Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75637
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.637, "Falloca, Verónica contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y, por mayoría, hizo lugar parcialmente al de la actora, a quien le reconoció una indemnización equivalente al 35% del sueldo actual de la categoría que ocupaba al notificarse la baja dispuesta (13-IX-2007), hasta el momento en que se hiciera efectiva su reincorporación, con más un interés del 6% anual puro hasta la sentencia y, en adelante, a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Alzada impuso asimismo —por mayoría— las costas correspondientes a la actuación en esa instancia en el orden causado y confirmó el pronunciamiento de grado en todo lo demás (v. sent. de 13-VII-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 13-VIII-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 25-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. resol. de 21-XII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Verónica Fallocca, anulando la resolución administrativa 2.217/07 y, en consecuencia, ordenó que se la reincorpore como agente de la demandada y que se le abonen los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la resolución impugnada (13-IX-2007) hasta el día 3 de abril de 2008 (fecha calculada a partir de los treinta días posteriores al pedido de pronto despacho que hizo presumir la existencia de una resolución denegatoria) en un 100% (cien por ciento) y desde allí hasta su reincorporación en un 30% (treinta por ciento).
Del mismo modo, ordenó el pago de una indemnización por daño moral en la suma de treinta mil pesos ($30.000) y estableció que, a los importes debidos en tal concepto, se les aplicarían intereses a la tasa pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por los depósitos a treinta (30) días, vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (v. sent. de 21-II-2017).
Para así decidir, señaló que se hallaba acreditado en el caso que la actora ingresó a trabajar para la demandada el día 15 de noviembre de 2004, habiendo sido designada en planta temporaria del Ministerio de Seguridad hasta el día 8 de agosto de 2005 y a partir de esta última fecha como Operador Telefónico Clase V del Escalafón del Personal del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires —Estatuto del Personal de Apoyo a las Policías—.
Precisó que tampoco se hallaba controvertido que a partir de fuertes mareos y dolores en el cuello concurrió a la Dirección de Sanidad y le fue detectada paresia en el ojo derecho, como derivación de lo cual le fueron provisoriamente encomendadas tareas de jornada reducida.
Sostuvo que luego de producidos los dictámenes técnicos, la Administración adujo que la señora Fallocca presentaba una disminución grave de las aptitudes laborales que le impedían el normal ejercicio de la función que le fuera atribuida, por lo que, no pudiendo ser asignada a otro destino ni acogerse a los beneficios previsionales, se dispuso —en aplicación del art. 4 del decreto 3.326/04— la baja obligatoria del Operador Telefónico Clase V Verónica Fallocca a partir de su notificación (resol. 2.217 de fecha 24-VIII-2007).
Tras mencionar que la actora fue sometida a juntas médicas los días 25 de enero de 2007, 13 de marzo de 2007 y 23 de agosto de 2008, oportunidad esta última en que se determinó que no podía precisarse el momento en que se originó el trastorno en cuestión, entendió que, de la documental acompañada, no surgía ni que la dolencia fuera previa al ingreso laboral, ni que ante la imposibilidad de dar cumplimiento con las tareas para las que la aquí actora fue designada se hubiera definido —en lugar de la baja— otorgarle otras, acordes a la aptitud psicofísica analizada, tales como tareas administrativas o de seguimiento de casos, pese a que así se había procedido en un primer momento.
En tal contexto, consideró que cabía declarar la nulidad del acto administrativo segregativo por vulnerar la garantía de estabilidad en el empleo público que amparaba a la señora Falocca (conf. arts. 14 bis, Const. nac.; 39 y 103 inc. 12, Const. prov.).
Sentado ello, con cita de precedentes de este Tribunal cuantificó las indemnizaciones correspondientes en los términos antes indicados.
II.1 Contra el pronunciamiento recién reseñado, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación (v. escritos de 30-III-2017).
II.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la Fiscalía de Estado y, por mayoría, hizo lugar parcialmente al de la actora, a quien le reconoció una indemnización equivalente al 35% del sueldo actual de la categoría que ocupaba al notificarse la baja dispuesta (13-IX-2007), hasta el momento en que se hiciera efectiva su reincorporación, con más un interés del 6% anual puro hasta la sentencia y, en adelante, a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal de Alzada impuso asimismo —por mayoría— las costas correspondientes a la actuación en esa instancia en el orden causado y confirmó el pronunciamiento de grado en todo lo demás.
Para así decidir, tuvo en cuenta que, contrariamente a lo esgrimido por la Fiscalía de Estado en su pieza recursiva, las constancias administrativas acompañadas a la causa no permitían tener por acreditado que se tratara de una enfermedad de origen anterior al ingreso de la agente en los términos que exige la normativa (conf. art. 4 inc. "d", dec. 3.326/04).
En tal sentido, ponderó que, con fecha 26 de junio de 2007, el médico oculista de la aquí actora, doctor Prieto Diaz, emitió un informe según el cual: "A los 18 años la motilidad era normal, ojo externo y fondo de ojo también normales. Se le dio de alta curada. En diciembre de 2006 concurrió con una patología nueva, no presente en exámenes anteriores..." (conf. pto. II.3., párr. quinto, voto de la ponente —al que adhirieron sus colegas— y doc. allí cit.).
Añadió que, de acuerdo con lo dictaminado por la División de Medicina Funcional los días 25 de enero de 2007 y 26 de marzo de 2008, la actora había perdido la aptitud para teleoperar, aunque sí podía realizar tareas readecuadas, pero no resultaba posible precisar si la patología que aquejaba a la agente era previa a su ingreso, o bien si comenzó a manifestarse con posterioridad (conf. pto. II.3., párrs. quinto y sexto, voto de la ponente —al que adhirieron sus colegas— y doc. allí cit.).
Tras ello, concluyó que el acto que dispuso la baja de la actora por una supuesta patología latente y previa no detectada al momento del ingreso, cuando aquella ya había adquirido estabilidad en el cargo, sin permitirle ejercer su derecho de defensa ni —a todo evento— otorgarle otras tareas acordes a su aptitud psicofísica, no resultaba ajustado a derecho. En abono de este criterio, invocó un precedente propio (causa 14.198, "Campos", sent. de 1-VIII-2013) y otro de esta Suprema Corte (causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016).
En base a tales lineamientos, estimó vulnerada la garantía de estabilidad en el empleo público que amparaba a la parte actora, a la vez que el acceso a prestaciones de la seguridad social reconocidas por el art. 39 de la Constitución provincial.
Señaló, por su parte, en cuanto al devengamiento de los salarios caídos, que cabía aplicar la doctrina de esta Suprema Corte por la que el daño material, calculado como un porcentaje de aquellos, utilizados como parámetro en la cuantificación, debe ser reconocido desde la fecha de notificación de la resolución impugnada hasta que tenga lugar la reincorporación.
Y, en definitiva, estimó que en autos el perjuicio irrogado por tales conceptos ascendía al 35% de los haberes dejados de percibir, pero computados a valores actuales para la categoría de revista de la agente al tiempo del cese, con más un accesorio por interés al 6% anual puro hasta el dictado de la sentencia y en adelante a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Por último, el Tribunal de Alzada compartió las ponderaciones efectuadas por el señor juez de la instancia anterior, vinculadas a que el hecho de haberse visto la actora privada de su puesto de trabajo, constitutivo de su sustento personal, junto a la circunstancia de haberse consumado el cese sin audiencia previa, permitían tener por comprobado el daño moral, advirtiéndose ajustado a derecho el monto reconocido.
III. Con fecha 13 de agosto de 2021 la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denunció: 1) violación del régimen legal de la baja policial por ineptitud psicofísica derivada de enfermedad preexistente no detectada al inicio del vínculo; 2) violación de la ley, doctrina legal y absurdo en lo relacionado con la presunta falta de fundamentación tanto del acto de baja como del dictamen previo de la Junta Médica; 3) violación de la ley, doctrina legal y absurdo al reprochar indefensión en el procedimiento administrativo; 4) violación de la ley, doctrina legal y absurdo por la invocación de un precedente que sería inaplicable y por la supuesta indiferencia verificada frente a la peligrosidad del reingreso laboral dispuesto y 5) violación de doctrina legal por haberse ordenado el pago de una indemnización equivalente al 35% de los salarios caídos, a valores actuales, más los intereses establecidos.
III.1. Inicialmente, el representante fiscal sostuvo que la Cámara actuante desconocía el funcionamiento de las normas que reglamentan la baja policial por ineptitud psicofísica, como límite a la estabilidad en el empleo público, confundiendo tal situación de cese justificado con una situación diferente, vinculada a la baja por invalidez o sumarial. En concreto, estimó que el art. 9 de la ley 13.201 establece que la estabilidad se adquiere al año del ingreso policial, pero que está condicionada a ciertos límites, como precisamente sucede en el caso previsto por la última parte del art. 10 de la misma ley recién citada y por el art. 4 inc. "d" del decreto reglamentario 3.326/04, esto es, en la baja psicofísica por disminución de las aptitudes necesarias para el desenvolvimiento en el cargo, supuesto que solamente requeriría una "información sumaria" de carácter unilateral (es decir, no un sumario administrativo, por no tratarse de una falta disciplinaria).
Manifestó que, en particular, el caso de la exagente Fallocca se trata de una baja psicofísica por "latencia", es decir, por el descubrimiento tardío de una enfermedad latente y preexistente no detectada desde el inicio, caso en el cual la normativa aplicable prevé la "…baja del agente, sin responsabilidad alguna para este Ministerio y sin derecho a reclamo" (sic, art. 4 inc. "d", decreto reglamentario). Destacó que el dictamen de la Junta Médica especificó que la causante no se hallaba apta para la función policial, lo que motivó el dictado de la resolución que dispuso la baja de la agente por tal razón.
Asimismo, criticó a la sentencia por cuanto, sin negar —según expuso— la configuración de una baja por latencia, exigió el cumplimiento de requisitos ajenos a este supuesto, concretamente al indicar que la Junta Médica debería haber determinado el grado o tipo de incapacidad (como si se tratase de una baja por invalidez), que el procedimiento debió prever un traslado y sustanciación previa para permitir el descargo y ejercicio de defensa del agente (como si se estuviera en presencia de un sumario disciplinario) y que eventualmente debió preverse el pase a disponibilidad del agente, con eventual asignación de tareas acordes o no operativas.
III.2. Luego, cuestionó que, sin negar la presencia de una enfermedad preexistente y sin haberse producido prueba que las desmintiera, la Cámara actuante invalidase las conclusiones de la Junta Médica Superior, alegando que su informe resultaba inmotivado e insuficiente. Además de reiterar que no correspondía determinar un porcentaje ni el tipo de incapacidad detectada, añadió que haber exigido que se reflejasen pormenorizadamente los procedimientos y demás estudios llevados a cabo por los profesionales intervinientes resultaba desmedido, contrario a la naturaleza del trámite de "información sumaria" y carente de sustento legal.
Citó, en aval de su postura, jurisprudencia de la Corte nacional y de este Tribunal sobre el alcance del deber de motivar los actos administrativos y, como complemento, doctrina respecto de su fundamentación integrativa o in aliunde , dada por la remisión a dictámenes antecedentes.
Asimismo, invocó en su favor jurisprudencia sobre la ponderación de la prueba en casos relativos a dictámenes elaborados por juntas médicas (causas B. 61.032, "Vitale", sent. de 10-III-2010 y B. 62.526, "Agüero", sent. de 4-X-2016).
III.3. Desde otroángulo, la Fiscalía de Estado negó que se hubiera violado el derecho de defensa de la actora, al no habérsele permitido presentar un descargo defensivo previo respecto del citado dictamen médico, con anterioridad al dictado del acto administrativo segregativo. Reiteró en este punto la inexistencia de tal requerimiento en la ley aplicable y la suficiencia de la "información sumarial". Aseguró que tanto el recurso administrativo contra el acto final como la presente acción contencioso administrativa dieron suficiente oportunidad a la actora para ejercer su derecho de defensa, sin perjuicio de no haberse cumplido idóneamente —en su visión— esa tarea. En abono de su tesis, citó jurisprudencia de esta Corte (causas B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019; e.o.).
III.4. También se agravió la recurrente por cuanto estimó que la sentencia atacada aplicó incorrecta y absurdamente la doctrina legal del caso B. 62.043, "Karanicolas", sentencia de 31-X-2016, en el que se interpretó que la resolución que dispuso la baja del actor por no estar en condiciones de reintegrarse al servicio activo resultaba ilegítima. Negó, pues, que tal supuesto presentase una "configuración estructural semejante" al caso de autos, en tanto en el citado precedente se trataba de una "baja por invalidez" por una situación de incapacidad surgida durante la relación de empleo, con diferentes implicancias legales que la "baja por latencia".
Agregó que, por lo demás, el temperamento adoptado por la Cámara genera un "...peligro grave y evidente para el correcto desempeño de la fuerza policial, así como para la eventual responsabilidad del Estado por el obrar de sus agentes...".
III.5. Finalmente, la recurrente se opuso al pago de salarios caídos, como consecuencia de la pregonada ausencia de ilegitimidad del actuar administrativo, de la falta de prestación de servicios por parte de la actora y porque la determinación de la condena en un 35% de aquellos excedería lo previsto en la doctrina de esta Corte.
Asimismo, negó la viabilidad de una condena indemnizatoria a valores actuales, en tanto, según entiende, ella vulnera la prohibición legal de indexar las deudas dinerarias. En respaldo de esta posición, invocó lo dispuesto por las leyes 23.928 y 25.561; los arts. 619 del Código Civil y 765, 766 y 772 del Código Civil y Comercial; y jurisprudencia tanto de la Corte nacional (causa "Álvarez", sent. de 5-XI-2019; e.o.) como de este Superior Tribunal provincial (causa B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. de 2-X-2002; e.o.).
IV. Anticipo que el recurso no prospera.
IV.1. La Fiscalía de Estado insiste en esta instancia extraordinaria con que la autoridad administrativa aplicó correctamente al caso bajo análisis la normativa correspondiente a aquellos supuestos en que se constata la ineptitud psicofísica para desempeñarse dentro de las policías de la Provincia de Buenos Aires, como resultado de una enfermedad preexistente, no detectada al inicio del vínculo laboral.
Sin embargo, tanto el señor juez de primer grado como la Cámara interviniente han concluido que las constancias colectadas en autos no permiten tener por acreditada la presencia de una enfermedad de origen anterior al ingreso de la agente a la fuerza policial.
Sabido es que, por vía de principio, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido en esas materias, salvo, claro está, el supuesto de absurdo (conf. causas Ac. 52.204, "Wasser", sent. de 25-IV-1995; Ac. 57.124, "Troncaro", sent. de 20-II-1996; A. 69.841, "C., R. O.", sent. de 7-IV-2010; A. 70.187, "Nuñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
A su vez, esta Corte tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni se trata de un carril para la expresión de criterios meramente discordantes por parte del recurrente (conf. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; entre muchas otras).
Es que, si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella solo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Esto así, en el entendimiento de que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. causas A. 74.228, "Lacaze", sent. de 4-VII-2018; A. 74.410, "Acosta", sent. de 24-VI-2020; A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
De ahí que el absurdo no quede configurado aun cuando el criterio de los juzgadores pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 76.145, "Rosa", sent. de 4-VIII-2021; e.o.).
Tal situación está lejos de configurarse en autos, pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico, coherente y debidamente apuntalado en concretos elementos de prueba, que incluyen lo dictaminado por la propia División de Medicina Funcional de la autoridad demandada, aunque contrario a los intereses de la recurrente, quien se limita a expresar al respecto que el Tribunal de Alzada no habría negado la presencia de una enfermedad preexistente (lo que, como se ha visto, no es estrictamente así) y a cuestionar de modo genérico la supuesta falta de prueba apta para desmentir las conclusiones sobre el pun
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