Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78144
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.144, "Ortega, Manuel contra Instituto de Previsión Social sobre amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Kohan, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia dictada en la instancia previa, que hizo lugar a la acción de amparo promovida y -en consecuencia- ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) a efectuar las retenciones sobre los haberes del actor, en concepto de impuesto a las ganancias, computando como base imponible la misma que se aplica a los agentes del Poder Judicial en actividad.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, presentado el memorial del actor y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia dictada por el titular del Juzgado de Familia n° 2 de la misma ciudad, en la que se hizo lugar a la acción de amparo promovida y -en consecuencia- se ordenó al IPS efectuar las retenciones sobre los haberes del actor, en concepto de impuesto a las ganancias, computando como base imponible la misma que se aplica a los agentes del Poder Judicial en actividad, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 436/19.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada descartó el planteo de incompetencia formulado en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, tras considerar que la controversia estaba directamente relacionada con el obrar de un órgano de la Administración Pública provincial (Instituto de Previsión Social -IPS-) y que los términos de la demanda tenían fundamento en el derecho público local, sin perjuicio de que la actuación como agente de retención del impuesto a las ganancias provenga de normativa nacional.
Citó además lo decidido por la Corte federal en la causa "Baum, Daniel y ot. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén y ot. s/ Amparo", sentencia de 6-X-2015, donde se determinó que resultaba competente la justicia local cuando la accionante cuestionaba la interpretación de la Ley de Impuesto a las Ganancias formulada por las autoridades provinciales.
Seguidamente, citó lo decidido por la propia Cámara con relación a la vía procesal y sobre el fondo del asunto en casos similares (CCALP causas n° 24.273, "Servin", sent. de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sent. de 16-VI-2020; 26.200, "Bosnic Bagatela", sent. de 22-IX-2020; 26.380, "Barroso", sent. de 20-X-2020; 26.691, "Ricci", sent. de 1-XII-2020; 27.604, "Castillo" y 26.906, "Hitz", sents. de 16-III-2021).
Desestimó los agravios referidos con sustento en que el IPS actúa como agente de retención y que no forma parte de la relación jurídica sustancial, pues reiteró que la controversia no venía "...confinada por un acto, expreso ni tácito, de la administración federal de impuestos, sino de una conducta del agente de retención cuya medida excede el confín de una base imponible menor que, en todo caso, la autoridad nacional podrá observar ante el contribuyente pero que no desplaza un reproche que se dirige a quien interpreta un mandato legal sin considerar las variantes reglamentarias a las que, en esa labor, debe inexcusable sujeción" (conf. CCALP causa n° 26.200, cit.).
Sostuvo que las resoluciones 4.385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte, que indican los conceptos que conforman la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias correspondiente a los agentes del Poder Judicial, resultaban aplicables tanto para los sujetos activos como para los pasivos, por ello el actor se encontraba incluido.
Consideró que la demandada vulneraba la garantía de progresividad y los derechos de la seguridad social. Recordó lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Aquino", sentencia de 21-IX-2004, en cuanto a que dicho principio implica, por un lado, que los estados deben proceder de forma tal de alcanzar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; y, por el otro, que todas las medidas de carácter deliberadamente regresivas requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente atento la "fuerte presunción" contraria a que ellas sean compatibles con el principio mencionado.
Por último, rechazó el cuestionamiento efectuado sobre la desestimación de la citación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como tercero. Puntualizó que en el presente litigio no se encontraría discutida la norma que regula el impuesto a las ganancias (ley 20.628), sino la actuación del ente previsional local en su rol de recaudador y la aplicación al caso de otras disposiciones que regulan el modo en que debe liquidarse el mencionado tributo.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios- y de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional.
Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 628/96 y la resolución general de AFIP 2.437.
Sostiene que las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, no tienen ninguna atingencia para resolver el caso planteado, debido a que se refieren con exclusividad a la situación del personal en actividad (no a los jubilados) del Poder Judicial y que, en tanto se limitan a obligar a las dependencias administrativas de este último, no resultan tampoco aplicables al IPS.
Expone que en "...la normativa de la AFIP en su conjunto [...] no se hace ninguna referencia a los jubilados, ni al IPS como agente de retención". Predica que el art. 1, apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad.
Destaca que tampoco media en el caso "...un expreso reconocimiento por parte de la AFIP, que habilite a limitar el cálculo del Impuesto a las Ganancias, solamente al sueldo básico, como sí ocurrió en otros casos en los cuales se acudió a la justicia federal a fin de que se restituyan derechos que se consideraban vulnerados, demandando al verdadero sujeto sustancial de la relación tributaria (el Estado Nacional - AFIP) ('Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional-Afip s/ Acción Declarativa de Certeza' causa S. 231. XLV. REX, sentencia del 28-IX-2010, en Fallos: 333:1841)".
Manifiesta que el IPS no es intérprete, sino simplemente ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional, y que el presente no es un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, para luego ingresarlas a las arcas del tesoro federal.
Sobre esa base sostiene que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este pueda determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce que esta circunstancia fue planteada a lo largo de las actuaciones, sin que haya sido oída por los juzgadores.
Respecto del pedido de citación como tercero del Estado nacional, remite a lo señalado por la Corte nacional en la causa "Méndez, Margarita c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes s/ Amparo" (sent. de 2-VII-2019), y sostiene que, conforme esa doctrina, que estima de aplicación forzosa en autos, el presente litigio debe ser resuelto por la justicia federal.
III. Advierto que, al igual que sucediera en las causas A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021 y A. 76.758, "Perazzo", A. 76.759, "Bosnic Bagatela" y A. 76.840, "Barroso", sentencias de 21-XII-2022, en las que esta Suprema Corte ha tratado peticiones que tienen gran similitud con el presente, el recurso aquí presentado tampoco ha de prosperar en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
III.1. En primer término, y tal como se indicara en las mencionadas actuaciones, corresponde desechar la denuncia de violación de preceptos legales que, si bien se indican como conculcados, no se detalla cómo se vincularían con la controversia examinada, tal el caso de los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 22 de la ley 13.928.
Así, se pone en evidencia el inadecuado cumplimiento de las cargas técnicas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues además de la precisión al señalar las disposiciones presuntamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el tribunal inferior, debe acompañarse un desarrollo argumental tendiente a demostrarlo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
III.2. En lo que respecta a la alegada violación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, que regula los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo, la demandada repite en el recurso argumentos ya expuestos en escritos anteriores (cfr. ptos. VII.3. de la contestación de demanda; III.d. del recurso de apelación ordinaria y primero "b" del apartado VII del recurso de inaplicabilidad de ley), limitándose a insistir en que no fue acreditada la existencia de acciones u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas por parte del IPS.
Soslaya que la Cámara interviniente, con remisión a lo decidido en las causas "Servin" y "Bosnic Bagatela" -entre otras-, indicó expresamente que el desconocimiento de las resoluciones invocadas por el actor en sustento de su reclamo, configuraba una conducta que reunía las características pertinentes para la promoción de la acción, al afectar los derechos previsionales de la parte actora y el principio constitucional de igualdad.
En consecuencia, los cuestionamientos introducidos por la recurrente contra la vía procesal intentada no pueden ser atendidos, pues además de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018).
Además, en relación con la referida conculcación de las garantías de igualdad, propiedad y debido proceso legal (v. pto. IV segundo párr. del recurso interpuesto), la Fiscalía de Estado omite dar cuenta del modo en que estas habrían sido vulneradas con la decisión atacada, sin desarrollar argumentos pertinentes que puedan demostrarlo, aspecto especialmente relevante dada la índole de las cuestiones encauzadas por la vía procesal promovida y la naturaleza de los derechos invocados.
Por lo expuesto, recuerdo que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
III.3. La ineficacia recursiva también se manifiesta en las críticas atinentes a la alegada incompetencia de la justicia local para resolver la controversia trabada, en lo concerniente a la alegada falta de legitimación pasiva del Fisco provincial y en los cuestionamientos esbozados en torno al pedido de citación del Estado nacional como tercero (conf. art. 279, CPCC).
III.3.a. Por un lado, la recurrente insiste en torno a la pretendida competencia federal en el caso y la presunta falta de legitimación pasiva de la Provincia de Buenos Aires, con argumentos planteados en instancias anteriores, sin rebatir eficazmente los fundamentos esgrimidos por la Cámara de Apelación interviniente para rechazarlos, como por ejemplo que en la causa bajo examen no se habían impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestionaba la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Recuerdo que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la contienda, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
Asimismo, observo que la Cámara sustenta la solución adoptada en el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Baum", sentencia de 6-X-2015, donde también se fijó la competencia local en un supuesto en el que se cuestionaba la interpretación de una norma nacional (Ley de Impuesto a las Ganancias) efectuada por autoridades provinciales (más precisamente, la discusión versaba acerca de la retención efectuada a empleados públicos sobre un determinado rubro salarial incluido en la base imponible del gravamen mencionado). En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remitiendo al dictamen de la señora Procuradora Fiscal, concluyó que el art. 18 de la ley 16.986 limita su aplicación por los jueces federales para aquellos casos en que el acto impugnado mediante acción de amparo provenga de la autoridad nacional.
En consecuencia, se advierte que no fueron idóneamente rebatidas las razones que el Tribunal de Alzada tuvo en vista en este caso, entre las que consideró al precedente aludido como una causa análoga a la presente y una guía para adoptar una solución (con independencia de las peculiaridades del ítem salarial que fuera debatido en aquella ocasión).
Entiendo que no se logra modificar el temperamento adoptado en la instancia precedente con el argumento introducido más adelante en el recurso bajo tratamiento (v. apdo. VII, pto. "tercero", últimos tres párrafos), donde se invoca lo decidido por la Corte nacional en la causa "Méndez, Margarita c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes s/ Amparo", sentencia de 2-VII-2019. Pues, tal como la propia recurrente lo reconoce, en este último antecedente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inclinó por la competencia federal, debido a la participación que el Estado nacional (a través de la AFIP) había tenido en el proceso, situación que no ha tenido lugar en el presente.
Por lo demás, es sabido que la doctrina legal cuya violación puede denunciarse en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 77.310, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022; Q. 78.360, "Llyal", resol. de 28-IV-2023; Q. 77.064, "De Estéfano", resol. de 14-VIII-2023; e.o.).
III.3.b. Cierto es que, a lo largo de estas actuaciones, la Fiscalía de Estado ha solicitado que se proceda a citar como tercero al Estado nacional (más precisamente a la AFIP), pero los agravios esbozados en torno a dicha cuestión ante esta sede extraordinaria no resultan idóneos para conmover lo resuelto por la sentencia atacada.
Ello así, por cuanto tales críticas se limitan a reproducir el criterio favorable a la competencia federal sentado en la recién citada causa "Méndez", sin explicar de qué modo este abonaría la necesidad de proveer favorablemente la citación de tercero solicitada en el marco del proceso de amparo promovido.
A su vez, los cuestionamientos referidos se dirigen contra "...la omisión de tratamiento del pedido de citación de tercero..." y la "...elusión a tratar el pedido expreso de esta parte..." (apdo. VII, pto. "tercero", párrafos último y antepenúltimo), en la inteligencia de que esta supuesta falta de respuesta devendría arbitraria y vulneraría tanto el derecho de defensa como el debido proceso legal.
Sin embargo, la Cámara interviniente se expidió de manera expresa sobre la solicitud en cuestión, rechazándola mediante argumentos que no han sido debidamente atacados en esta parcela.
Antes al contrario, la recurrente parece haber confundido el alcance del fallo impugnado en la materia aquí abordada, lo cual es demostrativo de la insuficiencia de sus críticas para conmover la conclusión alcanzada, en la medida en que por las razones indicadas no se logra dar una debida respuesta contra la decisión adoptada en la instancia anterior (conf. causas A. 72.289, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani Logística", sent. de 21-XI-2018; A. 71.949, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani Logística", sent. de 23-XII-2020 y A. 74.093, "Dirediel", sent. de 23-XII-2020).
III.4. En lo concerniente a las cuestiones de fondo debatidas, la impugnante: a) invoca en su favor la ley 20.628, su decreto reglamentario 628/96, la ley modificatoria 27.346 y la resolución general de AFIP 2.437; b) postula la inaplicabilidad de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, a los agentes jubilados que hubieran prestado funciones en el ámbito del Poder Judicial y c) sostiene que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino tributario, más allá del carácter de jubilado del sujeto pasivo del gravamen.
III.4.a. En su escrito, la Fiscalía de Estado hace referencia "en forma general" (pto. primero, párr. cuarto, apdo. VII del recurso bajo tratamiento) a la Ley de Imp
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