Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.998, "Rodríguez, Luis Esteban contra Ministerio de Seguridad sobre Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada, confirmando así la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hiciera lugar a la demanda.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Luis Esteban Rodríguez, declarando la nulidad de la resolución 685/15 y, en consecuencia, reconociendo el derecho del actor a percibir el subsidio establecido por el decreto 861/99, desde el día 29 de junio de 2005 hasta la entrada en vigencia de la ley 13.985 (1 de enero de 2010) y a partir de esta fecha, según los términos de dicha ley, debía tomarse en cuenta como base de cálculo lo que por todo concepto perciba un Teniente Primero EG con la antigüedad mínima para acceder a esa jerarquía (arts. 1, dec. 861/99; 1, 2 y concs., ley 13.985; 1, 2, 4, 10 y concs., dec. 149/10; 31, 99 inc. 2 y concs., Const. nac. y 45, 57, 144 inc. 2 y concs., Const. prov.).
Ordenó asimismo que a los importes reconocidos debían adicionársele el monto correspondiente a los intereses desde que cada suma se devengó y hasta su efectivo pago calculados a la tasa pasiva más alta vigente en cada período de aplicación, que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días.
Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, según ley 14.437).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes, confirmando la sentencia impugnada y, por mayoría, distribuyó las costas del Tribunal de Alzada en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada, y en un veinte por ciento (20%) en el orden causado (conf. arts. 51 incs. 1 y 2 y 77 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437- y 68 y 71, CPCC).
I.2.a. Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Corte por la que se sostuvo que el reclamo de indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio mensual a cargo del Estado para reparar los daños ocasionados en función de la policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
I.2.b. A su vez, sostuvo que el subsidio previsto por los arts. 1 del decreto 861/99 y 1 de la ley 13.985 poseen la misma caracterización de los beneficios especiales que ha considerado esta Suprema Corte en la doctrina legal antedicha y no revelan incompatibilidad.
I.2.c. Respecto del modo de liquidar el subsidio, advirtió que se ha producido un exceso en la labor reglamentaria del ejecutivo en el art. 3 del decreto 149/10, en tanto contiene restricciones no previstas en la ley confirmando en este punto lo resuelto por el señor juez de primera instancia.
Relató que el art. 1 de la ley 13.985 establece que a fin de liquidar el subsidio se debe tomar en cuenta el haber equivalente a la suma que "por todo concepto" perciba un Teniente Primero de la ley 13.201, mientras que el indicado reglamento, en su art. 3, dispone esa equivalencia al "...sueldo básico con más bonificación remunerativa y no bonificable" fijado para el grado de Teniente Primero del subescalafón general de la ley 13.982 y su reglamentación o la que en el futuro la sustituya, neto de aportes personales, previsionales y asistenciales.
Adujo que, en ese marco, cabía colegir que el art. 3 del decreto 149/10 ofrece un exceso que desborda los confines de la ley que reglamenta al incorporar una limitación en la base de cálculo que la letra legal desautoriza (conf. art. 1, ley 13.985).
Aseveró que el principio constitucional de jerarquía normativa impone prevalencia para este último texto y descalifica por inconstitucional la restricción que procura la representación fiscal (arts. 31, 99 inc. 2 y concs., Const. nac. y 45, 57 y 144 inc. 2, Const. prov.).
II. Contra dicho pronunciamiento la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema nacional en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de la doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Denuncia que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y del non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional. En subsidio, se agravia respecto de la inaplicación que hizo el Tribunal a quo del art. 3 del decreto 149/10.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocerle al actor el derecho a percibir un mal llamado subsidio (el de la ley 13.985), el cual, afirma, es incompatible con el reclamo de reparación integral por el mismo accidente laboral que se persiguió judicialmente en el marco de la causa " Rodríguez, Luis Esteban c/ Provincia ART s/ Accidente-acción civil ", que tramitara ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 12 de la Capital Federal.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que dicha normativa establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización civil por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos del Alto Tribunal nacional en los cuales se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Señala que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es incompatible con la indemnización integral. Cita las causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el Tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Solicita que esta Corte revea su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, afirma que si bien la redacción del art. 3 del decreto 149/10 es distinta a la del art. 1 de la ley 13.985, ello no la invalida, en tanto que la tarea de reglamentación, por definición, requiere un margen de maniobra para definir distintos aspectos de implementación de la norma legal, el cual reserva a la Administración de la posibilidad de regular las condiciones que concilien y precisen los términos empleados en la ley, a fin de posibilitar una ejecución o aplicación acorde a su espíritu.
A su entender, es posible conciliar el texto de la ley 13.985 que prevé que el subsidio mensual sea el "...equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero..." (art. 1), con lo dispuesto en el decreto 149/10 en punto a que dicho beneficio "...será equivalente al sueldo básico con más la Bonificación Remunerativa y No Bonificable, fijados para el grado de Teniente Primero [...] neto de aportes personales, previsionales y asistenciales..." (art. 3). Aduna que el decreto 686/14 agregó que también ingresa en la base de cálculo la bonificación remunerativa no bonificable del decreto 54/11.
Sostiene que el texto reglamentario ha captado el espíritu de la ley al dejar fuera de la base de cálculo del beneficio rubros vinculados con la antigüedad, riesgo profesional y gastos por mantenimiento de uniforme, porque ellos suponen la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo, lo cual no corresponde extender o usar como parámetro, en forma general e impersonal, para compensar las pérdidas sufridas por otros agentes a raíz de un accidente de servicio.
Aduce que si el objetivo declarado en los fundamentos de la ley 13.985 es compensar económicamente al personal policial herido en acto de servicio, por la disminución de ingresos que genera la incapacidad derivada de dicho accidente, no tiene sentido integrar la base de cálculo con rubros o ítems como los mencionados, que dependen de la consideración especial referida al riesgo, mantenimiento de uniforme o antigüedad, de quienes revistan como personal activo en la jerarquía de Teniente Primero.
Refiere que al respecto rige la doctrina de la Corte Suprema nacional sobe exceso reglamentario en la causa "Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil" (CSJN Fallos: 337:149). Asimismo, transcribe doctrina de dicho Tribunal referida a que "La circunstancia de no ajustarse la reglamentación a los términos de la ley no la invalida, mientras no haya incompatibilidad entre ambas, y se ajuste la primera al espíritu de la segunda; propendiendo al mejor cumplimiento de sus fines o a evitar razonablemente su violación " (CSJN Fallos: 232:287 y 254:632).
Sostiene que incluir en la base de cálculo los rubros que incorpora el señor juez de primera instancia y la Cámara constituye un reconocimiento irrazonable ya que no responde a la finalidad compensatoria que expresamente tiene la norma legal, como así también un exceso en la labor jurisdiccional.
Entiende que no se ha tenido en cuenta que luego de la sanción de la ley 13.985 quedaron sin definir aspectos que no surgen de la literalidad de dicha norma y que, consecuentemente, debieron ser precisados en una reglamentación posterior. Dicha tarea es la que precisamente ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo provincial, quien razonablemente estableció la forma de cálculo de la compensación, teniendo en cuenta el sentido y la finalidad de esta última.
Expresa que, en ese marco, el pronunciamiento judicial resulta contra legem e injustificadamente invasivo de una competencia administrativa que ha sido en su momento ejercida en el art. 3 del decreto 149/10, sin que sea pasible de reproches constitucionales de ningún tipo.
Solicita que, para el caso de que se confirme el reconocimiento del derecho invocado por el actor para obtener la compensación pretendida, se ordene su cálculo de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del decreto 149/10.
III. El recurso no prospera.
III.1. El tema principal en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modificada por su similar ley 13.812).
En efecto, en el juicio L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009), y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011); L. 110.774, "A., E. E. y ots." (sent. de 15-X-2014); A. 71.426, "Rodríguez" (sent. de 10-VIII-2016); A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018); A. 74.199, "Galeano" (sent. de 6-V-2019); L. 120.561, "Blanco de Castro" (sent. de 11-IX-2019) y, más recientemente, causas L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020); A. 75.480, "Melgarejo" (sent. de 23-XI-2020) y A. 75.633, "Abraham" (sent. de 25-XI-2020); esta Corte estimó admisible que se acumulara la indemnización prevista en el régimen laboral (ley 24.557) con el beneficio dispuesto en el régimen estatutario en el supuesto de que el personal policial resulte herido en acto de servicio.
Además, que el art. 10 del decreto 149/10, que reglamenta la ley 13.985 invocada por el recurrente, si bien establece que la percepción del subsidio previsto en la ley es "...incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "...excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente".
La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien por otro lado no ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión. Esto último termina de sellar desfavorablemente la suerte del recurso respecto de este tópico.
III.2. Por otro lado, la parcela del recurso en la que el recurrente se agravia en forma subsidiaria de que se incorporen a la base de cálculo los rubros de antigüedad, riesgo profesional y gastos de mantenimiento por no hallarse incluidos en el art. 3 del decreto 149/10 también debe ser rechazada.
En primer término, es dable indicar que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas específicamente actuadas por el órgano jurisdiccional de grado en orden a justificar el exceso reglamentario, lo cual pone al desnudo la insuficiencia de este embate (conf. causas C. 89.114, "Basso", sent. de 6-IX-2006; C. 98.045, "Mendieta", sent. de 23-IV-2008; A. 75.282, "Bustos", sent. de 25-XI-2020; e.o.).
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es dable apuntar que la representación fiscal -luego de efectuar alegaciones muy generales sobre el margen de maniobra que tiene el reglamento para definir los aspectos de implementación de la ley- sostiene que el decreto 149/10 ha dejado "...fuera de la base de cálculo del beneficio rubros vinculados con la antigüedad, riesgo profesional y gastos por mantenimiento de uniforme" pues "...suponen la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo, lo cual no corresponde extender o usar como parámetro, en forma general e impersonal, para compensar las pérdidas sufridas por otros agentes a raíz de un accidente de servicio".
Empero, cabe reparar que la sentencia de primera instancia -cuyos fundamentos fueron compartidos por el a quo - destacó "...el carácter fijo, uniforme y objetivo que tiene el subsidio" y que, por eso, la "...ley lo fija en relación con un cargo para su equiparación y nada más que a los fines de darle movilidad y actualización a los montos", sin que se requiera su constante reglamentación.
Sobre esta base se indicó, en lo que hace al rubro antigüedad, que resultaba prudente computar al respecto el "...mínimo requerido para acceder al cargo de Teniente Primero" -esto es, dieciséis (16) años- expresándose en dicho fallo que ello era a los fines de "objetivar" y "generalizar" la compensación, en una definición que no ha sido frontalmente rebatida por el recurrente.
Por lo demás, cabe añadir que las sumas otorgadas al personal policial por gastos de mantenimiento de uniforme (dec. 86/97, vigente al momento de sufrir las heridas) se determinaban en una suma fija según el cargo en el que se desempeñaban los agentes policiales y sin necesidad de efectuar una rendición de cuentas particularizada (v., en similar sentido, el régimen posterior del dec. 713/14), mientras que, en la misma línea, el suplemento por "riesgo profesional" se calcula en un porcentaje invariable del sueldo básico de los respectivos cargos que integran los subescalafones Comando y General (art. 61 inc. "a", dec. 1.050/09).
Las circunstancias antes apuntadas dejan sin sustento la principal tesis del recurrente, ya que no es posible sostener que la exclusión de esos tres rubros por el decreto 149/10 responda a las razones esbozadas en el recurso, esto es, porque ellos obedezcan a "...la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo".
De tal forma, comparto las conclusiones de la sentencia atacada en punto a que ha existido un exceso reglamentario del decreto 149/10 al efectuar la antedicha limitación frente a las previsiones de la ley 13.985 que, en forma terminante, establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente Primero (conf. art. 144 inc. 2, Const. prov.) lo que por otra parte se halla acorde a lo resuelto por este Tribunal recientemente en la causa A. 75.799, "Caballero" (sent. de 26-V-2021).
IV. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sin perjuicio de advertir la denuncia de la Fiscalía de Estado en cuanto al reclamo de reparación integral por el mismo accidente laboral que se persiguió judicialmente en el marco de la causa "Rodríguez, Luis Esteban c/ Provincia ART s/ Accidente-acción civil", que tramitara ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 12 de la Capital Federal, y atento a no haber participado en el debate que condujo a sentenciar las causas L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009; B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020 y A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020, dejando a salvo mi opinión y en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por la señora Jueza doctora Kogan, en tanto refleja el actual criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
En esas condiciones, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corres
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