Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76740
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.740, "Caputo, Luis Rafael contra Municipalidad de la Costa sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, por mayoría, había rechazado la acción de amparo deducida por el señor Luis Rafael Caputo contra la Municipalidad de la Costa (v. sent. de 17-IX-2020).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (escrito en soporte electrónico de fecha 3 de octubre de 2020, 09:56:19 a.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 19 de noviembre de 2020), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Luis Rafael Caputo promovió acción de amparo (arts. 43, Const. nac.; 20 apdo. 2, Const. prov. y ley 13.928) contra la Municipalidad de la Costa a fin de que se lo autorice a circular libremente y se deje sin efecto la cuarentena obligatoria impuesta por las autoridades municipales en virtud del decreto 345/20 y/o cualquier otra que se le imponga por razones laborales.
En su presentación inicial señaló que es martillero público y se desempeña como perito judicial en los juzgados y tribunales del Departamento Judicial de Dolores y que, en ocasión de realizar diligencias previas a una labor en la ciudad de General Madariaga, personal policial y municipal del puesto de control de la localidad de Punta Médanos le informó, al regresar al partido de La Costa, que en virtud del decreto municipal 345/20, debía imponérsele el cumplimiento de una cuarentana obligatoria de catorce días en su domicilio debiendo suscribir a esos fines una declaración jurada.
I.2. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores resolvió, por mayoría, rechazar la acción incoada y la medida cautelar peticionada. Asimismo, decidió apartarse de la regla general en la materia y eximió a la parte actora de la condena en costas (arts. 19, ley 13.928 y 68, CPCC), en el entendimiento de que ésta inició la acción judicial con el objeto de resguardar el derecho constitucional de efectuar sus funciones judiciales en su carácter de Oficial de Justicia ad hoc ante el Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga, teniendo razones suficientes para ello.
I.3. Ambas partes apelaron el pronunciamiento; la actora fundándose básicamente en la falta de razonabilidad de la medida municipal y en la aptitud de la vía procesal escogida para restablecer los derechos constitucionales (a trabajar y a circular libremente). La parte demandada se agravió del modo en que fueron impuestas las costas.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió la impugnación de la parte actora y declaró abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la municipalidad demandada, en virtud del modo en que quedó resuelta la primera cuestión.
I.3.a. Para así decidir, en relación a la viabilidad formal de la acción de amparo señaló, que si bien el actor tiene la carga procesal de precisar en su escrito postulatorio y luego probar la inexistencia de otras vías judiciales para atender y remediar el derecho constitucional que se dice conculcado; los jueces tienen el deber al practicar el examen de admisibilidad de la acción y de evaluar las circunstancias fácticas y argumentativas para descartar el rechazo del amparo si el tránsito por otras vías luce dudoso, opinable, ritualmente inviable o frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada en el art. 15 de la Constitución provincial.
Desde esa perspectiva sostuvo que las circunstancias que rodean el caso hacen inviable el tránsito por las vías procesales ordinarias.
En efecto, indicó que el art. 1 del decreto municipal 345/20 dispuso la realización de una cuarentena obligatoria (aislamiento total) a toda aquella persona que ingrese al partido de La Costa, por catorce días corridos (quedando exceptuado el personal esencial en ocasión del desempeño de sus tareas) contados a partir de la fecha de entrada en la jurisdicción, debiéndose suscribir a ese efecto una declaración jurada. Asimismo, en su art. 2 se estableció que por el abandono del domicilio mientras dure la cuarentena, se le impondrá al infractor una multa de entre veinticinco mil pesos -$25.000,00- y cincuenta mil pesos -$50.000,00-.
Expresó que el amparista se vería obligado a articular tantas pretensiones contencioso administrativas como veces egrese y reingrese a la jurisdicción con motivo de sus labores como auxiliar de justicia, siendo ello no solo ritualmente inviable sino también frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el art. 15 de la Constitución provincial.
Por ello desestimó el agravio del municipio relacionado con la admisibilidad formal de la acción de amparo, puntualizando además que sin una declaración judicial que lo resguarde, el actor podría ser pasible de sanciones administrativas por el solo hecho de cumplir con su labor como auxiliar de la justicia.
I.3.b. En cuanto al fondo de la cuestión señaló que, ante las circunstancias verificadas en la causa, el mecanismo regulado por el art. 1 del decreto municipal 345/20 para hacer frente a la pandemia COVID-19, no supera el test de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), por resultar desproporcionado o carente de los resguardos que permiten contemplar soluciones que compatibilicen las respuestas estatales de protección de la salud con aquellos otros quehaceres comunitarios como, en el caso, sería la adecuada prestación del servicio de justicia, permitiendo el desarrollo sin contratiempos de las tareas que desempeñen los auxiliares de la misma, máxime cuando la Suprema Corte dispuso mediante la resolución 878/20 el restablecimiento pleno de los órganos judiciales del Departamento Judicial de Dolores, en el cual se desenvuelve el actor como perito.
Con cita en precedentes de este Tribunal señaló que la razonabilidad es el principio fundamental que preside e informa a toda regulación de los derechos consagrados en el ordenamiento constitucional. Entre otras consecuencias, su fuerza imperativa marca un límite de acatamiento insoslayable en cuanto al ejercicio válido de la potestad pública. Su observancia, por otra parte, reclama que la norma se funde en circunstancias justificantes, esté inspirada en la consecución de un fin de interés general, disponga el empleo de medios adecuados y proporcionales con ese propósito y, entre otros recaudos, no conduzca a generar una situación de inequidad manifiesta.
Sobre tal base declaró la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 345/20, por cuanto -en el caso- importa una limitación irrazonable a la libre circulación del actor en su carácter de martillero público en ejercicio de sus tareas como auxiliar de justicia. Asimismo, señaló que resolver en sentido contrario, podría implicar para el perito renunciar a aquellas funciones para las que fuera desinsaculado y que deben ejecutarse fuera de las fronteras territoriales de la municipalidad demandada a fin de no verse compelido a cumplir con el aislamiento obligatorio.
Refirió al contexto de la pandemia y a las dificultades para las autoridades públicas de contemplar todos los casos posibles que ameriten una regulación diferenciada frente al resguardo de la salud pública. Sin perjuicio de ello, indicó que el municipio demandado -con conocimiento de las particularidades del caso- no brindó alternativa alguna tendiente a compatibilizar la situación en la que se encontraba el actor frente a su ejercicio profesional como auxiliar de la justicia en una jurisdicción territorial diversa a su lugar de residencia con la situación sanitaria local.
En las estimaciones efectuadas por el doctor Ucin se hizo hincapié en la importancia de dilucidar si la regulación estatal y la restricción en ella impuesta respetaron -en el caso- el principio de razonabilidad, no solo mediante la adecuación de los medios instituidos para los fines que la norma pretende alcanzar, sino también en la necesidad de indagar acerca de la medida aplicada y el grado de afectación que ella conlleva en relación a las distintas alternativas posibles. En ese sentido señaló la importancia de verificar si, entre los diferentes medios factibles, apropiados y útiles no existen otras opciones menos restrictivas de los derechos en juego que el impuesto por la norma.
Por los fundamentos señalados el Tribunal de Alzada admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de grado, por entender que la aplicación de la norma cuestionada no supera en el sub lite el test de razonabilidad (arts. 28 y 33, Const. nac. y 56, Const. prov.). Impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. arts. 68, CPCC y 25, ley 13.928, t.o. ley 14.192).
II. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación interviniente, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 15, 20 y 161 inc. 3 apdo. "a" de la Constitución provincial y 8, 10 y 18 de la ley 13.928.
Asimismo, acusa que la decisión impugnada vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte respecto de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso (causa A. 71.760, "De Caso", sent. de 29-X-2014; e.o).
Explica que la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores que rechazó la acción de amparo promovida por el señor Caputo (y lo eximió de las costas) no habría superado el examen de admisibilidad, por cuanto no se le ha conferido al municipio demandado el traslado de la demanda ni de la documental acompañada.
Indica que la judicatura le ha requerido -para resolver la medida cautelar solicitada por el actor- la elaboración de un informe preliminar.
Alega que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada es absurdo y arbitrario pues, al revocar el fallo de primera instancia, lo ha privado de ejercer su derecho de defensa.
Sostiene que el a quo advirtió que el Tribunal que previno había dictado la sentencia definitiva sin que se hubiera ordenado el traslado de la acción en los términos del art. 10 de la ley 13.928, texto ordenado ley 14.192 (v. pts. II.1. y II.2. de la sentencia dictada por la Cámara del fuero de Mar del Plata el 17-IX-2020).
Se agravia de que la mayoría de los magistrados que integran la Cámara encontraron verificada la traba de la litis y resguardada la bilateralidad del contradictorio con el informe producido por el municipio en el exiguo plazo de cuarenta y ocho horas.
Aduce que, vulnerándose el debido proceso, se lo ha condenado en la pretensión y en la imposición de las costas.
Cita antecedentes jurisprudenciales relacionados con la afectación de la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso legal y el derecho a ser oído.
Denuncia que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de alcance general constituye la ultima ratio del orden jurídico y que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución y le causa agravio .
Señala que debió ponderarse la vigencia del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional 297/20 y sus respectivas prórrogas y la circunstancia de un incremento de casos en los partidos de General Madariaga y Castelli, lugares a los cuales presumiblemente debía concurrir el actor.
Alega que en la decisión adoptada por la Cámara se ha reconocido que la función del actor no podría ser incluida entre los supuestos de excepción del art. 1 del decreto nacional 297/20 antes citado (personal esencial), por lo cual queda comprendido entre las actividades que debería ser objeto de restricción, salvo debida causa justificante.
Indica que, en consecuencia, resulta contradictorio que luego se afirme que su función es esencial para el desenvolvimiento del Poder Judicial en un momento sanitario crítico de propagación del virus COVID-19.
Por último, se agravia de la condena en costas en un proceso en el cual ni siquiera ha podido responder la acción.
III. Adelanto que, más allá de la vigencia o validez que pueda tener la normativa puesta en crisis al momento de la suscripción del presente decisorio, el recurso no prospera, atento su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279 in fine , CPCC).
III.1. En primer lugar, debo recordar que la facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. doctr. causas A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018; A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018; A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A.", sent. de 24-IV-2019; A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; e.o.). Esta tarea, vale subrayarlo, se encuentra incumplida en el recurso en tratamiento.
Así, cabe tener particularmente en cuenta que la Cámara advirtió con toda claridad que a la hoy recurrente no se le confirió debidamente el traslado de la demanda en los términos del art. 10 de la ley 13.928, texto ordenado según ley 14.192. Más aún, estimó que un descuido de tal envergadura podría traer como consecuencia la anulación del fallo.
No obstante ello, y en este singular esquema, entendió que no existió violación a la garantía de defensa en juicio de la comuna, que justificase una declaración de nulidad.
Para fundar tal aserto, el a quo ponderó que, aun cuando no se respetaron los estándares generales del régimen adjetivo, al sustanciarse la medida precautoria solicitada por el actor, "la Comuna no solo respondió la requisitoria informativa solicitada por el Tribunal de grado, sino que además, brindó razones por las cuales, en su visión, la acción de amparo era formal y sustancialmente improcedente [ver apartado III, puntos 3.B. y 3.C. del informe, que si bien se los expone con la intención de llamar la atención sobre -según opina- la ausencia de verosimilitud en el derecho, no es menos cierto que son defensas propias de una contestación de demanda de amparo]" (v. pto. II.1., tercer párrafo de la sentencia de Cámara).
Bajo este ropaje, y más allá del acierto o error que pueda endilgarse al decisorio, estimó que al momento de dictarse la sentencia de origen el municipio había tenido cabal participación en el proceso "por lo que de ningún efecto sería hogaño declarar la nulidad del pronunciamiento por la ausencia de formal traslado de la demanda [arg. doct. arts. 169 tercer párrafo; 170 primer párrafo y 173 del C.P.C.C., aplicable al caso según edicta el art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].". Ello por cuanto la contestación del informe mediante el escrito presentado en fecha 2 de agosto de 2020, significó para la Cámara una defensa oportuna.
Al respecto cabe señalar que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, y en general de cualquier escrito judicial, resulta una cuestión de hecho reservada a la opinión de los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que solo reconoce como excepción el absurdo, el que ni siquiera fue denunciado en la especie (conf. doctr. causas A. 70.215, "E., R. M.", sent. de 11-III-2013; A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2015; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 73.976, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
III.2. De otro lado, en la pieza recursiva en análisis, tampoco está debidamente satisfecha la carga de demostrar la violación de la normativa denunciada, en cuanto el a quo ponderó que la articulación de las defensas de fondo deducidas por la comuna al sustanciarse la medida cautelar, significaron una intervención oportuna, plena y suficiente. Esto se ve corroborado en la medida que se omite señalar sobre qué otros argumentos -no expuestos al contestar el informe cautelar- pudo haberse estructurado la defensa de la municipalidad demandada.
El representante comunal, lejos de controvertir esta afirmación con el grado de rigurosidad que esta instancia de excepción lo exige, se limita a manifestar que se ha visto privado del derecho a ser oído y producir prueba, mas no menciona en modo alguno cuáles son las defensas que, de haberse corrido el traslado de demanda, hubiese postulado. Las manifestaciones sobre la violación a la garantía de defensa en juicio, se limitan a enumerar la normativa donde se encuentra regulada, y en términos genéricos se explica su alcance, pero no se logra ajustar, de un modo concreto, este relato al caso de autos.
El Tribunal a quo sostuvo que el municipio al contestar el informe blandió los argumentos propios de una contestación de demanda de amparo, y que con tal esquema se trabó la litis, "por lo que de ningún efecto sería hogaño declarar la nulidad del pronunciamiento por la ausencia formal de traslado de demanda".
De este modo, el desarrollo efectuado por el Tribunal de Alzada en el punto II.1. de la sentencia, en cuanto estimó que la intervención del municipio, por el tenor de su contenido, traía aparejados los mismos efectos que una contestación de demanda, queda incólume ante la crítica contenida en el recurso extraordinario, correspondiendo en consecuencia su rechazo (art. 279, CPCC).
III.3. De lo dicho hasta acá, surge que la premisa fundacional del razonamiento sobre el que se estructura el pronunciamiento, no se ha visto debidamente rebatida en el recurso articulado ante esa Corte.
A ello cabe agregar que la expresión genérica del recurrente (pto. "V.1.c" del escrito electrónico del 3-X-2020), en cuanto refiere que la sentencia en crisis habría quebrantado preceptos constitucionales y de tratados internacionales que regulan la garantía de defensa en juicio, no tiene eficacia, pues no se indica claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación, tarea específica a cargo del recurrente -incumplida en la especie- que no puede ser suplida por esta Corte (causas A. 71.478, "Blanco", sent. de 4-XI-2015; A. 73.247, "Olmos", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
Lo propio ocurre con la denuncia de violación a la doctrina legal que estima vulnerada. El recurso solo contiene la transcripción de sumarios provenientes de distintos fallos de esta Suprema Corte, sin cumplir con la carga de individualizar concretamente la doctrina violada ni señalar los aspectos fácticos idénticos donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar (conf. doctr. causas A. 73.228, "Vega", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego" y A. 71.328, "Cura Grassi", sents. de 26-X-2016; A. 72.685, "Portela", sent. de 7-VI-2017; A. 74.692, "Lobosco", sent. de 25-IX-2019; e.o.).
Finalmente, cabe señalar que, tanto en ocasión de apelar la sentencia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.