Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76497
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.497, "Lorenzatti, Aníbal Eduardo contra Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta por el señor Aníbal Eduardo Lorenzatti contra la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 26-V-2020).
Disconforme con este pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10 de junio de 2020, 10:22:58 a.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 23-VI-2020.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 26 de agosto de 2020, 5:32:13 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Aníbal Eduardo Lorenzatti, quien se encuentra actualmente matriculado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, inició acción de amparo pretendiendo que se le reconozca el derecho de seguir aportando como afiliado a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, CaaitBA) a partir del 23 de agosto de 2019, fecha en la que -según aduce- fue obligado a matricularse al nuevo Colegio antes mencionado, creado por ley 15.030, merced a lo cual dejó de pertenecer al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (leyes 10.416 y 11.728).
Para justificar la vía judicial elegida adujo que se encuentra en una situación de peligro y riesgo inminente ya que a partir de la fecha de matriculación en el nuevo Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (el 23 de agosto de 2019), cesó -luego de dieciséis años de afiliación y aportes computables- de estar amparado en el régimen de la seguridad social instaurado por la ley 5.920 que continúa bajo la ley 12.490, lo que provocaría una lesión a los derechos consagrados en los arts. 14, 14 bis, 33, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 12, 20 inc. 2, 36 incs. 1 y 8, 37, 38, 39 inc. 3, 40, 56 y 57 de la Constitución provincial (v. demanda a fs. 3/13, con cargo de fecha 1 de septiembre de 2019).
Asimismo, solicitó como medida cautelar la prohibición de innovar en la calidad y en el carácter de afiliado activo a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, a la cual se encuentra afiliado desde hace dieciséis años, a fin que se le permita seguir aportando a ella (conf. art. 230, CPCC).
Por resolución de fecha 13-IX-2019 el tribunal interviniente hizo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó a la Caja demandada no innovar en la calidad de afiliado activo de Aníbal Eduardo Lorenzatti.
II. Con posterioridad, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, ordenó a la demandada mantener la referida condición de afiliado del amparista hasta que se legisle esta situación o se cree una Caja de Previsión para los ingenieros agrónomos y forestales.
Para así decidir, consideró arbitraria la decisión de la Caja demandada a partir de la comunicación cursada al afiliado Lorenzatti en los siguientes términos: "En el marco de la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales -ley 15.030- se informa que a partir de su matriculación en el nuevo Colegio o del 30 de agosto de 2019 (fecha que el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, procederá a dar de baja las matrículas de los ingenieros Agrónomos y Forestales), deberán realizar aportes a la ANSeS, ya que no está contemplado por la ley 12.490 que los ingenieros agrónomos y forestales sigan aportando a esta Caja (de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2° b, 2 y 3° b, 4 de la ley nacional 23.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y art, 2° y 5° de la ley 12.490 [...] Cabe aclarar, que hasta la fecha de matriculación en el nuevo colegio (o desde el 30 de agosto del corriente), deberán cumplir con todas las obligaciones que poseen con la Caja, por eso todas las deudas anteriores a la matriculación en el nuevo Colegio, se deberán cumplimentar, como aportes por contratos, CMAO, etc., aún cuando ya estén matriculados en el nuevo colegio. Es importante destacar que los aportes realizados a la CaaitBA servirán para su jubilación, cualquiera sea la caja a donde aporte en el futuro. Cualquier inquietud al respecto puede canalizarla ingresando en su espacio Autogestión Menú: Consultas Online y selecciones el tema Datos personales y Matrículas, para su correspondiente análisis..." (v. comunicación a fs. 22 y fe de erratas a fs. 23; el destacado figura en el original).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado que había hecho lugar a la acción (arts. 20 inc. 2, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.; 1, 17, 17 bis y concs., ley 13.928 -texto según ley 14.192-, con el voto de la doctora Milanta al cual adhirió el doctor de Santis).
III.1. La citada magistrada dijo que si bien es cierto que el actor podría haber utilizado otros remedios ordinarios -reservando el pleno conocimiento del debate a esos carriles- también lo es que del análisis del caso, en el acotado y específico aspecto al que circunscribe el tribunal de grado el ingreso al fondo del asunto, la baja o desvinculación impuesta al actor de la órbita de la Caja demandada y su eventual derivación a un sistema ajeno al derecho local, genera desmedro actual de su estado afiliatorio en ese orden y provoca incerteza de su situación previsional (aportes anteriores y futuros, régimen legal, beneficios accesibles, requisitos, entre otros aspectos que suponen esa abrupta exclusión de hecho).
Destacó, además, que la sentencia de grado ponderó que la ley 15.030 no ha modificado expresamente la ley 12.490, que en su art. 1 claramente establece que quedan involucrados los ingenieros agrónomos y, si bien en el art. 2, no menciona a los colegiados en la nueva entidad creada por la ley 15.030 (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales), no es porque derogue el alcance del art. 1, sino porque el nuevo Colegio no existía al momento en que se sancionó la ley 12.490.
Consideró que derivar, como consecuencia no prevista por la ley 15.030, la modificación del alcance del art. 1 de la ley 12.490, no tiene justificación alguna e implica una decisión arbitraria por falta de base en normativa adecuada, capaz de lesionar los derechos consagrados por los arts. 39 inc. 3 y 40 de la Constitución de la Provincia, sobre todo cuando las leyes de colegiación profesional tienen propósitos del todo ajenos a los de las cajas previsionales, que incluyen además beneficiarios que no son únicamente los matriculados. Añadió que el obrar de la demanda es una decisión adoptada de hecho, y lo calificó como una actuación material sin soporte jurídico.
Entendió que el tema estaba focalizado únicamente respecto del estado previsional del actor tras la mera información cursada sobre su repentina no pertenencia al régimen local y su eventual incorporación al sistema nacional, sin norma legal que así lo establezca, ni acto aplicativo y fundamentado en cuya virtud se decidiera la baja.
Destacó que la recepción por el afiliado de una mera información que conlleva y comunica su baja del sistema local al que se hallaba incorporado desde hace muchos años, sin las formalidades y garantías de un procedimiento en el que hubiese podido intervenir y del cual resultara como desenlace la adopción de la decisión consecuente (art. 15, Const. prov.), le ha impedido tomar adecuado conocimiento previo de todas las circunstancias referidas a tan sustancial alteración de su estado afiliatorio al régimen previsional de la demandada. Ello en resguardo, no sólo de los derechos sustantivos que el amparista esgrime, sino también del plexo de garantías que integran el debido proceso adjetivo: ser oído "antes" de adoptarse cualquier decisión que pueda agraviarlo, amén de alegar y probar en defensa de cuanto considere necesario una vez emanada y debidamente impuesta al interesado con posterioridad. Sobre todo, teniendo en mira que la solución alcanzada en la presente se delimita a la conservación del estado en que se hallaba el actor.
Consideró que se le ha impedido al amparista tomar conocimiento previo de las circunstancias referidas a una sustancial alteración de su estado afiliatorio. Halló vulnerados los principios de interpretación que rigen la materia (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
III.2. En igual sentido, el doctor De Santis en adhesión al voto anterior, explicó que la mera interrupción de la afiliación del actor justificaba la procedencia de la vía intentada.
Por otra parte, entendió que la plataforma fáctica -que no se encuentra controvertida-, permite advertir que corresponde que el actor se mantenga dentro del régimen local, hasta tanto se establezca otro que lo comprenda y le dé continuidad.
Compartió con el tribunal de grado el argumento en torno a que, en el acotado ámbito de decisión del asunto, que limita su examen a la continuidad de la afiliación a su sistema previsional, procede resguardar la situación del actor, quien ha realizado sus aportes durante dieciséis años a la CaaitBA, regulada por ley 12.490 (v. art. 1). Ello, atento la falta de una decisión formalizada que excluya la configuración de una mera actuación material, en consonancia con la ausencia de sustento específico legal en la mencionada comunicación de la Caja demandada, toda vez que de las leyes 15.030 y 12.490 no se deriva concretamente el desplazamiento de los afiliados del sistema previsional -instituido y en funcionamiento- hacia un régimen ajeno al de los profesionales del derecho local. Ello, en el limitado espacio de conocimiento relativo a la situación del amparista (art. 20 inc. 2, Const. local).
Resaltó que no puede inferirse -de los términos de las normas antes mencionadas- que el señor Lorenzatti quede sin caja previsional o bajo la cobertura del sistema nacional -ANSeS-.
Concluyó que el obrar de la demandada resulta, como lo calificó el tribunal de grado, una decisión adoptada de hecho, una actuación material sin soporte jurídico, que se exhibe con manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, en desmedro de la situación del amparista y en pugna con los arts. 15, 39 inc. 3 y 40 de la Constitución provincial y 17 y 18 de la Constitución nacional, configurando así la vía de hecho susceptible de ser reparada a través de la acción de amparo, en tanto, al privarlo de su estado afiliatorio de ese modo, se cercenan -sin justificación- ámbitos fundamentales de sus derechos relativos a la seguridad social, a la propiedad y al debido procedimiento y defensa.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto la parte demandada denuncia la violación de los arts. 1 y 2 inc. 1 de la ley 13.928; 20 inc. 2 de la Constitución provincial; 1, 2, 5 y 7 de la ley 12.490; 2 "b" 2 y 3 de la ley 24.241 y 2 del Código Civil y Comercial.
IV.1.a. Aduce que la Cámara violó y no aplicó, en forma absurda, los arts. 1 y 2 inc. 1 de la ley 13.928; 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 43 de la nacional, en cuanto exigen la vulneración de un derecho de raigambre constitucional para la procedencia de esta vía procesal. Alega absurdidad en la aplicación de las normas citadas.
Agrega que en todos los casos la acción de amparo es excepcional y supletoria de otro proceso, por cuanto es viable "...siempre que no pudieran utilizarse [...] los remedios ordinarios (arts. 1, ley citada y 20 inc. 2, Const. prov.) o, a contrario sensu , no será admisible cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable (art. 2 inc. 1)".
Aduce que la doctora Milanta en los fundamentos de su voto al decir "...si bien es cierto que el actor podría haber utilizado otros remedios ordinarios [...] he de coincidir con la solución propuesta por el juez preopinante...", no obstante reconocer la mentada exigencia legal y constitucional, se apartó de los textos expresos, objetivos e indubitables de las normas expuestas y habilitó la instancia judicial, sin fundamento.
IV.1.b. Por otra parte, entiende que no existe urgencia que justifique la necesidad de utilizar la vía expedita y excepcional del amparo por cuanto el actor no goza de ningún beneficio previsional que haya sido violentado o amenazado y no es beneficiario de una jubilación ordinaria o extraordinaria y, para que el amparista pueda disponer de los fondos capitalizados, necesita contar con sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años con aportes previsionales iguales o superiores a la cuota mínima anual obligatoria (arts. 26 inc. "a"; 43 y 44, ley 12.490) y el señor Lorenzatti tiene sólo dieciséis años de aportes y cuarenta y nueve años de edad.
IV.1.c. En otro orden, se agravia sosteniendo que ninguno de los derechos referidos por la doctora Milanta en su voto fueron adquiridos por el actor y tampoco integran su patrimonio y su propiedad. Entiende que en todos los casos están en expectativa y, por eso, pueden ser alterados por leyes posteriores.
En particular, cuestiona que la sentencia recurrida sólo reconoce como derecho del amparista el de ser afiliado al sistema de previsión establecido por la ley 12.490 y arguye que el estado afiliatorio del señor Lorenzatti no puede ser un derecho adquirido y de carácter constitucional. En sustento de su postura invoca precedentes de esta Corte (causas B. 53.571, "Córdoba de Lacolla", sent. de 18-IV-1995; B. 55.436, "Leiderman", sent. de 30-VIII-1996; I. 72.409, "Siderca ", sent. de 6-XI-2019; B. 62.471, "Oreópulos", sent. de 20-XII-2017; A. 72.807, "Mendez", sent. de 5-IV-2017; e.o).
Sostiene que el actor no ha perdido los aportes previsionales, porque estos son susceptibles de ser computados a los afectos de acceder a algún beneficio que permita su utilización, tal como lo expresó en la comunicación remitida a los ingenieros agrónomos y forestales, transcripta en la sentencia atacada.
Tilda de absurdo el párrafo del voto cuestionado, cuando expresa "...que el amparista quede sin caja previsional o bajo la cobertura del sistema nacional -ANSeS-...".
Entiende que si el actor no está comprendido en un régimen especial como el de la Caja de Ingenieros (ley 12.490), integra el sistema previsional nacional, por lo que no se encuentra desprotegido.
En ese sentido, señala que existen en la Provincia de Buenos Aires numerosas profesiones colegiadas que no cuentan con sistemas previsionales propios, con lo que sus matriculados se encuentran incorporados al régimen nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -ley 24.241-. Entre ellas, los gestores (ley 7.193); los fonoaudiólogos (ley 10.757); los ópticos (ley 10.646); los obstetras (ley 11.745) y los traductores públicos e intérpretes (ley 12.048).
Concluye que no es un derecho adquirido y reconocido constitucionalmente la afiliación del actor al sistema de previsión establecido por la ley 12.490.
IV.2. En otro orden denuncia la violación de los arts. 1, 2, 5 y 7 de la ley 12.490.
Aduce que la sentencia atacada vulneró el art. 1 de la ley 12.490 porque es en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, creado por ley 15.030, donde el actor debe matricularse para ejercer la profesión y los matriculados en dicha institución no están comprendidos dentro de los afiliados a la Caja demandada, de acuerdo a los claros y terminantes textos de los arts. 2, 5 y 7 de la ley 12.490.
Entiende que no es razonable sostener -como lo hace el voto mayoritario de la Cámara- que cuando el citado art. 1 dice "Ingenieros" significa que quedan incorporados los ingenieros agrónomos.
Recuerda que, a la diferencia entre los ingenieros, se refirieron los fundamentos que sirvieron para la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (ley 15.030).
Sostiene que el legislador consideró que los ingenieros agrónomos y forestales deben matricularse en una institución distinta a los ingenieros vinculados a la construcción, precisamente porque su materia de conocimiento y su ejercicio profesional tienen "particularidades propias". Considera que la Cámara entendió lo contrario al fundar su postura y, por ello, violó y no aplicó las normas legales vigentes.
Arguye que la voluntad de la ley 15.030 fue separar las profesiones tanto en materia colegial como previsional y se agravia porque la sentencia atacada se esfuerza por resolver lo contrario interpretando absurdamente el art. 1 de la ley 12.490.
Destaca que el art. 1 de la mencionada ley sólo se refiere a la denominación y naturaleza jurídica de la Caja demandada y no a quienes son sus afiliados; el art. 2 a su objeto; el art. 5 a los afiliados y beneficiarios y el art. 7 a la nómina de afiliados y legajos individuales.
Aduce que la Cámara violó la aplicación del art. 1 por cuanto su denominación es utilizada para determinar quiénes son sus afiliados, en contradicción con otras disposiciones de la misma ley que se refieren expresamente a ellos (arts. 2, 5, 7, cits.), las que -según aduce la recurrente- deben ser interpretadas en su conjunto.
IV.3. Asimismo cuestiona la falta de aplicación de los arts. 2, 5 y 7 de la ley 12.490.
Arguye que si la sentencia atacada consideró que el derecho vulnerado al señor Lorenzatti es el de permanecer afiliado al sistema previsional de la Caja demandada, debió aplicar los referidos artículos, en particular el art. 5 en cuanto establece que "...La afiliación es obligatoria y se cumple automáticamente por la incorporación en las respectivas matrículas de los entes de la colegiación citados en el art. 2 de esta ley...".
En ese orden, califica de absurdo por irrazonable el criterio interpretativo de la Cámara sobre dichas normas y denuncia que el Tribunal de Alzada violó el art. 2 del Código Civil y Comercial. Invoca la doctrina emergente de las causas B. 59.890, "Navarro", sentencia de 14-X-2009 y B. 69.922, "Miño", sentencia de 9-IX-2009.
IV.4. Por último, se agravia de lo resuelto por la sentencia impugnada en cuanto consideró que la demandada no dictó un acto administrativo y, por ello, violó sus obligaciones y el derecho de defensa del actor. Al respecto, sostiene que fue la ley 15.030 la que excluyó al amparista entre los afiliados al sistema bajo su administración (ley 12.490).
Destaca, como lo sostuvo el magistrado que votó en minoría, que el legislador no omitió considerar la situación previsional de los ingenieros agrónomos y forestales que se incorporaron al nuevo Colegio ya que corresponde aplicar la norma general instrumentada en la ley 24.421, que en su art. 2 inc. "b" 2 tiene obligatoriamente incorporados al régimen nacional, entre otros, a los profesionales. Solo esta afiliación se transforma en voluntaria cuando existe un régimen obligatorio provincial al que deban afiliarse.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.