Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75578
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.578, "Berardozzi, Liliana Beatriz contra Municipalidad de Malvinas Argentinas sobre Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda en lo principal (v. fs. 327/338 vta.).
Disconforme, la demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 347/366 vta.), el que fue concedido a fs. 368 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 372) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora Liliana Beatriz Berardozzi promovió demanda contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas pretendiendo la nulidad del decreto de cese y, consecuentemente, su reingreso junto con el pago de los haberes no percibidos hasta su reincorporación. Subsidiariamente, peticionó la indemnización de los daños y perjuicios por despido incausado.
I.2. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín rechazó la demanda, pues sostuvo que el vínculo entre las partes se desarrolló bajo la modalidad de agente temporario y que el decreto de baja resultaba legítimo al fundarse en las facultades conferidas al Intendente municipal por el art. 108 inc. 9 del decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-. Por consecuencia, resolvió que no correspondía la reincorporación, como así tampoco la pretensión resarcitoria, toda vez que no se verificó un obrar antijurídico de la Administración.
Con todo, sí dispuso el pago del haber de seis días del mes de enero del año 2016, con intereses. Ello, por haber quedado acreditado que la actora prestó servicios en la comuna hasta la fecha de notificación del acto administrativo que concluyó la relación laboral, ocurrida el día 6 de ese mes y año (v. fs. 276/285 vta.).
II. Apelado por la actora el pronunciamiento de grado (v. fs. 290/302), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso articulado y confirmó dicho decisorio (v. fs. 327/338 vta.).
Estimó que, si bien al momento de decidir la causa, había entrado en vigencia la nueva ley 14.656, los reclamos efectuados se hallaban encauzados temporalmente con anterioridad a la puesta en vigor de aquella, con lo cual debía aplicarse lo establecido por la ley 11.757 -Estatuto para el Personal de las Municipalidades-.
Refirió que este último, al regular el derecho a la estabilidad, distinguía entre dos grupos de agentes, diferenciando al personal permanente del temporario. Lo anterior, determinando en cada caso los derechos que le asistían a cada uno de ellos, como así también, las condiciones y modalidades de acceso. Al respecto, precisó que en autos no se había demostrado que se hubiese dado cumplimiento con los requisitos necesarios para el ingreso de la agente a planta permanente (conf. art. 4, ley 11.757).
Invocó la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte relativa al personal de planta temporaria -agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados-, afirmando que aquel participaba de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
Dijo por eso que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo entre la agente y la Administración estaba dado por la modalidad de designación. Ello, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con el carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista.
Destacó, conforme las constancias de la causa, que la señora Berardozzi -en su carácter de profesional arquitecta- se desempeñó en la Municipalidad demandada a partir del 1 de marzo de 2010, fecha en la que la actora suscribió un contrato de locación de obra con dicha comuna, con el objeto de proyectar ciento veinte viviendas, renovándose sucesivamente en dos oportunidades hasta el 31 de diciembre de 2011.
A continuación, recordó que se la designó mediante decreto 345/12 de fecha 20 de enero de 2012 como coordinadora, categoría 12, para trabajar en la Dirección de Viviendas municipal en forma retroactiva el 1 de enero de 2012, continuando en ese escalafón administrativo hasta que se ordenó su reubicación en la categoría 15 a partir del 1 de noviembre de 2015, a través del decreto 10.773/15 del 9 de noviembre de ese año. A su vez, en esta última fecha y por conducto de la ordenanza 1.610/15, se reconoció el pase automático a planta permanente de todos los trabajadores municipales que hubieren ingresado con anterioridad al 31 de octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados (art. 1).
Finalmente, reseñó que por decreto 11.853/15 de fecha 24 de diciembre de 2015, se dispuso el cese de la agente a partir del 18 de diciembre de ese mismo año, el cual le fuera notificado con fecha 6 de enero de 2016. Por su parte, la ordenanza 1.667/16, sancionada el 11 de agosto de 2016, derogó el pase a planta permanente instrumentado por la ordenanza 1.610/15.
Sobre esa base, advirtió que la actora no adquirió estabilidad en el cargo, dado que la mayor parte del vínculo con el municipio se desarrolló al amparo de contratos, en calidad de personal transitorio, además de que las referidas designaciones no le conferían aquella situación subjetiva al integrar la planta temporaria comunal (conf. arts. 12 inc. 2 "a", 92 y concs., ley 11.757).
En ese contexto, sostuvo que si se atribuyera la condición de agente permanente a quien no fue incorporado a los cuadros de la Administración municipal con los recaudos y medios de selección previstos para ello, se estaría alterando el régimen normativo aplicable (ley 11.757), por lo cual consideró que la decisión municipal de dar de baja a la actora en el empleo se enmarcó en la potestad prevista en el art. 101 del mencionado orden legal.
Razonó que la sanción de la ordenanza 1.610/15 -que reconoció el pase automático a planta permanente de coordinadores y becados (art. 1)- no cambiaba la postura sustentada en este decisorio respecto a que la demandante no había demostrado que obtuvo estabilidad en el cargo. Mantuvo que ello era así, pues, de un lado, dicha ordenanza fue dictada con alcance general, en tanto que la mentada designación supone un acto administrativo expreso de designación; y, de otro, que no obtuvo la alegada permanencia ya que, de acuerdo al ordenamiento aplicable, la estabilidad no se adquiere por acreditar un año en la función, sino al año de haberse dictado el acto de designación en planta permanente (conf. art. 7, ley 11.757).
Rechazó la pretensión indemnizatoria subsidiaria que la señora Berardozzi solicitó con fundamento en la aplicación analógica de la Ley de Contrato de Trabajo. Aunque, en definitiva, concluyó que en virtud del modo en que se resolvía la controversia, la reparación pecuniaria carecía de sustento legal.
Por último, señaló que tampoco prosperaba el agravio referido al haber mensual parcialmente percibido durante el mes de diciembre, dado que la impugnante no acreditó sus dichos atinentes a ello.
III. Contra la sentencia de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 31 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo, inobservancia de la doctrina legal que emerge de los fallos de la Corte nacional "Madorrán"; "Ramos"; "Sánchez" y "Cerigliano" y de esta Suprema Corte en las causas A. 69.913; B. 64.315; B. 62.793 y A. 70.896.
Alega absurdo en la valoración de la prueba.
III.1. Relata que la Municipalidad demandada procedió a despedirla sin fundamento alguno, afirmando el carácter temporario de la relación de empleo que la vinculaba.
En lo medular, centra su impugnación en sustentar su estabilidad en el empleo, basándose, por una parte, en la ordenanza municipal que reconoció el pase automático de coordinadores y becados a planta permanente (ord. 1.610/15) y, por otra, en el tiempo de desempeño ejerciendo la misma tarea para el ente comunal.
En ese orden, manifiesta que si al momento de dictarse la ordenanza 1.610/15 (9-XI-2015), mediante la cual se la designó en planta permanente, la ley 14.656 (B.O. de 6-I-2015) había derogado el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (ley 11.757), mal pudo la Cámara aplicar una normativa que no se encontraba vigente. Añade que sin perjuicio de que el nuevo ordenamiento fue suspendido por el decreto provincial 26/15 B (B.O. de 5-I-2016), alega que este fue posterior a la precitada norma comunal que regulara el vínculo laboral entre las partes.
Con esa tesitura, se agravia de que el a quo consideró que no había adquirido estabilidad en el cargo con fundamento en la exigencia de recaudos establecidos en el anterior ordenamiento (ley 11.757), el cual -reitera- ya no estaba vigente al momento de la sanción de la ordenanza 1.610/15. Por el contrario, afirma que conforme surge de las probanzas de autos ( i.e., recibos de haberes y decreto de baja), se hallaban cumplimentados los requerimientos previstos en la normativa comunal, esto es, el ingreso con anterioridad al 31 de octubre de 2014 y su función como coordinadora.
Asimismo, cuestiona que el Tribunal de Alzada haya pedido la observancia de una exigencia que no se encuentra regulada en la ley 14.656 -la antigüedad de un año luego del nombramiento en planta permanente para obtener estabilidad en el puesto-.
III.2. Por otra parte, postula que su relación de empleo debió reputarse de carácter permanente, pues no se encuentra controvertido que su desempeño en la Administración municipal fue durante seis años ininterrumpidos realizando la misma tarea, lo cual implica -según considera- una contratación por tiempo indeterminado.
Refiere que se debe analizar la cuestión a la luz de los criterios adoptados por la Corte federal en los fallos "Madorrán"; "Ramos"; "Sánchez" y "Cerigliano" y lo sentado por esta Suprema Corte en los casos "Carrizo"; "Villafañe"; "Maza Vergara" y "Martínez". De tal modo, cita extractos de la jurisprudencia precitada que entiende aplicables, además de la transcripción íntegra de una sentencia de primera instancia sobre el tópico.
Concluye reclamando la reparación de daños y perjuicios mediante el pago de una indemnización material, la cual -insiste- ha de efectuarse por analogía conforme lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo. Aduce que al haber sido privada de la estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional, debe aplicarse con las adecuaciones pertinentes la normativa que garantiza la tutela contra el despido arbitrario.
III.3. Denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba producida en el proceso. Arguye que el a quo soslayó parte de la abundante evidencia documental acompañada a la causa.
III.4. Reclama, también, unos haberes no abonados durante el mes de diciembre de 2015.
IV. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1.a. En lo tocante al agravio vinculado con el régimen legal aplicado por la Cámara, de si este debió ser la ley 11.757 o la ley 14.656 y más allá de lo que pudiera decirse en torno a sus distintos períodos de vigencia, considero que el recurso -tal cual es traído- se muestra abiertamente insuficiente en este aspecto, cuando directamente no está equivocado en sus conceptos (art. 279 in fine , CPCC).
IV.1.b. Lo aseverado en punto a que la antigüedad de un año para adquirir estabilidad en un cargo de planta permanente no sería algo exigible por la nueva ley de empleo público municipal -que es la que, a su criterio, gobierna la situación y no la vieja ley 11.757-, no parece condecirse con lo que surge de su art. 4, cuando establece que "Todo nombramiento es provisional hasta tanto el trabajador adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce (12) meses, de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente".
Con evidente confusión, además de que en este tramo no hay mayores diferencias de redacción entre una norma y la otra (conf. arts. 7, ley 11.757 y 4, ley 14.656), la actora lee a dicho artículo como regulando la situación de los empleados "provisionales" -que no sería su caso-, planta funcional que no existe como tal (conf. arts. 12, ley 11.757 y 70, ley 14.656). Por eso, en su desacertado modo de ver las cosas, habría un vacío normativo que la beneficiaría.
En rigor, dicha norma atañe -justamente- a la planta permanente, en la cual, transcurrido aquel tiempo el agente pasa a gozar de estabilidad, cosa en la que reparó concretamente la Cámara. La aserción que acá se hace le resta seriedad al embate.
IV.1.c. El desarrollo expositivo se detiene ahí y no ensaya argumentos tal vez más elaborados, vinculados -verbigracia- a las relaciones entre el minimum de derechos que consagra la Sección I de la ley 14.656 y de si eso representa un "piso" capaz de ser elevado -pero no disminuido- por virtud del margen de configuración local que ahora trae el art. 1 de la norma (arg. mi voto en causa A. 71.496, "Arruiz", sent. de 14-XII-2020).
Sin hacer eso, mira de todas maneras a la ordenanza 1.610/15, cuando tuvo por "...cumplido el período de prueba establecido en el Artículo 4 de la Ley 14.656 a todos los trabajadores municipales que hayan ingresado con anterioridad al 31 de Octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados, pasando automáticamente a planta permanente con derecho a la estabilidad que consagra el Art. 14 bis de la Constitución nacional".
Esto es algo que la demandante había renunciado a alegar durante el pleito -y la sentencia de primera instancia lo recalcó (v. cons. IV.1.)-, pero que el Tribunal de Alzada trajo casi como una suerte de obiter dictum (v. cons. 11). De allí que no sea, estrictamente, una reflexión tardía.
Como fuere, al hacer eso la apelante prescinde de algo prácticamente incontrovertido, como es que la naturaleza de su vínculo con el municipio se concibió -más allá de si hubo desviación de finalidad o no, cuestión que debe analizarse aparte- como de tipo transitorio y regido por contrato de locación. Por eso es que la Cámara entendió, de un lado, que ese "reconocimiento" por acto de alcance general no alteraba su situación anterior al dictado de la ordenanza y que, de otro, a todo evento no había transcurrido el plazo de un año para adquirir estabilidad en la planta permanente -a contar recién desde esa última decisión del cuerpo deliberativo-, pues el decreto 11.853/15 que la apartó se dictó apenas un mes después.
La actora no arremete adecuadamente contra estos elementos, formulando en su lugar alegaciones en torno a lo que reputa es el verdadero alcance de la mencionada ordenanza y que cumple con los requisitos allí establecidos, pero sin controvertir suficientemente las dos cosas que advirtieran los jueces de la Cámara. Además, su entendimiento no se ve alterado según se aplique el viejo o el nuevo régimen legal, ni tampoco -como indiqué y quiero volver a insistir- se trae un argumento más articulado, tendiente de alguna forma a entronizar a la ordenanza 1.610/15 por sobre la legislación provincial de base, especialmente en lo que concierne a ese peculiar cumplimiento del período de prueba con carácter prácticamente instantáneo.
IV.1.d. Siendo así, se tiene dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
De modo tal que, en las condiciones descriptas, el agravio traído no es de recibo y corresponde su desestimación.
IV.2.a. Luego viene aquel ligado a la inobservancia de la doctrina legal sentada por la Corte federal en las causas "Madorrán"; "Ramos"; "Sánchez" y "Cerigliano", que fuere sistematizada por esta Suprema Corte en los casos que se identifican en el recurso y respecto de los cuales se denuncia injustificado apartamiento.
Por implicancia, la alegación de absurdo en la interpretación de las constancias de la causa se encuentra inescindiblemente ligada a este asunto.
Cabe, entonces, tener presente dos cosas:
IV.2.a.i. Primero, que en lo relativo a la inaplicación de la doctrina legal, no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de ese tenor en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, señalándose en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
IV.2.a.ii. Segundo, que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleva al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa, pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien recurre (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 72.514, "Visa Argentina SA", sent. de 21-XII-2016; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
IV.2.b. Sobre tales bases, adelanto que no veo falta de acatamiento de la doctrina legal, ni absurdo.
Advierto que la Cámara se despachó con una insuficiencia recursiva, marcándole a la apelante que sus dichos no eran más que "mera disconformidad subjetiva" con lo relevado por la jueza de grado, algo inefectivo a los fines de poner en crisis sus conclusiones en torno al material fáctico del expediente, no siendo censurable su juicio en el marco de la libre apreciación de la evidencia (cons. 9 y 10).
Cabe señalar que, en su hora, dicha magistrada realizó un prolijo desarrollo de los precedentes "Ramos" y "Sánchez", y su ulterior aplicación por la jurisprudencia de este Tribunal.
A partir de allí, enunció una serie de factores a tener en cuenta para determinar si una designación en la planta temporaria esconde un nombramiento en la planta permanente (v. cons. IV.5.).
Y así, tras recordar que la carga de la prueba reposaba sobre la actora, notó que "...el vínculo comienza mediante un contrato de locación de obra, destinado a un Programa específico. Luego, el 1° de enero del 2012, fue designada como personal temporario mensualizado dependiente de la Dirección de Viviendas, pero no se especifica en ninguna oportunidad cuáles eran sus funciones, incluso el 1° de noviembre del 2015 mediante Dec. N° 10773/15 el anterior Intendente, Jesús Cariglino, la ascendió a la categoría 15, sin que nada haya mencionado la actora al respecto, por lo que se debería presum
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