Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75633
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.633, "Abraham, Héctor Ismael contra Ministerio de Seguridad sobre Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada por el accionante.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demandada promovida por el señor Héctor Ismael Abraham y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución 588/14 y ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires liquidar y abonar el subsidio previsto en la ley 13.985 y su decreto reglamentario, manteniendo la cautelar concedida hasta tanto adquiera firmeza la sentencia (art. 12 inc. 1, 50 inc.2 y 77 inc. 1, CCA; 163 y concs., CPCC y 171, Const. prov.).
I.2. Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la accionada y confirmó la sentencia cuestionada, con costas a la recurrente por resultar vencida.
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte entendiendo que el reclamo de la indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar las dolencias ocasionadas en acto de servicio en función de la policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente. Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Denuncia que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in ídem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocerle al actor el derecho a percibir un mal llamado subsidio policial (el de la ley 13.985) que resulta incompatible con la indemnización judicial que este ya había percibido por el mismo accidente, en el marco de la causa n° 29.746, "Abraham, Héctor Ismael c/ Fisco de la Pcia. de Bs. As. y otro/a s/ accidente de trabajo-acción especial", de trámite ante el Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata.
Aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que sólo se puede reclamar el subsidio policial si no se percibió la indemnización civil integral del accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio, es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio, resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Insiste en que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vigente en la materia, que considera al subsidio como una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual, es incompatible con la indemnización integral. Cita causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el Tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revise y ajuste su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. La acumulación, o no, de la indemnización prevista en el régimen laboral con el beneficio en cuestión, es decir, si resulta compatible el cobro de ambas, ha sido objeto de análisis por esta Corte -con diferente integración- en las causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998 y L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999. En ellas se reconoció la procedencia de la percepción de ambos beneficios.
Dichos fallos fueron revocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con una conformación diversa a la actual) y, en consecuencia, fue el criterio seguido con posterioridad por la mayoría de este Tribunal en casos de igual tenor.
Sin embargo, en la causa L. 84.498, con sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016 y A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018, esta Corte propició nuevamente la procedencia de la mentada acumulación.
III.2. El pronunciamiento impugnado se dictó conforme a la aludida doctrina legal de esta Suprema Corte. Y si bien aquí el recurrente se agravia de la interpretación que el Tribunal de Alzada efectuó en orden a la nueva normativa (art. 1, ley 13.985), la resolución del caso no varía en tanto esta contiene análogas previsiones a las de las normas analizadas en aquellos precedentes.
El acatamiento que los órganos judiciales hacen de la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, propósito que se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremediablemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (cfr. causas A. 73.385, "S. J. C.", sent. de 24-VI-2015 y A. 74.155, "Saragusti", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.3. En otro orden, corresponde señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada por el impugnante, no puede considerarse idónea a los fines de cumplir con la exigencia que manda el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto no constituyen la doctrina legal a la que se refiere el citado precepto (cfr. causas A. 70.187, "Nuñez", sent. de 15-XII-2010 y A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012).
La doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, aun la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. causas A. 69.243, sent. de 6-X-2010; A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014 y A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
Además, destaco que estas últimas tampoco resultan vinculantes (conf. C. 110.813, "Puñet", sent. de 16-IV-2014; C. 117.220, "Guidi", sent. de 26-VI-2013 y C. 98.403, "Uriz", sent. de 9-VI-2010) no obstante que en algunos supuestos este Tribunal haya aplicado el mismo temperamento sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante determinadas circunstancias fácticas, pero en supuestos y materia ajena a la que se debate en este caso.
IV. A tenor de lo señalado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada.
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Comparto el relato de antecedentes, desarrollo argumental y solución propuesta por la señora Jueza doctora Kogan.
Al respecto, desde ya hace largo tiempo he venido acompañando la posición mayoritaria de este Tribunal en litigios de análoga configuración al presente, los cuales se encuentran referenciados en el tercer párrafo del punto III.1. del sufragio inaugural.
Por lo demás -y tal como también hice en las causas L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020) y A. 75.480, "Melgarejo" (sent. de 16-VII-2020) al acompañar unas reflexiones adicionales efectuadas por el doctor Soria- hago notar que el art. 10 del decreto 149/10, que reglamenta la ley 13.985 invocada por el quejoso, si bien establece que la percepción del subsidio previsto en la ley es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente".
La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien por otro lado no ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Esto último termina de sellar desfavorablemente la suerte del recurso.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:19 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:13:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:10:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 12:31:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia