Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.507, "Buzeki, Miguel Eduardo contra Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Miguel Eduardo Buzeki contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias-, juntamente con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 54 y 57 de la ley 11.761 y 21 inc. "d" y 54 de la ley 13.364 (v. sentencia de fecha 12-XII-2017).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 335/347 vta.). Por resolución de fecha 9 de agosto de 2018, la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el último.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 360) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Miguel Eduardo Buzeki contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias-, conjuntamente con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 54 y 57 de la ley 11.761 y 21 inc. "d" y 54 de la ley 13.364.
I.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas n° 14.131 y 15.301; e.o.).
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que el pronunciamiento impugnado tiene sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios (conf. arts. 53, dec. ley 9.650/80 y 25, ley 13.364) y en el carácter contributivo del sistema.
Señaló que el accionante había obtenido su beneficio bajo el régimen de la ley 11.761 y, con sustento en dicha normativa, debían entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas siempre acotadas a un conjunto de exigencias que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así otorgados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Indicó que a su vez tal sistema legal correspondía para la base de cálculo del haber, al tratarse de uno que arraigaba al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4. En otro orden, entendió que la parte recurrente no acierta en "su esfuerzo por demostrar que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364) supone un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar".
I.5. Bajo tal contexto fáctico y jurídico, consideró que la jueza de grado atendió principios generales en materia previsional tanto en lo que respecta al derecho a las prestaciones como también al sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen -en el caso, la ley 11.761- puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Por los argumentos expuestos, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia atacada.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, el actor denuncia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte. Asimismo, alega absurdo.
II.1. En primer término, se agravia de que la Cámara habría vulnerado el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión de la jueza de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Expresa que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso, ello es, el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y la equiparación del haber del actor con el de los beneficiarios de la ley 13.364, por el tratamiento diferenciado que se proporciona a los afiliados a una misma Caja, con el consecuente quebrantamiento del principio de igualdad previsto en los arts. 16 y 75 inc. 23 de la Constitución nacional.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el mencionado art. 14 bis y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia no ha sido asignada en el caso mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía como es el de la ley aplicable que consolidó el estatus previsional del accionante.
A su vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre el haber del actor y la remuneración de los activos, conforme al informe pericial agregado a fs. 221/223 y su anexo, basado para su confección en lo informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y las copias de los recibos de haberes.
II.3. En otro orden, aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que los agentes beneficiarios de la ley 13.364 se encuentran en condiciones más favorables con respecto a él, quien está lejos de percibir el 82% de lo que cobra un agente activo, ello a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos (v. relato del recurrente en el punto 1.5 correspondiente a los antecedentes del caso y punto 4 referido a la fundamentación del recurso).
III. Adelanto mi posición negativa a la cuestión planteada, al advertir que este Tribunal en las causas A. 75.046, "Laprovittola", sentencia de 19-VIII-2020 y A. 75.737, "Canosa", sentencia de 30-III-2021, ha desestimado una impugnación estructurada en forma afín a la aquí analizada y que involucraba similares agravios.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, en atención a la fecha en que éste se acogió a su beneficio previsional.
Desde tal mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional del actor y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad, la que permanece fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras, lo que importa un reconocimiento constitucional (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, el recurrente no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio ni tampoco, tal cual era su carga, acredita violación a la norma en cuestión.
III.2. Por otra parte, el demandante no aborda adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada con sustento en la doctrina de esta Corte y tampoco logra demostrar un razonamiento absurdo en torno a la ausencia de elementos conducentes a acreditar la afectación constitucional alegada en su recurso.
Al respecto tiene dicho este Superior Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia el mentado vicio sin explicar circunstancialmente en qué radica éste.
La mera discrepancia con la decisión de la Cámara no resulta base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; A. 75.698, "C.S.M.", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
En efecto, y como surge de la reseña del recurso extraordinario bajo tratamiento efectuada ut supra , la impugnante limitó su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron debidamente tratados por el Tribunal de Alzada, discurriendo exclusivamente en su propia ponderación del informe pericial agregado a fojas 221/223.
Una crítica en tales términos resulta ineficaz en esta instancia extraordinaria, toda vez que no aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la Cámara en la forma en que lo hizo.
III.3. En cuanto a la denuncia de violación del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (v. punto 3 de la fundamentación del recurso) es doctrina reiterada de este Tribunal que ello es materia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía en tratamiento.
Al respecto, tiene dicho esta Suprema Corte que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la intención de la defensa era denunciar que el Tribunal revisor omitió dar tratamiento a determinadas cuestiones que fueron llevadas a su conocimiento, pues debió efectuar el planteo a través de la vía recursiva pertinente. La denuncia de eventual omisión de cuestión esencial es propia del recurso extraordinario de nulidad (causas C. 122.514, "R., J. A.", sent. de 13-II-2019; C. 127.858, "M., V. O.", sent. de 20-IX-2017; C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e.o.).
En la especie, el a quo desestimó aquella impugnación y no habiendo constancias de que se haya deducido la correspondiente queja, corresponde desestimar el planteo formulado.
III.4. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Se observa que lo formulado por el recurrente en el punto 4 de la pieza recursiva sobre la violación de la ley -en particular de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional-, han sido abordados en la citada causa A. 72.826.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada ajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:08:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:11:25 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:16:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:21:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 07:51:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia