Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76277
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.277 "TRANSPORTADORES UNIDOS DE QUILMES S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria, de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión deducida por la firma Transportadores Unidos de Quilmes SA contra la Municipalidad de Quilmes, por la que persigue la anulación de una serie de actos administrativos identificados como decretos 3326 de junio de 2006; 4183 de agosto de 2001; 8017 de diciembre de 2006; 0246 de enero de 2007; 1286 de marzo de 2007; y por último 1834 del 28 de marzo de 2007.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada, coincidiendo con el razonamiento seguido en el fallo de origen, sostuvo que se había evaluado la procedencia del reclamo ponderando los decretos impugnados por la parte actora, destacando especialmente su naturaleza provisoria y la ausencia de notificación del decreto 1834/07, en el que se disponía la determinación del porcentaje definitivo reconocido como variación de los costos del servicio.
Señaló que tampoco prosperaba el planteo vinculado a la firmeza e imposibilidad de impugnación de los decretos 3326/06, 4283/06, 8017/06, 0246/07 y 1286/07 ya que, respecto de ellos, había operado la preclusión porque se trataba de una cuestión que había sido decidida por la Cámara mediante resolución de fecha 28-V-2013, en la que se había desestimado la excepción de inadmisibilidad oportunamente deducida por la accionante.
Confirmó el carácter provisorio de los decretos 4283/06, 8017/06, 0246/07 y 1286/07 de reajuste del precio efectuado, hasta el dictado del decreto 1834/07, que redeterminaba en forma definitiva el precio del servicio contratado por la licitación pública número 01/2005 y, sobre la base de lo expuesto, sostuvo que los pagos realizados no poseían el efecto cancelatorio que pretendía el Municipio.
Analizó el cuestionamiento efectuado a la pericia realizada en las presentes actuaciones, advirtiendo que las críticas no habían sido debidamente fundadas, por lo que no se apreciaban errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos en la misma, de ese modo confirmó el decisorio apelado (v. fs. 720/726).
II. Frente a ello, mediante presentación electrónica del día 17/9/2019 a la hora 1:42:14 p.m., el municipio vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, por el cual esgrime que el fallo atacado transgrede la doctrina de esta Corte en torno al absurdo y entiende, por tanto, que la Cámara arriba a una conclusión totalmente injusta y lesiva de los derechos de igualdad, propiedad y defensa, cercenando de esta forma los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
El recurso resulta concedido por la a quo a fs. 737/738.
Con profusa cita de autores y de diversos fallos de este Tribunal, denuncia que la Cámara incurre en una apreciación absurda de la prueba pericial contable porque sostiene que la Municipalidad no ha formulado objeciones a la respuesta proporcionada por el experto, desconociendo que la misma ha sido objeto de constantes impugnaciones, haciendo hincapié específica y fundamentalmente en que el trabajo del perito no fue imparcial, limitándose a transcribir los cuadros de la parte actora.
Afirma que, la Municipalidad procedió a reajustar los costos mediante los decretos 4283/06, 8017/07, 246/07, 1286/07 y 1834/07, abonándosele a la empresa el total del precio readecuado, recibiendo la misma dichos pagos sin reserva alguna, de conformidad con lo expuesto por la Comisión de Mayores Costos, siendo aquellos perfectamente válidos y no impugnados en sede administrativa.
Sostiene que, el perito designado en autos reconoce que los pagos fueron cancelados en su totalidad, son coincidentes con la facturación y han sido percibidos sin ser observados por la empresa.
Remarca que, surge manifiesto el error en el que incurre la Cámara, al igual que el juez de grado, al considerar que de la prueba acompañada a la causa se deduce que "los reajustes dispuestos en los decretos 4283/06, 8017/06, 0246/07 y 1286/07 fueron provisorios hasta el dictado del decreto 1834/07, que lo hizo en forma definitiva...", ya que -según los autores que cita- "…lo 'provisorio' del reajuste en nada se condice con la 'provisoriedad' del decreto, porque lo esencial del acto administrativo es que sea productor de efectos jurídicos directos, sin que quepa agregar que tales efectos sean definitivos".
Finalmente, denuncia una errónea interpretación de la doctrina emanada del fallo "Córdoba Iramain Construcciones Civiles c/Municipalidad de Olavarría s/Demanda Contencioso Administrativa", en cuanto al efecto cancelatorio del pago, por lo que la sentencia aquí cuestionada deviene también arbitraria, ya que no se sustenta en los hechos objetivos acreditados en autos y la doctrina aplicable al caso.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019, e.o.).
En tal sentido, los argumentos de la recurrente, sustancialmente análogos a los expresados en el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada (v. fs. 686/693), no pasan de expresar un mero criterio divergente, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016, A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
IV.2. Tampoco ha sido idóneamente cuestionada por la Municipalidad recurrente la alegación de absurdo.
Tiene dicho reiteradamente esta Corte que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, deviene insuficiente aquel remedio cuyos argumentos más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras).
Cabe recordar que tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019, entre otras).
En tal marco, la crítica ensayada por la recurrente en punto a que en el fallo impugnado se ha incurrido en una arbitraria apreciación de la prueba tanto documental como pericial, no exterioriza más que meras discrepancias subjetivas tendientes a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 74.756, "Arriaga", resol. de 12-XII-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, entre tantas).
IV.3. Por último, no es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal, que la recurrente intenta fundar con la transcripción genérica de sumarios jurisprudenciales de esta Corte, pues para demostrar su existencia no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015 y A. 75.729, "Fuentes", res. de 25-IX-2019).
Para más, este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece con la causa B. 49.628, "Córdoba Iramain Construcciones Civiles", sent. de 6-IX-1988- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, e.o.).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Ge-So-dLa-Ko
Reg. Nº 21
Fin de la sentencia