Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76117
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.117, "Portorrico, Emilio Pedro y otros contra Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco Provincia de Buenos Aires sobre pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por los demandantes (v. fs. 402/406 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9 de junio de 2019, 10:11:03 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante la resolución de fs. 411/412.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 418) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los señores Emilio Pedro Portorrico, Jorge Gabriel Benvenuto, José Luis De Nicola, Reinaldo Alberto Silva, Carlos Alberto Alonso, Manuel Esteban Nocito y Armando Collada promovieron pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos con el objeto de obtener el reajuste de sus haberes previsionales, para que en la base regulatoria de sus haberes se incluyan los aumentos percibidos por los trabajadores activos en forma mensual, normal y habitual, como el determinado por el decreto 392/03 y las resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 64/03 y 06/04, en la proporción del ochenta y dos por ciento (82%).
Asimismo, peticionaron la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 incs. "e" y "g" de la ley 11.761, por comprometer confiscatoriamente los derechos de raigambre constitucional consagrados en los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y 14 bis y 17 de la carta nacional. En consecuencia, requirieron el cese de la retención efectuada en concepto de "Aporte cargo Beneficiario" y la devolución de los importes descontados en tal concepto, con más intereses.
II.1. En lo que al caso interesa, el señor juez de primera instancia rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 por cuanto los actores, que obtuvieron su prestación previsional durante la vigencia de la ley 11.761, no acreditaron la confiscatoriedad invocada.
II.2. Contra la mentada decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad de la norma mencionada. Asimismo, se agravió de la omisión del señor juez de grado del tratamiento de su pedido de actualización de los haberes previsionales teniendo en cuenta los adicionales peticionados en la demanda.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda incoada.
III.1. Para así decidir, en primer lugar, trató la impugnación limitada al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Consideró que la derogación de la mentada norma -según la ley 13.364, entonces vigente- no impedía al Tribunal de Alzada resolver, en tanto que la lesión invocada fue consumada bajo la vigencia de aquel régimen jurídico y se proyectó en el futuro en los derechos de los actores.
Sentado ello, sostuvo que la ley vigente a la fecha de cese de servicios constituye el marco legal para obtener los beneficios previsionales (conf. arts. 53, decreto ley 9.650/70 y 25, ley 13.364) y que, en este caso, quienes promovieron la demanda accedieron a ellos conforme la ley 11.761.
Consideró que la sentencia recurrida no padecía error de juzgamiento, en la medida en que se corresponde con los principios generales sobre los cuales se vertebran el derecho a las prestaciones y el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Ponderó que la sentencia de grado impugnada recoge con acierto las reglas jurídicas consignadas y deja en claro que, como los beneficios obtenidos por los actores se rigen por la ley 11.761, "...no promedian los deméritos sobrevinientes a sus respectivos otorgamientos que motivaran un entendimiento distinto en hipótesis en las que las prestaciones ya hubiesen sido reconocidas al amparo de un régimen anterior (véase la causa CCALP n° 11.437), y por lo tanto con un escenario de derechos adquiridos que no se corresponde con el de este proceso".
Evaluó que ello incide, de manera determinante, en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del aporte a cargo del beneficiario que desarrolla la impugnación (art. 21 inc. "e" y concs., ley 11.761) bajo el argumento de una confiscación que -por otra parte- en el caso no se acredita y que el recurso deducido tampoco demuestra.
III.2. La Cámara luego consideró la queja referida al reclamo por diferencias no percibidas.
Respecto a la incorporación al haber previsional de determinados suplementos abonados a los empleados del Banco Provincia, señaló que el reclamo por diferencias no percibidas deducido por los actores es inconsistente en atención a que su fundamento se asienta únicamente en la generalidad con la que fueron sufragados y en que la gradualidad de la inclusión de estos al sueldo básico, después de establecidos, habría sido perjudicial para ellos.
Recordó que la cuestión relativa a la naturaleza de los adicionales denominados "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha motivado numerosos pronunciamientos de esta Suprema Corte (causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( in re "Donnarumma, Enrique c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-X-1996) y que el concepto de remuneración en el ámbito previsional es limitado -conforme la doctrina de este Tribunal- debiendo extraerse de la ley de previsión que regula el caso, la que constituye su fuente directa y principal de solución.
Señaló que la eventualidad de una mejora de la situación previsional, expresada en términos generales, no constituye un dato o pauta que satisfaga de convicción los agravios tendientes a demostrar que los pagos realizados fueron indebidos, cuando se ha admitido que las liquidaciones fueron practicadas, en todos los rubros, de conformidad a la reglamentación normativa que las rigen.
Ponderó que las diferencias salariales que son objeto de reclamo no han sido demostradas y que, al contrario, se hallan acreditados todos los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su personal, en los términos determinados para sus agentes activos.
Por otro lado, sostuvo que el traslado progresivo de los conceptos liquidados, primero como no remunerativos y luego como tales, no abastece el perjuicio patrimonial retroactivo reclamado en autos. Ello, en tanto el punto de partida es el reconocimiento de aquellos.
Reconoció las atribuciones que la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires le otorga a su directorio (art. 24) para fijar retribuciones especiales liberadas de aportes, norma que -señaló- no ha sido objeto de invalidez ni fue materia de debate en el caso.
Por último, resaltó que, como el reclamo se centró en el reconocimiento del período retroactivo en situación de actividad, excluyendo su petición a la inclusión en el haber previsional, no podía ser la entidad demandada la legitimada pasiva en este proceso.
Concluyó que, si bien la sentencia de primera instancia no lo trató manifiestamente, desestimó la demanda en todas sus partes, y a partir de cada uno de sus ángulos de análisis propuestos para este agravio, cabía confirmar ese pronunciamiento.
IV. Mediante el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los demandantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa I. 2024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
También acusan vulneración de la seguridad jurídica, de los derechos de defensa en juicio y propiedad, de la garantía del debido proceso y del principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
A su vez, aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que receptan la obligación de no regresividad de los estados.
Además, alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
IV.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto el monto del haber resulta inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la de los actores a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas", sentencia de fecha 10 de junio de 2009 y, por lo tanto, tal situación vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
IV.2. En otro orden, aducen que la entidad demandada por acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción al dos por ciento (2%) del aporte a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la mentada resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio- a partir del día 1 de agosto de 2007.
IV.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional con relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", alegan que la sentencia es arbitraria.
Refieren que la Cámara, en otras causas en que interviniera, desestimó las demandas deducidas por jubilados de la Caja previsional demandada a pesar de haberse probado que las sumas de dinero no remunerativas fueron abonadas en forma mensual, normal y habitual, y resolvió además una cuestión que en esta causa no abordó, referida a la falta de legitimación pasiva de la Caja demandada.
Luego, se agravian porque en autos el a quo rechazó el reajuste pretendido con sustento en que no se demostró que "los códigos no remunerativos" se hayan aplicado indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual desde el mes de diciembre de 2003 hasta el mes de mayo de 2009.
Esgrimen que sus beneficios se liquidan conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 qua prevé para su cálculo el promedio de los diez (10) últimos años de salarios percibidos tomando solo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditándose que se abonaron en forma habitual y regular desde el año 2003 y que poseen las características que permiten subsumirlos en aquel concepto.
Finalmente destacan que, conforme a los recibos de haberes acompañados y a la prueba informativa, se ha acreditado que el perjuicio sufrido por los demandantes desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009 -fecha del acta de aumento salarial del diecinueve por ciento (19%) sobre los rubros remunerativos y no remunerativos percibidos por el personal activo- es del 33,05%.
IV.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones como son la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75 y el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009.
Añaden que tampoco fue abordado por el Tribunal el escalafón del personal de la institución bancaria que regula las categorías y para cada una de ellas establece coeficientes que deben aplicarse sobre cada aumento.
Por último, aducen que el fallo en crisis incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que tampoco se analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
IV.5. Asimismo, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que la Cámara, en el caso "Anca", confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
V. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como esta Corte lo ha señalado a propósito de impugnaciones estructuradas en forma análoga a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021 ; e.o.).
V.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, la sentencia de primera instancia descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, por no haberse acreditado que superara el límite del treinta y tres por ciento (33%) sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del decisorio no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364-, insistiendo sobre la aplicación de las resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los señores jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas como ocurre en el caso, lo que conlleva al rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
V.2. Con respecto a la alegación de que "...la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, es dable apuntar que la Cámara rechazó el reclamo de los actores por diferencias no percibidas porque la lógica estimatoria de la pretensión de estos se sustentó únicamente en la generalidad con la que fueron abonados los referidos suplementos a los empleados del Banco Provincia, así como por derivación de la doctrina sentada por la Corte Suprema nacional en la causa "Donnarumma" (CSJN Fallos: 319:2476), a tenor de la cual, cuando el Banco de la Provincia instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre las que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computarlos en su haber previsional.
Empero, en su recurso los impugnantes solo se limitan a transcribir el concepto de "remuneración" que en forma amplia se ha establecido en las sentencias de las causas que cita (v. pto. IV.2.), a saber "...toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (v.gr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estimulo o gratificación accidental por una tarea especial)".
Refieren que allí se incluyen los suplementos que se abonaron por la institución bancaria en forma habitual y regular desde el año 2003 al mes de mayo de 2009 al sector activo y que se han acreditado en el informe pericial.
La protesta planteada en estos términos carece de idoneidad impugnatoria pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable en los términos del vicio endilgado.
Ello pues, al subsumir todos los adicionales "no remunerativos" que fueron percibidos -en el período señalado por los recurrentes- por los agentes en situación de actividad, omitieron indicar en esa faena -respecto de cada suma de dinero- las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, susceptible de ser computado a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
La mención genérica por los recurrentes de adicionales "no remunerativos" abonados en esos años, no suple el desarrollo que tal necesario examen supone y, por tanto, no resulta útil para demostrar cabalmente la configuración de la alegada irregularidad en la sentencia impugnada.
Y a esa insatisfactoria acreditación se añade que resulta inatendible lo manifestado respecto a la carencia de legitimación de la Caja demandada sostenida por la Cámara en otras causas análogas (v. pto. IV.2.a.), como así también el exceso de formalismo denunciado (v. pto. IV.4.) por cuanto tales cuestiones no formaron parte de las conclusiones de la decisión puesta en entredicho.
Finalmente, cabe destacar que el planteo dirigido a impugnar el sistema de cálculo de la movilidad previsto en el art. 57 de la ley 11.761 queda desplazado pues -como ya fuera señalado- en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos, sino su falta de individualización.
V.3. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decis
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