Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75137
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.137, "Leiva, Mirta Noemí y otros contra Provincia de Buenos Aires y otro sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechazó el incoado por la Fiscalía de Estado. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en lo relativo a los montos indemnizatorios y la confirmó en lo restante (v. fs. 522/554).
Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 24 de noviembre de 2017, agregada a fs. 567/574), cuya concesión fue denegada por la Cámara interviniente con fundamento en la insuficiencia del agravio a los fines de su impugnación (v. resol. agregada a fs. 575/576).
Frente a ello la Fiscalía de Estado se volvió a alzar, esta vez mediante queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 630/634), la que fue acogida por esta Corte mediante la resolución de fecha 5 de diciembre de 2018 (v. fs. 639/640).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 675/685, dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 17 de noviembre de 2021, en el sistema Augusta), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria promovida por la parte actora contra el señor Adrián Andrés Gon y la Provincia de Buenos Aires, como consecuencia del homicidio de la señora Delfina Curuil (quien en vida fuera la madre y la abuela, respectivamente, de los demandantes) ocurrido el día 2 de marzo de 2009 en la ciudad de Bahía Blanca. En consecuencia, condenó a los codemandados a abonar a los actores, en los porcentajes y montos establecidos en el punto VII de la sentencia agregada a fs. 449/459, los rubros resarcitorios allí establecidos con más intereses.
Señaló que el codemandado Adrián Andrés Gon fue declarado penalmente responsable del homicidio debiendo responder por los daños padecidos por los actores del sub judice (conf. arts. 1.079, 1.084 y 1.085, Cód. Civ. entonces vigente).
Paralelamente, ponderó que se encontraba acreditada la responsabilidad estatal por falta de servicio, estableciéndola en un veinte por ciento (20%), atento a ciertas irregularidades de las autoridades provinciales en la tramitación de las denuncias detalladas en el considerando IV.I. del fallo (cfr. art. 1.112, Cód. Civ. entonces vigente).
Dicho pronunciamiento fue apelado por ambas partes, la actora a fs. 470/481 y la demandada a fs. 483/489.
Los agravios de la parte actora consisten en: a) la indebida limitación de la responsabilidad impuesta al Estado provincial; b) la errónea división de los rubros indemnizatorios, los que no fueron reclamados con exclusividad a ninguno de los codemandados (gastos de sepelio reclamados al demandado Gon y daño moral a la Provincia de Buenos Aires) y, por último, c) la cuantificación del daño moral reconocido y el cálculo de los intereses.
Por su parte, la Fiscalía de Estado impugnó la responsabilidad que le fuera endilgada, señalando que no cabe reproche alguno al Ministerio Público Fiscal por su actuación en el marco de las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias efectuadas por la señora Curuil y su hijo.
Advirtió, asimismo, la falta del nexo causal entre cualquier tipo de omisión de prevención que pudiera imputársele a los agentes estatales que intervinieron en las denuncias efectuadas ante la autoridad pública y el homicidio objeto del litigio.
Por último, y de manera subsidiaria, cuestiona el monto del daño moral.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -por mayoría- rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y admitió solo parcialmente el recurso de apelación de la parte actora.
En consecuencia, elevó los montos indemnizatorios (gastos de sepelio y daño moral) fijados por el señor juez de primera instancia y confirmó lo restante.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada afirmó que se encuentra acreditado un supuesto de responsabilidad del Estado por omisión. En ese sentido, señaló que las autoridades públicas provinciales -en particular los funcionarios del Ministerio Público- tuvieron conocimiento de un riesgo cierto para la integridad física y la vida de la víctima, en tanto estaba constatado un motivo directriz en el agresor, cuya intención fuera la de vengar la muerte de su hermano, quien perdiera la vida en un suceso en el cual se imputara a un hijo de la víctima, la señora Delfina Curuil.
Refirió a un contexto de peligrosidad tanto en el homicida como en el entorno donde se sucedieron los hechos. Ponderó el conocimiento de las autoridades policiales y judiciales -en reiteradas ocasiones- de eventos que protagonizaron el codemandado Gon y quien finalmente fuera su víctima.
Señaló irregularidades en la tramitación de las causas originadas a partir de las denuncias efectuadas por la señora Curuil, junto con una inadecuada actitud asumida por los funcionarios del Estado, quienes apreciaron incorrectamente los hechos, todo lo que -a la postre- les impidió advertir que el acoso y amedrentamiento que sufriera la víctima pudiera derivar -y derivó- en la perpetración de un femicidio.
Por las razones señaladas, la mayoría del tribunal a quo mantuvo la imputación de responsabilidad del Estado y los porcentuales de incidencia causal que fijó el señor juez que previno, rechazando el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial.
Asimismo, acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo relativo al resarcimiento por el daño moral. En coincidencia con el razonamiento del señor juez de primera instancia, tuvo por probado el daño moral sufrido por los coactores -sin efectuar distingo alguno entre ellos-, toda vez que resulta evidente el quebranto espiritual que les ocasionó la abrupta muerte de la señora Curuil.
Indicó que la magnitud de la indemnización en este rubro no se determina en base a cánones objetivos, sino que corresponde al juzgador efectuar una valoración, considerando que en el particular caso de autos debía elevarse el monto determinado por el señor juez de grado a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) para cada uno de los hijos y de cincuenta mil pesos ($50.000) para cada uno de los nietos de la señora Curuil. No obstante, mantuvo los porcentajes de condena en un veinte por ciento (20%) al Estado provincial y en un ochenta por ciento (80%) al codemandado Gon.
Por último, señaló que la tasa de interés fijada por el señor juez no excluye -en principio- la utilización de la "tasa pasiva digital" solicitada por los actores, agregando asimismo que para calcular los intereses moratorios deberá utilizarse la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (conf. doctr. de la mayoría, causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia la errónea aplicación de los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 901 y 906 del Código Civil -ley 340- entonces vigente y 1, 26, 35, 36 y concordantes de la ley 12.061.
Asimismo, señala que se han transgredido los arts. 9 y 15 de la Constitución provincial y 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Se agravia de la errónea aplicación de la doctrina emergente de las causas C. 101.032, "Sandoval", sentencia de 18-II-2009; C. 98.961, "Gasparoni", sentencia de 18-V-2011 y C. 101.224, "Dillon", sentencia de 26-VIII-2009, que fueran citadas por el voto que concitó la mayoría, cuya plataforma fáctica en dichos precedentes difiere de la del caso analizado en autos.
Denuncia absurdo, por cuanto entiende que la sentencia impugnada ha desinterpretado los hechos aportados a la causa.
Sostiene que la Cámara incurrió en dicho vicio al no considerar el intervalo de once (11) meses acontecido entre la última denuncia y la muerte de la señora Curuil, como extremo determinante y demostrativo de que no hubo un riesgo cierto, concreto y persistente, tal como sostiene el voto mayoritario en el punto II.1. del pronunciamiento de fs. 522/554.
En este sentido considera relevante el tiempo transcurrido sin nuevas amenazas denunciadas, circunstancia que -a su juicio- disminuye el "cuadro de peligro", más aún si se considera que aquellas ocurrieron inmediatamente después de la supuesta intención del señor Andrés Gon de vengar la muerte de su hermano, por cuyo suceso se imputara a un hijo de la señora Curuil, las que luego cesaron.
Menciona diversas diligencias llevadas a cabo por el personal policial, así como también otras constancias producidas en los procedimientos investigativos que se llevaron a cabo.
Afirma que de manera alguna puede tipificarse el caso de autos como un femicidio pues se trata de un homicidio cometido hacia una mujer cuya condición fue irrelevante para la perpetración del delito.
Califica de errónea la ponderación del voto mayoritario respecto de la clara y concreta individualización que se reputa irregular para la procedencia de la indemnización por falta de servicio, toda vez que dicha carga procesal fue incumplida por la parte actora, vulnerándose de ese modo el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Destaca que no puede inferirse que, luego de once meses de la última denuncia, la acción u omisión del Estado tenga la aptitud para obrar como antecedente del daño, vulnerándose de ese modo el art. 901 del Código Civil entonces vigente.
Advierte que carecen de toda lógica los argumentos tendientes a explicar que el homicidio de la señora Curuil constituye una consecuencia inmediata de la acción u omisión antijurídica del Estado.
Aduce que surge con evidencia que no existe nexo causal adecuado entre los hechos denunciados y el homicidio perpetrado por el codemandado, toda vez que no se identificó qué segmento en la actuación de los procedimientos que se llevaron a cabo se considera antijurídico y productor de los daños que la parte actora reclama.
Indica, en ese sentido, que el decisorio alude a reproches genéricos en torno a la incapacidad del Estado de prevenir un resultado, pero no especifica en qué radica ese deber concreto de actuación frente a los antecedentes puestos en conocimiento de las autoridades públicas ni cuáles fueron las deficiencias u omisiones en las que se hubiera incurrido.
Puntualiza que la mayoría de la Cámara interviniente hizo hincapié en el triste resultado y a partir de allí construyó su argumento para hacer partícipe de la responsabilidad al Estado, lo cual implica -a juicio del recurrente- comprometer la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial.
Reitera que, según las reglas de la lógica y de la experiencia, los once meses transcurridos a partir de la última denuncia indican que nada hacía pensar que pudiera ocurrirle un daño a la víctima.
Por último, se interroga acerca de qué medidas pudo haber tomado el Estado ante las denuncias efectuadas, las cuales fueron debidamente recepcionadas y tramitadas por el Ministerio Público Fiscal, de conformidad con lo establecido por el Código ritual penal.
Detalla que de las investigaciones llevadas a cabo a raíz de las denuncias efectuadas por la señora Curuil y su hijo Néstor Fabián Leiva, no se obtuvieron los elementos fácticos necesarios para requerir algún tipo de medida de coerción personal contra el señor Gon.
Denuncia que existe un supuesto de gravedad institucional al poner en tela de juicio la actuación del Ministerio Público.
IV. Corrido el traslado de ley, a fs. 675/685 dictaminó el señor Subprocurador General.
V. Por los motivos que seguidamente se desarrollan, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no puede prosperar (art. 279, CPCC).
V.1. Preliminarmente he de advertir que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (cfr. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
V.2. En lo sustancial, corresponde recordar que este Tribunal tiene dicho que la determinación de la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño, como también su ruptura constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre su evaluación en forma absurda (causas A. 71.254, "Luna", sent. de 4-XI-2015; A. 71.946, "Mollo", sent. de 30-III-2016; A. 69.072, "Peralta", sent. de 31-VIII-2016; A. 73.115, "Breglia" y A. 71.890, "Lanusse", sents. de 28-XII-2016 y A. 72.056, "Arce", sent. de 23-V-2017).
El señalado vicio hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (doctr. causas A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017; A. 75.397, "Arias", resol. de 6-XI-2019; A. 75.869, "San Miguel", resol. de 13-V-2020).
En la especie, la Fiscalía de Estado plantea que los señores jueces que confirmaron el decisorio de primera instancia en lo ateniente a la responsabilidad endilgada al Fisco, omitieron considerar el lapso temporal que transcurrió entre la última denuncia efectuada contra el codemandado Gon y el homicidio de la señora Curuil.
Entiendo que ello lejos está de acreditar la existencia del desvío lógico en la conclusión a la que arribó la mayoría al considerar que las denuncias efectuadas por la víctima constituyeron una "alerta temprana" que tuvo el Ministerio Público sobre un cuadro fáctico de peligro que ameritaba un accionar preventivo, a fin de proteger la integridad física de la denunciante.
En esta parcela, los agravios expuestos en la pieza recursiva sugieren un criterio disímil al sustentado por el Tribunal de Alzada con relación a la responsabilidad estatal, basada en la inercia y desinterés de los funcionarios y autoridades públicas ante las reiteradas oportunidades en las que la víctima requirió intervención ante un cuadro fáctico de agresión y potencialidad dañosa.
En efecto, la recurrente se ha desentendido del iter lógico seguido por la Cámara, en relación con el grado de la participación causal del Estado provincial en el fatal desenlace, argumentando en paralelo y evidenciando una mera disconformidad con lo decidido, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo.
V.3. En referencia a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
De tal modo, resulta insuficiente la parcela recursiva que se limita a formular la infracción de normas legales y constitucionales (disposiciones que rigen el procedimiento penal provincial y la ley del Ministerio Público Fiscal 12.061), sin demostrar de qué manera el pronunciamiento impugnado las aplicó erróneamente.
Paralelamente, cabe señalar que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales -en la especie los arts. 9 y 15 de la Constitución provincial y 17, 18 y 31 de su similar nacional- no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 75.562, "Díaz", sent. de 10-VII-2019; A. 74.738, "Guidotti", sent. de 28-VIII-2019; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
En efecto, la pieza recursiva alude al deber genérico del Ministerio Público Fiscal para defender los intereses de la sociedad, prevenir el delito, resguardar los valores jurídicos consagrados en las leyes y en la Constitución y garantizar el servicio de justicia, pero no rebate de manera alguna la línea argumental en la que se asienta "la fotografía completa" de las Investigaciones Penales Preparatorias que el doctor Riccitelli detalla pormenorizadamente en el punto II.1. de su voto.
V.4. Por último, no satisface la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la denuncia relativa a la errónea aplicación de la doctrina de este Tribunal, que en el punto VI de la pieza recursiva cita.
No solo omite desarrollar tal aserto, sino tampoco señala de qué manera han sido erróneamente aplicados y cómo es que los citados precedentes no se relacionan con las condiciones fácticas y jurídicas de la presente.
Desde esta perspectiva la afirmación enunciada de manera genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa merece el rechazo.
V.5. Finalmente, más allá de tratarse de un asunto generalmente ligado a la admisibilidad del remedio extraordinario, he de advertir que no puede admitirse la existencia de gravedad institucional por verse involucrada la actuación del Ministerio Público Fiscal, toda vez que el planteo no ha sido objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. causas A. 69.413, "R., G.", sent. de 17-VIII-2011; A. 71.534, "L., O. M.", sent. de 22-V-2013 y A. 72.378, "López", sent. de 21-XII-2016).
VI. Por los fundamentos expuestos, no habiéndose acreditado la errónea aplicación de las normas denunciadas ni el absurdo invocado, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Los presentes actuados discurren a fin de determinar la existencia de un supuesto de responsabilidad estatal -a los efectos indemnizatorios- ante la omisión de la actividad de autoridades públicas que desencadenaron en el homicidio de la señora Curuil. En tal sentido las decisiones registradas en las instancias anteriores tuvieron por acreditada la inactividad provincial pese al conocimiento efectivo y anterior de un riesgo cierto para la integridad física y la vida de la víctima.
II. En primer orden debo remarcar que la enrostrada responsabilidad directa basada en la falta de servicio, definida como una violación o anormalidad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.