Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76234
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.234, "Rojas, Christian Daniel contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado; revocó la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la demanda y, en consecuencia, desestimó la pretensión deducida por el señor Christian Daniel Rojas con el objeto de reajustar sus haberes de retiro desde el 20 de enero de 1997, fecha en que fuera dado de baja por prescindibilidad en los términos de la ley 11.880 (v. sent. de 13-VI-2019).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 09-07-2019, 11:33:49 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 8 de octubre de 2019.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregado el memorial de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 23-12-2019, 11:13:55 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los antecedentes de la causa útiles para la decisión del recurso y que no han sido controvertidos son los que siguen.
Por resolución 13, de fecha 20 de enero de 1997, el Secretario de Seguridad dispuso la baja por prescindibilidad -con fundamento en la ley 11.880- del señor Christian Daniel Rojas, entre otros agentes policiales. Esta ley previó la opción de una indemnización (art. 6).
Con posterioridad, la ley 12.155 brindó a los agentes que hubiesen sido declarados prescindibles la posibilidad de elegir entre el cobro de una indemnización tarifada o el acogimiento al régimen de retiro a través de la Caja demandada (art. 60, ex 59).
En el caso, la posibilidad de la opción se encontraba condicionada a la terminación, sin sanción expulsiva, de una investigación sumarial seguida contra el señor Rojas que culminó el 10 de agosto de 2010, con la aplicación de sesenta días de suspensión, por infracción al art. 58 inc. 15 del decreto ley 9.550/80. Dicha decisión le fue notificada al interesado el 13 de septiembre de 2010.
Al día siguiente (el 14-IX-2010) el señor Rojas se presentó ante la autoridad correspondiente a efectos de realizar la opción de retiro, renunció expresamente a las indemnizaciones del art. 6 de la ley 11.880 e inició al expediente administrativo 21.000-983.884/10. Estas actuaciones culminaron con la resolución del Ministro de Justicia y Seguridad 1.629 de fecha 25 de julio de 2013, que declaró al señor Rojas comprendido en el Régimen de Retiro Activo Obligatorio, previsto en el art. 60 de la ley 12.155, lo que importó la pérdida del derecho a indemnización. Esta decisión le fue notificada el 19 de septiembre de 2013.
El mismo día (19-IX-2013) el interesado se presentó ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el fin de hacer valer sus derechos. Por resolución 92.838, de fecha 3 de diciembre de 2013, el Directorio del ente previsional referido le otorgó el beneficio de Retiro Móvil Extraordinario con un goce de un 60% del haber de pasividad, a partir del 19 de septiembre de 2013. Contra esa decisión, el interesado interpuso recurso de revocatoria, que fue rechazado por resolución 95.887, de fecha 1 de julio de 2014, bajo el argumento que el actor no pudo acceder al beneficio jubilatorio, sino hasta su inserción en el régimen establecido por el art. 60 de la ley 12.155.
El señor Rojas promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo el reconocimiento del derecho a percibir los haberes de retiro que le correspondieran desde el 20 de enero de 1997, fecha en la que el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso su prescindibilidad.
II. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Christian Daniel Rojas y, en consecuencia, anuló las resoluciones 92.838, acta 2.069 de fecha 3 de diciembre de 2013 y su confirmatoria 95.877, acta 2.098 de fecha 1 de julio de 2014, ambas dictadas por el Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, la Caja) y condenó a la accionada a reajustar los haberes de retiro desde el día 20 de enero de 1997, fecha en que el actor fue dado de baja por prescindibilidad (v. sent. de 25-IV-2018).
Para así decidir, en lo que interesa al caso, luego de analizar los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas y la normativa aplicable, coligió que el derecho a obtener el retiro voluntario del señor Rojas se encontraba supeditado a la resolución de un sumario administrativo, puesto que obstaba precisar si su conducta podría haber sido pasible de sanción correctiva o expulsiva (conf. art. 60, ley 12.155).
Señaló que, conforme la normativa y principios constitucionales imperantes en materia previsional, el actor, para poder ejercer la opción del retiro activo obligatorio, debió esperar la resolución de las actuaciones disciplinarias que tramitaron por más de trece años, a los fines de conocer si su conducta se encuadraba dentro de una sanción expulsiva -cesantía o exoneración- (conf. art. 60 cit.). Estimó que el accionante actuó diligentemente en ese sentido, al solicitar el beneficio previsional luego de la culminación del aludido sumario.
Entendió que el tiempo transcurrido en la resolución de la decisión sumarial, implicó en los hechos del caso una privación compulsiva de la función del señor Rojas, con la consecuente pérdida del salario y sin posibilidad alguna de poder optar por el pago del retiro voluntario, ante la incertidumbre de su situación definitiva. Consideró que la mentada demora, que la propia Caja reconoció al resolver el recurso planteado, no puede generarle al actor un perjuicio toda vez que la Administración tardó más de trece años en la resolución de las actuaciones disciplinarias.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a la Caja demandada a reajustar los haberes de retiro del señor Christian Daniel Rojas desde el 20 de enero de 1997, fecha en que fuera dado de baja por prescindibilidad (v. sent. de 13-VI-2019).
III.1. Refirió al marco normativo aplicable al caso, que no fue controvertido por las partes interesadas.
Señaló que ley 12.155 (B.O. de 11-VIII-1998, actualmente derogada) dispuso en el art. 60 (ex art. 59) que "...Al personal policial declarado prescindible por aplicación de las leyes 11.880 y 12.056, sin mediar causales que conlleven sanción disciplinaria expulsiva que importe su exclusión del régimen de retiro, en virtud de sumarios administrativos o actuaciones judiciales, les serán reconocidos todos los derechos y las obligaciones establecidos para el retiro activo obligatorio, de conformidad con las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten y bajo las siguientes condiciones: a) El acogimiento a este régimen deberá solicitarse por escrito firmado por el interesado. b) Dicha solicitud importará la renuncia expresa, total, automática y de pleno derecho a las indemnizaciones previstas en la ley 11.880, y a todo reclamo y acción administrativa o judicial relativa a las mismas. c) A quienes se acojan a este régimen se les reconocerá un haber jubilatorio, como mínimo igual al correspondiente al personal con veinticinco (25) años de servicio".
Agregó que el art. 61 de la ley referida establecía que "Los recursos afectados al pago de las indemnizaciones establecidas en la ley 11.880, correspondientes al personal declarado prescindible que hubiere solicitado su acogimiento al régimen previsto en el artículo anterior, serán asignados a la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires".
Destacó que el decreto 4.834/98 -reglamentario de los citados artículos- dispuso que la opción prevista por el art. 59 de la ley 12.155 para el personal policial que contare con menos de 25 años de servicios a la fecha del acto administrativo que lo declara prescindible por aplicación de la ley 11.880 y su modificatoria 12.056 -como entiende que sucede en el caso de autos, en que el señor Rojas contaba a la fecha de su cese con una antigüedad total de 4 años, 9 meses y 9 días- debía efectuarse por escrito, en la forma prevista por la ley 12.155, dirigido al señor Ministro de Justicia y Seguridad, puntualizando que "...Previa verificación, a través de los organismos competentes, que el solicitante no se encuentra bajo sumario administrativo o causa judicial pendiente que pudiera dar lugar a una resolución de carácter expulsiva, y comprobados los demás recaudos de su situación de revista se dictará el pertinente acto administrativo declarándolo inserto en el régimen previsto en aquel artículo y aceptando el desistimiento formulado, remitiéndose todo lo actuado a la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para el otorgamiento del beneficio previsional. Caso contrario, la opción ejercitada quedará supeditada a la conclusión de las actuaciones sumariales que pudieran obstar tal concesión, debiendo imprimirse a aquellas, trámite preferencial".
Indicó que con posterioridad la actual ley 13.236 (B.O. de 15-X-2004), -vigente al momento del dictado del acto administrativo que le otorgó el retiro móvil extraordinario al señor Rojas- estableció la organización y funcionamiento de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, como así también la regulación de los beneficios previsionales del personal allí comprendido (en lo que respecta al actor, el art. 36).
III.2. Advirtió error de juzgamiento en la sentencia de primera instancia recurrida en cuanto estima la pretensión incoada, al interpretar erróneamente la referida normativa para establecer el momento en que se debe abonar al actor el retiro activo obligatorio allí previsto.
Consideró que la ley 12.155 no puede ser aplicada en forma retroactiva al momento en que se dispuso la prescindibilidad del señor Rojas (el 20-I-1997), en tanto la fecha de publicación de esta, sin ningún tipo de referencia en su articulado a la determinación de otro efecto, impide dicha posibilidad, por lo que corresponde aplicar el principio general de irretroactividad de las leyes que dimana de los arts. 2 y 3 del Código Civil (ley 340) -vigente al momento del conflicto-.
Agregó que "...la pretendida aplicación retroactiva tampoco devendría posible por la circunstancia de que el hecho jurídico que produjo la creación de la situación jurídica que conllevó al otorgamiento del haber de retiro extraordinario que nos ocupa, no se encontraba cumplido al momento de la declaración de prescindibilidad del actor".
Consideró que la ley 12.155 establece específicas pautas y condiciones para acceder al beneficio, que distan de aquellas prestaciones previsionales que se otorgan a la generalidad de los agentes en condiciones normales de acceder a la jubilación.
Destacó que el beneficio previsional que nos ocupa se otorga a determinados agentes en esas normas comprendidos, constituyendo una prestación de excepción, por lo que la Caja otorgante debe analizar, previamente, si los recaudos previstos legislativamente se cumplen en el caso concreto, no a través de una mera constatación de un hecho de la vida (edad) y de servicio (años de aportes) sino que requiere la efectiva configuración de los requisitos especiales mencionados (art. 60, ley 12.155).
Con cita de un precedente de esta Suprema Corte (causa A. 70.781, "Pérez", sent. 1-IV-2015), señaló que toda vez que la norma permite al agente prescindido optar, ya sea por el pago de una indemnización (art. 6, ley 11.880) o bien por el acogimiento a este régimen de excepción, el reconocimiento de los derechos previsionales, que eventualmente se pudieran alcanzar, no parece revestir la automaticidad que, en principio, rige en materia de la concesión de beneficios ordinarios.
En ese entendimiento, razonó que hasta que el organismo previsional no efectuó la comprobación de los extremos normativamente establecidos -los que permiten asimilar la situación del actor, a la de aquellos agentes que sí cuentan con 25 años de antigüedad-, no puede considerarse que el solicitante del retiro jubilatorio ya haya cumplido o se configure el hecho generador desde el momento del pedido del haber previsional, puesto que -dada la particularidad que reviste-, el beneficio recién producirá sus efectos jurídicos al momento del dictado del acto administrativo que dé cuenta de ello.
En ese marco, consideró que la resolución del Ministro de Justicia y Seguridad, en la especie, no resulta declarativa sino constitutiva de derechos, toda vez que es a partir del acto que verifique el cumplimiento de las condiciones legales que puede considerarse en calidad de "retirado" de la fuerza -conf. resol. 92.838/13- y, por ende, en esa condición, acceder al beneficio sub examine .
Concluyó, con base en las consideraciones expuestas, que la resolución de la Caja por la cual se reconoce al señor Rojas el derecho al cobro del retiro móvil extraordinario a partir del 19 de septiembre de 2013, en los términos de los arts. 36 de la ley 13.236 y 60 de la ley 12.155, deviene ajustada a derecho.
III.3. Por último, expresó que ello no implica desconocer el carácter tuitivo de las normas previsionales, dado que éstas deben interpretarse de acuerdo al tipo de beneficio a acordar que, en el caso, es de carácter "excepcional", por lo que su análisis debe efectuarse con un criterio más estricto que aquellas prestaciones que se otorgan a la generalidad de los beneficiarios. Cita precedentes de esta Suprema Corte sobre interpretación de las normas previsionales.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 6 y 7 de la ley 11.880; 60 de la ley 12.155 y del decreto reglamentario 4.834/98. También acusa que la sentencia impugnada no cumple con una adecuada fundamentación de los hechos y su correlación con la norma aplicable, menoscabando sus derechos de propiedad y los laborales consagrados en las Constituciones nacional y provincial y en tratados internacionales. Por último, se agravia, porque la Cámara no aplicó la doctrina legal del fallo B. 57.428, "Jaliff", sentencia de 23-VI-1999, entre otras que cita, y descontextualizó el precedente A. 70.781, "Pérez", sentencia de 1-IV-2015.
IV.1. Señala que del juego normativo entre la ley 11.880 y su posterior 12.155 se brindó a los agentes objeto de prescindencia la posibilidad de optar entre el cobro de una indemnización tarifada o el acogimiento al régimen de retiro a través de la Caja demandada y que el señor Rojas optó por el beneficio previsional. Sin embargo, agrega, no pudo prever en el análisis de las opciones que el período por el cual no cobró haberes salariales ni tampoco jubilatorios se extendería 17 años. Ello, porque la posibilidad de opción se encontraba condicionada a la terminación, sin sanción expulsiva, de una investigación sumarial que se hallaba en curso y que, durante el tiempo que esta insumió, no percibió prestación que sustituyera a la estabilidad en el empleo público.
En concreto, se agravia, porque la Cámara no abordó la manda de la ley 18.880 respecto a la importancia del trámite preferencial de los sumarios y la cuestión relativa a los plazos legales (menos aún los razonables) ni a la situación especial de los agentes prescindidos por dicho régimen. Sostiene que mientras la Administración debía concluir los trámites sumariales en plazos iguales o menores a los establecidos en el decreto ley 7.647/70, la sustitución de la estabilidad se encontraba a la espera de que el Ejecutivo Provincial atendiera a la manda legal y, tal norma procedimental, no fue aplicada en el decisorio impugnado.
Cuestiona que, en sustitución de ello, el Tribunal afirma un carácter constitutivo y con efectos ex nunc del otorgamiento del retiro, sin indicar en ningún caso en que normativa se basa para tal conclusión. Al respecto, sostiene que ni el art. 60 de la ley 12.155, ni el 36 de la ley 13.236 se refieren a ese aspecto.
Entiende que la ley aplicable no requiere del agente requisitos a cumplirse con posterioridad, sino solo trámites en cabeza de la Administración y, por ello, considera que el beneficio quedará suspendido hasta que esta culmine su labor.
Aduce que la Cámara vulnera la ley 12.155, especialmente en lo atinente al reconocimiento de "todos los derechos y las obligaciones establecidos para el retiro activo obligatorio", por cuanto es impensable que en una cuestión previsional el agente deba esperar su haber sustituto del salario por más de una década y media.
IV.2. En otro orden, aduce que -sin perjuicio de la interpretación que se pudiera hacer en relación a los arts. 2 y 3 del Código Civil-, la sentencia impugnada resulta incongruente en el análisis y conclusiones sobre esos preceptos.
Coincide con la Cámara en que, a falta de referencia, no cabe la aplicación retroactiva de las leyes, pero difiere de la conclusión del referido tribunal y sostiene que, en el caso, se encuentra claro ese requisito al ser la ley 12.155 aplicable al personal policial declarado prescindible por las leyes 11.880 y 12.056. Así, no hay posibilidad de que se opte por renunciar a dicha indemnización si esa ley posterior no se aplica a esos casos.
Aduce que la interpretación del Tribunal de Alzada incurre en dos absurdos. Por un lado, si la ley 12.155 no aplica en retrospectiva hacia la prescindibilidad del actor causada por la ley 11.880, no puede analizarse el momento en que la prestación previsional debe comenzar, porque el beneficio de retiro mismo sería improcedente. Sostiene que, pese a ello, el tribunal ha aceptado la legitimidad del beneficio con base en el art. 60 de la ley 12.155. Por otro lado, entiende que la Cámara también incurre en absurdo al considerar legítimo el retiro previsto por esa norma , pero no a partir de su vigencia.
Se agravia, porque la sentencia construyó de todas las hipótesis posibles una interpretación mixta con cada uno de los elementos menos beneficiosos al señor Rojas y evitó condenar a la demandada a abonar haberes a partir de agosto de 1998 conforme sería consecuencia de su interpretación.
IV.3. Por otra parte, sostiene que la Cámara no cumplió con una adecuada fundamentación en los hechos y su correlación con el derecho aplicable. Ello, al afirmar que la resolución ministerial no resulta declarativa sino constitutiva de derechos y considerar que es partir del dictado del acto que verifique el cumplimiento de las condiciones legales que puede considerarse al señor Rojas, en calidad de retirado de la fuerza.
Agrega que tampoco fundó correctamente los postulados acerca de la interpretación del régimen excepcional de retiro establecido por el juego de las leyes 11.880 y 12.155. Al respecto, aduce que la Cámara menciona en términos generales que la prestación es de excepción, sin expresar como se relaciona ello con privar al actor de su derecho al beneficio por má
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