Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77450
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.450, "Verona, Elizabeth Lina contra Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la decisión de primera instancia que había declarado la nulidad de la resolución 4.089/13, ordenando al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que, dentro del plazo de sesenta (60) días, dictara un nuevo acto administrativo incorporando a la actora en el régimen de la carrera profesional hospitalaria (ley 10.471 y modifs.) y liquidara los retroactivos adeudados, con más los intereses allí establecidos (v. sent. de fecha 5-VIII-2021).
Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito de fecha 26-VIII-2021), el cual fue concedido por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 12-X-2021).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En las presentes actuaciones la señora Elizabeth Lina Verona promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud), en los términos del art. 12 inc. 1 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 4.089/13 -dictada por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- y, en consecuencia, se la incorpore a la carrera profesional hospitalaria, conforme a lo establecido por la ley 14.061, todo ello con más intereses y costas.
II. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta, declaró la nulidad de la resolución 4.089/13 y ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que, dentro del plazo de sesenta (60) días, dicte un nuevo acto administrativo a través del cual se incorpore a la actora en el régimen estatutario referido, así como también que se liquiden los retroactivos adeudados, tomando como base el sueldo actual de la agente, con intereses del 6% anual hasta la fecha de la sentencia y, de allí en más, a la tasa fijada en el precedente de esta Corte recaído en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016. Las costas las impuso a la demandada vencida.
Para así decidir, en prieta síntesis, delimitó el debate a la determinación de validez de la decisión administrativa traída a controversia y, con ello, a la elucidación del derecho alegado en el escrito de inicio.
Consideró acreditado que el día 27 de noviembre de 1984 la actora ingresó como auxiliar de enfermería en el Hospital Interzonal de Agudos "Prof. Dr. Rodolfo Rossi", dependiente del Ministerio de Salud, y que a la fecha del fallo revestía como enfermera con un régimen horario de cuarenta y ocho horas semanales de labor. Asimismo, sostuvo que las tareas desempeñadas desde el día 4 de agosto de 2009 se correspondían con el título de licenciada en enfermería (conf. fs. 8, 12, 21 y 19, expte. adm. 2.963-3216/11).
Interpretó que la prueba producida en autos resultaba suficiente a fin de acreditar que la actora cumplió con la antigüedad de dos años requerida por el art. 1 inc. "b" de la ley 14.061 para ser incorporada al régimen de la ley 10.471, durante la vigencia de aquella normativa, es decir, entre el 25 de noviembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2011.
Ello así, fundamentalmente, en vista de la certificación expedida por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva del aludido nosocomio, donde consta que la agente "...presta servicios [...] como Lic. en Enfermería desde el 4-VIII-2009", así como también del título universitario obtenido por aquella, que expresamente refiere "...que ha finalizado el 4 de Agosto de 2009 los estudios correspondientes a la carrera de Enfermería".
Puntualizó que la propia demandada habría reconocido que la actora cumplió las tareas sanitarias comprendidas en el art. 3 de la ley 10.471 y sus modificatorias durante la vigencia de la ley 14.061, si bien objetaba la falta de expedición del título de enfermera en el tiempo necesario, más allá de la oportuna culminación de los estudios.
Estimó que tales circunstancias del caso, en sintonía con los principios de primacía de la realidad y de aquel que impone que en caso de duda debe resolverse a favor del trabajador, debían considerarse a los fines de tener por cumplidos los requisitos para acceder a la incorporación de la actora a la carrera profesional hospitalaria.
En virtud de lo expuesto entendió que la resolución 4.089/13 resultaba nula por padecer un vicio en la causa, al haberse valorado incorrectamente los antecedentes de hecho.
Y, tras aludir a la defensa de prescripción esgrimida a todo evento por la Fiscalía de Estado, resolvió reconocer el derecho de la demandante a ser incorporada al régimen de la ley 10.471 y sus modificatorias desde el 4 de agosto de 2011 (momento en que lo solicitara), junto al cobro de las diferencias salariales devengadas desde entonces.
III. A su turno, la Cámara interviniente -por mayoría- rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada, confirmando el fallo de grado en cuanto fuera materia de embates, con costas a la vencida.
Para expedirse en tal sentido, el voto que concitó la mayoría, luego de efectuar un análisis de los arts. 1 a 3 de la ley 10.471, como así también de la exposición de motivos y los arts. 1 y 5 de la ley 14.061, concluyó que lo que resultaba un requisito ineludible para acceder a la "Carrera Médico Hospitalaria" -en los términos de la normativa citada- era el desarrollo de una actividad profesional relacionada con las ciencias médicas o con tareas asistenciales, extremo que en autos se hallaba fuera de discusión, pues no se encontraba controvertido que la señora Verona se desempeñaba como licenciada en enfermería.
Asimismo, indicó que el plexo probatorio incorporado permitía considerar acreditado que la agente cumplía con la antigüedad requerida para su incorporación al régimen de la ley 10.471, en tanto había finalizado sus estudios de la licenciatura en enfermería el 4 de agosto de 2009 y prestaba servicios desde dicha fecha en el nosocomio mencionado, por lo que la línea de queja esbozada por la Fiscalía de Estado, basada en que el título recién había sido expedido el día 2 de febrero de 2010, no podía progresar.
Por último, rechazó los agravios esgrimidos en subsidio, vinculados con el pago de las diferencias salariales, el modo de calcularlas y los intereses correspondientes, en el entendimiento de que la decisión atacada recogía la doctrina legal sentada por esta Corte en dichos aspectos, además de hallarse en línea con precedentes del propio Tribunal de Alzada.
IV. Contra dicha sentencia se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 1 inc. "b" de la ley 14.061 y 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también de la doctrina legal de esta Corte en lo que respecta a la prohibición de actualización de las deudas dinerarias (v. recurso deducido, punto IV).
IV.1. Por un lado, cuestiona la interpretación que la Cámara otorgó al régimen legal de ingreso a la carrera profesional hospitalaria, en el entendimiento de que se habrían desnaturalizado y transgredido los recaudos establecidos en las leyes 10.471 y 14.061.
Asegura que, por derivación de los arts. 3 y 5 de la ley 10.471, en principio, aquel solo puede producirse mediante un concurso abierto de méritos y antecedentes. Agrega que la excepción a dicho principio se implementó en forma transitoria a través de la ley 14.061, la cual permitió la incorporación automática al régimen en cuestión, omitiendo el ingreso por concurso. Pero debe tenerse en cuenta —manifiesta— que dicho mecanismo de excepción solo se contempló para el personal que cumpliera con determinados recaudos legales, entre los que se encontraba el desarrollar "por más de dos años" alguna de las actividades comprendidas en el art. 3 de la referida ley 10.471.
Sostiene que el pronunciamiento impugnado ha exceptuado a la actora del cumplimiento del recaudo del título, requerido a los efectos del ingreso a la carrera hospitalaria, considerando válidas a tal fin las tareas prestadas por la actora con prescindencia del otorgamiento de tal instrumento, lo cual configuraría incluso el vicio de absurdo.
Asevera que —indefectiblemente— los agentes deben poseer en el período pertinente el título que los habilite a ejercer su profesión, en tanto no es factible desempeñar en la Administración Pública tareas de esa índole si no se cumple con tal requisito.
Puntualiza que, de acuerdo con las constancias del expediente administrativo agregado, la señora Verona obtuvo el título de licenciada en enfermería el 4 de febrero de 2010 (v. fs. 17), habiéndose inscripto en la matrícula profesional el día 8 de junio de 2010 (v. fs. 22), por lo cual solo habría podido ejercer legalmente las actividades propias de esas incumbencias a partir de la fecha citada ( sic ), sin llegar a cumplir los dos años durante la vigencia de la ley 14.061. Y la sola prestación material de supuestas tareas de enfermería, sin título habilitante, ni registro autorizado para su ejercicio, no serviría para tener por cumplida la antigüedad requerida por el régimen de excepción en discusión.
IV.2. Más adelante funda su oposición a que la condena al pago de las diferencias salariales presuntamente devengadas tome como base de cálculo el sueldo actual del cargo de la accionante al momento de dictarse la sentencia o efectivizarse el pago.
Sobre este punto, sostiene que en nuestro ordenamiento —aun luego de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación— siguen rigiendo la prohibición de indexar las deudas dinerarias, el principio del nominalismo y la imposibilidad de actualizar los créditos, en especial cuando los mismos resultan tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables.
En abono de tal posición, reproduce fragmentos de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de un trabajo de doctrina, que se basan a su vez en lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 —texto según ley 25.561—; 619 del Código Civil (ley 340); y 765 y 766 del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Manifiesta que la regla general en materia de obligaciones patrimoniales sigue siendo el "nominalismo", que sobre la base de una deuda "determinada o determinable" en dinero desde su origen, permite el pago de aquel importe ( quantum ) a través del monto nominal de la moneda de curso legal, sin ningún reajuste económico (arg. art. 765, Cód. Civ. y Com.), a diferencia del "valorismo", que en forma excepcional permite que las obligaciones "indeterminadas", pero ligadas a una expectativa de poder adquisitivo ( quid ), puedan ser cuantificadas a posteriori por la referencia a un valor de actualización monetaria (arg. art. 772, Cód. Civ. y Com.).
Seguidamente advierte que las diferencias salariales del caso participarían de la naturaleza de las obligaciones dinerarias, no de las obligaciones de valor, debido a que vendrían tarifadas desde su origen en relación al quantum de la remuneración tenida en cuenta para cada período, por lo que les serían aplicables el principio del nominalismo y la imposibilidad de ser sometidas a un mecanismo de actualización, sino a riesgo de violar la prohibición contenida en la ley 23.928.
Después, cita lo resuelto al respecto por esta Suprema Corte en las causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resolución de 2-X-2002; C. 110.849, "Molina", sentencia de 26-VI-2013; B. 66.861, "Verchick", sentencia de 29-III-2017 y B. 65.054, "Santa Olaya", resolución de 22-II-2017.
Asegura asimismo que la propia jurisprudencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata ha establecido que cualquier liquidación por créditos salariales debe realizarse a valores nominales, según lo que históricamente hubiera correspondido percibir, resultando por ende improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria, como si se tratara de una deuda de valor, a precio actualizado.
V. Anticipo que —en mi opinión— el recurso interpuesto no puede prosperar, en atención a su insuficiencia (arg. art. 279, CPCC).
V.1. Tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente se limita a exponer su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones en las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020 y A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024; e.o.).
Tales conceptos resultan aplicables al caso bajo examen, donde la Fiscalía de Estado insiste —sin mucho más— en negar los efectos del título habilitante de la actora a partir de la fecha de culminación de los estudios respectivos, oponiéndose así al criterio sentado tanto por el juez de primera instancia como por la mayoría de la Cámara interviniente, quienes tuvieron por cumplidos los dos años de ejercicio profesional previstos por el art. 1 inc. "b" de la ley 14.061 desde dicho momento, teniendo en consideración las particularidades del conflicto suscitado y las constancias acompañadas al proceso, entre ellas las que dan cuenta de la finalización de la carrera de licenciatura en enfermería y las certificaciones expedidas por las autoridades del propio hospital provincial donde la señora Verona venía desempeñándose.
De tal forma, no se ha evidenciado en esta instancia extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado. Lo que se plantea como violación de la ley y absurdo valorativo no pasa de ser —en rigor— una mera disconformidad del impugnante con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte (conf. causa A. 75.080, "Yannuzzi", sent. de 19-VIII-2020 y sus citas).
Lo expuesto basta para decidir sobre el tópico examinado en el sentido que ha sido anticipado, pues deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021; A. 76.048, "ESPN", sent. de 4-X-2023 y A. 78.027, "Beneitez", sent. de 29-IV-2024; entre muchas).
V.2. Algo similar cabe decir acerca de los agravios dirigidos a cuestionar que la condena al pago de las diferencias salariales, las cuales surgen como consecuencia del reclamo de la demandante y de lo definido en el punto anterior de este voto, tome como base de cálculo el sueldo actual del cargo de aquella al momento de dictarse la sentencia o hacerse efectivo el pago.
Es que, para confirmar lo decidido en tal sentido por el juez de primer grado, la mayoría del Tribunal de Alzada encuadró la cuestión en "...la doctrina legal aplicable a actos ilegítimos en materia de empleo público...", que fuera sentada por esta Suprema Corte en el caso A. 74.138, "Gélvez", sentencia de 27-XI-2019, a la vez que invocó los precedentes propios recaídos en las causas n° 20.873, "Falloca", sentencia de 13-VII-2021 y 26.146, "Sánchez", sentencia de 15-VI-2021; entre otras.
Pese a tratarse de los únicos fundamentos esgrimidos para abastecer ese segmento del pronunciamiento, la recurrente ha omitido toda reflexión sobre ellos, desplegando en cambio una argumentación centrada en la supuesta vulneración o errónea aplicación de los arts. 619 del Código Civil; 765 y 772 del Código Civil y Comercial; y 7 y 10 de la ley 23.928 —texto según ley 25.561—, según habrían sido interpretados en sentencias de la Corte nacional y de esta Suprema Corte anteriores a aquellas tenidas en vista por la Cámara interviniente.
Lo anterior obliga a recordar que no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho, toda vez que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume en la parcela involucrada la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causas A. 77.178, "Signorini", sent. de 5-IX-2022; A. 76.048, "ESPN", sent. de 4-X-2023; A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023; y A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; e.o.).
VI. Por las razones que han sido expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas a la demandada en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA —texto según ley 13.101—; 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Coincido con el doctor Torres en que el recurso interpuesto no puede prosperar atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC). Tal como expresa mi colega, el Fisco en su impugnación se limita a reiterar argumentos que fueran oportunamente descartados por la Cámara, y en modo alguno logra demostrar la existencia de las violaciones que alega.
Por otra parte, y a todo evento, advierto que a la luz de las circunstancias económicas que exhaustivamente desarrollara el doctor Soria en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 18-IV-2024) he modificado la postura en relación a la temática aquí debatida, para plegarme a la posición que sostiene que el cómputo de los haberes debe realizarse sobre el valor actual, doctrina que resulta consolidada (v. mi voto en causa B. 58.959 "Parodi" sent. de 20-XI-2024) y, en consecuencia, no encuentro reparos en la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada (arts. 15, Const. prov. y 31 bis, ley 5.827).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces Soria y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:34:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 10:40:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.