Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74496
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.496, "Malacalza, Carlos María y otros contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Pettigiani , de Lázzari , Torres , Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 289/297 vta.) y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda promovida por la doctora Alicia Susana Pidal en representación de los demandantes individualizados en el acápite V (personería) de la postulación de la causa 26.603 y de las pretensiones interpuestas por los señores Carlos Alberto Amato (causa 25.560) y Carlos Alberto Malvasio (causa 27.173), ambas acumuladas a la presente, y todas deducidas contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas de la instancia en el orden causado (v. fs. 318/326).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 330/346 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 348/349.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 354), agregada la memoria de la demandada (v. fs. 357/363) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La doctora Alicia Susana Pidal, en su carácter de apoderada de los accionantes, todos ellos beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, dedujo demanda contencioso administrativa contra el referido organismo previsional solicitando la nulidad de los actos administrativos que denegaron la incorporación de la suma establecida por el decreto 54/11 en el haber de pasividad de sus mandantes.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda interpuesta.
Para así decidir, consideró ajustado a derecho el pronunciamiento de grado, en cuanto resolvió que no correspondía la inclusión en la determinación del haber previsional de los actores -que revisten en calidad de retirados, jubilados o pensionados, según el caso-, de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en el decreto 54/11.
II.1. Compartió lo resuelto por la magistrada de primera instancia respecto a que el referido adicional no queda comprendido en el concepto amplio de retribución de la ley de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires 13.236, cuyo art. 26 establece que el importe de los beneficios de pasividad se fija de acuerdo a los porcentajes que allí mismo se determinan sobre la base de la última retribución o asignación correspondiente al grado del que era titular el afiliado a la fecha de su cese en el servicio activo.
Destacó que dicha retribución es comprensiva de todos los suplementos, bonificaciones, adicionales y servicios de extensión profesional que tengan el carácter de regulares y habituales y sobre los cuales se hagan obligatoriamente aportes previsionales.
Señaló que, tal como lo expuso la sentencia de grado, el decreto 54/11 ha instaurado un adicional que no se encuentra sujeto a descuentos de leyes previsionales y que reviste carácter especial, atento a que no se instituyó para todo el personal en actividad por el solo hecho de serlo.
Advirtió que la bonificación referida -calificada como no remunerativa y no bonificable, no sujeta a aportes previsionales-, ha sido prevista en beneficio de un grupo singular de agentes policiales, que comprendería a aquellos que, encontrándose en actividad (por oposición a la situación de pasividad), cumplen con la prestación efectiva de servicios, procurando actuar como incentivo, a fin de resguardar y garantizar en debida forma la seguridad pública (cfr. cons. 1 y 2, dec. 54/11).
Consideró que el sistema diseñado por la ley 13.236 se aparta del concepto general de remuneración y acuña uno especial, lo que torna inaplicable la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia en materia de remuneración, estructurada a partir del decreto ley 9.650/80, porque en presencia de una regulación especial, que aborda los rubros sujetos a aportes y que consecuentemente deben ser tenidos en cuenta para determinar el haber, no corresponde, en principio, acudir a las disposiciones contrarias insertas en el régimen general.
Destacó que cuando el legislador se aparta del concepto general, instituyendo un sistema especial, su acierto o conveniencia constituye materia específica de política legislativa que excede por regla los límites de la jurisdicción del Tribunal.
II.2. Por otra parte, también compartió lo expuesto por la magistrada de grado respecto a que del informe remitido por el Ministerio de Seguridad provincial (v. fs. 210) surge que el incentivo policial del decreto 54/11 se abona a partir del día 1 de enero de 2011, en forma general y habitual, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se encontraban a esa fecha en actividad y cumpliendo con la prestación efectiva de servicios; coligiendo de ello que no se distinguió entre jerarquías ni escalafones para su pago y que tal informe nada dijo en relación con los sujetos que efectivamente perciben el incentivo.
A su vez advirtió, al igual que la magistrada de grado, el diverso sustrato jurídico existente entre los casos en que recayeron los precedentes jurisprudenciales adoptados en torno a la interpretación de la bonificación del decreto 1.014/97 (causa B. 60.715, "Nocetti", sent. de 11-VIII-2010), del caso, en el cual el incentivo policial del decreto 54/11 no ha sido contemplado en forma genérica para todo el personal en actividad, como acaeció en aquel decreto, sino en especial respecto de quienes, revistando en actividad, se encontraran prestando servicios en forma efectiva.
II.3. Por último, resaltó que la bonificación consignada en el decreto en cuestión no está sujeta a aportes previsionales. Recordó que todo régimen jubilatorio se financia -entre otros fondos- con los provenientes de los aportes de los empleados y los empleadores y que su destino es el de posibilitar el cumplimiento de los fines para los cuales las cajas fueron creadas.
Señaló que tales contribuciones revisten el carácter de forzosas y ni el trabajador ni el empleador pueden eximirse de efectuarlas, desde que derivan de una obligación establecida por la ley, tendiente a robustecer la individualidad financiera de las cajas en favor de la categoría de trabajadores ligados por el vínculo de la actividad común.
II.4. Concluyó que se ajustó a derecho la decisión judicial recurrida, en tanto en el caso no se encontraban presentes las condiciones que exige la normativa para delinear el concepto de retribución (el carácter regular, habitual de la asignación y que sobre ésta se hagan obligatoriamente los aportes previsionales), no correspondiendo la inclusión en la determinación del haber previsional, de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en el decreto 54/11.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 330/346 vta., la parte actora denuncia la errónea aplicación de los arts. 26 y 27 de la ley 13.236 y de la doctrina legal que cita. También acusa la violación de los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 14 bis, 17, 18, 28, 31, 33 y 43 de la Constitución nacional y Tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Luego de reseñar los antecedentes del caso, en el acápite V (v. fs. 336/346 vta.) fundamenta el recurso.
III.1. Aduce que la Cámara se equivoca al considerar que la bonificación reclamada en autos no cuenta con los caracteres de habitualidad, normalidad, regularidad y permanencia. Así, alega que del texto del decreto 54/11 no surge ninguna condición a la que sujetar el derecho a la retribución que es inherente al trabajo profesional de policía, pues para su cobro no se exige la realización de mayores o distintas tareas.
Sostiene que sus características no exceden de la prestación que define el vínculo laboral como única variable, pues la causa de su asignación es el trabajo que realizan quienes lo perciben.
Destaca que, en el caso, no se ha acreditado que el Ministerio de Seguridad haya intervenido conforme lo establece específicamente la norma (art. 2, dec. cit.), ni hubiera determinado beneficiarios distintos a la generalidad de los empleados, o establecido un criterio de selección por mayor esfuerzo laboral o desempeño extraordinario.
Se agravia porque la sentencia impugnada ha resuelto que el adicional de marras no quedaba comprendido en el concepto de retribución de la Ley de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art. 26).
Cuestiona puntualmente que la Cámara consideró que el decreto 54/11 instauró un adicional que reviste carácter especial en tanto no se instituyó con carácter general para todo el personal en actividad y por el solo hecho de serlo.
Alega que, más allá de la calificación formal otorgada por la norma de creación, de la prueba producida en autos surge que a la fecha de contestación del pedido de informe al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con intervención del Departamento de Liquidaciones de Haberes (v. fs. 210), dicha bonificación se abonaba en forma general y habitual, y era percibida por todo el personal indistintamente sin que se exigiera la realización de trabajos diversos o el cumplimiento de requisitos especiales respecto de las tareas que cumplían con anterioridad al dictado de la norma en cuestión.
Expresa que la Cámara yerra cuando argumenta que "...las sumas asignadas en concepto de incentivo en análisis aparecen, en principio, como derivación de un régimen de excepción y retributivos de esfuerzos contingentes, no regulares exigibles a la fuerza de seguridad, y por ende, no se advierte reproche de legalidad en la determinación que se efectúa, de los beneficiarios de la misma, la que, por razones de conocimiento, se establece en cabeza del Ministro de Seguridad provincial, que habrá de ser quién establezca los agentes que resulten beneficiarios del incentivo en cuestión (cfr. art. 2 del decreto 54/2011)...".
Aduce que la conclusión del tribunal se basa en la letra del decreto y sus fundamentos y no valora los hechos y pruebas aportadas en autos, que hacen a la realidad fáctica y a la verdad jurídica objetiva.
Respecto a la falta de acreditación de quiénes son los agentes que deben percibirlo y quienes no, sostiene que ya fuera por el principio de colaboración procesal o por la carga dinámica probatoria, es el Ministerio de Seguridad quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar dichos extremos y probar que la bonificación no era percibida por todo el personal de las Fuerzas de Seguridad en forma general.
III.2. En otro orden, aduce que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente al caso la jurisprudencia emergente de las causas B. 54.661, "Casco", sentencia de 7-XII-1999 y B. 54.998, "Altuve", sentencia de 13-IX-2000, en tanto en los referidos precedentes los actores pretendían que se les reconociera carácter remuneratorio y, en consecuencia, trasladable a sus haberes previsionales, a las sumas abonadas en concepto de gastos de movilidad y compensación de gastos. La misma consideración efectúa respecto a la causa B. 54.301, "Grigioni", sentencia de 5-III-2003, en la que el actor reclamó que se le traslade a sus haberes previsionales el total de lo percibido por los legisladores, sin exclusión de ninguna asignación.
III.3. Denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal elaborada en torno al principio de movilidad previsional (causas B. 50.349, "Bracuto", sent. de 7-VI-1988; B. 52.311, "Eyherabide de Rifourcat", sent. de 30-III-1993; B. 53.568, "Suarez", sent. de 17-II-1998; B. 61.210, "Cardillo", sent. de 1-III-2004; e.o.).
III.4. Por otra parte, sostiene que la Cámara se equivoca cuando dice que la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte con relación a la bonificación que establecía el decreto 1.014/97 es inaplicable al caso de autos (causas B. 60.279, "Terzaghi", sent. de 18-III-2009; B. 61.217, "Insinger" y B. 60.715, "Nocetti", sents. de 11-VIII-2010; e.o.).
Aclara que la suma establecida por el decreto 54/11 se abona con carácter general y en forma habitual como informó el Ministerio de Seguridad (v. fs. 210). Agrega que fue prorrogada en el tiempo mediante decreto y sin requisitos especiales o extraordinarios. Distingue que no fue creada por la existencia de una situación particular -estado de emergencia policial- ni para un determinado escalafón o jerarquía, como ocurrió en el caso del decreto 1.014/97.
III.5. Por último, denuncia que entre la fecha de interposición del recurso de apelación (7 de julio de 2015) y la del fallo de Cámara (14 de julio de 2016) aconteció un hecho sobreviniente relacionado con esta causa y que considera debe ser tenido en cuenta en su resolución. Tal, el dictado del decreto 1.315/15 mediante el cual el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires determinó la política salarial para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires comprendido en el régimen de la ley 13.982.
Entiende que el contenido de esa norma demuestra acabadamente que la bonificación no remunerativa no bonificable del decreto 54/11 y su posterior 934/13 que la incrementa, siempre tuvo carácter remunerativo.
IV. El recurso prospera.
La cuestión a resolver se centra en determinar si la bonificación especial establecida en el decreto 54/11 y luego incrementada mediante el decreto 934/13, que percibían los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el régimen de la ley 13.982, que se encontraban en actividad, debe ser incluida -o no- en la base de cálculo del haber previsional de los demandantes, a la luz de las disposiciones de la ley 13.236 (arts. 26 y 27).
La demandada se opone argumentando que se trata de un suplemento otorgado al personal en actividad, con carácter especial, no remunerativo, no bonificable y no permanente, al que no se le efectuaron aportes jubilatorios.
IV.1.a. El decreto 54/11 dispuso otorgar, a partir del día 1 de enero de 2011, una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de quinientos pesos "...para los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires [...] que se encuentren a la fecha en actividad y cumpliendo con la prestación efectiva de servicios" (art. 1).
De los considerandos del acto surge que el suplemento sería acordado en carácter de incentivo para aquellos agentes que "...en muchos casos y según las dependencias en que revistan", tienen que cumplir "...servicios extraordinarios para el sostenimiento de la seguridad pública, con el fin de brindar a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires el pleno goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales" (cfr. párrs. 1 y 2 de los cons.).
También estableció que el Ministerio de Justicia y Seguridad determinaría específicamente, en razón de su competencia, el alcance de la aludida retribución especial (cfr. art. 2, dec. cit.).
IV.1.b. Con posterioridad, el decreto 934/13 incrementó, a partir del día 1 de enero de 2014, la "bonificación no remunerativa no bonificable" creada por el decreto 54/11.
IV.2. La ley 13.236 (régimen previsional del personal de las Policías de la Provincia), en lo que aquí interesa, establece en su art. 26 que el importe de los beneficios previsionales se fijará en los porcentajes que en cada caso establece la ley sobre la base de la última retribución o asignación correspondiente. Precisa que se entenderá por remuneración la retribución mensual fijada en la normativa salarial vigente por todo concepto para cada escalafón, incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, servicios de extensión profesional, que tengan el carácter de regulares, habituales, excepto las asignaciones familiares y sobre los cuales se hagan aportes previsionales.
Asimismo, la norma prescribe que los importes de los beneficios son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese y deben ser actualizados de oficio por el Directorio de la Caja dentro de los sesenta días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad (cfr. art. 27, ley cit.).
IV.3. Efectuada la reseña normativa, advierto que el incentivo económico establecido en los decretos referidos posee las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, esto es, generalidad, habitualidad y regularidad y, por ello, cabe computarlo a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
Ello se ajusta a lo prescripto por los arts. 26 y 27 de la ley 13.236, disposiciones que sientan las bases para la determinación del haber previsional en el régimen de la Caja Policial.
Estas normas, por un lado, establecen el cálculo de los haberes previsionales, disponiendo su fijación sobre la base de la remuneración ostentada al cese, calificando asimismo el concepto de retribución -en el que se encuentran incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, retribuciones y servicios de extensión profesional, que tengan carácter de regulares habituales y permanentes y sobre los cuales se efectúen aportes previsionales. Por otro lado, disponen la actualización de los haberes de los pasivos de acuerdo a la suerte del salario activo del personal de las Policías. De esta manera, se hace efectiva la garantía de movilidad jubilatoria consagrada y reconocida en el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Esta Suprema Corte tiene dicho que los haberes previsionales deben guardar una adecuada proporcionalidad con la remuneración del agente en actividad. Se ha sentado que la movilidad de los haberes previsionales recibe sustento en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del mismo cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (cfr. causas B. 61.210, "Cardillo", sent. de 1-III-2004; B. 56.055, "Pedraza", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
El derecho a una jubilación móvil adquirida conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad, y sobre cuya base se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del propio cargo otrora desempeñado, pues de esta forma se mantiene una situación equilibrada al conservar el beneficio previsional la naturaleza sustitutiva (cfr. causas B. 60.933, "Ninet", sent. de 22-X-2003; B. 67.187, "Colombo", sent. de 18-XII-2013; B. 66.985, "Breide", sent. de 2-XII-2014; B. 62.690, "Signori", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
La necesidad de mantener la proporcionalidad entre el haber pasivo y el salario activo es un principio básico de la seguridad social que radica en garantizar al beneficiario el mantenimiento del nivel de vida alcanzado durante la etapa laboral y no llevar los haberes a una desproporción de naturaleza arbitraria y confiscatoria, resg
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