros sujetos a aportes previsionales, no corresponde aplicar principios extraídos del régimen general de jubilaciones y pensiones, máxime, cuando los agentes policiales en pasividad perciben beneficios previsionales con menores años que la generalidad de los agentes públicos en igual situación.
Señaló que, al incluirse el aludido concepto de remuneración a los suplementos, bonificaciones o adicionales con carácter regular, habitual y permanente, sobre los que se hagan obligatoriamente aportes previsionales, se instituyó un sistema especial que, más allá de su acierto o conveniencia, constituye una materia específica de política legislativa que excede, en principio, los límites de la jurisdicción.
Afirmó que la Caja previsional se halla obligada a abonar al afiliado sólo las sumas que, en carácter de remuneración, corresponden al grado cuya titularidad ocupaba a la fecha de su cese en el servicio activo. Agregó que ese concepto no comprende las asignaciones o suplementos que percibe el activo exentas de aportes, por ello debe concluirse que no corresponde integrar el haber en pasividad con un adicional que no cumple tales recaudos.
III.2. En otro orden, critica lo que considera una forzada interpretación del Tribunal de Alzada al imputarle ausencia de especialidad a la bonificación, ya que en los considerandos del decreto 54/11 se indicó que el incentivo fue establecido sólo para el personal en actividad de las fuerzas de seguridad, pero para un supuesto preciso, particular y determinado, o sea para todo aquel que cumpla con servicios extraordinarios para el sostenimiento de la seguridad pública y que, por razones de conocimiento directo y estricta competencia, sea el Ministerio de Justicia y Seguridad quien determine específicamente los agentes que resultarán beneficiarios del incentivo.
Sostuvo que tal carácter obsta al progreso de la demanda, dado que la bonificación es percibida sólo por los agentes activos que realicen servicios destacables, fuera de lo común. Lo comparó con un premio otorgado para aquellos policías que ejercen su función de manera extraordinaria, por encima del standard impuesto reglamentariamente.
Resaltó que los accionantes no lograron demostrar que el adicional se abone absolutamente a todo el personal policial sin considerar la manera en que prestan el servicio y que es esa circunstancia también la que no luce acreditada en las constancias de la causa por lo que el tópico es presumido, sin sustento fáctico, por el Tribunal de Alzada en su forzada construcción interpretativa.
III.3. Consideró que la Cámara aplicó erróneamente la doctrina emergente de la causa B. 60.279, "Terzaghi", sentencia de 18-III-2009, por cuanto sus circunstancias difieren con las de este caso, ya que no se da la situación de transcurso excesivo del tiempo que transforme el emolumento en regular y habitual.
Sostuvo que el decisorio en crisis ha violentado la doctrina legal emergente desde la causa B. 63.006, "Barroso", sentencia de 11-III-2013 y sus similares, en relación con los requisitos que debe reunir una bonificación para ser trasladada a los agentes policiales en pasividad. Asegura que existe una pacífica y consolidada doctrina respecto a que, para trasladar una determinada bonificación al personal en pasividad, la misma no sólo debe poseer el carácter de regular, habitual y permanente, sino que ineludiblemente sobre ésta deben efectuarse aportes previsionales.
III.4. En otro orden, denunció la errónea interpretación del decreto 1.315/15. Entendió que esa norma sólo demuestra que los cambios establecidos en el art. 3, con relación a la bonificación no remunerativa, significan que ha dejado de existir en sus términos originarios y ello implica justamente la cabal demostración de su carácter temporal y transitorio, poniendo en evidencia que dicho adicional no reúne los caracteres exigidos por el art. 26, segundo párrafo, de la ley 13.236. Ello impide asignarle la caracterización de regularidad, habitualidad y permanencia a efectos de incluirlo en los haberes en pasividad.
Señaló además que, en caso de no compartirse estos argumentos, resultaba insoslayable que la circunstancia de que la bonificación sufra una mutación hacia un atributo remunerativo a partir del mes de enero de 2015, sujeto al pago de aportes, implica en todo caso una mejoría hacia el futuro que de ningún modo podría interpretarse con efectos retroactivos, ya que no se trata de un reconocimiento encubierto del carácter remunerativo del suplemento aquí cuestionado.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Preliminarmente advierto que la Cámara actuante analizó la suficiencia de la apelación y consideró que la recurrente no había efectuado una crítica concreta y razonada del segmento del pronunciamiento cuyo desacierto pregonó (referido a la improcedencia de trasladar al haber previsional de los actores el incentivo previsto por los decretos 54/11 y 934/13), requisito exigido por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, falencia que consideró suficiente para sellar la suerte adversa del agravio. No obstante, decidió abordar el recurso y contestó los agravios esgrimidos (v. cons. 2.2. y 2.3., fs. 131/132 vta.) vinculados con el referido tema.
Resulta claro que, si bien el tribunal de apelación hizo referencia a la insuficiencia del escrito de expresión de agravios, igualmente afrontó el tratamiento de la crítica. Es decir, materializó un criterio amplio de apreciación a favor del recurrente. En esas condiciones, como lo expuse al emitir mi voto en la causa Ac. 78.086, "Cruells", sentencia de 31-III-2004, se ha superado la barrera de admisibilidad, por decisión del propio órgano apelatorio, lo que en mi opinión hace necesario considerar en su sustancia el agravio contenido en la referida parcela del recurso extraordinario interpuesto.
IV.2. Sentado ello, adelanto que el recurso no prospera. En mi opinión, la decisión de la Cámara y la del magistrado de grado, por ella confirmada, se ajustan a derecho.
IV.2.a. Los accionantes reclaman la inclusión del suplemento creado por el decreto 54/11 en sus haberes previsionales.
La recurrente se opone argumentando que se trata de un adicional otorgado al personal en actividad, con carácter especial, no remunerativo y no bonificable. Cent
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