Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71797
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 71.797, "Heredia, Mario Alfredo contra Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca sobre impugnación contra resoluciones de colegios o consejos profesionales. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por el actor, revocó el fallo en la parcela referida al exceso de punición y ordenó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires dictar un nuevo acto, bajo apercibimiento de extinción de su potestad disciplinaria.
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Al hacer lugar al recurso de apelación, la Cámara de Apelación con asiento en Mar del Plata revocó parcialmente el fallo de Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que había rechazado en todos sus términos la demanda promovida, por la cual el actor pretendía la anulación de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del citado departamento judicial y su confirmatoria del Consejo Superior de dicha institución provincial. A su vez, ordenó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires -a través del Tribunal de Disciplina que intervino en el sumario- que en el término de sesenta (60) días hábiles administrativos -bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a ejercer su potestad disciplinaria (cita doctr. causas B. 51.992 bis, sent. de 7-V-2008)-, reeditara el análisis de las actuaciones administrativas y dictara un nuevo acto brindando adecuados motivos de la sanción que decidiera aplicar, a efectos de reprender la conducta del profesional enjuiciado (con cita de antecedentes del tribunal: B. 59.122, sent. de 22-X-2003; B. 57.763, sent. de 9-IV-2008 -voto doctor Soria-; B. 63.247, sent. 29-XII-2008; B. 66.414, sent. de 3-III-2010; de esa Cámara: D-1344-MP, sent. de 18-III-2010; D-1830-MP, sent. de 9-XII-2010 y R-1013-MP2, sent. de 3-IV-2009). Las costas fueron dispuestas en el orden causado.
Para así resolver, consideró que el núcleo de la controversia se circunscribía a determinar si el a quo había incurrido en arbitrariedad al fallar mediante una valoración parcial de la prueba de autos; si la resolución sancionatoria del Colegio, convalidada por el fallo, devenía nula en razón de presentar vicios en el procedimiento para su adopción; y si la sanción impuesta -también convalidada- resultaba exorbitante en relación a la falta impartida al colegiado.
Comenzó tratando el agravio referido a la invocación de vicios en el procedimiento sumarial. Al respecto, luego de practicar un pormenorizado análisis de las actuaciones administrativas obrantes en el procedimiento disciplinario, concluyó que la irregularidad denunciada por el actor carecía de entidad suficiente para provocar la nulidad absoluta de la sanción y señaló que en reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte se sostuvo que no era suficiente la sola mención de vicios en el procedimiento sumarial si no se verificaba una demostración concreta de su existencia y de su incidencia en la adopción de la sanción cuestionada (cita doctr. causa B. 55.872, sent. de 20-IV-1999).
Expresó que de dicho análisis pudo advertir que el sumario se había iniciado a partir de una comunicación remitida por el juez de Paz del partido de Saavedra, poniendo en conocimiento del Colegio Profesional la conducta desplegada por el demandante en el marco de una causa tramitada ante dicho magistrado; que de tal denuncia se había otorgado traslado al profesional por el plazo de diez (10) días, quien realizó su descargo, para posteriormente -luego del dictamen de la Comisión de Legislación de la institución- decidir el Consejo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca remitir las actuaciones al Tribunal de Disciplina, órgano que finalmente determinó las infracciones cometidas y dispuso la sanción al nombrado.
Puntualizó que se había cumplido con lo normado en la ley 10.973 y el decreto 3.630/91 y recordó que las nulidades por vicios del procedimiento -como las esgrimidas por el recurrente- tenían por fin evitar que el incumplimiento de las formas o trámites esenciales se tradujera en perjuicio para alguno de los litigantes o los colocase en estado de indefensión, no habiendo motivo para pregonar la invalidez del acto si no se había invocado ni mucho menos acreditado la existencia de un perjuicio real, ni tornado evidente el quebrantamiento de la garantía de la defensa en juicio (cita doctr. causas B. 58.506, sent. de 3-III-2004; B. 62.840, sent. de 27-III-2008 y B. 60.793, sent. de 30-VI-2010).
En cuanto al agravio referido a la errónea valoración de la prueba -que el actor arguyó como el elemento decisivo para tornar arbitraria la decisión en su contra, con el argumento de que el Tribunal de Disciplina sustentó la sanción en un "hecho penal inexistente", dado que en la IPP n° 75.169 se dispusiera el archivo de las actuaciones-, el Tribunal de Alzada entendió que el Tribunal de Disciplina de la entidad juzgó la conducta desplegada por el nombrado en relación a su actuación ante el juez de Paz Letrado de Saavedra, tanto en el aspecto procesal como en orden a la actitud asumida por el colegiado en dichas circunstancias.
Luego, al estimar inconmovible esta parcela de la sentencia de primera instancia, agregó que además se consideraron aspectos éticos de la conducta bajo análisis, los que estuvieron centrados en apreciaciones subjetivas vertidas por el martillero y en la falta de decoro para dirigirse al magistrado, que incluyeron amenazas hacia este.
Por último, en lo que hace al agravio dirigido a cuestionar la falta de explicitación de razones suficientes para confirmar una sanción que el actor consideró severa, la Cámara puntualizó que la mera afirmación por la instancia de que el proceder del órgano colegial se encontraba ajustado a derecho, en virtud de que su actuación fue llevada cabo de conformidad con las potestades otorgadas por los arts. 17 y 18 de la ley 10.973, constituía un análisis exiguo, sin un desarrollo conveniente de las razones del pronunciamiento, toda vez que no aparecían ponderadas con amplitud suficiente las circunstancias fácticas y jurídicas planteadas por el nombrado cuando solicitara la invalidez de la penalidad por considerarla desproporcionada e irrazonable a la luz de la falta atribuida.
Aquí el Tribunal de Alzada aseveró que se experimentaba una cierta desproporción entre la falta cometida y la sanción impuesta -noventa (90) días de suspensión para el ejercicio profesional e inhabilitación por dos (2) años para cargos colegiales-, ello debido a que los hechos desencadenantes del procedimiento disciplinario habían sido expresiones vertidas por el martillero en su escrito (cita la parte pertinente del libelo en que le advierte al magistrado la posibilidad de acudir al superior a denunciar mal desempeño; v. fs. 38/39 de las actuaciones).
Agregó que tampoco guardaba relación el proceder del colegiado -aun con su evidente falta de decoro e inusual forma de dirigirse a un magistrado-, con la sanción aplicada, dado que además fue sancionado con una multa procesal, conforme lo previsto en el art. 35 del Código Procesal Civil y Comercial.
Señaló que si bien la ley 10.973, en su art. 19, en caso de la comprobación de una falta cometida por un profesional autorizaba al Tribunal de Disciplina a imponer una sanción y graduar su quantum , tal margen de discrecionalidad no se encontraba desvinculado del orden jurídico (cita doctr. causa B. 58.784, sent. de 4-VI-2008) y, por lo tanto, no podría constituir la justificación de una conducta arbitraria o ilegítima, pues la razonabilidad en el ejercicio de dichas potestades era la base en que se sustentaba la validez de los actos de los órganos estatales o de los entes públicos no estatales, exigencia cuyo cumplimiento era pasible de control por los organismos jurisdiccionales (cita doctr. CSJN Fallos: 298:223; causas B. 56.758, sent. de 5-IV-2000; CACAMDP G-1206-BB1, sent. de 20-VIII-2010 y D-1546-NE, sent. 23-VI-2011).
Puntualizó que frente al campo de posibilidades de sanciones con que contaba el ente profesional, la opción por la más gravosa debió fundarse en razones suficientes, explicando claramente por qué la conducta infractora mereció tal encuadramiento (cita doctr. causa B. 60.027, sent. de 18-VI-2008).
Sostuvo que, de esa manera, el vicio en el accionar disciplinario conllevaba un evidente apartamiento del principio de proporcionalidad en la actuación administrativa, toda vez que la sanción decidida resultaba a todas luces excesiva en relación al hecho reprochado.
En esta dirección, insistió en que, frente a la potestad de elegir entre diversos tipos de sanciones para corregir desbordes disciplinarios, la elección de la más gravosa debía encontrarse adecuadamente ponderada, detallándose las razones por las cuales una penalidad cualitativa o cuantitativamente menor no cumplía con la finalidad disciplinaria perseguida.
Aclaró que, si bien ese Tribunal de Alzada se había pronunciado en igual sentido que en el presente en casos de recursos directos contra actos dictados por entidades profesionales en materia disciplinaria, tales conclusiones eran plenamente homologables a este supuesto.
En abono a lo expresado y coincidiendo con lo dicho por el actor en su recurso, consideró que la suspensión -excesiva- abarcaba íntegramente la actividad profesional del nombrado, pues no solo se aplicaba sobre la posibilidad de desempeño como auxiliar de la justicia sino en el plano del corretaje inmobiliario, menester que consideraba ajeno a lo controvertido en autos.
De este modo, juzgó que en virtud de la orfandad de fundamentos que en la parcela bajo examen exhibía el fallo impugnado, deficiencia que tornaba irrazonable por desproporcionada la sanción atribuida, la sentencia apelada debía ser revocada en este punto.
II. A fs. 597/608, el actor promueve un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los términos del art. 279 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
En su presentación plantea violación de la ley 10.973 y su doctrina legal por parte del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, al haberse vulnerado los recaudos formales que la normativa exige en su régimen disciplinario; y añade que idéntico comportamiento fue seguido por el juez de grado, quién -a su entender- ignoró la ausencia de resolución fundada para emitir la sanción.
Pide que se anule el fallo de la Cámara alegando que se ha dictado en violación de la ley citada, afectando derechos y garantías constitucionales como la defensa en juicio y la propiedad, con cita de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Su remedio se concentra en señalar que el a quo convalidó vicios en el procedimiento que llevaron a la sanción impuesta; que realizó una errónea valoración de la prueba; y que avaló la irrazonabilidad de aquella sin que se respetara su derecho de defensa.
Con relación a lo primero, expresa que la Cámara, al señalar que la mera enunciación de vicios en el procedimiento sumarial, sin la concreta demostración de su existencia y de su vinculación directa con la adopción de la penalidad, era insuficiente para disponer la nulidad del acto administrativo, máxime si el incumplimiento de trámites esenciales no se traducía en perjuicio para alguna de las partes o en un estado de indefensión.
Luego señala que el Tribunal de Alzada pasó inadvertidas consideraciones planteadas en su escrito recursivo y que dicha omisión lo coloca en situación auto-contradictoria dado que, por un lado, menciona el procedimiento establecido por la ley 10.793 en materia disciplinaria y, al mismo tiempo, reconoce la validez de la resolución del Consejo Directivo departamental cuyas anomalías ha denunciado.
Al respecto, cita su apelación en la que plantea que tales deficiencias conllevan la nulidad de lo actuado. Seguidamente, transcribe normas de la citada ley (arts. 32 y 36) para culminar afirmando que de ellas se desprende que el instrumento suscripto por el Presidente y la Secretaría del Consejo Directivo no constituye una resolución fundada dirigida a promover la tarea del Tribunal de Disciplina, explayándose en consideraciones acerca de los requisitos de existencia de un instrumento público, así como los caracteres que detenta el acto (jurídico) inexistente, señalando la falta de ajuste a la ley 10.973 y su doctrina legal en el procedimiento del Consejo Directivo.
En cuanto al agravio referido a la valoración de la prueba, arguye que el Tribunal de Alzada incurre en "razonamientos carentes de lógica" que califica de "divagaciones", cuyo resultado es circunscribir todo el análisis de los elementos obrantes en la IPP n° 75.169 (actuación iniciada para investigar amenazas vertidas por el martillero Heredia contra el juez de Paz del partido de Saavedra), que -manifiesta- no fuera evaluada por el juez de grado y que, habiendo sido motivo de agravio, se ordenara en sede judicial su archivo.
Continua con críticas al fallo de primera instancia, al que atribuye haber convalidado la acusación del Tribunal de Disciplina del Colegio -acusación que reputa infundada-, cuando a su entender las pruebas reunidas acreditarían la inexistencia de un hecho de naturaleza penal, por lo que asevera que el sostenimiento del mismo criterio por parte de la Cámara interviniente, prescindiendo de toda prueba y consintiendo la grave acusación de la entidad demandada, sostenida en un hecho inexistente, la hace incurrir en arbitrariedad y en una decisión que vulnera el derecho de defensa.
Por último, se focaliza en la cuestión que el Tribunal de Alzada tratara como "la desproporción de la sanción impuesta en relación a la falta adjudicada". Aquí, si bien coincide con el criterio de aquella en cuanto calificó de inadecuado el desarrollo de las razones que fundaron el razonamiento del juez de grado para validar la penalidad, discrepa respecto a la afirmación de que los motivos que impulsaron la solicitud de revocatoria de la sanción se pudieran basar exclusivamente en su desproporción e irrazonabilidad en comparación con la falta incriminada.
Expresa que no solo fue sancionado mediante una decisión desprovista de razonabilidad y proporcionalidad en vinculación con los hechos efectivamente ocurridos, sino también infundada, dogmática, incongruente, afectando derechos y garantías constitucionales como la defensa en juicio, la igualdad ante la ley y la propiedad.
Al respecto afirma que, al pronunciarse de ese modo, el Tribunal de Alzada se apartó del buen sentido y la sana crítica en la apreciación de los hechos y las pruebas, efectuando un análisis erróneo, ilógico e inequitativo de dichos elementos.
Asegura que, además de la orfandad de fundamentos, la sentencia, al convalidar la existencia de una falta que -a su criterio- nunca quedó acreditada, constituye un decisorio inválido.
Finaliza reprobando la parte dispositiva de la sentencia de Cámara, pidiendo su anulación en todos sus términos y que se dejen sin efecto las sanciones que le fueran impuestas.
III. El recurso no prospera. La deficiente técnica empleada para refutar la sentencia del a quo torna improcedente la vía elegida para su impugnación.
En tal sentido, si bien el remedio interpuesto exhibe un manifiesto contenido crítico, no logra enmarcarse en los carriles previstos por los arts. 279 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, pues es sabido que no basta la mera disconformidad o contrariedad con el fallo en cuestión si los dispositivos utilizados para impugnarlo no se ajustan a las previsiones referidas (causas A. 77.884, sent. de 10-VI-2022; A. 77.516, sent. de 10-VI-2022; A. 76.786, sent. 15-VII-2021; A. 78.509, sent. 5-X-2020; A. 74.440, sent. 10-X-2018; e.o.).
Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley; para ello hace falta que se concrete una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestre la violación de los preceptos aludidos (doctr. causas A. 74.124, sent. de 13-III-2019; A. 72.983, sent. de 29-XI-2017; A. 71.710, sent. de 11-V-2016; A. 71.813, sent. de 22-VI-2016; A. 71.058, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
En lo específico, en punto a la violación de la ley que esgrime al inicio de su escrito, puede observarse que de forma confusa en ocasiones se muestra rebatiendo lo decidido por la entidad accionada, otras lo resuelto por el juez de grado y por momentos al fallo de Cámara, y si bien hace mención a artículos de la ley del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, no explica de modo adecuado y suficiente de qué forma se configuraría dicha violación, así como tampoco detalla los antecedentes que pudieran constituir la doctrina legal del Tribunal, la cual, centrada en la aplicación de las normas aludidas, hubiere podido resultar vulnerada.
Esto último se muestra palpable cuando el apelante discurre sobre la composición del órgano directivo de la entidad, el acto emitido, sus requisitos, etcétera, pero no proporciona de modo convincente -más allá de su mera disconformidad- ninguna disposición del régimen legal en cuestión de la que, debidamente explicada y relacionada con el resto de los elementos en juego, pueda concluirse que el a quo convalidó con su fallo -lo que implicaría omitir el juzgamiento de irregularidades cometidas por la entidad demandada- la violación de la ley y la doctrina legal invocados como agravios por el nombrado. Respecto a esta última, en razón de las citas de antecedentes y textos doctrinarios efectuadas, cobra importancia recalcar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que surge de los pronunciamientos de esta Corte y no la que emana de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 76.234, "Rojas", sent. de 3-III-2021; A. 76.947, "Machado", sent. de 22-IX-2021; A. 75.807, sent. de 16-III-2022; e.o.).
Cabe señalar además, que el vicio de falta de firmas de Directorio que el recurrente endilga, se refiere a un acto meramente preparatorio firmado por el Presidente y la Secretaría, y de un dictamen. La Cámara, destacó la intranscendencia de ello, sin que fuera refutado en el recurso.
En cuanto a la queja relacionada con que la Cámara con su sentencia convalidó vicios en el procedimiento que, siendo determinantes para llegar a la sanción impuesta, constituyó una violación de derechos y garantías constitucionales, en particular el derecho de defensa y la propiedad y su doctrina, es necesario aclarar, por un lado, que la invocación de quebrantamiento de principios y preceptos constitucionales no constituye un soporte idóneo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si es que dichas infracciones no se encuentran respaldadas por la demostración de que derivan de la vulneración de otras normas infraconstitucionales (doctr. causas A. 75.851, sent. de 25-III-2022; A. 75.961, sent. de 23-II-2022; A. 72.788
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