Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75799
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.799, "Caballero, Andrés Gastón contra Ministerio de Seguridad sobre Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada, confirmando así la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hiciera lugar parcialmente a la pretensión entablada por el demandante.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La señora titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Andrés Gastón Caballero, declarando la nulidad de la resolución 1.644/15 (dictada en el marco del expediente administrativo 21.100-956217/10) y reconociendo el derecho del actor a percibir el subsidio establecido por el decreto 861/99, desde su accidente (23 de enero de 2009) y hasta la entrada en vigencia de la ley 13.985 (1 de enero de 2010). Resolvió asimismo que, a partir del día 1 de enero de 2010, debía tomarse en cuenta como base de cálculo lo que por todo concepto perciba un Teniente Primero EG con la antigüedad mínima para acceder a esa jerarquía (arts. 1, dec. 861/99; 1, 2 y concs., ley 13.985; 1, 2, 4, 10 y concs., dec. 149/10; 31, 99 inc. 2 y concs., Const. nac. y 45, 57, 144 inc. 2 y concs., similar prov.).
Ordenó asimismo que a los importes reconocidos debían adicionárseles los intereses desde que cada suma se devengó y hasta su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta vigente en cada período de aplicación que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días.
Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes, confirmando la sentencia impugnada, con costas por su orden en el Tribunal de Alzada, en atención al vencimiento parcial y mutuo (conf. arts. 166, Const. prov. y 1, 12, 16, 51, 55, 56, 58, 59 y concs., CCA, texto según leyes 13.101 y 14.437).
I.2.a. Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causas B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015 y doctr. allí cit.; A. 72.573, "Espeche", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
I.2.b. A su vez, sostuvo que el subsidio previsto por los arts. 1 del decreto 861/99 y 1 de la ley 13.985 poseen la misma caracterización de los beneficios especiales que ha considerado el superior tribunal provincial en la doctrina legal antedicha y no revelan incompatibilidad.
I.2.c. Respecto del modo de liquidar el subsidio, advirtió que se ha producido un exceso en la labor reglamentaria del Ejecutivo en el art. 3 del decreto 149/10, en tanto contiene restricciones no previstas en la ley.
Relató que la norma legal, a la que tributa el reglamento de ejecución, les exige adecuación a todos los componentes de cálculo previstos, en tanto deriven de la noción "por todo concepto" que utiliza la ley en oportunidad de fijar la base de cálculo del subsidio (conf. art. 1, ley 13.985).
Agregó que las restricciones que se desprenden de la numeración taxativa que surge de la reglamentación deja fuera elementos de composición de la remuneración correspondiente a esa jerarquía, lo cual resulta un exceso que violenta la norma a que debe sujeción.
Sostuvo que la antigüedad, el riesgo profesional y los gastos por mantenimiento de uniforme, como adicionales remunerativos, integran una base de cálculo que solo así respeta el enunciado "por todo concepto" de la fórmula legal.
Adicionó que la limitación reglamentaria que los excluye contraría la finalidad y espíritu del beneficio y el principio de jerarquía normativa evidenciando un desborde en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo (arts. 31, 99 inc. 2 y concs., Const. nac. y 45, 57 y 144 inc. 2, Const. prov.).
Respecto de la inclusión de la antigüedad mencionó que esa bonificación, considerada por el señor juez de primera instancia desde el tiempo requerido para acceder a la categoría de revista del art. 1 de la ley 13.985 (16 años), únicamente ha venido a debate respecto de la duplicidad de percepción.
Sin embargo, agrega, la antigüedad, considerada solo como componente para la base de cálculo de la prestación, no se confunde con el adicional, el que es variable año a año en quienes lo perciben regularmente según sea su situación de revista. Por lo cual, bajo esa plataforma de cómputo se excluye esa posibilidad, en cuanto su cuantía se consolida en aquella determinación como parte del umbral de cálculo.
II. Contra dicho pronunciamiento la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10 apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema nacional en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de la doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Denuncia que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y del principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional. En subsidio, se agravia respecto de la inaplicación que hizo el Tribunal a quo del art. 3 del decreto 149/10.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocerle al actor el derecho a percibir un mal llamado subsidio (el de la ley 13.985) el cual, afirma, es incompatible con el reclamo de reparación integral por el mismo accidente laboral que se persiguió judicialmente en el marco de la causa "Caballero, Andrés Gastón c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" , en trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que dicha normativa establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización civil por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos del Alto Tribunal nacional en los cuales se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Señala que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es incompatible con la indemnización integral. Cita las causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el Tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Solicita que esta Corte revea su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, afirma que si bien la redacción del art. 3 del decreto 149/10 es distinta a la del art. 1 de la ley 13.985, ello no la invalida, en tanto que la tarea de reglamentación, por definición, requiere un margen de maniobra para definir distintos aspectos de implementación de la ley, el cual reserva a la Administración la posibilidad de regular las condiciones que concilien y precisen los términos empleados en la ley, a fin de posibilitar una ejecución o aplicación acorde a su espíritu.
A su entender, es posible conciliar el texto de la ley 13.985 que prevé que el subsidio mensual sea el "...equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero..." (art. 1), con lo dispuesto en el decreto 149/10 en punto a que dicho beneficio "...será equivalente al sueldo básico con más la Bonificación Remunerativa y No Bonificable, fijados para el grado de Teniente Primero [...] neto de aportes personales, previsionales y asistenciales..." (art. 3). Aduna que el decreto 686/14 agregó que también ingresa en la base de cálculo la bonificación remunerativa no bonificable del decreto 54/11.
Sostiene que el texto reglamentario ha captado el espíritu de la ley al dejar fuera de la base de cálculo del beneficio rubros vinculados con la antigüedad, riesgo profesional y gastos por mantenimiento de uniforme, porque ellos suponen la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo, lo cual no corresponde extender o usar como parámetro, en forma general e impersonal, para compensar las pérdidas sufridas por otros agentes a raíz de un accidente de servicio.
Aduce que si el objetivo declarado en los fundamentos de la ley 13.985 es compensar económicamente al personal policial herido en acto de servicio, por la disminución de ingresos que genera la incapacidad derivada de dicho accidente, no tiene sentido integrar la base de cálculo con rubros como los mencionados, que dependen de la consideración especial referida al riesgo, mantenimiento de uniforme o antigüedad, de quienes revistan como personal activo en la jerarquía de Teniente Primero.
Refiere que al respecto rige la doctrina de la Corte Suprema nacional sobe exceso reglamentario sentada en la causa "Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil" (CSJN Fallos: 337:149). Asimismo, transcribe doctrina de dicho Tribunal referida a que " La circunstancia de no ajustarse la reglamentación a los términos de la ley no la invalida, mientras no haya incompatibilidad entre ambas, y se ajuste la primera al espíritu de la segunda; propendiendo al mejor cumplimiento de sus fines o a evitar razonablemente su violación" (CSJN Fallos: 232:287 y 254:632).
Sostiene que incluir en la base de cálculo los rubros que incorpora el señor juez de primera instancia y la Cámara constituye un reconocimiento irrazonable ya que no responde a la finalidad compensatoria que expresamente tiene la ley, como así también un exceso en la labor jurisdiccional.
Entiende que no se ha tenido en cuenta que luego de la sanción de la ley 13.985 quedaron sin definir aspectos que no surgen de la literalidad de dicha normativa y que, consecuentemente, debieron ser precisados en una reglamentación posterior. Dicha tarea es la que precisamente ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo provincial, quien razonablemente estableció la forma de cálculo de la compensación, teniendo en cuenta el sentido y la finalidad de esta última.
Expresa que, en ese marco, el pronunciamiento judicial resulta contra legem e injustificadamente invasivo de una competencia administrativa que ha sido en su momento ejercida en el art. 3 del decreto 149/10, sin que le quepan reproches constitucionales de ningún tipo en contra de la misma.
Solicita que, para el caso de que se confirme el reconocimiento del derecho invocado por el actor para obtener la compensación pretendida, se ordene calcularla de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del decreto 149/10.
III. El recurso no prospera.
III.1. El tema principal en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por su similar 13.812).
En efecto, en el juicio L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009), y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011); L. 110.774, "A., E. E. y otros" (sent. de 15-X-2014); A. 71.426, "Rodríguez" (sent. de 10-VIII-2016); A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018); A. 74.199, "Galeano" (sent. de 6-V-2019) y L. 120.561, "Blanco de Castro" (sent. de 11-IX-2019), y, más recientemente, causas L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020); A. 75.480, "Melgarejo" (sent. de 23-XI-2020) y A. 75.633, "Abraham" (sent. de 25-XI-2020), esta Corte estimó admisible que se acumulara la indemnización prevista en el régimen laboral (ley 24.557) con el beneficio dispuesto en el régimen estatutario en el supuesto de que el personal policial resulte herido en acto de servicio.
Además, el art. 10 del decreto 149/10, que reglamenta la ley 13.985 invocada por el recurrente, si bien establece que la percepción del subsidio previsto en la ley es "...incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "...excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente".
La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien por otro lado no ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión. Esto último termina de sellar desfavorablemente la suerte del recurso respecto de este tópico.
III.2. Por otro lado, la parcela del recurso en el que el recurrente se agravia en forma subsidiaria de que se incorporen a la base de cálculo los rubros de antigüedad, riesgo profesional y gastos de mantenimiento por no hallarse incluidos en el art. 3 del decreto 149/10 también debe ser rechazada.
En primer término, es dable indicar que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas específicamente actuadas por el órgano jurisdiccional de grado en orden a justificar el exceso reglamentario, lo cual pone al desnudo la insuficiencia de este embate (conf. causas C. 89.114, "Basso", sent. de 6-IX-2006; C. 98.045, "Mendieta", sent. de 23-IV-2008; A. 75.282, "Bustos", sent. de 25-XI-2020; e.o.).
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es dable apuntar que la representación fiscal -luego de efectuar alegaciones muy generales sobre el margen de maniobra que tiene el reglamento para definir los aspectos de implementación de la ley- sostiene que el decreto 149/10 ha dejado "...fuera de la base de cálculo del beneficio rubros vinculados con la antigüedad, riesgo profesional y gastos por mantenimiento de uniforme" pues "...suponen la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo, lo cual no corresponde extender o usar como parámetro, en forma general e impersonal, para compensar las pérdidas sufridas por otros agentes a raíz de un accidente de servicio".
Empero, cabe reparar que la sentencia de primera instancia -cuyos fundamentos fueron compartidos por el a quo - comenzó destacando "...el carácter fijo, uniforme y objetivo que tiene el subsidio" y que, por eso, la "...ley lo fija en relación con un cargo para su equiparación y nada más que a los fines de darle movilidad y actualización a los montos", sin que requiera una constante reglamentación.
Sobre esta base se indicó, y en lo que hace al rubro antigüedad, que resultaba prudente computar al respecto el "...mínimo requerido para acceder al cargo de Teniente Primero" -esto es, dieciséis (16) años- expresándose en dicho fallo que ello era a los fines de "objetivar" y "generalizar" la compensación, en una definición que no ha sido frontalmente rebatida por el recurrente.
Por lo demás, cabe añadir que las sumas otorgadas al personal policial por gastos de mantenimiento de uniforme (dec. 86/97, vigente al momento de sufrir las heridas) se determinaban en una suma fija según el cargo en el que se desempeñaban los agentes policiales y sin necesidad de efectuar una rendición de cuentas particularizada (v., en similar sentido, el régimen posterior del dec. 713/14), mientras que, en la misma línea, el suplemento por "riesgo profesional" se calcula en un porcentaje invariable del sueldo básico de los respectivos cargos que integran los subescalafones Comando y General (art. 61, inc. "a", dec. 1.050/09).
Las circunstancias antes apuntadas dejan sin sustento la principal tesis del recurrente, ya que no es posible sostener que la exclusión de esos tres rubros por el decreto 149/10 responda a las razones esbozadas en el recurso, esto es, porque ellos obedezcan a "...la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo".
De tal forma, comparto las conclusiones de la sentencia atacada en punto a que ha existido un exceso reglamentario del decreto 149/10 al efectuar la antedicha limitación frente a las previsiones de la ley 13.985 que, en forma terminante, establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente Primero (conf. art. 144, inc. 2, Const. prov.).
IV. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:09:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:11:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:16:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:21:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 07:51:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETAR
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