Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76471
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 76.471, "Sánchez, Carlos Alberto sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la acción de amparo promovida por el señor Carlos Alberto Sánchez (v. pronunciamiento de fecha 3 de marzo de 2020). En consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que, además de las prestaciones dispuestas en el decisorio de grado, se reconozca la cobertura de internación domiciliaria por la empresa Grupo JASF 24 SRL, en los términos indicados por sus médicos tratantes y siempre que no se produzca un cambio en las circunstancias (arts. 20 inc. 2 y 36 inc. 8, Const. Prov.; 1, 16, 17, 17 bis y concs., ley 13.298 -texto según ley 14.192-). Con costas del proceso, en ambas instancias, a la demandada en su calidad de vencida (conf. arts. 19 y 25, ley 13.928 y 274, CPCC; v. sent. de 5-V-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 18 de mayo de 2020 4:57:30 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 21-V-2020.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El titular del Juzgado Correccional n° 5 de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por el señor Carlos Alberto Sánchez. En consecuencia, ordenó al IOMA que efectúe las siguientes prestaciones en el domicilio del amparista: equipamiento ortopédico, material descartable, médico semanal, enfermería diaria, cuidador domiciliario con ocho horas diarias y terapia de rehabilitación. En caso de que el médico lo ordene, suplemento nutricional, visto que el accionante manifestó no necesitarlo a la asistente social. Asimismo, dispuso que las prestaciones que tendrá que garantizar la accionada, deberán ser llevadas adelante por parte de la firma JASF 24 SRL o por cualquier otra prestadora de similares características, que cumpla estrictamente el tratamiento médico que le sea indicado al accionante, a fin de mantener su calidad de vida.
Puntualizó que cada prestación deberá ser llevada adelante siempre que subsistan las condiciones de afiliación del actor y continúe la disposición del médico tratante, pudiéndose hacer las modificaciones que el cuadro exija, requiriendo del IOMA en su caso, las autorizaciones y el contralor de rigor.
Para decidir la procedencia parcial de la acción consideró que del dictamen de los galenos del cuerpo oficial, y sobre todo, de lo indicado por la perito asistente social de la Asesoría Pericial departamental, que fue al domicilio, entrevistó al paciente y dejó constancia de su modo de vida y su composición familiar, surge que la situación no es la narrada en el escrito inicial, en cuanto a las prestaciones demandadas y por carecer de familia continente.
I.2. Contra este pronunciamiento el amparista interpuso recurso de apelación agraviándose de la decisión de limitar la prestación de cuidador domiciliario a ocho horas diarias y de lo resuelto por el magistrado de grado acerca de la empresa prestadora.
Adujo que no cuenta con un contexto familiar que le permita atender adecuadamente las patologías que padece, ya que quienes conviven con el no son profesionales del arte de curar ni enfermeros que cuenten con conocimientos básicos para atender sus dolencias, razón por la cual entiende que la sentencia de grado hizo una lectura parcial y literal de la pericia, sin entrar al fondo de la cuestión.
Con respecto a la decisión de que la prestadora fuera "cualquier otra de similares características" a la firma JASF 24 SRL, arguye que su edad avanzada y el delicado estado de salud que padece, hace que las prestaciones que le son prescriptas no puedan estar supeditadas a razones administrativas tales como el alcance de las modalidades y/o la falta de convenio con la empresa prestadora.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la pretensión del amparista. En consecuencia, ordenó al IOMA que, además de las prestaciones dispuestas en el decisorio de grado, reconozca la cobertura de internación domiciliaria por la empresa Grupo JASF 24 SRL, en los términos indicados por sus médicos tratantes y siempre que no se produzca un cambio en las circunstancias (arts. 20 inc. 2 y 36 inc. 8, Const. Prov.; 1, 16, 17, 17 bis y concs., ley 13.298 -texto según ley 14.192-). Con costas del proceso, en ambas instancias, a la demandada en su calidad de vencida (conf. arts. 19, 25, ley 13.928 y 274, CPCC; v. pronunciamiento de fecha 5 de mayo de 2020).
Para así decidir:
II.1. Entendió que la sentencia de primera instancia resulta contraria al criterio que prevalece en supuestos análogos en referencia al derecho a la salud, ante la pretensión de cobertura de una prestación determinada, que fuera prescripta para la atención del señor Carlos Alberto Sánchez.
II.2. Ponderó que del material probatorio incorporado en estas actuaciones se desprende que "el afiliado presenta múltiples patologías detalladas por sus médicos tratantes, entre las que se indica que se trata de un paciente de 68 años de edad que se encuentra en mal estado general. Padece diabetes en estado avanzado, que le produjo pérdida de visión del ojo derecho, insuficiencia renal. Portador de múltiples patologías, entre ellas, insuficiencia renal e infección en miembro inferior derecho, pie diabético que culminó con una imputación infrapatelar, colocación de dos stents por deficiencias cardíacas [...]. En consecuencia, solicita internación domiciliaria con suma urgencia para garantizar sobre su vida. Requerimientos: equipamiento ortopédico, material descartable, médico semanal, enfermería diaria, cuidador 24 horas por día, terapia de rehabilitación, suplemento nutricional específico" (v. prescripción suscripta por su médico tratante, doctor Fernández Castillo, especialista en ortopedia y traumatología e historia clínica acompañada en sistema digital en fecha 4 de noviembre de 2019).
Destacó lo informado por los peritos médicos clínicos de la Asesoría Pericial La Plata, doctores Capurro y Videla, que luego de detallar los antecedentes médicos del señor Sánchez y efectuar consideraciones acerca de su enfermedad refieren que "...En pacientes con patologías como las descriptas y la edad del mismo, es razonable considerar que requieran de un acompañamiento durante las 24 hs. por terceros. A su vez provisión de tratamiento como control de signos vitales y de glucemia, atento que presenta DBT, pueden ser realizadas por enfermería y organizadas de acuerdo a la frecuencia indicada por el médico de cabecera...".
También resaltó la opinión de los referidos peritos en cuanto a "...que se debería brindar una asistencia de 24 hs. ya que el actor, por la edad y conforme a las patologías que presenta de carácter crónico y progresivo, no evidencia mejoras a futuro, pudiendo empeorar o profundizar sus patologías de base, con el riesgo de otras intercurrencias agudas; de no contar con asistencia familiar (vive con la esposa) podría ser asistido por cuidador domiciliario con concurrencia de enfermería según indicación de médico tratante para control de signos vitales, glucemia..." (v. pericia de fecha 26 de noviembre de 2019).
II.3. Con base en esos elementos probatorios consideró que el argumento expuesto por el magistrado de grado para limitar la prestación de internación domiciliaria no parece ajustado a derecho, pues aun cuando de la pericia efectuada por la Licenciada en Trabajo Social (de fecha 12 de diciembre de 2019) se observa una discordancia entre lo peticionado en la demanda y lo expuesto por el actor al momento de realizado el informe, ello no resulta suficiente para desacreditar las conclusiones brindadas por su médico tratante -que no fueron controvertidas por la demandada-.
Entendió que, dada la índole de los derechos en peligro, la acción debe ser acogida en su totalidad y, en consecuencia, condenar al IOMA a que reconozca la cobertura de la internación domiciliaria y demás prestaciones, en los términos indicados por su médico tratante y mientras no se produzca un cambio en las circunstancias.
Señaló que los extremos invocados y probados por la parte actora en cuanto a su patología y la necesidad de su tratamiento, en función de las específicas indicaciones de su médico tratante, permiten tener por satisfecha la acreditación de los presupuestos de hecho configurativos de la plataforma fáctica de la solución estimatoria que propicia.
II.4. En ese marco, juzgó que las consideraciones expuestas por el juez de grado fundadas en lo informado por la perito en Trabajo Social (v. pericia de fecha 12 de diciembre 2019), frente a la prescripción efectuada por el galeno interviniente, en vistas a los requerimientos específicos del paciente -cuyas conclusiones no fueron rebatidas por la demandada- devienen insuficientes para desabastecer la convicción que arrojan las constancias colectadas en la causa, máxime si se consideran las posibles consecuencias negativas de la falta de cobertura de la modalidad prescripta.
II.5. Con respecto a la empresa prestadora, estimó que si bien el a quo ordenó la cobertura por el Grupo JASF SRL -o por cualquier otra de similares características-, siempre y cuando así lo disponga su médico tratante, procede ordenar al organismo demandado a reconocer la cobertura integral a través de la empresa Grupo JASF 24 SRL que, tal como lo informó la perito en Trabajo Social, resulta ser la prestadora que actualmente lo atiende. Ello, en los términos indicados por el galeno interviniente y mientras no se produzca un cambio en las circunstancias.
Concluyó que un temperamento contrario, derivado de una sentencia que prive al paciente de contar de manera integral con el esquema de atención prescripto, podría implicar una alteración del servicio de irreparables consecuencias, en relación al derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo y a su calidad de vida, valores que cuentan con especial protección constitucional (arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 15, 20, 36 inc. 8, Const. Prov.; 1 y concs., ley 13.928).
II.6. Resaltó, a mayor abundamiento, que conforme reiterada doctrina judicial, en una materia como la tratada en la especie, se requiere especial prudencia, debiendo evitarse que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (conf. doctr. CSJN).
Puntualizó que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; asimismo arts. 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. Prov.), se reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- con rango constitucional de manera tal que su ejercicio no se torne ilusorio, ya que se trata de bienes que reciben protección constitucional directa y operativa.
II.7. Impuso las costas, en ambas instancias, a la demandada en su condición de vencida (conf. arts. 19 y 25, ley 13.928 y 274, CPCC).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; la XI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que emana de los fallos que cita. También acusa absurdo y arbitrariedad.
III.1. Señala que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permitan considerarla un acto judicial válido, que la decisión es arbitraria y que su falta de fundamentación viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso y vulnera, asimismo, lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Aduce que la resolución en crisis solo contiene una fundamentación aparente, porque se apartó de los escritos constitutivos del proceso y no evaluó de modo adecuado las constancias documentales de la causa, apoyándose únicamente en afirmaciones de naturaleza dogmática o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el solo sustento de la voluntad de los jueces.
Entiende que tergiversó los claros términos de la sentencia de primera instancia y sin realizar un análisis pormenorizado de la situación, se limitó a ordenar la cobertura por veinticuatro horas de cuidador domiciliario. Ello, sin considerar las irregularidades advertidas en el proceder de la empresa Grupo JASF 24 SRL, y avasallando la voluntad del actor y su grupo familiar.
III.2. Desde esa perspectiva, denuncia los elementos que considera que han sido conculcados, mal evaluados o tratados y resueltos de manera arbitraria.
III.2.a. Resaltó que el juez de primera instancia otorgó la internación domiciliaria por parte del Grupo JASF 24 o cualquier otra empresa de similares características, pero de acuerdo a las constancias documentales de la causa circunscribió la prestación de cuidador domiciliario a ocho horas diarias y el suplemento nutricional a la prescripción médica.
Señala que la Cámara, al abordar su decisión, dio una premisa falsa al sostener que "...el argumento expuesto por el magistrado de la instancia anterior para desestimar la prestación de internación domiciliaria no aparece ajustado a derecho".
Aduce que de una atenta lectura de la sentencia de grado surge que ésta otorga la internación domiciliaria respecto a las prestaciones médicas de acuerdo a las prescripciones del profesional tratante, y que pueden hacerse las modificaciones que el cuadro exija, requiriendo las autorizaciones y el contralor de rigor. La única salvedad que el magistrado de primera instancia hizo fue ajustar la cantidad de horas de cuidador domiciliario por voluntad del amparista, y la necesidad de prescripción de suplemento nutricional ante la negativa del señor Sánchez.
Destaca que la aludida sentencia aclaró que IOMA debe otorgar la prestación de conformidad a la prescripción del médico tratante; que ésta deberá ser llevada a cabo por JASF 24 SRL o una empresa de similares características (lo que favorece al actor en cuanto a su posibilidad de elección) y sólo deja en suspenso el suplemento nutricional y la reducción de cuidador domiciliario para salvaguardar la voluntad del actor y su grupo familiar.
Con base en lo expuesto, arguye que resulta una falacia la afirmación acerca de que el presente fallo se dicta para salvaguardar el derecho a la salud, el cual estaba resguardado al momento de la sentencia y en el futuro, pudiendo adecuar la petición ante cualquier modificación de las circunstancias.
Concluye que la sentencia de Cámara interpreta erróneamente el decisorio de primera instancia y le confiere un alcance distinto al que tiene, sin tener en cuenta las circunstancias peculiares de la causa, incurriendo en el vicio de absurdo, por lo que solicita su revocación.
III.2.b. También denuncia arbitrariedad por dogmatismo del Tribunal de Alzada, al citar precedentes cuyas circunstancias fácticas no pueden vislumbrarse. Cita fallos de la Suprema Corte sobre el modo de fundar las sentencias (causa A. 72.461). Añade que en los precedentes citados por la Cámara no se han ventilado hechos como los del caso de autos. Dicho déficit, aduce, tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. Prov.) y que tal proceder es dogmático.
Aclara que, si bien es conocida la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho a la salud y su reconocimiento relacionado con el derecho a la vida, no es menos cierto que éstos no son absolutos. Cita los arts. 14 y 18 de la Constitución nacional y fallos del Máximo Tribunal sobre fundamento de las sentencias y sostiene que la atacada es arbitraria por carecer de adecuado fundamento que sustente la condena impuesta al IOMA, afectando en forma directa su derecho de defensa, lo que torna revocable el decisorio así adoptado.
III.2.c. Sin perjuicio de los argumentos arriba expuestos, los que considera suficientes para revocar la sentencia, a todo evento, agrega otro vinculado con la empresa a través de la cual se ordenó la cobertura integral a IOMA, Grupo JASF 24 SRL.
Aduce que la prescripción del médico tratante no indica ninguna empresa determinada y que, a la fecha de la realización de la pericia de asistente social, la Cámara había ordenado que la prestación fuera realizada por la referida firma, con lo cual resulta absurdo plantear que el cumplimiento de una resolución judicial termine siendo la razón para condenar al IOMA.
Por otra parte, no advierte cuál es el fundamento real para excluir la posibilidad de otra empresa de similares características, decisión que considera disvaliosa para el actor al circunscribir la prestación a una firma que no tiene convenio con IOMA y es ajena al control de ese organismo.
III.2.d. Reitera que es arbitraria la condena a brindar veinticuatro horas de cuidador domiciliario, fundada en la prescripción del médico tratante.
Aduce que la Cámara, apartándose de las constancias documentales de la causa, en la que existen elementos suficientes acerca del entorno y sistema de apoyo del actor, sus posibilidades físicas reales y particularmente la voluntad de Sánchez y su esposa, circunscribe su decisión sólo a la prescripción médica, en un aspecto que no es de esa índole, sino de acompañamiento.
Agrega que se ha demostrado que la empresa Grupo JASF 24 SRL incurrió en irregularidades porque sólo prestaba enfermería y no el resto de las que decía brindar al actor.
Sostiene que, si bien no cuestionó la prescripción médica, a lo largo de la causa se agregaron constancias que demostraron no sólo falacias del escrito inaugural, sino que algunos de sus aspectos -no médicos- no eran compartidos por el actor y su entorno (cuidador domiciliario y suplemento nutricional).
Entiende que la función de un cuidador domiciliario no tiene los alcances sugeridos en el recurso de apelación, ya que no es una prestación médica propiamente dicha, sino que se trata de un recurso humano para asistir afiliados dependientes de terceros, realizando tareas de apoyo, supervisión y asistencia de las actividades de la vida diaria, de las instrumentales y de inserción social, de manera complementaria a su red primaria de apoyo.
Considera que no basta la sugerencia del médico tratante sino la evaluación de las circunstancias personales y familiares del actor y fundamentalmente su voluntad.
Señala que la pericia médica realizada por la Asesoría Pericial de Tribunales si bien consideró que era razonable requerir el acompañamiento las veinticuatro horas por terceros, dejó librado al entorno
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