Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75067
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.067, "Alvarez, Norma Graciela contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Pettigiani , Torres , Soria , Mancini , Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 147/154); revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por los actores contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas de la instancia en el orden causado (cfr. art. 51 inc. 2, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; v. fs. 170/177).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/192 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 194/195.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 197), agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 198/204) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Las señoras Norma Graciela Álvarez y Margarita Elida Pusino, los señores Eduardo José Barros, Horacio Aníbal Delgado, Rafael Godoy y Elio Abel Sciutto y la señora Myrian Noemí Landaburu promovieron demanda contencioso administrativa contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires solicitando el reajuste de sus haberes previsionales con la incorporación de la suma establecida por los decretos 54/11 y 934/13.
La señora jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Juzgado n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión interpuesta; anuló las resoluciones dictadas con relación a cada uno de loa demandantes y condenó a la Caja demandada a que incorpore en la base de cálculo de sus haberes la referida bonificación, en forma retroactiva, estableciendo como límite temporal los dos años previos a la fecha de presentación de cada uno de los reclamos administrativos.
Asimismo, desestimó el pedido de actualización monetaria formulado.
Al importe reconocido ordenó que se le aplicaran intereses desde que cada suma se devengó y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561- y 768, Cod. Civ. y Com.; doctr. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Por último, impuso las costas a la demandada, en su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1, CCA; v. fs. 133/140).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada; revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la pretensión promovida, con costas del proceso en el orden causado.
II.1. Para así decidir, consideró que no correspondía la inclusión en la determinación del haber previsional de los actores de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en el decreto 54/11 y su modificatorio 934/13 porque dicho adicional no queda comprendido en el concepto amplio de retribución de la ley de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires 13.236, cuyo art. 26 establece que el importe de los beneficios de pasividad se fija de acuerdo a los porcentajes que allí mismo se determinan sobre la base de la última retribución o asignación correspondiente al grado del que era titular el afiliado a la fecha de su cese en el servicio activo.
Destacó que dicha retribución es comprensiva de todos los suplementos, bonificaciones, adicionales y servicios de extensión profesional que tengan el carácter de regulares y habituales y sobre los cuales se hagan obligatoriamente aportes previsionales.
Señaló que el decreto 54/11 ha instaurado un adicional que no se encuentra sujeto a descuentos de leyes previsionales y que reviste carácter especial, atento que no se instituyó para todo el personal en actividad, por el solo hecho de serlo.
Advirtió que la bonificación referida -calificada como no remunerativa y no bonificable, no sujeta a aportes previsionales-, ha sido prevista en beneficio de un grupo singular de agentes policiales, que comprendería a aquellos que, encontrándose en actividad (por oposición a la situación de pasividad), estén cumpliendo con la prestación efectiva de servicios, procurando actuar como incentivo para que los agentes policiales cumplan concreta y directamente con ellos, a fin de resguardar y garantizar en debida forma la seguridad pública (cfr. cons. 1 y 2, dec. 54/11).
Consideró que el sistema diseñado por la ley 13.236 se aparta del concepto general de remuneración y acuña uno especial, lo que torna inaplicable la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia en materia de remuneración, estructurada a partir del decreto ley 9.650/80. Ello, porque en presencia de una regulación especial, que aborda los rubros sujetos a aportes y que consecuentemente deben ser tenidos en cuenta para determinar el haber, no corresponde, en principio, acudir a las disposiciones contrarias insertas en el régimen general.
Destacó que cuando el legislador se aparta del concepto general, instituyendo un sistema especial, su acierto o conveniencia constituye materia específica de política legislativa que excede por regla los límites de la jurisdicción del Tribunal.
II.2. Por otra parte, advirtió el diverso sustrato jurídico existente entre los casos en que recayeron los precedentes jurisprudenciales adoptados en torno a la interpretación de la bonificación del decreto 1.014/97 (causas B. 60.279, "Terzagui", sent. de 18-III-2009; B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sents. de 11-VIII-2010) y el presente, en el cual el incentivo policial no ha sido contemplado en forma genérica para todo el personal en actividad, como acaeció en aquel decreto, sino en especial respecto de quienes, revistando en actividad, se encontraran prestando servicios en forma efectiva.
II.3. Por último, ponderó que la bonificación consignada en el decreto en cuestión no hubo generado aportes previsionales. Recordó que todo régimen jubilatorio se financia -entre otros fondos- con los provenientes de los aportes de los empleados y los empleadores y que su destino es el de posibilitar el cumplimiento de los fines para los cuales las cajas fueron creadas.
Destacó que tales contribuciones revisten el carácter de forzosas y ni el trabajador ni el empleador pueden eximirse de efectuarlas, desde que derivan de una obligación establecida por la ley, tendiente a robustecer la individualidad financiera de las cajas en favor de la categoría de trabajadores ligados por el vínculo de la actividad común.
II.4. Concluyó que al no encontrarse presentes en el caso las condiciones que exige la normativa para delinear el concepto de retribución (el carácter regular y habitual de la asignación y que sobre esta se hagan obligatoriamente los aportes previsionales), no corresponde la inclusión en la determinación del haber previsional, de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en los decretos 54/11 y 934/13.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 183/192 vta., la parte actora denuncia la violación de la doctrina legal sobre el principio de movilidad previsional que cita y la errónea aplicación de los arts. 26 y 27 de la ley 13.236. También acusa la vulneración de los arts. 15 y 166 párrafo quinto de la Constitución provincial y 18 de la Carta nacional.
Luego de reseñar los antecedentes del caso, en el acápite V (v. fs. 188/192 vta.) fundamenta el recurso extraordinario interpuesto.
Denuncia vulnerada la doctrina legal de este Tribunal elaborada en torno al principio de movilidad previsional (causas B. 48.886, "Balbi", sent. de 11-XII-1986; B. 50.349, "Bracuto", sent. de 7-VI-1988; B. 53.507, "Bianchi", sent. de 6-X-1998; B. 56.660, "Ratto", sent. de 22-III-2000; e.o.).
Aduce que la necesidad de mantener la proporcionalidad entre el haber pasivo y el salario activo, es un principio básico de la seguridad social que radica en garantizar al beneficiario el mantenimiento del nivel de vida alcanzado durante la etapa laboral y no llevar los haberes a una desproporción de naturaleza arbitraria y confiscatoria, resguardando derechos de carácter alimentario, especialmente amparados por los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 y 40 de la Constitución provincial.
Sostiene que, con relación al carácter remunerativo de la bonificación tratada, esta Suprema Corte se ha referido a lo resuelto por la Corte nacional en diversos precedentes que han destacado que, frente al carácter general del adicional, su condición remuneratoria no puede ser negada (cfr. CSJN Fallos: 312:802; 318:403; 316:1551 y 325:2171).
Destaca que en la causa B. 60.715, "Nocetti", sentencia de 11-VIII-2010, este Tribunal consideró que los haberes previsionales deben guardar una adecuada proporcionalidad con la remuneración del agente en actividad y que la necesidad de mantener esa proporcionalidad es un principio básico de la seguridad social que radica en garantizar al beneficiario el mantenimiento del nivel de vida alcanzado durante la etapa laboral.
Señala que el mencionado principio previsional se halla consagrado en el art. 27 de la ley 13.236 y que no obsta a lo expuesto lo normado en el art. 26 de la citada disposición en cuanto establece la exigencia de los aportes previsionales para que los suplementos tengan carácter de regulares, habituales y permanentes. Ello, puesto que la Suprema Corte ha entendido que tal omisión no puede ser imputable al agente retirado, sino que trasunta una defectuosa técnica legislativa del decreto de su creación, al exceptuar de aportes a un suplemento que poseía las referidas calidades (doctr. causa B. 60.715, cit.).
IV. El recurso prospera.
La cuestión a resolver se centra en determinar si la bonificación especial establecida en el decreto 54/11 y luego incrementada mediante el decreto 934/13, que percibían los agentes de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el régimen de la ley 13.982, que se encontraban en actividad, debe ser incluida -o no- en la base de cálculo del haber previsional de los demandantes, a la luz de las disposiciones de la ley 13.236 (arts. 26 y 27).
La demandada se opone argumentando que se trata de un suplemento otorgado al personal en actividad, con carácter especial, no remunerativo, no bonificable y no permanente, sobre el que no se efectuaron aportes jubilatorios.
IV.1.a. El decreto 54/11 dispuso otorgar, a partir del día 1 de enero de 2011, una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de quinientos pesos "...para los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires [...] que se encuentren a la fecha en actividad y cumpliendo con la prestación efectiva de servicios" (art. 1).
De los considerandos del acto surge que el suplemento sería acordado en carácter de incentivo para aquellos agentes que "...en muchos casos y según las dependencias en que revisten", tienen que cumplir "...servicios extraordinarios para el sostenimiento de la seguridad pública, con el fin de brindar a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires el pleno goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales" (cfr. párrs. primero y segundo de los considerandos).
También estableció que el Ministerio de Justicia y Seguridad determinaría específicamente, en razón de su competencia, el alcance de la aludida retribución especial (cfr. art., dec. cit.).
IV.1.b. Con posterioridad, el decreto 934/13 incrementó, a partir del día 1 de enero de 2014, la "bonificación no remunerativa no bonificable" creada por el decreto 54/11
IV.2. La ley 13.236 (régimen previsional del Personal de las Policías de la Provincia), en lo que aquí interesa, establece en su art. 26 que el importe de los beneficios previsionales se fijará en los porcentajes que en cada caso establece la ley sobre la base de la última retribución o asignación correspondiente. Precisa que se entenderá por remuneración la retribución mensual fijada en la normativa salarial vigente por todo concepto para cada escalafón, incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, servicios de extensión profesional, que tengan el carácter de regulares, habituales, excepto las asignaciones familiares y sobre los cuales se hagan aportes previsionales.
Asimismo, la norma prescribe que los importes de los beneficios son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese y deben ser actualizados de oficio por el Directorio de la Caja dentro de los sesenta días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad (cfr. art. 27, ley cit.).
IV.3. Efectuada la reseña normativa, advierto que el incentivo económico establecido en los decretos referidos posee las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, esto es, generalidad, habitualidad y regularidad y, por ende, cabe computarlo a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
Ello se ajusta a lo prescripto por los arts. 26 y 27 de la ley 13.236, disposiciones que sientan las bases para la determinación del haber previsional en el régimen de la Caja Policial.
Estas normas, por un lado, establecen el cálculo de los haberes previsionales, disponiendo su fijación sobre la base de la remuneración establecida al momento del cese, calificando asimismo el concepto de retribución, en el que se encuentran incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, retribuciones y servicios de extensión profesional, que tengan carácter de regulares habituales y permanentes y sobre los cuales se hagan obligatoriamente aportes previsionales. Por otro lado, la movilidad, al disponer la actualización de haberes pasivos de acuerdo a la suerte del salario activo del personal de las Policías. De esta manera, se hace efectiva la garantía de movilidad jubilatoria consagrada y reconocida en el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Esta Corte tiene dicho que los haberes previsionales deben guardar una adecuada proporcionalidad con la remuneración del agente en actividad. Se ha sentado que la movilidad de los haberes previsionales recibe sustento en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (cfr. causas B. 61.210, "Cardillo", sent. de 1-III-2004; B. 56.055, "Pedraza", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
El derecho a una jubilación móvil adquirida conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y sobre cuya base se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del propio cargo otrora desempeñado, pues de esta forma se mantiene una situación equilibrada al conservar el beneficio previsional la naturaleza sustitutiva (cfr. causas B. 60.933, "Ninet", sent. de 22-X-2003; B. 67.187, "Colombo", sent. de 18-XII-2013; B. 66.985, "Breide", sent. de 2-XII-2014; B. 62.690, "Signori", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
La necesidad de mantener la proporcionalidad entre el haber pasivo y el salario activo, es un principio básico de la seguridad social que radica en garantizar al beneficiario el mantenimiento del nivel de vida alcanzado durante la etapa laboral y no llevar los haberes a una desproporción de naturaleza arbitraria y confiscatoria, resguardando derechos de carácter alimentario, especialmente amparados por los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 y 40 de la Constitución provincial.
IV.4. La calidad de regular y habitual de la bonificación, que refleja una retribución de carácter remunerativa, se presenta en el caso por la circunstancia de que la norma no efectuó distingo alguno que permitiera delimitar los agentes en actividad con vocación para percibir la bonificación creada por el decreto 54/11 y conferir "cierta especialidad" a dicho adicional. Por ello, esos servicios importan la prestación de las labores inherentes y típicas de la función policial.
Si bien el art. 2 del referido decreto otorgó al Ministerio de Justicia y Seguridad la facultad para determinar -en razón de su competencia- el alcance de la retribución especial, la falta de acreditación en autos de que dicha prerrogativa hubiera sido efectivamente ejercida por el señor Ministro -véase que conforme fs. 107/111 el adicional se abona a la totalidad de efectivos en actividad- no puede ser imputada a los actores. Siendo así, la demandada se encontraba en mejor posición para acreditar que existía una disposición ministerial que fijaba las condiciones para el goce del adicional y determinar cuáles agentes serían concretamente los beneficiarios de su percepción (cfr. doctr. causa L. 103.783, "P., J. H.", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Tal generalidad se suma a la prescindencia de todo término temporal que limite la vigencia del adicional.
Teniendo en cuenta el carácter general y regular que posee el suplemento no cabe sino inferir que dichas sumas adquieren carácter remuneratorio, debiéndose computar el suplemento creado por el decreto 54/11 y modificatorios en la liquidación del haber previsional de los actores.
IV.5. No obsta a lo anteriormente expuesto lo dispuesto por el art. 26 de la ley 13.236 en cuanto establece la exigencia de los aportes previsionales para los suplementos que tengan carácter de regulares, habituales y permanentes, pues su omisión no puede ser imputable al agente retirado, sino que trasunta más bien una defectuosa técnica legislativa del decreto de su creación al exceptuar de aportes a un suplemento que poseía las referidas calidades (cfr. doctr. causas B. 60.715, "Nocetti", sent. de 11-VIII-2010; B. 61.513, "Dapoto", sent. de 4-V-2011; e.o).
V. Por los fundamentos expuestos, habiéndose acreditado en el caso la errónea aplicación de la normativa que rige el régimen previsional de los actores -arts. 26 y 27 de la ley 13.236- y la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al principio de movilidad previsional invocada, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC), revocar la sentencia impugnada y mantener el pronunciamiento de primera instancia.
Voto por la afirmativa.
Las costas se imponen en todas las instancias a la parte demandada por resultar vencida (cfr. arts. 51 inc. 1, CCA; 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Aunque hago propio el relato de antecedentes y la exposición de los agravios formulados por mi distinguida colega, doctora Kogan, en los capítulos I, II, III y IV de su voto, disiento con su propuesta decisoria, en tanto según mi parecer, la impugnación formulada por la parte actora resulta insuficiente (art. 279 in fine , CPCC).
II. Es doctrina reiterada de este Tribunal que, en vía extraordinaria, la réplica concreta y efi
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