Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77480
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.480, "Guzmán, Alejandro Agustín contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia) sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria promovida por Alejandro Agustín Guzmán contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 5-VIII-2021). Sin perjuicio de ello y en virtud de los postulados de la apelación adhesiva, hizo lugar parcialmente a la demanda, y anuló —en parte— el acto administrativo en el segmento referido a la sanción impuesta —retiro absoluto— y fijó un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos para que la Administración dicte un nuevo acto, debidamente fundado (v. sent. de 5-VIII-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2021, 11:18:16 a.m.), el que fue concedido (v. resol de 5-X-2021).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 16-VI-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor inició una acción contencioso administrativa contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo que se declare la nulidad de las resoluciones 2018-965-GDEBA-MJGP del 12 de diciembre de 2018 y su confirmatoria 2019-254-GDEBA-MJGP, dictadas en el expediente administrativo 21211-250937/2016, mediante las cuales se lo sancionó con retiro absoluto por abandono de servicio en los términos del art. 93 inc. 7 del decreto ley 9.578/80, y se rechazó el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto.
I.1. El juez en lo Contencioso Administrativo del Juzgado n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca admitió la demanda promovida y declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados por considerar que se encontraban viciados en el elemento causa.
Para así decidir ponderó el anoticiamiento que un familiar del señor Guzmán dio a quien en ese momento se desempeñaba como Subdirector de la Unidad Penitenciaria donde el actor prestaba servicios y la falta de certeza respecto de la notificación fehaciente mediante la cual se lo intimara a retomar sus tareas.
Consideró, asimismo, que las inasistencias se hallaban justificadas con el certificado médico aportado en el procedimiento sumarial.
De ese modo condenó a la demandada a abonarle al señor Guzmán la totalidad de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cesantía hasta su reincorporación, más los intereses.
I.2. Apelado dicho pronunciamiento por la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 21-X-2020), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, admitió parcialmente el recurso interpuesto y revocó la sentencia de primera instancia.
Para decidir de ese modo refirió a la norma que prevé el régimen penitenciario para tener por configurado el abandono del servicio (art. 93 inc. 7, dec. ley 9.578/80) que le diera sustento a la medida segregativa. Recordó que estipula que serán sancionados con retiro absoluto o destitución los agentes que incurran en abandono del servicio, considerándose tal el que se prolongue por más de cinco (5) días consecutivos sin causa justificada.
En orden a ello señaló que, en la especie, teniendo en cuenta el tipo de encuadramiento sancionatorio de que se trata, deben darse dos presupuestos en forma conjunta: i) más de cinco inasistencias y ii) que las ausencias sean sin causa justificada.
Frente a tales circunstancias la autoridad administrativa debe proceder a iniciar actuaciones prevencionales, y en su caso, sumariales conforme lo establecen los títulos X y XI del decreto 342/81.
En tal sentido expresó que, a diferencia de lo que sucede en otros regímenes de empleo público en los cuales se contempla un procedimiento simplificado para las ausencias sin causa justificada, en el marco del decreto ley 9.578/80 se somete al agente al procedimiento común para todas las faltas previstas por el ordenamiento.
Del mismo modo, señaló que la normativa penitenciaria tampoco exige para tener por configurado el abandono de servicio —como lo hacen otros regímenes estatutarios— la intimación previa al agente para que se reintegre a sus tareas, como un antecedente necesario de la configuración de la figura de abandono de servicio.
Por ello quitó relevancia a los argumentos en torno a los efectos de la carta documento CD 699002846 cursada al actor con anterioridad al inicio de la instrucción del procedimiento sumarial, por la que se le ordenaba presentarse indefectiblemente a su puesto de trabajo a fin de regularizar su situación laboral, pues esa intimación —como se dijo— no es recaudo que se requiera como antecedente necesario para tener por configurada la falta en cuestión. Señaló, a mayor abundamiento, que el reconocimiento que efectuara el actor respecto de la recepción de la notificación por parte de una de sus hijas, presentándose posteriormente a su puesto de trabajo, bien podría considerarse como el "conocimiento indubitable" al que refiere el art. 284 de la reglamentación.
Por su parte, en relación a la validez que cabía asignarle al certificado médico presentado el 23 de febrero de 2017, a más de un año de producidas las inasistencias en cuestión, consideró que carecía de virtualidad justificante, en tanto el art. 235 del decreto reglamentario exige al agente su presentación al momento del reintegro a prestar tareas.
En ese sentido, encontró configurado el abandono del servicio, toda vez que el ahora actor incumplió con la obligación esencial de desempeñar el cargo en el tiempo y la forma establecida por su empleador (cfr. art. 93 inc. 7, dec. ley 9.578/80).
Advirtió a su vez que el incumplimiento al deber antes aludido, habilitó a la demandada a instar el pertinente sumario administrativo y a dictar el acto de extinción de la relación de empleo, toda vez que no existió justificación que convalide las faltas del actor a su puesto de trabajo.
Empero, si bien lo dicho importó hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la sentencia de grado, luego y en virtud del instituto procesal de la apelación adhesiva, se avocó al tratamiento del resto de los planteos que quedaron desplazados por el modo en que se resolvió la cuestión en primera instancia.
En esa tarea, y luego de analizar y rechazar el cuestionamiento respecto a la violación del derecho de defensa en el trámite administrativo, encontró fundado el agravio de la actora vinculado con la desproporción de la sanción impuesta.
Para ello, entendió que, si bien el actor incurrió en la figura de abandono de servicio (art. 93 inc. 7, dec. ley 9.578/80), el propio marco legal autoriza a imponer a las faltas comprendidas en dicho artículo las sanciones previstas en el art. 92 del mismo cuerpo legal, "... cuando por las circunstancias particulares de la causa, conducta anterior del agente, servicios u otros atenuantes se considere más justo la imposición de un castigo menor" (art. 246, decreto reglamentario 342/81).
De este modo, recordó que la doctrina de esta Corte señala que cuando el ordenamiento jurídico autoriza a la Administración a elegir entre varias alternativas punitivas, la elección de la más gravosa debe encontrarse adecuadamente ponderada, con el fin de evidenciar cuál ha sido el proceso lógico llevado a cabo en la instancia administrativa para arribar a la sanción impuesta. Consideró que de no darse ese supuesto estamos en presencia de un vicio en el acto que se traduce como exceso de punición.
Concluyó así que, sin perjuicio de la validez de los actos que calificaron la conducta del señor Guzmán en el marco del art. 93 inc. 7 del decreto ley 9.578/80, debía anularse parcialmente el acto administrativo en el segmento referido a la sanción impuesta —retiro absoluto— y fijó un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos contados a partir del momento en que las actuaciones administrativas sean devueltas a la dependencia de origen (art. 163, Const. prov.) para que la Administración dicte un nuevo acto en el que brinde adecuados motivos de la sanción que decida escoger para reprender la conducta del actor y acredite tal actividad ante el juez de la instancia. Ello bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho de ejercer la potestad disciplinaria.
En relación a la pretensión indemnizatoria, el Tribunal de Alzada dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que había acogido parcialmente esta parcela, por cuanto estimó que —del modo en que resolviera— resultaba prematuro pretender el reconocimiento del rubro en cuestión.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2021, 11:18:16 a.m.) en el que denuncia que la Cámara interviniente ha incurrido en una errónea aplicación del Estatuto del Personal del Servicio Penitenciario, decreto ley 9.578/80; especialmente del art. 93 inc. 7 y del art. 246 del decreto reglamentario 342/80, y de la doctrina legal. Desliza, también, absurdo.
Señala que el fallo impugnado vulnera las atribuciones de la Administración en materia disciplinaria.
En su fundamentación advierte que la sentencia cuestionada altera la ley aplicable al condenar a la autoridad administrativa a dictar un nuevo acto en el entendimiento de que hubo un exceso de punición en la sanción aplicada al señor Guzmán.
Sostiene que ante la configuración del abandono del cargo —circunstancia que no se encuentra controvertida en autos— la Administración tiene, por regla, el deber de sancionar al agente con el retiro absoluto o la destitución, siendo esta última la más gravosa.
Ello así, toda vez que el art. 93 inc. 7 del decreto ley 9.578/80, prevé de forma expresa que serán sancionados con retiro absoluto o destitución los agentes que incurran en abandono del servicio, considerándose tal el que se prolongue por más de cinco (5) días consecutivos sin causa justificada.
Indica que corrobora la tipología de las sanciones previstas en el Estatuto para el Personal del Servicio Penitenciario el art. 244 del decreto reglamentario 342/81 que estipula que el personal en actividad será sancionado de acuerdo a lo que para cada caso en particular determine la Ley de Personal en sus arts. 91 a 93.
En relación a la previsión del art. 246 de la reglamentación antes citada, señala que consiste en una facultad que el ordenamiento le brinda a la Administración de imponer —en determinadas circunstancias— una pena menor a la prevista en la norma; mas no se encuentran comprendidas en el menú de opciones que tiene el poder administrador para imponer las sanciones ante la configuración del abandono del servicio.
Expone que es de fundamental importancia distinguir el deber de la Administración de imponer las sanciones previstas en el art. 93 inc. 7 del Estatuto para el caso de abandono del servicio (retiro absoluto o destitución) de la facultad que admite la reglamentación de imponer sanciones menos gravosas (arresto y suspensión) pues, en materia de interpretación de las leyes no cabe presumir la imprevisión del legislador, toda vez que las sanciones previstas en el art. 92 del decreto ley 9.578/80 no se encuentran entre las que puede aplicar la Administración para repeler la falta que dio lugar a la medida cuestionada en autos.
Advierte que la posibilidad de imponer una sanción menor está contemplada de manera facultativa en la reglamentación, por lo que si la Administración decide imponer un castigo diferente a las opciones expresamente contempladas en la norma para el abandono del servicio, debería considerar la existencia de circunstancias particulares tales como la conducta anterior del agente u otros atenuantes; cuestiones que no encontró configuradas en la especie.
Concluye en que el tribunal interviniente incurrió en un error al anular el acto por considerar que hubo un exceso de punición por cuanto la Administración aplicó la sanción menos gravosa de la alternativa legal; sin que corresponda exigir una motivación diferenciada respecto de la conducta reprendida.
Finalmente señala que la judicatura se ha excedido en los límites de su función al exigirle a la Administración la utilización de una norma reglamentaria facultativa en una tarea que le es propia. Cita al respecto jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Adelanto que —en mi opinión— el recurso interpuesto no prospera.
III.1. Circunscripta la cuestión a determinar si existe o no en el caso un exceso de punición, en tanto solo la parte demandada ha venido a esta instancia extraordinaria, corresponde señalar que sobre este tema el tribunal actuante sostuvo que es el propio ordenamiento el que autoriza a imponer a las transgresiones del art. 93 del decreto ley 9.578/80, las sanciones previstas en el art. 92, cuando por las circunstancias particulares de la causa, la conducta anterior del agente, servicios u otros atenuantes se considere más justo la imposición de un castigo menor (art. 246, decreto reglamentario 342/81).
En efecto, repasando las normas en particular, el art. 93 inc. 7 del decreto antes citado establece que serán sancionados con retiro absoluto o destitución los agentes que incurran en abandono del servicio, considerándose tal el que se prolongue por más de cinco (5) días consecutivos sin causa justificada.
Por su parte el art. 246 del decreto reglamentario 342/81 dispone: "A las transgresiones del artículo 93 de la Ley de Personal, podrán imponerse las sanciones a que se refiere el artículo 92 de la misma, cuando por las circunstancias particulares de la causa, conducta anterior del agente, servicios u otros atenuantes se considere más justo la imposición de un castigo menor".
La Fiscalía de Estado afirma que el plexo normativo obliga, ante la configuración de la falta en cuestión, a sancionar la transgresión con el retiro absoluto o la destitución —esta sería la regla—; mientras que la reglamentación prevé la facultad para la Administración que, bajo determinadas circunstancias, pueda aplicar una pena menos gravosa —como si fuera la excepción a la pauta antes citada— (las previstas en el art. 92, dec. ley 9.578/80).
Ahora bien, precisamente sobre la base de juzgar el caso a la luz de la normativa antes señalada y a partir de la interpretación que efectuó la Cámara acerca de las previsiones de la ley y su reglamentación bajo las cuales concluyó en el exceso de punición de la sanción aplicada al actor, debo señalar —a diferencia de lo postulado por la Fiscalía de Estado—, que la sentencia en crisis aplicó correctamente las normas que la recurrente denuncia como infringidas.
En efecto, las alternativas punitivas con las que contaba la Administración para repeler la conducta del señor Guzmán eran cuatro: arresto (de 21 a 30 días) o suspensión de empleo (de 16 a 30 días), ambas previstas en el art. 92 del Estatuto aplicable por conducto del art. 246 de la reglamentación y retiro absoluto o destitución, previstas en el propio art. 93 del decreto ley 9.578/80.
La circunstancia de que algunas de ellas estén habilitadas mediante la reglamentación no resulta óbice para considerar a todas ellas incluidas —y me permito agregar, con el mismo rango— en el catálogo de opciones disponibles para la Administración a los fines de sancionar al agente (arts. 245 y 246, reglamentación ya citada).
En efecto, el marco legal lejos de compeler a la Administración a aplicar las medidas segregativas previstas en el art. 93 inc. 7 del decreto ley 9.578/80, la habilita a tener un margen de apreciación (art. 246, decreto reglamentario), cuya argumentación, al adoptarse la medida más severa, debió ser expresa y fundada. Es que, si la autoridad administrativa decide optar, como en el caso, por el retiro absoluto —una de las más gravosas— debe extremar los recaudos de fundamentación en el acto sancionador.
En este sentido esta Corte tiene dicho que, si el plexo normativo le permitía a la autoridad aplicar diversas sanciones, ello importaba admitir que la Administración, contaba con un margen de apreciación y valoración, cuya explicitación, de aplicarse la medida más severa, solo podía válidamente disponer en modo fundado, para poder así relegar la medida menos gravosa (cfr. doctr. causas B. 60.042, "Peralta", sent. de 29-XII-2009; B. 63.935, "Mallea Mamani", sent. de 29-VIII-2017; B. 64.843, "González", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Así, los actos administrativos impugnados omitieron considerar las circunstancias particulares relacionadas con el agente, y explicitar las razones de la elección de una sanción expulsiva frente a otras disponibles. De este modo al haber optado en aplicar la medida más gravosa en las circunstancias señaladas, considero acreditado, conforme lo resolviera el tribunal, el exceso de punición.
Con base en lo expuesto, corresponde rechazar el agravio esgrimido por la recurrente en relación con la errónea aplicación e interpretación de las normas actuadas por la Cámara.
III.2. En cuanto al apartamiento de la doctrina legal del tribunal el recurrente transcribe sumarios de fallos de esta Corte que recayeron en causas con distinta plataforma fáctica y jurídica a la que conforma el caso en estudio (doctr. causas A. 75.277, "Albanese", sent. de 29-V-2019; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020; A. 76.040, "Rossi", sent. de 26-XI-2021; e.o.).
La mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas.
Este Tribunal ha dicho que no es suficiente para fundar la violación de la doctrina legal la invocación de afirmaciones jurisprudenciales que, o bien son muy abstractas, o extremadamente casuísticas y sin depuración mediante la debida analogía con la controversia en cuestión (causa A. 76.501, "Energy", sent. de 26-II-2024).
III.3. Igual suerte corre el vicio de absurdo denunciado. Al respecto, esta Corte ha dicho que este no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Circunstancia que claramente no ha sido demostrada en este caso (causa A. 76.501, "Energy", ya cit.).
III.4. Por último, tampoco prospera el agravio de la representación fiscal vinculado con la violación del principio de división de poderes.
En efecto, repárese en que es justamente en virtud del mencionado principio que la Cámara interviniente ordenó reenviar las actuaciones administrativas para que sea el propio organismo quien dicte un nuevo acto y en el caso se brinden adecuados motivos de la sanción que se decida escoger, todo lo cual demuestra también la sinrazón de este planteo.
IV. Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.