Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75784
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.784, "Rosales, Cristian Federico contra Instituto de Previsión Social sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Soria, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 441/443) y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Dolores y rechazó la acción de amparo promovida por el señor Cristian Federico Rosales contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas de ambas instancias a la parte actora vencida conforme lo normado por los arts. 19 y 25 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 68, 274 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 455/460).
Disconforme con ese pronunciamiento el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 463/467), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 484 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 487), vista la memoria presentada electrónicamente el día 2 de mayo de 2019 por la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Juzgado en lo Civil y comercial n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, condenó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) a otorgar al señor Cristian Federico Rosales el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su progenitor Eugenio Olegario Rosales, en carácter de hijo mayor de edad con incapacidad total y permanente del 70% (cfr. arts. 34, 35 y 36, dec. ley 9.650/80). Impuso las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 426/436).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada, revocó la sentencia de grado impugnada y, en consecuencia, rechazó la acción de amparo promovida contra el IPS.
II.1. Para así decidir, recordó que el art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, en análogo sentido a lo normado en los arts. 1 y 2 inc. 1 de la ley 13.928 –texto ordenado por la ley 14.192-, instituye que la acción de amparo procede siempre que no pudieran utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable.
Destacó que quien acciona por la mentada vía tiene la carga ineludible de precisar y probar que los restantes carriles procesales diseñados por el legislador local no constituyen remedios idóneos y eficaces para la protección de los derechos invocados, puesto que la acción de amparo no puede ser concebida como una vía apta para la solución de todos los problemas, cuando tanto la Constitución como las leyes marcan la existencia de distintos derroteros.
Consideró que se trata de un presupuesto básico de admisibilidad del amparo, que bien puede ser meritado al momento del dictado de la sentencia definitiva, máxime cuando la parte demandada lo planteó como principal argumento defensivo al momento de contestar la demanda (v. fs. 347/349).
Entendió que la mera invocación de razones de economía procesal o preclusión no puede obstruir la consideración de esta problemática, pues de lo contrario se estaría violentando el derecho de defensa en juicio de la demandada (arts. 15, Const. prov. y 18, Carta nac.). Por ello, descalificó el razonamiento esgrimido por el juez de primera instancia para escapar al conocimiento de esta cuestión que consideró central.
Recordó que, para el análisis de los presupuestos de admisibilidad de la acción de amparo, el legislador previó una primera etapa de estudio de las actuaciones, en la que el juzgador puede desestimar in limine -en los términos del art. 8 de la ley 13.928 (texto ley 14.192)- el remedio cuando éste resultare notoriamente improcedente por no cumplir con los requisitos establecidos por la citada ley.
Sostuvo que, si en la liminar evaluación se presentan supuestos que -por su naturaleza- ameritan cuanto menos bilateralizar la acción con la persona demandada -e, incluso, ordenar, de así corresponder, la producción de algún tipo de prueba- (arts. 10, 11 y concs., ley 13.928 -texto según ley 14.192-), es al momento del dictado de la sentencia de mérito cuando el magistrado deberá analizar -con mayor perspectiva- si se encuentran reunidos o no los recaudos constitucionales y legales que habilitan el carril procesal intentado, entre ellos, si existen otras vías judiciales idóneas para ventilar la pretensión que porta el amparo (art. 20 inc. 2, Const. prov.), agravio central que motiva el embate de la autoridad previsional.
II.2. Sentado ello, consideró que en el caso no aparecían debidamente patentizadas las razones por las cuales los carriles procesales ordinarios previstos por el Código Contencioso Administrativo no serían aptos para canalizar la pretensión sustancial del accionante. Tampoco advirtió que la utilización de ellos pudiera irrogarle al señor Cristian Rosales perjuicios de irreparable tenor.
Ponderó que del relato de antecedentes efectuado en la demanda (v. fs. 15/19) y el cotejo de la documentación aportada, resultaba indudable que el actor contaba con otras vías judiciales ordinarias para hacer valer el derecho cuyo reconocimiento persigue, en el marco de la tramitación administrativa que instó a fin de obtener la concesión del beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su padre y que culminó con el dictado de sucesivos actos administrativos de la autoridad previsional provincial (IPS), que rechazaron su reclamo (cfr. resols. 753.930/13 -que denegó el beneficio de pensión solicitado-; 788.579/14 -que desestimó el recurso de revocatoria incoado por el actor- y 834.583/16 -que denegó la reapertura del procedimiento solicitada-; v. fs. 5, 289, 307 y 331, expte. adm. 21.557-147.849/10).
Señaló que el objeto de la pretensión encuentra su cauce formal de debate en el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y sus modif.), ordenamiento que prevé -por un lado- un instrumento específico para procurar la declaración de nulidad de los actos administrativos lesivos de la situación jurídica invocada por el particular (art. 12 inc. 1) y -por el otro- contempla una herramienta procesal por medio de la cual podría obtenerse -ya sea una vez declarada la ilegitimidad de los actos involucrados, o en algunas circunstancias, incluso, de manera autónoma- el reconocimiento del derecho de índole previsional que el actor entiende le asiste (arts. 12 inc. 2 y 50 y concs., CCA).
II.3. Respecto a la celeridad que podría demandar el reclamo previsional, mencionó que el referido ordenamiento que disciplina la materia contencioso administrativa contempla -en paralelo- la posibilidad concreta de solicitar medidas cautelares -incluso con anterioridad a la promoción de la acción- (arts. 22 y 23 y sigs., CCA) que constituyen, siempre y cuando se verifiquen los requisitos necesarios para su procedencia, un remedio precautorio eficaz y expedito para salvaguardar, durante el tiempo que insuma la tramitación del proceso, los derechos invocados por el sujeto pretensor, evitando la configuración de daños graves e irreparables.
Indicó que en oportunidad de articular el proceso constitucional de amparo (v. fs. 15/19), el accionante no brindó ninguna razón o argumento tendiente a justificar la idoneidad del carril escogido, frente a la existencia de vías procesales ordinarias potencialmente aptas, lo que demuestra que la referenciada carga procesal del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial hallábase ab initio incumplida en el caso.
Entendió que el rechazo de la acción de amparo frente a la posibilidad que tuvo el actor de encauzar su pedimento mediante la articulación de otras vías ordinarias judiciales idóneas para resguardar y/o restablecer el derecho que reputa desconocido no constituye un ritualismo censurable, en todo caso, es la consecuencia de una estrategia procesal que asumió el actor a su propio riesgo.
II.4. Concluyó que las apuntadas razones eran suficientes para justificar el rechazo de la acción de amparo, al faltar un presupuesto básico de admisibilidad (art. 20 inc. 2, Const. prov.), que lo releva de ingresar en el tratamiento de las restantes cuestiones abordadas por el juez de grado en su fallo, análisis que en las circunstancias de la litis devenía inoficioso.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (v. fs. 463/467) la parte actora denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 75 inc. 22, 14, 17 y 28 de la Constitución nacional; 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 15 y 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 34 inc. 5 apartado "e" del Código Procesal Civil y Comercial.
III.1. Aduce que la Cámara efectuó una errónea aplicación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial al considerar que pudieron utilizarse otras vías por la naturaleza del caso, sin daño grave o irreparable.
Señala que la acción de amparo es un proceso de excepción, que solo puede ser utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esa acción urgente y expedita.
Arguye que, en el caso, en la oportunidad de dar traslado de la demanda no se hizo objeción sobre la admisibilidad de la acción de amparo promovida (arts. 8 y 10, ley 14.192), circunstancia que -según expone el recurrente- constituye una vía idónea para el reclamo formulado.
Sostiene que el derecho sustancial comprometido, el beneficio a la seguridad social, cuenta con tutela constitucional, lo que impone examinar la cuestión suscitada -aún en el reducido ámbito de conocimiento de la acción promovida- y brindar una respuesta a la situación planteada. Agrega que, en el caso, ello resulta posible porque la acción ha sido sustanciada y se han reunido suficientes elementos probatorios.
III.2. Por otra parte, aduce que la gravedad del tema amerita la vía del amparo frente a la denuncia de falta de otorgamiento del beneficio de pensión por una incapacidad total y permanente existente a la época del fallecimiento de su padre y de su mayoría de edad, lo que también denota la necesidad de acceder a un tratamiento para su dolencia. Entiende que se encuentran comprometidos los derechos a la seguridad social y a la salud (arts. 75 inc. 22, 14 y 17, Const. nac. y 6, 7, 11 y 12, PIDESC).
III.3. Por último, afirma que en esta etapa procesal la exigencia de acudir a otras vías judiciales para la obtención del mismo resultado, configuraría un exceso ritual manifiesto, que desvirtuaría la finalidad de un adecuado servicio de justicia. Como el proceso fue tramitado, entiende que corresponde desestimar la defensa de la demandada en cuanto a la existencia de otras vías idóneas (cfr. arg. arts. 28, Const. nac.; 15, Const. prov. y 34 inc. 5 apdo. "e", CPCC).
Arguye que sufriría un daño irreparable si utilizare los remedios ordinarios para reclamar su pretensión, atento que es urgente contar con una obra social y un ingreso económico que le permitan llevar el tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de las patologías que padece.
IV. El recurso no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, advierto que no surge debidamente impugnada la conclusión de la Cámara respecto al rechazo de la acción de amparo por faltar un presupuesto básico de admisibilidad frente a la posibilidad que tuvo el señor Rosales de encauzar su pretensión mediante la articulación de otras vías ordinarias judiciales idóneas para obtener el beneficio de pensión denegado.
El recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en el fallo que demuestren la errónea aplicación o violación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, por él denunciada. Su argumentación en este aspecto no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de la referida cláusula constitucional sin conseguir demostrar que haya existido violación de la ley (doctr. causas A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.803, "Villanustre", sent. de 8-II-2017; e.o.), circunstancia que sella la suerte adversa del recurso.
Esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; e.o.), como entiendo que ocurre en el caso.
IV.2. Para más, de acuerdo a las constancias obrantes en autos y a la índole de las cuestiones planteadas, parece indudable que la resolución del caso, en particular en el aspecto de la determinación de la incapacidad del peticionante del beneficio de pensión, requiere de mayor amplitud de debate y prueba que el que razonablemente puede tener cabida en el estrecho marco cognoscitivo de la acción de amparo intentada.
Veamos.
IV.2.a. El trámite ante el IPS acredita, a fs. 276, una primera evaluación médica que concluye con el 70% de incapacidad (originada en ludopatía), oportunidad en la que también se destaca que al día 26 de agosto de 1993 (fecha de fallecimiento del padre-afiliado), el señor Cristian Rosales acumulaba el mismo porcentaje de invalidez.
IV.2.b. Luego, a instancias de la Delegación del señor Asesor General de Gobierno, se solicitaron precisiones médicas (v. fs. 285), las cuales arrojaron una conclusión distinta a la anterior intervención.
En efecto, el dictamen de fs. 286 rectificó el grado de minusvalía al momento del fallecimiento del titular e indicó que no contaba con elementos de diagnóstico que permitieran establecerlo tanto al día 26 de agosto de 1993, como a la fecha en que el paciente adquirió la mayoría de edad. Asimismo, señaló que su sintomatología melancólica no fue acompañada por ninguna documentación.
IV.2.c. En consecuencia, el IPS denegó el beneficio de pensión al señor Cristian Rosales por no haber acreditado la incapacidad en grado invalidante tanto a la fecha de fallecimiento del causante como en la que alcanzó la mayoría de edad (v. fs. 289).
IV.2.d. Por último, la pericia médica practicada en sede judicial no determinó un grado de incapacidad específico, aunque recomendó tratamiento psicológico y psiquiátrico para la afección del actor (v. fs. 414/417).
IV.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de vulneración de los arts. 75 inc. 22, 14, 17 y 28 de la Constitución nacional; 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 15 de la Constitución provincial y 34 inc. 5 apartado "e" del Código Procesal Civil y Comercial, reiteradamente ha dicho este Tribunal que la expresión genérica del recurrente en cuanto a que la sentencia en crisis habría quebrantado preceptos constitucionales o legales, no tiene eficacia si no se indica claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación, tarea específica a cargo del impugnante -incumplida en la especie- que no puede ser suplida por esta Corte (cfr. doctr. causas A. 71.418, "Blanco", sent. de 4-XI-2015; A. 72.901, "Ordosgoiti", sent. de 26-X-2016; e.o.).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo pues, dadas las particularidades del presente caso, considero que el recurso en revisión estuvo mal concedido.
II. Desde tal perspectiva, se advierte que la decisión impugnada que se limita a señalar que el amparo no es admisible (por no haber cumplido el amparista con la carga ineludible de precisar y probar que los carriles procesales ordinarios no constituyen remedios adecuados y eficaces para la protección de los derechos invocados) no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Tampoco que en la especie se haya demostrado que la sentencia, por sus efectos, pueda ser equiparada a tal (doctr. causas Q. 71.015, sent. de 3-XI-2010; Q. 71.039 y A. 71.100, sents. de 2-III-2011; A. 72.535, "Logística La Serenísima S.A.", resol. de 8-V-2013; A. 75.496, "Schell", resol. de 21-XI- 2018; A. 76.167, "Luna", resol. de 13-XI-2019; e.o.).
Por ello propongo declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Las costas se imponen a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud y a mayor abundamiento entiendo que esta Corte ha puntualizado que, en materia de amparo, ciertas decisiones pueden resultar definitivas y susceptibles de los recursos extraordinarios, debiendo estarse a las circunstancias de cada caso en particular, no siendo posible decir lo contrario a priori (conf. doctr. causas Ac. 73.411, "Unión Tranviarios Automotor", resol. de 29-II-2000; A. 70.457, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 23-XII-2009 y A. 70.388, "Albo", resol. de 14-VII-2010).
También ha sostenido que es principio de aplicación genérica que los pronunciamientos pueden ser definitivos cuando se demuestra que lo decidido genera un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (conf. doctr. causas Ac. 73.411, cit.; Ac. 82.410, "Colegio de Corredores y Martilleros Públicos del Departamento Judicial de Dolores", sent. de 7-XI-2001; Ac. 83.536, "Cavallero", sent. de 29-V-2002; Ac. 88.573, "Fundación Hematológica Sarmiento", sent. de 5-XI-2003 y Ac. 92.385, "S., E. C.", resol. de 8-IX-2004), y que lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- una vía jurídica para solucionar su agravio: si no existe ninguna, la decisión es definitiva y -por ende- susceptible de recursos extraordinarios (conf. doctr. causas Ac. 81.312, "Mogro", resol. de 9-V-2001; Ac. 92.989, "Barbosa", resol. de 9-II-2005; Ac. 94.412, "Constructora Lihue SACCIF", resol. de 7-IX-2005; e.o.).
En este caso puntal entiendo que cabe equiparar a definitivo el pronunciamiento impugnado atento
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