Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78032
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.032, "Gramajo, Ester Cristina y Otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en consecuencia modificó la sentencia de primera instancia respecto al rubro pérdida de chance y en cuanto al modo de liquidar los intereses (v. sent. de 19-IV-2019).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-V-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 17-V-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria presentada por la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, hizo lugar a la pretensión indemnizatoria promovida por Ester Cristina Gramajo, Diego Sebastián Filiberto y Andrea Paola Filiberto y condenó a la Provincia de Buenos Aires, a pagar dentro del plazo de sesenta días de quedar firme la respectiva liquidación, la suma total de $2.349.145, del siguiente modo: a la señora Ester Gramajo, madre de la víctima, la suma de $449.145 en carácter de la pérdida de chance, y la de $900.000 por el daño moral sufrido. Para la determinación del primer rubro reconocido, consideró como parámetro para tomar un porcentaje, el salario mínimo vital y móvil (SMVM), el que fuera tomado a valores históricos desde la muerte del recluso Filiberto, hasta el dictado de la sentencia.
Respecto de los hermanos, Diego Sebastián Filiberto y Andrea Paola Filiberto otorgó la suma de $500.000 en concepto de daño moral, con más los intereses desde el 2 de marzo de 2017 —fecha del siniestro que diera origen al presente— hasta el efectivo pago, calculados conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o la similar de carácter "pasiva" y de mayor rendimiento que la reemplace, hasta el efectivo pago (v. sent. de fecha 19-IV-2022).
La sentencia fue apelada por la parte actora (v. presentación electrónica de 28-XII-2021).
II.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás admitió parcialmente el recurso interpuesto por la actora, no sin aclarar que la sentencia al ser consentida por la parte demandada, limitaba el ámbito decisorio del tribunal.
1. En primer lugar, modificó el parámetro para determinar la indemnización correspondiente al rubro pérdida de chance, considerando que los daños derivados de la responsabilidad civil debían considerarse obligaciones de valor. Para fundar este aserto citó doctrina de este Tribunal.
En virtud de ello, entendió que, tratándose de una deuda de valor, determinó "que la pauta de base para el cálculo de los distintos rubros reclamados que prosperan, esto es, el SMVM debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, que no es otro que el de dictar sentencia, y no corresponde, entonces, la determinación histórica (mes a mes) del monto del SMVM".
A raíz de ello, el a quo consideró que la alteración del mecanismo para fijar el capital impactaba necesariamente en el cómputo de intereses, los que a su criterio debían liquidarse de conformidad con los precedentes de esta Corte C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018).
2. En segundo término, también hizo lugar al período de tiempo por el cual prosperó la indemnización en concepto de pérdida de chance. En este tramo consideró que la procedencia del rubro en cuestión debía liquidarse hasta el promedio de vida estimado en ochenta y siete años, según la estadística que tomara en cuenta.
En este marco, distinguió dos momentos, el primero desde el fallecimiento del hijo hasta el momento en que la actora Ester Gramajo, accedió al beneficio jubilatorio y el segundo a partir de esta circunstancia hasta que adquiera los ochenta y siete años de edad. Ello, como lo señalé en el párrafo anterior, con fundamento en los datos del Banco Mundial sobre la edad promedio de la población, que explica en el punto "III" in fine de la sentencia. Consideró prudente asignar para el primer período un 20% y para el segundo un 25% del valor que corresponda al SMVM.
3. Por lo demás confirmó el resto de la sentencia de grado, en cuanto fue materia de agravio, en particular el daño moral, ítem sobre el cual no encontró yerro en el dispositivo dictado por el juez de origen.
En lo que interesa para la solución del recurso extraordinario interpuesto, los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal de Alzada, para decidir del modo en que lo hizo, son los siguientes:
II.2. El caso, que al trabarse la litis configurara un supuesto de responsabilidad del Estado por falta o irregular prestación de un servicio, ha quedado ceñido a la cuantificación del daño, de acuerdo al modo en que se ha articulado el recurso de la Fiscalía de Estado. Ello, de cara a las constancias y probanzas de la causa, y en especial lo que surge de la causa penal seguida contra funcionarios policiales por abandono de persona, por la muerte entre otros del señor Filiberto alojado en dependencias policiales pertenecientes a la demandada, en virtud de un incendio ocurrido en la Comisaría Primera de Pergamino. Lo expuesto con fundamento en el deber de custodia que fuera infringido que hace procedente la imputación material a la actividad del órgano estatal en cuyo desempeño se acreditase una "falta de servicio".
III.1. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto la Fiscalía de Estado denuncia que la Cámara incurrió en absurdo al acoger parcialmente el recurso de la actora y modificar la indemnización otorgada por el rubro pérdida de chance, y la extensión temporal por la que dicho rubro prosperara.
III.2. Aduce que la Cámara incurrió en absurdo valorativo al otorgar una reparación en concepto de pérdida de chance, apelando a argumentos que enraíza en daños imaginarios sin anclaje en la realidad, soslayando que la madre cuenta con otros dos hijos con empleos y con posibilidad certera de colaborar con ella. Cuestiona además el modo de cuantificar el rubro distinguiendo dos momentos temporales y modificando los porcentajes del SMVM, lo que sostiene obedece a un razonamiento violatorio de los arts. 384, 165 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 1.745, 1.737, 1.738, 1.740 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Alega que en autos no fue valorada la posibilidad cierta de ayuda futura y que la Cámara violentó la congruencia del juicio al establecer para el segundo lapso temporal una mayor cantidad de años al solicitado por la propia actora, además de ignorar la doctrina legal de esta Corte que emana de la causa C. 121.387 respecto al tema de los intereses para daños futuros, entre los que engloba a la pérdida de chance.
En segundo orden, afirma que la Cámara mediante un razonamiento absurdo y dogmático dio por sentado que la víctima fuere a colaborar económicamente con su madre y así transformó la probabilidad de ayuda futura, en un daño real que extiende arbitrariamente hasta que la nombrada alcance los ochenta y siete años de edad.
Por último, esgrime que la sentencia vulnera el principio de congruencia al disponer que una vez obtenida la jubilación y, hasta alcanzar los ochenta y siete años, el cálculo se haga tomando en cuenta el 25% del SMVM. Pues a su entender esta cuestión no fue planteada por la actora en ocasión de apelar y en consecuencia resolvió extra petita infringiendo normativa de orden público. Cuestiona finalmente el dies a quo de los intereses.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Tiene dicho esta Corte que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causa Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005).
El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige que el recurrente indique con claridad las disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el apelante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de la instancia extraordinaria (causa C. 100.851, sent. de 3-VI-2009).
Pues bien, por cuanto concierne a la queja bajo análisis, dicha carga en modo alguno aparece cumplida.
En el apartado "VI", y en el principio del apartado "VII" de la pieza recursiva, se articulan razonamientos que están dirigidos a la procedencia del rubro antes que a su cuantificación.
La discusión acerca de la procedencia del reconocimiento de la pérdida de chance, tal como lo señalara la Cámara, es un tramo no refutado por la representación fiscal, por lo que ha adquirido firmeza.
El tribunal, expresó que su ámbito decisorio tenía una doble limitación configurada por las postulaciones iniciales de las partes, y por el alcance de los recursos. En particular dejó sentado que la demandada "ha consentido la sentencia, lo que conlleva a que -consecuentemente- la admisión de los rubros concedidos también lo han sido".
Veamos:
La recurrente denuncia que la cuantificación que hizo la Cámara es infundada, y alega que no existe prueba que permita vislumbrar que la pérdida de chance de la señora Gramajo se haya configurado, agregando que la decisión resulta extra petita y por ello, solicita su disminución.
Ahora bien, al analizar el caso advierto la sinrazón de la impugnante en este aspecto, pues la Cámara no hizo más que confirmar el otorgamiento que a su turno hizo el juez de primera instancia, quien conforme declaraciones testimoniales y recibos de sueldo, tuvo por acreditado que la víctima se desempeñaba como "camillero" (v. pto. IX.1. in fine de la sentencia de primera instancia). Y añadió que en los casos donde la prueba colectada no resulte suficiente a los fines de alcanzar un monto consecuente, la jurisprudencia, frente a la imposibilidad de determinar los ingresos económicos del causante, acude para dicha determinación a la consideración del denominado "salario mínimo, vital y móvil", creado por el art. 140 de la ley 24.013.
Sentado ello, en relación a la cuantía fijada por la pérdida de chance o valor vida que dispuso la Cámara, la crítica no prospera.
Asimismo, los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre el absurdo (doctr. causa C. 117.926, "P., M. G.", sent. de 11-II-2015).
La existencia de un daño cierto como requisito para ser resarcible, desde hace tiempo ha sido ampliado hasta abarcar también la certeza de la oportunidad de un beneficio, malograda por un hecho lesivo, criterio que recoge el Código Civil y Comercial en su art. 1.745. En este último caso se habla de pérdida de la "chance", ubicándose el concepto en una zona intermedia entre los daños reales y los daños imaginarios (cfr. causas C. 121.643, "Martínez", sent. de 28-XI-2018; C. 101.593, "Díaz", sent. de 14-IV-2010 y A. 74.800, "Castaño", sent. de 8-VI-2020).
En las indemnizaciones por frustración de chance, entonces, lo reparable es la probabilidad perdida, la razonable aspiración de obtener un beneficio económico. No el beneficio mismo, sino la sostenible potencialidad de lograrlo (causa C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017). Así, la "chance" es solo una probabilidad, pero su frustración —para que sea indemnizable— debe ser cierta e inequívoca (causa C. 101.593, cit.). La circunstancia de tratarse de una chance no quita certeza al daño en tanto constituya la pérdida de una posibilidad real y concreta (causa L. 81.957, "S., B. E.", sent. de 27-XII-2006). Por lo que la pérdida de esa chance debe ser un daño cierto en la misma medida que su grado de probabilidad (doctr. causas C. 52.947, "Scasserra", sent. de 7-III-1995; L. 44.497, "Alba Villaroel", sent. de 21-VIII-1990; etc.), de modo que, al lado de las posibilidades en contra, también debe haber otras a favor (doctr. causa C. 118.885, cit.).
En este análisis, la reparación por el valor vida o la pérdida de la chance, su verificación y valoración en concreto —como quiera que se trata de cuestiones circunstanciales— constituyen una facultad privativa de los jueces de grado, inabordable en casación mientras no se demuestre absurdo (en el mismo sentido, doctr. causas L. 36.625, "Otegui", sent. de 14-X-1986; C. 71.468, "Giménez", sent. de 16-VII-2003; L. 87.995, "Ovelar", sent. de 10-XII-2008; L. 116.645, "C., C.", sent. de 1-VII-2015; A. 71.574, "Bellomo", sent. de 8-VII-2014; C. 121.643, "Martínez", sent. de 28-XI-2018; e.o.), que se configura como el error grave y grosero concretado en una conclusión del sentenciante visiblemente incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas resultantes de la causa (causas L. 83.795, "Andiarena", sent. de 1-III-2006; L. 86.145, "Pesci", sent. de 19-IX-2007; L. 95.687, "Duarte", sent. de 16-IX-2009; L. 104.154, "Reynoso", sent. de 11-V-2011; e.o.).
Y si bien se sabe que, a los fines de desarrollar la tarea valorativa de las probanzas arrimadas a la causa, los jueces de grado cuentan con amplias facultades de selección y ponderación, y que tal faena resulta censurable por la Corte solo en los casos en que ese razonamiento se vea teñido por el absurdo (doctr. causas C. 73.512, "Coca Cejas de Acha", sent. de 13-IX-2000; C. 90.533, "Mucabare", sent. de 14-XII-2005; C. 102.284, "M., E.", sent. de 2-V-2013; C. 119.767, "Bustos", sent. de 15-XI-2016; e.o.); observo que en autos tal desvío lógico del fallo impugnado no ha sido debidamente denunciado y demostrado por el recurrente.
Adviértase que la demandada funda el absurdo que denuncia en que la indemnización fijada no resulta reparadora del daño causado, que es irrazonable en el marco de la realidad económica actual y que se prescindió de efectuar cálculos aritméticos.
Cuando la Cámara lo que hizo fue establecer el monto por el rubro "valor vida", teniendo en cuenta que se trata del fallecimiento de un hijo joven que aún no había dejado el hogar de sus padres, donde lo resarcible es el daño cierto que corresponde a la razonable esperanza, con contenido económico de que, en el futuro, se concrete en una ayuda o sostén para sus padres.
Agregó que el valor vida no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran o serían destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía o que en la segunda hipótesis fuera razonablemente producir.
La queja de la recurrente no logra demostrar que la conclusión a la que arribó la Cámara fuera el resultado de una valoración absurda de las pruebas incorporadas a la causa.
IV.2. En mi entender tal como ha sido formulado el intento recursivo, luce ineficaz para evidenciar que la ponderación realizada por el Tribunal de Alzada sea manifiesta o groseramente errónea.
Cabe recordar que el absurdo se configura cuando ha existido en el razonamiento del juzgador un vicio lógico de tal magnitud que sea notorio el apartamiento de las leyes del raciocinio o la desinterpretación material de las piezas de que trata el análisis; consiste en un remedio último y excepcional para casos extremos (doctr. causa C. 106.648, sent. de 9-VI-2010; e.o.), no constituyéndolo las conclusiones objetables o poco convincentes, que no llegan a los mencionados extremos (causas C. 75.020, sent. de 20-IX-2000; C. 88.695, sent. de 22-III-2006; C. 83.282, sent. de 8-III-2007; A. 73.466, "C., W. H", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
Así, los argumentos desarrollados por los recurrentes referidos a la incorrecta valoración de las pruebas, no logran acreditar la existencia del vicio lógico denunciado, toda vez que no basta con exponer la mera disconformidad y personal interpretación de los hechos para declarar absurda la actividad desplegada en la instancia anterior.
Es que incumbe al órgano judicial determinar si, en un caso como el de autos, se verifica la concurrencia de un nexo causal adecuado entre la responsabilidad y el daño cuya reparación se pretende.
Lo cierto es que el recurrente incursiona en el ámbito fáctico, planteando circunstancias tendientes a evidenciar la falta de participación de la víctima en el evento dañoso, mas no demuestra que la Cámara haya incurrido en vicio alguno capaz de descalificar la sentencia al resolver del modo en que lo hizo.
Estas valoraciones son privativas de los jueces de grado que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, a menos que se invoque y demuestre que en dicha labor el órgano jurisdiccional ha incurrido en absurdo, vicio que, como fuera ya expuesto, no se configura en la especie.
También ha dicho esta Corte que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado, quienes pueden, sin incurrir en absurdo, inclinarse hacia unas y desechar otras, sin necesidad de expresar en el fallo la meritación de todas (conf. doctr. causas C. 113.694, sent. de 16-IV-2014; C. 118.235, sent. de 13-V-2015; C. 120.786, resol. de 15-VI-2016; e.o.).
Las razones que anteceden me llevan a desechar las denuncias formuladas con base en un reproche de absurdo que, como vimos, en el caso no ha quedado demostrado.
Corresponde, por todo lo expuesto, repeler el embate y desestimar el planteo esgrimido (art. 289, CPCC).
IV.3. La misma suerte debe correr la alegada vulneración de la doctrina legal que emerge de la causa C. 121.387, "Coronel", sentencia de 6-XII-2017, que cita en el punto VI in fine , pues tampoco tiene cabida. Pues en aquel supuesto se trataba sí de un daño futuro (colocación y recambio de prótesis de miembro inferior izquierdo) y en razón de ello los intereses debían computarse a partir del momento de notificarse la sentencia, pues a diferencia del supuesto de autos, por la propia naturaleza de lo que ordenaba el fallo no podría ser de otro modo.
Este Tribunal tiene dicho que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.250, sent. de 26-X-2016; A. 73.228, sent. de 19-X-2016; A. 74.105, sent. de 27-VI-2018; e.o.).
IV.4. Por último, cabe desestimar el agravio planteado respecto a la violación del principio de congruencia por resolver extra petita.
En este aspecto la recurrente tampoco logra rebatir los fundamentos del Tribunal de Alzada a través de la vulneración del principio de congruencia que esgrime. Aquí la Fiscalía alega que la modificación del porcentaje del salario mínimo vital y móvil, junto con la ampliación del lapso temporal de vida de la actora,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.