Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74948
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.948, "Mastandrea, Hilda Ada contra Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora Hilda Ada Mastandrea contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias- y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 54 y 57 de la ley 11.761 y 21 inc. "d" y 54 de la ley 13.364 (v. fs. 311/315 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 321/336). Por resolución obrante a fs. 338/339, la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el otro.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 341) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora Hilda Ada Mastandrea contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias- y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 54 y 57 de la ley 11.761; 21 inc. "d" y 54 de la ley 13.364 (v. fs. 311/315).
I.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas n° 14.131 y 15.301; e.o.).
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que el pronunciamiento impugnado tiene sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios (conf. arts. 53, dec. ley 9.650/80 y 25, ley 13.364).
Señaló que la actora había obtenido su beneficio bajo el régimen de la ley 11.761 y, con sustento en dicha normativa, debían entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas siempre acotadas a un conjunto de exigencias que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así otorgados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Indicó que a su vez tal sistema legal correspondía para la base de cálculo del haber, al tratarse de uno que arraigaba al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (conf. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; esta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4. En otro orden, entendió que la parte recurrente no acierta en "su esfuerzo por demostrar que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364) supone un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar".
I.5. Bajo tal contexto fáctico y jurídico, consideró que la jueza de grado atendió principios generales en materia previsional tanto en lo que respecta al derecho a las prestaciones como también al sistema contributivo en su totalidad.
Señaló que la señora Mastandrea adquirió su beneficio previsional conforme la ley 11.761 y compartió, con la aludida magistrada, el razonamiento según el cual las diferencias entre el haber determinado de acuerdo a la categoría a la fecha de cese y el de la jubilación, guardan adecuada proporción, habida cuenta de que los montos percibidos por los activos incluyen los adicionales no remunerativos, los cuales no se trasladan al haber jubilatorio.
Recordó que la cuestión de la naturaleza de los adicionales denominados "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha motivado numerosos pronunciamientos de la Suprema Corte local (causas B. 56.548, sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Donnarumma, Enrique c/Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-X-1996). Destacó que en el último mencionado la Corte nacional dijo que, si el Banco de la Provincia instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre la que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computar en su haber jubilatorio las sumas resultantes de dicho adicional.
I.6. Idéntico parecer siguió con relación al planteo vinculado al descuento previsto por el inc. "e" del art. 21 de la ley 11.761 detraído de los haberes previsionales de la actora, cuestión que consideró resuelta por la doctrina de esta Suprema Corte en sentido adverso, la cual mantuvo y aplicó en las presentes actuaciones (conf. causas A. 71.626, "LLuna", sent. de 6-XI-2013; A. 73.164, "Galarza", sent. de 286-VIII-2015; e.o.).
I.7. Concluyó que, consumada la situación previsional de la actora bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.), correspondía rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando el pronunciamiento de primera instancia.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la demandante denuncia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte. Asimismo, alega absurdo.
II.1. En primer término, dice que la Cámara vulneró el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión de la jueza de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Expresa que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso, ello es, el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761 para la determinación del monto de la prestación.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia no ha sido asignada en el caso mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía como es el de la ley aplicable que consolidó el estatus previsional del accionante.
II.3. A la vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre el haber del actor y la remuneración de los empleados activos, conforme al dictamen agregado a fs. 245/249, ampliado a fs. 258/259, basado para su confección en lo informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y las copias de los recibos de haberes.
Cuestiona el argumento de la Cámara en cuanto sostiene -a su criterio, en forma dogmática- que esa desproporción no es tal, debido a que los haberes de los empleados activos incluyen adicionales no remunerativos que no se trasladan a las prestaciones jubilatorias, trayendo a colación doctrina de la Casación y del máximo Tribunal de la Nación que -según aduce- no resulta aplicable al caso.
II.3.a. Aduce que la Cámara vulneró la doctrina de esta Suprema Corte emergente de las causas L. 107.955, sentencia de 29-V-2013 y L. 107.420, sentencia de 19-II-2015, que contiene una clara aplicación del principio de primacía de la realidad. Conforme al cual, en tanto y en cuanto un determinado crédito del trabajador reúna las notas tipificantes del derecho laboral, debe ser considerado de naturaleza salarial sea cual fuere su denominación, lo que viene a significar que la calificación como no remunerativa de una prestación debida al trabajador como contraprestación por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo -sea que hubiese sido efectuada unilateralmente o por el empleador, por acuerdo individual o colectivo, e incluso por una norma estatal-, es ineficaz para enervar su carácter jurídico salarial.
II.3.b. Por otra parte, cuestiona la aplicación que, de la doctrina emergente de la causa "Donnarumma", efectuó la Cámara. Sostiene que se encuentra superada en tiempos modernos por nuevos y más justos pronunciamientos como los arriba indicados y se fundó en las disposiciones de una ley que actualmente se encuentra derogada (ley 5.678) y los fallos tienen que encontrar respaldo en el derecho vigente. Agrega que la regla contenida en la mentada ley según la cual el haber jubilatorio se determina tomando las remuneraciones con aportes (art. 38, ley citada), ya no rige en la ley 13.364 para la determinación del haber inicial, ni para la movilidad de éste (arts. 54 y 57). Asegura que, por el contrario, al regular el financiamiento del sistema establece que los aportes personales y contribuciones se efectuarán sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por cada empleado (art. 22).
Arguye que la doctrina de la Corte Suprema de la Nación que la Cámara debió considerar es la fijada en el precedente "Perez, Aníbal Raúl c/Disco S.A. s/Despido", sent. de 1-IX-2009 (Fallos 332:2043, cons. 5°) en cuanto señaló que, en el marco de un trabajo en relación de dependencia, resulta inadmisible que caiga fuera de las denominaciones "salario" o "remuneración" una prestación (en el caso se trató de vales alimentarios, que la ley 24.700 calificó de prestaciones no remunerativas) que entrañó para el actor, inequívocamente, una ganancia y que, con no menos transparencia, solo encontró motivo o resulta consecuencia del contrato o relación de dependencia.
Destaca que tanto el juez de primera instancia como la Cámara se apartaron del resultado que arrojó el dictamen pericial contable, porque la confrontación de importes se hizo sobre las remuneraciones (que hubiera perseguido el actor de seguir en actividad), sin realizar descuentos sobre ellas, o porque en algunos períodos existían conceptos extraordinarios como retroactivos o aumentos a cuenta de futuros aumentos, pretendiendo justificar esta última observación en la doctrina fijada por la Corte Suprema de la Nación en el citado caso "Donnarumma". Aduce que, de ese modo, la sentencia atacada se apartó de la ley y doctrina legal aplicable.
Entiende que la comparación entre sueldos y haberes jubilatorios para corroborar si los últimos guardan razonable proporción con los primeros, se hace sin descontar al sueldo los aportes jubilatorios. Asegura que si así no fuera y se hiciera en los erróneos términos que plantea la sentencia atacada, no habría una honesta comparación entre sueldo y jubilación.
Explica que la desproporción que refleja el dictamen pericial que obra a fs. 245/249 (ampliado a fs. 258/259) es de carácter confiscatorio y demuestra que por obra de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 se ha producido la afectación de un derecho constitucional, que debe repararse declarándose la inconstitucionalidad del resultado que arroja la aplicación de esos preceptos.
II.4. En otro orden, aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que los agentes beneficiarios de la ley 13.364 se encuentran en condiciones más favorables con respecto a él, quien está lejos de percibir el 82% de lo que cobra un agente activo, ello a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos.
II.5. Por último, se agravia respecto a que la Cámara no abordó la inaplicabilidad a su situación previsional del art. 62 de la ley 11.761, entendiendo que una ley local no puede discriminar a quienes computan servicios prestados con afiliación a otro sistema comprendido en el régimen de reciprocidad, recortando sus haberes. Invoca la doctrina de este Tribunal emergente de las causas B. 53.122, "Cattaneo de López", sentencia de 25-VIII-1992 y B. 54.279, "Menduiña", sentencia de 8-III-1994; entre otras.
III. Adelanto mi posición negativa a la cuestión planteada, al advertir que este Tribunal en las causas A. 75.046, "Laprovittola", sentencia de 19-VIII-2020 y A. 75.737, "Canosa", sentencia de 30-III-2021, ha desestimado una impugnación estructurada en forma afín a la aquí analizada y que involucraba similares agravios.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable a la actora, en atención a la fecha en que esta se acogió a su beneficio previsional.
Desde tal mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional de la actora y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad, tal como la demandada lo admitía en cuanto importara un reconocimiento constitucional (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, la recurrente no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio ni tampoco, tal cual era su carga, acredita violación a la norma en cuestión.
III.2. Por otra parte, quien impugna no aborda adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada con sustento en la doctrina de esta Corte y tampoco logra demostrar un razonamiento absurdo en torno a la ausencia de elementos conducentes a acreditar la afectación constitucional alegada en su recurso.
Al respecto tiene dicho este Superior Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia el mentado vicio sin explicar circunstancialmente en qué radica este.
La mera discrepancia con la decisión de la Cámara no resulta base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; A. 75.698, "C.S.M.", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
En efecto, y como surge de la reseña del recurso extraordinario efectuada, la recurrente limitó su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron debidamente tratados por el Tribunal de Alzada, discurriendo exclusivamente en su propia ponderación del informe pericial agregado a fojas 245/249 y ampliado a fojas 258/259.
Una crítica en tales términos resulta ineficaz en esta instancia extraordinaria, toda vez que no aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la Cámara en la forma en que lo hizo.
III.3. Tampoco mejora la suerte de la impugnación la denunciada violación de la doctrina legal de este Tribunal emergente de las causas L. 107.955, "Szysko", sentencia de 29-V-2013 y L. 107.420, "Perez", sentencia de 19-II-2015, por haber sido elaborada sobre la base de presupuestos de hecho y de derecho sustancialmente distintos a los propios del caso en juzgamiento (doctr. causas A. 75.836, "Perez", sent. de 20-XI-2019; A. 76.503, "Duarte", resol. de 23-IX-2020; A. 76.207, "Tasca", resol. de 26-XI-2020; A. 76.610, "Calvarete", resol. de 12-II-2021; e.o.).
A tal consideración agrego que, conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, aquella doctrina cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causas A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; A. 75.613, "Lopez", resol. de 10-VII-2019; A. 75.630, "Montoto", sent. de 27-VIII-2020; e.o.), como la invocada por la recurrente.
III.4. En cuanto a la denuncia de violación del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (v. fs. 328 y vta., punto 3.) es doctrina reiterada de este Tribunal que ello es materia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía en tratamiento (art. 296 y concs., CPCC).
Al respecto, tiene dicho esta Suprema Corte que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la intención de la defensa era denunciar que el Tribunal revisor omitió dar tratamiento a determinadas cuestiones que fueron llevadas a su conocimiento, pues el planteo debió efectuarse a través de la vía recursiva pertinente y que es la indicada más arriba (causas C. 122.514, "R., J. A.", sent. de 13-II-2019; C. 127.858, "M., V. O.", sent. de 20-IX-2017; C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e.o.).
Como surge de los antecedentes, el a quo desestimó aquella impugnación, por lo que, no habiéndose venido en queja, corresponde rechazar el planteo formulado.
III.5. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Se observa que lo formulado por la recurrente en el punto 4 de la pieza recursiva (v. fs. 332/335) sobre la violación de la ley -en particular de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional-, ha sido abordado en la citada causa A. 72.826.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.