Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75513
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.513, "Borelli, Mario Daniel contra Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan , Torres, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor. Confirmó así la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos a través de la cual aquel perseguía el reajuste de su haber previsional.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. Por resolución de fecha 21-VIII-2018, la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el segundo.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Mario Daniel Borelli contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias-, conjuntamente con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 54 y 57 de la ley 11.761 y 21 inc. "d" y 54 de la ley 13.364.
I.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas n° 14.131 y 15.301; e. o.).
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que el pronunciamiento impugnado tenía sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios (conf. arts. 53, dec. ley 9.650/80 y 25, ley 13.364) y en el carácter contributivo del sistema.
Señaló que el accionante había obtenido su jubilación bajo el régimen de la ley 11.761 y, con sustento en dicha normativa, era que debían acordarse los alcances de las prestaciones reconocidas -siempre acotadas a un conjunto de exigencias- que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo.
Indicó que dicho ordenamiento era el que fijaba la base de cálculo del haber, al tratarse de una ecuación que quedaba establecida al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía -además de lo anterior- el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; esta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4. En otro orden, entendió que la parte recurrente no acertó en "...su esfuerzo por demostrar que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364) supone un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar".
I.5. Así las cosas, concluyó que la jueza de grado atendió correctamente a los principios generales en materia previsional, tanto en lo que respecta al derecho a las prestaciones como también al sistema contributivo, impidiendo que situaciones consumadas al amparo de un régimen -en el caso, la ley 11.761- puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Por lo tanto, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte. Asimismo, alega absurdo.
II.1. En primer término, dice que la Cámara vulneró el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión de la jueza de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Expresa que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso, ello es: el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional; y la equiparación del haber con el de los beneficiarios de la ley 13.364, por el tratamiento diferenciado que se proporciona a los afiliados a una misma Caja, con la consiguiente inobservancia del principio de igualdad previsto en los arts. 16 y 75 inc. 23 de la Constitución nacional.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia ha sido descuidada mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía, como es el de la ley aplicable que consolidó el estatus previsional.
A la vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre su haber y la remuneración de los empleados activos, conforme al informe pericial agregado a fs. 278/280, basado para su confección en lo informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y las copias de los recibos de sueldo.
II.3. En otro orden, aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que los agentes beneficiarios de la ley 13.364 se encuentran en condiciones más favorables con respecto a él, quien está lejos de percibir el 82% de lo que cobra un agente activo, ello a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos.
III. Adelanto mi respuesta negativa a la cuestión planteada.
Ello, en tanto este Tribunal ya ha desestimado impugnaciones estructuradas en forma similar a la aquí analizada y que involucraban agravios semejantes, en las causas A. 75.046, "Laprovittola", sentencia de 19-VIII-2020 y A. 75.737, "Canosa", sentencia de 30-III-2021.
III.1.a. En primer lugar y alterando el orden de los agravios, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, en atención a la fecha en que este se acogió a su beneficio previsional. Desde tal mirador, sostuvo que la ley 11.761 era la norma que en el caso gobernaba la determinación de la base de cálculo del haber previsional y así también el porcentual correspondiente, excluyendo la movilidad.
III.1.b. Tiene dicho esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e. o.). Lo es también, aquel que denuncia absurdo, pero sin explicar circunstancialmente en qué radica este vicio.
La mera discrepancia con la decisión de la Cámara no resulta base idónea de agravios ni configura dicho yerro que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que esta última anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; A. 75.698, "C., S. M.", sent. de 21-VII-2020; e. o.).
III.1.c. Bajo tales premisas, en este tramo del recurso el apelante no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio. Tampoco, tal cual era su carga, acredita violación a la regla que se reputa inaplicada. Básicamente, limitó su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron tratados y respondidos por el Tribunal de Alzada, discurriendo exclusivamente en su propia ponderación del informe pericial agregado a fs. 278/280.
En lo demás, aborda inadecuadamente las razones expresadas por el a quo con sustento en la doctrina de esta Corte, sin demostrar un raciocinio absurdo en torno a la ausencia de elementos conducentes a acreditar la afectación constitucional alegada en su recurso. Así, su crítica resulta ineficaz en esta instancia extraordinaria, toda vez que no aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la Cámara.
III.2. En cuanto a la alegada infracción del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, es doctrina reiterada de este Tribunal que ello importa una materia propia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía en tratamiento (art. 296 y concs., CPCC).
Al respecto, se tiene dicho que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la intención de la defensa era denunciar que el órgano revisor omitió dar tratamiento a determinadas cuestiones que fueron llevadas a su conocimiento, pues el planteo debió efectuarse a través de la vía recursiva pertinente y que es la indicada más arriba (doctr. causas C. 122.514, "R., J. A.", sent. de 13-II-2019; C. 127.858, "M., V. O.", sent. de 20-IX-2017; C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e. o.).
Como surge de los antecedentes, el a quo desestimó aquella impugnación, por lo que no habiéndose venido en queja corresponde rechazar el planteo formulado.
III.3. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sentencias de 11-IV-2018 y los demás precedentes en ellas citados.
Se observa que lo formulado por el recurrente sobre la violación de la ley -en particular, de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional-, han sido abordados en la citada causa A. 72.826.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:08:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:11:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:16:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:21:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 07:51:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia