Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76191
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.191, "Albanese, Mario Rafael Domingo y otros contra Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco Provincia de Buenos Aires sobre pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por los aquí recurrentes, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual aquellos solicitaron el reajuste de sus haberes previsionales sobre la base de adicionales que reputaron "remunerativos", así como la invalidez del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 1.002/1.009).
Disconformes con dicho pronunciamiento, los agraviados interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17 de agosto de 2019, 4:52:55 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 1.015/1.016.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la señora Marta Josefa Failde de Folgar y los señores Oscar Horacio Granda, Rolando Héctor Lazarte y Sergio Maldonado, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761.
Confirmó así la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida contra la Caja demandada, por la cual los citados demandantes solicitaron el reajuste de sus haberes previsionales sobre la base de adicionales que reputaban "remunerativos", así como la invalidez del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 1.002/1.009).
I.1. Para así decidir, en primer lugar, compartió lo dicho por el juez de grado, en cuanto expresó, con sostén en la doctrina "Donnarumma" de la Corte nacional, que la ausencia de aportes previsionales sobre las sumas correspondientes a los adicionales que los actores pretenden sean considerados remunerativos impedía que se los tuviera en cuenta para el cálculo de la jubilación.
I.2. Luego señaló que, como los mencionados codemandantes se jubilaron u obtuvieron su pensión bajo la ley 11.761, correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por la propia Cámara.
Reprodujo así los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que los apelantes se desentendían de un principio general en materia previsional de rigurosa aplicación, conforme al cual el régimen legal aplicable al beneficio es el vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente). De igual modo, del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas determinadas al momento del otorgamiento, las que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, esta sí, fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Desde esa óptica, estimó que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (conf. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida en que receptaba la aplicación de los principios generales sobre los cuales se vertebran no solo el derecho a las prestaciones, sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debía comprenderse en su totalidad.
I.3. Por último, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Sostuvo que esa situación ya había sido resuelta en otros precedentes de la propia Cámara y destacó que allí se advirtió la similitud de la cuestión con la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, en la cual se descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, al no superar el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos.
Destacó una vez más el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad del aludido régimen que llevaba a adoptar un criterio favorable a la validez de los aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no rebasasen los límites expuestos.
II. Mediante el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los cuatro demandantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
También acusan vulneración de la seguridad jurídica, de los derechos de defensa en juicio y propiedad, de la garantía del debido proceso y del principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
A su vez, aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
II.1. Ante todo, esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio en su situación, en tanto se superaría el 67% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la de los coactores a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas". Por lo tanto, dicen que tal situación vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
II.2. En otro orden, sostienen que la entidad demandada, por Acta de fecha 19 de mayo de 2008, aprobó la reducción al 2% del aporte a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la mentada resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
II.3. Respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo rubros "no remunerativos", se agravian porque en autos el a quo rechazó tal planteo.
Esgrimen que sus beneficios se liquidan conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez últimos años de salarios percibidos tomando solo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos, no obstante sostener que está acreditado que se abonaron en forma habitual y regular desde el año 2003 y que poseen las características que permiten subsumirlos en aquel primer concepto.
Finalmente remarcan que, conforme a los recibos de haberes acompañados y la prueba informativa rendida, se ha demostrado que el perjuicio sufrido por los demandantes desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009 -fecha del Acta de aumento salarial del 19% sobre los rubros remunerativos y no remunerativos percibidos por el personal activo- es del 33,05%.
II.4. Expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones, como son la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75 y el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009.
Añaden que tampoco fue abordado por el a quo el escalafón del personal de la institución bancaria que regula las categorías y para cada una de ellas establece coeficientes que deben aplicarse sobre cada aumento.
Aducen que el fallo atacado incurre en un rigorismo formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.5. Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que la Cámara en el caso "Anca" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761, por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como esta Corte lo ha señalado a propósito de impugnaciones estructuradas en forma análoga a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021 y A. 74.760, "Coria ", sent. de 26-V-2021).
III.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había invocado en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, la sentencia de primera instancia descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, por no haberse acreditado que superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del decisorio no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (conf. art. 21 inc. "d", ley 13.364)-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Siendo eso lo que ocurre en el caso, los reproches en tal sentido deben ser desestimados (art. 279 in fine , CPCC).
III.2. Con respecto a la alegación de que la sentencia resulta arbitraria por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, es dable apuntar que la Cámara confirmó el rechazo del reclamo de los coactores por diferencias no percibidas, pues entendió que no bastaba con denunciar o probar la generalidad con la que habrían sido abonados los suplementos identificados. Siguió en tal sentido la doctrina sentada por la Corte Suprema nacional en la causa "Donnarumma" (Fallos: 319:2476), a tenor de la cual cuando el Banco de la Provincia instituyó para los empleados en actividad una asignación no remunerativa sobre la que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computarlos en su haber previsional.
En su recurso los impugnantes solo se limitan a transcribir el concepto de "remuneración" que en forma amplia se ha establecido en las sentencias de las causas que citan (v. pto. IV.2.b.), a saber "toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (v.gr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estimulo o gratificación accidental por una tarea especial)".
Refieren que allí se incluyen los suplementos que se abonaron por la institución bancaria en forma habitual y regular desde el año 2003 a mayo de 2009 al sector activo y que se han acreditado en el informe pericial.
Pero la protesta planteada en estos términos carece de idoneidad impugnatoria pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable en los términos del vicio endilgado.
Ello pues, al pretender incorporar todos los adicionales "no remunerativos" que fueron percibidos -en el período señalado por los recurrentes- por los agentes en situación de actividad, omitieron indicar las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, susceptible de ser computado a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
La mención genérica de adicionales "no remunerativos" abonados en esos años, no suple el desarrollo que tal examen supone y, por tanto, no resulta útil para demostrar cabalmente la configuración de la alegada irregularidad en la sentencia impugnada.
Como he señalado, la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su articulación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133, 717 y 339:1066; doctr. causa A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
De igual manera, los impugnantes tampoco rebaten frontalmente la conclusión del a quo en punto a que -más allá de la falta de consideración separada de cada rubro- lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino si sobre ellos se practican -o no- aportes. Lo cual lleva a señalar que el planteo dirigido a impugnar el sistema de cálculo de la movilidad previsto en el art. 57 de la ley 11.761 queda desplazado en esa inteligencia, que no logra ser desarticulada.
A esa insatisfactoria acreditación se añade que resulta inatendible lo manifestado respecto a la falta de legitimación de la Caja demandada indicada por la Cámara en otras causas análogas (v. pto. IV.2.a.), como así también el extremo formalismo denunciado (v. pto. IV.4), por cuanto tales cuestiones no formaron parte de las conclusiones de la decisión puesta en entredicho.
III.3. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enumera algunos precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido inobservados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos debatidos y en el caso, por el contrario, se trae en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (conf. mi voto en causa A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Saranitte", sent. de 16-VIII-20l7 y doctr. causa A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.)
III.4. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-111-2014 y C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello agrego que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
III.5. Por último, en lo que hace a la denuncia acerca de la existencia de fallos contradictorios en la jurisprudencia de la Cámara, más allá de resultar exigible un desarrollo circunstanciado tendiente a acreditar semejante circunstancia -algo que ha sido omitido-, tal cosa constituye una típica cuestión de hecho que, en principio, no resulta pasible de revisión en instancia extraordinaria salvo eficaz y acabada demostración de absurdo, vicio que no ha sido invocado y menos, demostrado en esta parcela (doctr. causa A. 72.942, "Larrumbe", sent. de 24-1V-2019).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria y doy mi voto por la negativa.
Sin perjuicio de ello, me apart
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