Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76482
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado (art 303, CPCC). Las costas de la instancia se imponen a la recurrente vencida (art. 68 y 303, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.482, "Florindo, Marcelo Fabián contra Ministerio de Seguridad sobre Restablecimiento o Reconocimientos de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando así la sentencia de primera instancia que hiciera lugar parcialmente a la demanda.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos iniciada por el señor Marcelo Fabián Florindo contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago del subsidio contemplado en el art. 1 de la ley 13.985, computando para ello como base el sueldo neto del Teniente primero, integrados por los rubros consignados en el art. 3 decreto 149/10 modificado por el decreto 686/14, más los correspondientes a riesgo profesional, gastos de mantenimiento de uniforme y antigüedad mínima para acceder al cargo de Teniente primero.
Para así decidir, en lo principal, se basó en lo resuelto en la causa CCALP 21.325, "Caballero", sentencia de 11-X-2018, en donde se entendió que el art. 3 del decreto reglamentario 149/10 se dictó con exceso en las funciones reglamentarias.
Asimismo, ponderó que la suma que percibiría el actor no debía estar sujeta a retención alguna por tratarse de un beneficio no salarial, sino compensatorio, correspondiente a una incapacidad por acto de servicio, por lo cual debía calcularse sobre los haberes netos sin aportes o quitas.
Por último, hizo lugar al planteo de prescripción de la parte demandada y, en consecuencia, tuvo por prescriptos los períodos anteriores a noviembre de 2013.
I.2. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación donde sostuvo la legitimidad del art. 3 del decreto 149/10.
I.3. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la sentencia impugnada, con costas de la instancia a la vencida (conf. art. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, consideró que la crítica del apelante giraba en torno a cuestionar la inconstitucionalidad por exceso que el a quo le atribuyó al decreto 149/10 a la luz de lo establecido en el art. 1 de la ley 13.985, y el reconocimiento de las diferencias resultantes de la nueva fórmula de cálculo.
Estimó que las cuestiones fácticas sustanciales no resultaban materia discutida, restando únicamente analizar la interpretación de la normativa legal aplicable -ley 13.985 y decreto 149/10- en lo vinculado al alcance del subsidio; esto es, si corresponde que este se liquide en base al haber que por todo concepto percibe un Teniente primero del Subescalafón General sin descuentos -tal como lo pretende el actor- o si por el contrario debe abonarse conforme lo establecido en el decreto 149/10.
Comenzó realizando un repaso del marco normativo aplicable, deteniéndose en el texto del art. 1 de la ley 13.985 y luego en el art. 3 de su decreto reglamentario 149/10 -modificado por el decreto 686/14-.
Explicó que el derecho a un subsidio mensual para los policías heridos e incapacitados como consecuencia de actos propios del servicio que la normativa descripta reconoce, tiene naturaleza previsional y, como tal, se encuentra sometido a las técnicas de aplicación y recaudos de accesibilidad de la seguridad social; dicho carácter -agregó- surge de los propios fundamentos de la ley.
En este contexto y confrontando los términos de la ley con su decreto reglamentario estimó acertada la declaración de inconstitucionalidad de este último pues mientras la ley 13.985 estableció un subsidio equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente primero del régimen de la ley 13.201, su decreto reglamentario dispuso una forma de cálculo que considera solo algunos elementos que lo componen (cfr. art. 3, dec. 149/10).
Así, tratándose de una norma de rango inferior, resolvió confirmar la inconstitucionalidad del artículo en cuanto limita el monto del subsidio y excluye del mismo a los rubros antigüedad, riesgo profesional y los gastos por mantenimiento de uniforme.
Resaltó además que en la materia en debate rigen principios de raigambre constitucional como son el de la justicia social, el de la irrenunciabilidad, el de indemnidad y, en caso de duda, el de interpretación a favor del beneficiario del sistema de seguridad social (cfr. arts. 75 inc. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.), los que a su vez tienen una directa relación con el derecho a la dignidad del ser humano, derecho implícitamente ya reconocido en la Constitución nacional anterior a la reforma del año 1994 en su art. 33 y conforme al art. 12 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Cita doctrina de autores, de la propia Cámara y de esta Corte.
Concluyó que el art. 3 del decreto 149/10 no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad, tal como lo resolviera la jueza de primera instancia, por lo que decidió rechazar el recurso y confirmar el fallo impugnado.
II. Contra tal pronunciamiento la demandada deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
Aduce que el fallo de la Cámara invalida erróneamente la vigencia de una norma general abstracta y reglamentaria, so pretexto de una tacha constitucional y un choque normativo inexistente, con violación de diversas cláusulas de la Constitución de la Provincia.
Infiere que hubo un grave error de juzgamiento en el ejercicio del "control constitucional provincial" sobre una norma general de naturaleza local alegándose un choque imaginario (inexistente) entre una norma reglamentaria -dec. 149/10-, legislación reglamentada - ley 13.985- y ciertas cláusulas de la Constitución provincial (arts. 39, 144 y concs.).
Considera que debe revocarse el fallo apelado en defensa de la validez constitucional de la norma reglamentaria reprobada con los límites que ella señala, en tanto ha sido erróneamente tachada como violatoria de la Constitución local, con desinteligencia de esta ley fundamental.
Esgrime que es perfectamente posible conciliar el texto de la ley 13.985 con lo dispuesto en el decreto 149/10, a lo cual se le suma que mediante el decreto 686/14 se agregó en la base de cálculo la bonificación remunerativa no bonificable del decreto 54/11.
Afirma que el objetivo del decreto reglamentario no fue el de provocar una reducción en el monto del subsidio reconocido por ley, sino el de evitar un exceso en el pago del monto respectivo, como el que se derivaría de no practicarse los descuentos aplicados incluso al personal de servicio activo que revista en el cargo de Teniente primero y/o que se justifican por haberse abonado ya los rubros en función del haber de base que los agentes accidentados conservan junto al pago del subsidio.
Dice que los jueces de grado soslayan que, si el objetivo declarado de la ley 13.985 es compensar económicamente al personal herido en acto de servicio, por la disminución de ingresos que genera la incapacidad derivada de dicho accidente (ver fundamentos ley 13.985), entonces no tiene ningún sentido integrar la base de cálculo con rubros o ítems como los mencionados, que dependen de la consideración especial referida al riesgo, mantenimiento de uniforme o antigüedad, de quienes revistan como personal activo en la jerarquía de Teniente primero.
Sostiene que lo que sí resultaría inválido o ilegítimo sería no realizar los descuentos salariales aplicados, en tanto esta Suprema Corte ha señalado en casos asimilables que se debían efectuar los descuentos correspondientes (cita causas B. 56.810 y B. 57.706).
Denuncia absurdo y exceso ritual manifiesto. Aduce que no se puede aprovechar de la literalidad abstracta de la norma legal para violar su espíritu concreto, intentando hacer creer que la sola referencia al "haber por todo concepto" cierra toda posibilidad razonable de realizar descuentos sociales y derivados de rubros que ya fueron abonados con el sueldo de base o requieren de una prestación del servicio activo, llegándose bajo esa vía absurda a la solución injusta, inaceptable, de que los agentes policiales accidentados (que ya perciben sus salarios básicos con pago de rubros y antigüedad) pudiesen cobrar un monto superior al que perciben los tenientes primeros en actividad, sin que se les realicen descuentos de ningún tipo. Cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionada con la interpretación literal del texto de las leyes.
Argumenta que la reglamentación del art. 3 del decreto 149/10 está justificada, ya que lo contrario sería un reconocimiento excesivo e irrazonable, en tanto los rubros que se pretende incorporar no responden a la finalidad compensatoria que expresamente tiene la norma legal.
Afirma que luego de la sanción de la ley 13.985 quedaron sin definir aspectos que no surgen de su literalidad y que, consecuentemente, debieron ser precisados en una reglamentación posterior. Aduce que el pronunciamiento atacado resulta contra legem e injustificadamente invasivo de una competencia administrativa que ha sido en su momento ejercida en el art. 3 del decreto 149/10 sin que le quepan reproches constitucionales de ningún tipo.
Manifiesta que hubo una violación del art. 144 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que preserva un principio de deferencia por la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo aun sin coincidencia literal entre normas. Cita y transcribe párrafos de doctrina de esta Corte recaídas en causas I. 1.235, I. 2.201 y B. 67.026, entre otras, y causas de la Corte nacional, de donde se extrae, según su criterio, que la reglamentación no vulnera el límite instituido en el art. 144 inc. 2 de la Constitución si es adoptada para la mejor ejecución de las leyes y mantiene inalterables los fines y el sentido con que la norma legal ha sido sancionada.
Interpreta que la Cámara incurrió en una errónea aplicación del art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto no existe duda alguna a disipar a favor del trabajador.
Aduce que existe un caso constitucional de notorio interés público, trascendencia y gravedad institucional, por lo que pide que esta Corte fije la doctrina legal señalando la plena vigencia y constitucionalidad de la regulación del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, con revocación de los fallos y rechazo de la demanda en todos sus términos.
III. Oído el señor Procurador General, opino que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad no prospera.
Ello en razón de la insuficiencia que porta (conf. art. 279, CPCC), sumada a la existencia de precedentes en donde precisamente esta Suprema Corte ha debido analizar la compatibilidad constitucional del decreto 149/10.
III.1. Cabe comenzar por destacar que el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 299 y 300, CPCC).
Realizada la anterior aclaración, se debe observar que la crítica efectuada no logra rebatir los argumentos expuestos por el Tribunal de Alzada para declarar la inconstitucionalidad del decreto reglamentario 149/10.
Ha dicho este Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad en su desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984 en "D.J.B.A.", t. 128, p. 330 y Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; A. 70.568, "Hacia Dios por María", sent. de 20-XI-2013; e.o.).
En efecto, se advierte que el impugnante si bien ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el decreto 149/10, por importar un exceso reglamentario de la ley 13.985, luego no logra demostrar los desaciertos que invoca, sino que se limita a reiterar sus planteos vinculados con la compatibilidad que -considera- tiene este con la norma a la que pretende reglamentar.
La impugnación efectuada por este carril debe referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.975, sent. de 26-VIII-2009; A. 68.436, sent. de 28-V-2010; A. 69.574, sent. de 30-V-2012; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984 y Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003, citadas y A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009), todo lo cual no ha ocurrido en los presentes.
Por último, con referencia al planteo de absurdo y exceso ritual manifiesto intentado en el punto 1.b. del remedio bajo tratamiento, las impugnaciones tampoco pueden prosperar.
Al respecto cabe advertir que en dicho acápite la recurrente no hace más que replantear los mismos argumentos de derecho ya analizados, echando mano para ello de doctrinas que nada tienen que ver con el análisis normativo y constitucional que el tribunal a quo ha realizado para concluir en la inconstitucionalidad de la reglamentación en cuestión.
En ese contexto, dicho embate resulta también insuficiente.
III.2. Para más, como se adelantara, este Tribunal ya ha analizado la misma cuestión constitucional en los precedentes A. 75.799, "Caballero", sentencia de 26-V-2021 y A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021, ambas dictadas con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario en tratamiento.
Allí, si bien con motivo del tratamiento de un recurso de inaplicabilidad de ley, este Tribunal debió examinar la compatibilidad del decreto 149/10 con la ley 13.985, habiéndose resuelto que este importó un exceso reglamentario en los términos del art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial, ello al efectuar limitaciones en el monto a considerar para su cálculo no previstas en esta última, la que en forma terminante establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente primero (conf. art. 144, inc. 2, Const. prov.).
IV. Por las razones expuestas, oído el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado (art 303, CPCC).
Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido (art. 68 y 303, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habiendo formado parte de la mayoría en los precedentes A. 75.799, "Caballero", sentencia de 26-V-2021 y A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021, ambas dictadas con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario en tratamiento, habré de adherir a lo dicho por el ponente en el punto III.2. de su voto, lo que entiendo suficiente para el rechazo del recurso articulado.
Voto por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco puede prosperar.
Tal como vimos al analizar la primera cuestión el tema principal en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por su similar 13.812).
En efecto, como lo anticipé al tratar el recurso de inconstitucionalidad, en los precedentes A. 75.799, "Caballero", sentencia de 26-V-2021 y A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021, a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad, esta Suprema Corte ha resuelto que el decreto 149/10 ha importado un exceso reglamentario al limitar las previsiones de la ley 13.985, lo que lo hace descalificable en los términos del art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
II. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Atento a no haber participado en el debate que condujo a sentenciar la causa A. 75.799, "Caballero", sentencia de 26-V-2021, del mismo modo que señalé en autos A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021, en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias la propuesta decisoria formulada por el señor Juez doctor Torres, en tanto refleja el actual criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Igual temperamento que el adoptado en la primera cuestión, postulo seguir en esta parcela; pues como bien lo señala el doctor Torres, cuyo voto acompaño, el tratamiento de precedentes sustancialmente análogos al sub lite , es fundamento suficiente para la desestimación del recurso de inaplicabilidad de ley.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado (art 303, CPCC). Las costas de la instancia se imponen a la recurrente vencida (art. 68 y 303, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:03:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:48:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:17:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:50:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 12:24:00 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 12:32:20 hs. bajo el número RS
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