Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75943
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.943, "Romero, Ana Clara contra D’Orasio Oscar y otro sobre materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la pretensión indemnizatoria promovida en autos. Impuso las costas a la demandante vencida, conforme lo normado en el art. 51 de la ley 12.008 -texto según ley 14.437- (v. sentencia de fecha 3 de abril de 2019).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24 de abril de 2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2019.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 21 de septiembre de 2020, 01:23:44 hs.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la acción promovida.
Consideró que conforme las pruebas obrantes en autos, la culpa de una de las víctimas -el conductor de la camioneta en la que se desplazaba la señora Romero- había incidido en la génesis del accidente y que ello había producido la exclusión total de la relación de causalidad entre los daños ocurridos y el riesgo propio del convoy.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó esa decisión.
III.1.a. Señaló que esta Suprema Corte tiene dicho que los perjuicios causados por los trenes en movimiento se rigen por las previsiones del art. 1.113, segundo párrafo parte final del Código Civil (entonces vigente), que regula los daños originados por el riesgo de la cosa (conf. doctr. causa Ac. 84.612, "Balbuena", sent. de 3-III-2004). Resaltó que es lógico considerar que los trenes en movimiento son cosas generadoras de riesgo y, por ende, que los perjuicios que se deriven de su circulación dan pie a la responsabilidad objetiva de la empresa ferroviaria.
Entendió que, de acuerdo al régimen establecido por la norma citada, la parte actora debe probar la existencia del daño, el riesgo de la cosa, la relación de causalidad entre uno y otro, y que el litigante contrario es dueño o guardián de aquella.
Indicó que, acreditados dichos extremos, para fracturar o al menos limitar la relación de causalidad, la demandada necesitaba demostrar el hecho autoperjudicial de la víctima, el hecho relevante de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa.
III.1.b. Puso de relieve que, sin perjuicio de ello, no podía desconocerse que la circulación ferroviaria presentaba características especiales. Por un lado, que los trenes transitan en terrenos propios de las empresas ferroviarias y por un camino de rieles que le es exclusivo, motivo por el cual los vehículos o personas que pretendan traspasar las vías deben previamente introducirse y atravesar esos espacios reservados. Por otro, que esas formaciones carecen de posibilidades de maniobra elusiva -por llevar un recorrido no modificable espontáneamente- y de detención inmediata -por su velocidad, peso, extensión, fuerza de arrastre y lentitud de reacción-, es decir, no resulta factible tener un efectivo control de estas.
De allí, destacó la Cámara que corresponde exigirles, a quienes vayan a ingresar al sector del ferrocarril, un riguroso grado de precaución (cfr. art. 512, Cód. Civ., entonces vigente) y que, ante un cruce, el maquinista puede proseguir su marcha.
Aseveró que las conductas mencionadas, además de encontrarse impuestas por normas de prudencia general, también son exigidas por la ley 11.430, vigente en el momento del hecho ventilado en autos, y por ello aplicable al caso.
Citó que el art. 60 de la citada ley prescribe que: "Los cruces de paso a nivel se harán a marcha precaucional y a menos de veinte kilómetros por hora, guardando el ordenamiento de la fila formada durante la espera de la apertura de barrera. En los cruces donde no exista barrera, el conductor del vehículo avanzará previa comprobación de que no se aproxima ningún tren por ambos sentidos..." y agregó que el art. 77 inc. 6 apartado "b" de la misma norma determina que: "En los pasos a nivel sin barreras ni semáforos, la velocidad precautoria nunca será superior a veinte kilómetros por hora y ello, después de asegurarse el conductor que no se aproxima tren".
III.2. Afirmó que no llegó controvertido al Tribunal de Alzada que el accidente tuvo lugar el día 21 de abril de 2011, aproximadamente a las 06:00 hs., en la ruta provincial n° 50 -en sentido norte a sur- y el cruce con las vías del ferrocarril, lugar al que se lo ha calificado como zona rural y se ha indicado que carece de barreras; que la formación ferroviaria n° 9.063, perteneciente a la empresa pública Ferrobaires y que circulaba a velocidad reglamentaria cuando embistió a la camioneta Ford Ranger -dominio EDT368- en la que viajaba la señora Romero ni que, con motivo de tal suceso, perdieron la vida los restantes cuatro ocupantes -padres, hermano y amiga de la actora-.
III.3. Advirtió que los agravios de la apelante giraban alrededor de la valoración de probatoria efectuada por el señor juez de grado, sobre las que el juzgador tiene un amplio margen de apreciación y que puede inclinarse por lo que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, no estando obligado a seguir a las partes en todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino solo las pertinentes para resolver lo planteado.
III.4.a. Precisó que la apelante básicamente criticó que el señor juez de grado hubiera establecido como ciertos: la inexistencia de malezas, la buena visibilidad al momento del accidente y la presencia de señalamiento preciso del lugar en relación con el cruce ferroviario. Señaló que la actora consideró discutidos los referidos hechos, a partir de lo que surge de los testimonios rendidos en la IPP 17-00-001782-11 y en esta causa.
Observó que el apelante pretendió desacreditar algunas declaraciones testimoniales brindadas en las actuaciones penales pero que, sin embargo, tal cuestionamiento no podía ser admitido. Aclaró que, si bien es cierto que las declaraciones prestadas en el proceso penal carecían de valor en el civil si no fueran ratificadas en esta última jurisdicción con el contralor de los litigantes, ello se veía excepcionado cuando ambas partes hubieran coincidido en el ofrecimiento de la causa penal como prueba (cfr. doctr. causa C. 96.346, "Semenera", sent. de 13-VIII-2008), circunstancia que -en este caso- se encontraba acreditada.
Recordó que el valor de las actuaciones penales -por el principio de adquisición procesal- quedaba admitido por ambas partes en calidad de hecho integrante de la relación procesal y tenía eficacia en el juicio civil y, a partir de ello, no podía ninguna de ellas disconformarse con lo que le resultara adverso y quedarse con la que le favorecía (conf. doctr. causas C. 104.064, "Ramirez", sent. de 14-IX-2011 y C. 120.650, "Ricart", sent. de 12-VII-2017).
Por otro lado, con relación a las objeciones formuladas sobre los testimonios brindados en la causa penal resaltó que la calidad de dependiente o empleado constituye una tacha relativa y no absoluta, que puede obligar a una valoración más rigurosa pero que en modo alguno apareja la descalificación del testigo (conf. arts. 439 y 456, CPCC, aplicables por remisión del art. 77 inc. 1, CCA).
III.4.b. El Tribunal de Alzada puso de relieve que la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de la sana crítica, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, y coincidió con la apreciación que de las declaraciones testimoniales efectuara el magistrado de primera instancia.
III.5.a. Asimismo, estuvo de acuerdo con el señor juez de grado en cuanto a que la inexistencia de barreras en el lugar del hecho se encontraba justificada por tratarse de una zona rural, calificación que había llegado sellada al Tribunal de Alzada.
Sostuvo que la Ley General de Ferrocarriles 2.873 imponía en el art. 5 inc. 8, entre los deberes de la empresa ferroviaria, el de establecer barreras o guardaganados en todos los puntos en que los ferrocarriles cruzasen los caminos o calles públicas y que, con posterioridad, la norma fue modificada por la ley 22.647 que relevó a las mentadas empresas del deber de colocar barreras en todos los pasos a nivel.
Expresó que, a partir de entonces, la inexistencia de barreras no determinaba, por sí misma, la responsabilidad por los accidentes ocurridos, sino cuando, por circunstancias especiales, hubiese resultado necesaria su colocación, situación que no advertía en la zona rural donde se produjo el hecho dañoso.
Señaló la recurrente que, al momento del hecho, existían malezas de una altura considerable y que esa circunstancia, agravada por la presencia de neblina en la madrugada, habría impedido que los vehículos implicados se divisaran con la antelación suficiente para evitar el siniestro. No obstante, la Cámara, luego de evaluar la prueba acompañada (declaraciones testimoniales, acta policial y fotografías), apreció que tanto el espacio correspondiente al paso a nivel como su cercanía, se encontraban libres de malezas al momento del accidente y que recién pueden apreciarse pastos de altitud en donde se detuvieron el tren y la camioneta arrollada -a doscientos metros del cruce-.
Además, puntualizó que la presencia de neblina fue mencionada en el acta policial y solo en algunas declaraciones testimoniales, pero agregó que el policía comisionado dejó constancia de que la neblina no era mucha y que había buena visibilidad. Por lo que analizada la totalidad de los elementos probatorios evidenció que mostraban apreciaciones subjetivas encontradas que impedían afirmar con certeza si al momento del incidente suscitado hubo presencia de niebla o neblina, ni tampoco el grado de visibilidad que existía en el lugar.
Observó qué cuestión podría haberse evitado si la actora hubiera ofrecido y producido informes que dieran cuenta de las condiciones climáticas existentes por entonces, lo que no ocurrió y por ello debía correr con las consecuencias negativas de tal omisión (cfr. art. 375, CPCC, por remisión del art. 77 inc. 1, CCA).
III.5.b. Estimó, en relación con la luz de la locomotora y su bocina, que los testimonios de los señores Alexander, Pintor y Visca no forman convicción acerca de su verosimilitud.
Con relación al primero de ellos, por cuanto encontró razonable la valoración efectuada por el magistrado de grado, en torno a que no pudo justificar -debido a su posición dentro del vagón y al estado somnoliento que acusara- su afirmación de que el foco del tren se había encontrado apagado y que tampoco se habían emitido señales sonoras de advertencia instantes previos a producirse la colisión.
Agregó que los restantes declarantes manifestaron haber visto pasar al tren sin luces encendidas y sin tocar bocina, pero lo habrían hecho el día anterior al accidente, por lo que no eran testigos presenciales del hecho, ni tampoco sus manifestaciones ser tomadas como indicios graves, precisos y concordantes.
Destacó, sobre los mencionados testimonios, que la eficacia probatoria de los dichos de los "testigos de oídas" es sumamente restringida, desde que solo acreditan haber escuchado un relato de boca ajena, por lo que por regla dichos elementos no merecen ser tenidos en cuenta (cfr. doctr. causa C. 98.310, "Fernández", sent. de 14-IV-2010).
Sumó a ello que el informe pericial mecánico practicado en la IPP, daba cuenta del buen estado general de la formación (v. fs. 230/231 vta.), así como también obraban en tales actuaciones declaraciones que señalaron que el maquinista efectuó reiterados bocinazos para advertir su inminente paso por el cruce (v. fs. 226/229 vta.).
III.5.c. Por último, la Cámara trató el planteo relacionado a la existencia o no de señalización en la encrucijada en donde ocurrió la colisión entre el vehículo en el que era transportada la actora y el tren que circulaba por la vía férrea, para concluir en que había señalización emplazada en el sitio -cartel de máxima de cuarenta kilómetros por hora y de un panel de prevención de aproximación con doble franja; más cercano a las vías, otro panel de prevención de aproximación con franja simple y, aún más cerca, carteles indicativos con la cruz de San Andrés apostados en ambos lados de la ruta- no obstante observar que la calzada no se encontraba alegóricamente pintada.
Apreció que la pericia mecánica practicada por el ingeniero Varela (v. fs. 574/580), a la cual la actora pretendía otorgarle un valor irrefutable, no resultaba lo suficientemente esclarecedora dado que el perito partía de una premisa que daba por verdadera la existencia de niebla en el lugar del siniestro, pero dicha circunstancia había sido refutada; además, advirtió que su análisis carecía de un adecuado rigor científico en torno a la visualización del cartel indicador de velocidad máxima y proximidad de vías férreas y que el profesional tampoco había podido determinar la velocidad de circulación de la camioneta siniestrada.
Invocó jurisprudencia de esta Corte respecto a que las conclusiones de un perito no tienen valor vinculante para el sentenciante (doctr. causa C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013) y resaltó que al juez le es suficiente, para apartarse del dictamen, comprobar que el informe pericial carece de la suficiente explicación de las operaciones técnicas realizadas o de los principios científicos que lo fundan, o de la debida concordancia con los demás elementos probatorios de la causa y que, careciendo las afirmaciones del experto de un soporte objetivo, no tienen certidumbre ni fuerza de convicción.
III.5.d. Recordó que el automovilista debe conservar en todo momento el más absoluto dominio de su máquina, reduciendo la velocidad, conformándola a la que la ley y las circunstancias lo exigen, extremando las precauciones hasta detener el vehículo, debiendo observar cualquier obstáculo que se le interponga en su camino, máxime teniendo en cuenta que, en nuestro país, es de público y notorio conocimiento que es uno de los líderes mundiales en las estadísticas de muertes por accidente de tránsito.
Sostuvo que el conductor de la camioneta debió haber cumplido con la exigencia normativa respecto a la velocidad máxima y la detención absoluta a distancia (cfr. arts. 46, 51 inc. 3, 59 inc. 9 y 77 inc. "b", ley 11.430, por entonces vigente) y no haber avanzado de manera temeraria. En este sentido, consideró que debió haberse persuadido de la señalización y representado mentalmente la posibilidad de que un tren, con prioridad de paso, se encontrara transitando por la vía.
Apreció que el contexto en el que había tenido lugar el evento -horario previo al amanecer, 06:00 hs.- exigía al automovilista una mayor atención y que, incluso de haberse sumado a tal factor la presencia de niebla de densidad considerable -como pregonara la actora y que no ha logrado demostrar-, lo cierto era que lejos de favorecer su posición, la comprometía aún más, pues el conductor que por neblina, polvo o cualquier otro motivo siente disminuida su visión, debe necesariamente detener su marcha por completo, o al menos reducirla, en la medida indispensable para poder advertir a tiempo obstáculos imprevistos.
A criterio del Tribunal de Alzada el conductor del vehículo arrollado no solo infringió la normativa vial, sino que además no conservó un adecuado control del rodado ni mantuvo la precaución general de manejo ante los riesgos propios de la circulación, razón por la que correspondía imputarle, tal como lo decidiera el señor juez de grado, la responsabilidad exclusiva por el daño, en tanto su actuación ha sido la determinante del incidente.
En consecuencia, coincidió en que en el caso no se hallaba configurado un supuesto pasible de generar responsabilidad del Estado, razón que sellaba la suerte negativa del recurso de apelación articulado.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 505, 902, 903, 904, 1.068, 1.086, 1.079, 1.084, 1.085, 1.102, 1.103, 1.111, 1.113 y concordantes del Código Civil -entonces vigente-; 34, 163, 164, 165, 166, 272, 330, 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 15, 163 inc. 5, 171 y concordantes de la Constitución provincial y 1, 14, 16, 17, 18, 19 y concordantes de la carta nacional (v. pto. IV, escrito recursivo).
Asimismo, acusa absurdo en la valoración de la prueba. Aduce que la sentencia impugnada da por sentado que el conductor de la camioneta en la que era transportada la actora -quien fue también víctima- fue determinante en la producción del evento dañoso, disociándola del resto de las circunstancias que rodearon los hechos del caso, y -a su criterio- acreditadas en autos, o que al menos cabe presumir, lo cual quiebra el cauce lógico y jurídico de la decisión adoptada.
IV.1. Arguye que la sentencia de la Cámara vulnera los arts. 1, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional, en tanto desconoce que el contenido del derecho no depende en forma exclusiva de la voluntad del intérprete de turno, fuerza una interpretación de la ley incongruente con el resto del orden normativo, soslaya el deber estatal, vulnera la garantía de debido proceso, abandona reglas procedimentales mínimas para evaluar el material probatorio y el principio de legalidad; 15 de la Constitución provincial, mediante una interpretación hiperrestrictiva de la Cámara y 163 inc. 5 y 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; omite utilizar la prueba de presunción sobre un cúmulo objetivo, coherente y sólido de indicios, y no respeta la jerarquía normativa y el principio de congruencia para el análisis de la totalidad de las pruebas producidas.
IV.2. Sostiene que la conclusión de la Cámara es producto de la desatención de la prueba producida y/o de su interpretación absurda con quebrantamiento de los arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial, olvidando en el análisis de esta que la responsabilidad de la demandada es objetiva. Reitera el material probatorio agregado en autos.
Refiere que la locomotora reviste el cará
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