Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.782, "Porcel, Ricardo Néstor contra Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por el señor Ricardo Néstor Porcel contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 28-VI-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-VII-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 1-VIII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la parte actora y, en consecuencia, anuló la resolución 829.264, de fecha 16 de diciembre de 2015 del Directorio del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), como asimismo su confirmatoria 894.387, de fecha 5 de julio de 2018. De este modo, ordenó al Instituto a que procediera a reajustar el haber jubilatorio del señor Porcel de conformidad al cargo de "chofer de colectivo" desempeñado en la órbita privada por el período 1 de enero de 1969 a 15 de abril de 1977, con retroactividad a la fecha del pedido de reajuste (22-VI-2013). Sumas estas últimas que deberían estimarse a valor actual, con más los intereses calculados desde el día 22 de junio de 2013 —y hasta el dictado de la sentencia— en el 6% anual, y de allí en más a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 5-IV-2021).
Para decidir así, dijo que era de aplicación plena el sistema de reciprocidad jubilatoria regulado por el decreto ley 9.316/46, ratificado por ley 5.157.
Destacó que no se encontraba controvertido el hecho de que el actor se hubiera desempeñado en el cargo de chofer en la Empresa Línea Siete S.A.T, sino que la divergencia aparecía en torno a que la demandada consideraba que aquel no habría acreditado adecuadamente haber alcanzado en dicho cargo los treinta y seis meses consecutivos o sesenta alternados exigidos por el decreto ley 9.650/80 (art. 41).
Tildó de errónea la lectura efectuada por el IPS, siendo que tales extremos se hallaban debidamente acreditados a partir de un reconocimiento de servicios expedido —aparentemente— por la Administración Nacional de la Seguridad Social —ANSeS— (v. fs. 148/153).
En consecuencia, dijo que el supuesto de hecho que preveía la norma antes citada se encontraba verificado, en tanto que el señor Porcel se desempeñó, sucesiva e ininterrumpidamente, en el puesto de "chofer de colectivo", por el período 1 de enero de 1969 a 15 de abril de 1977.
Disconforme, la Fiscalía de Estado recurrió el pronunciamiento.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó el remedio.
II.1. Indicó, para eso, que el fallo de primera instancia había ponderado adecuadamente la prueba rendida en autos (dando cuenta de una permanencia superior a los treinta y seis meses consecutivos en el cargo de "chofer de colectivo"), siendo en este punto ineficaz el recurso, el cual solo se mostraba "discrepante" con la solución adoptada por el magistrado de grado, sin evidenciar un error de juzgamiento apreciable (v. pto. V.1. del voto del juez Spacarotel, al cual adhirieron los jueces De Santis y Milanta).
Añadió, además, que lo resuelto se ajustaba a los fundamentos que informan el carácter tuitivo del régimen legal previsional, así como a las pautas interpretativas de raigambre constitucional que rigen en el ámbito de la seguridad social (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
II.2. Sentado lo anterior, desestimó el agravio relacionado con el modo de calcular los haberes devengados desde el pedido de reajuste previsional teniendo en consideración el monto actual de la prestación, con más el interés puro del 6% anual.
Aseguró que la modalidad empleada estaba en línea con el criterio sentado por esta Suprema Corte en casos parangonables (conf. causas B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019) y que la propia Cámara había ya adoptado para sí.
En dicho contexto explicitó que, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión ( i.e., previsional), lo determinante a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo a valor actual de los haberes del cargo respectivo, era que se trataba del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud del acto administrativo que rechazó ilegítimamente su reconocimiento, razón que justificaba la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, ello en tanto supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor.
III. Contra la confirmación, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 13-VII-2022).
III.1. De un lado, denuncia que el Tribunal de Alzada violó el art. 41 del decreto ley 9.650/80, por cuanto el demandante no reunía los requisitos exigidos por la normativa para que se le reconozca el mejor cargo pretendido, circunstancia que surgiría de la prueba producida en el expediente administrativo 21.557-323224/15.
En este punto, argumenta que no existió reconocimiento de servicios emanado de la propia ANSeS que demuestre que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1969 y el 15 de abril de 1977, el actor hubiese desempeñado el cargo de "chofer de colectivo" por el lapso que requiere el mencionado art. 41 ( i.e., 36 meses consecutivos o 60 alternados).
A tal fin, impugna la "certificación de sueldos" que se adjuntó al legajo respectivo, por cuanto no se trataría de algo producido por dicha autoridad estatal, sino de una documentación confeccionada por una empresa privada con certificación de firma ante el organismo previsional nacional, circunstancia que —según entiende— implica que ella carezca de suficiencia probatoria a fin de demostrar la duración del período efectivamente desempeñado por el actor en aquel mejor puesto.
III.2. Por otro lado, cuestiona la condena de pagar los haberes devengados a valores actuales, por cuanto ello vulneraría la prohibición de indexar establecida en los arts. 7 y 10 de la ley federal 23.928 y su modificatoria 25.561.
Sostiene que fue errónea la invocación como "doctrina legal" de la sentencia recaída en la causa B. 60.558, "González", tomada por la Cámara como fundamento jurisprudencial para confirmar la modalidad de cálculo para el reajuste retroactivo, siendo que allí se trataba de un supuesto diferente. Por el contrario, afirma que el único criterio prevalente es aquel que surge de toda otra serie de precedentes, en los cuales se insistió en la improcedencia de actualización, repotenciación o indexación de deudas.
Sobre la base de todo ello, la representación fiscal considera que los haberes retroactivos que eventualmente tendría que abonar deben liquidarse a valores históricos, con más los intereses que correspondan legalmente.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. En lo medular, la crítica de la recurrente gira en torno a la apreciación que se hiciera en las instancias anteriores de las certificaciones agregadas al expediente a fs. 148/153.
Se pone en duda que estas gozasen del suficiente grado de oficialidad como para ser tenido por bueno el mejor cargo que supuestamente desempeñó el actor al final de su carrera en la compañía de transporte privada en la que traajó ("chofer de colectivo"), de modo tal de poder computarlo para su jubilación otorgada por el IPS.
En tal sentido, la apelante dice que no se trataría de documentación expedida por la propia ANSeS —a su entender, la única válida- sino por la empresa Línea Siete S.A.T, con tan solo una autenticación de la firma allí impresa por parte de dicha autoridad.
Aduce que eso importó, lisa y llanamente, violación del art. 41 del decreto ley 9.650/80.
IV.2. He de notar que dicha norma —en lo que acá puede ser relevante— se ciñe a establecer el tiempo mínimo en el cargo de mayor jerarquía a los fines de que sirva para calcular el haber sustitutivo de base.
Nada instituye, consagra o especifica en cuanto a las formas de la documentación respaldatoria que pudiera ser menester a tales fines, o de quién y cómo debe emitirlas.
Así las cosas, lejos del error puramente jurídico, es evidente que la quejosa viene en casación con una típica cuestión de hecho y prueba, cuya ponderación —en principio— resulta privativa de los magistrados de grado, salvo denuncia y acreditación de que han arribado a algo absurdo (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 75.279, "Odisa Obras de Ingeniería SA", sent. de 28-VIII-2021; A. 79.162, "D., M. L.", resol. de 21-X-2024; e.o.).
Más concretamente, se ha dicho que se traduce en una de tales cuestiones establecer si en un caso concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto determinado (doctr. causas A. 72.416, "D’Agostino", sent. de 18-X-2017 y A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019).
Como fuere, semejante vicio lógico solo se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas Ac. 89.233, "Martínez", sent. de 6-VII-2005; Ac. 91.321, "García", sent. de 15-III-2006; Ac. 94.916, "Mieres de García", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
IV.3. De la lectura de la pieza no se observa que se haya hecho formalmente una denuncia en tal sentido, déficit que indefectiblemente afecta la suerte del intento (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019).
Solo al final de la exposición se dice que el a quo incurrió en "arbitrariedad", doctrina pretoriana de origen federal que no se confunde con la anterior, aunque permite eventualmente ingresar en aspectos factuales de la controversia (doctr. causa A. 78.260, "Rubini", sent. de 11-X-2023).
Pero cabe remarcar que la invalidación sobre tales bases es más que excepcional, ya que su planteo no puede tener por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas (CSJN Fallos: 338:623), ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133 y 717 y 339:1066; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021; e.o.).
En las condiciones reseñadas, no es posible constatar la existencia de un error de tales características.
IV.4. Por eso, más allá del acierto o error de lo concluido en cuanto a la naturaleza de la certificación de referencia (de si esta fue otorgada por la propia ANSeS, simplemente avalada por dicha autoridad o meramente certificada una firma), o si la formalidad era dirimente bajo el régimen legal actuado en la especie, el fallo atacado se sostiene en esta parcela como resultado de una impugnación técnicamente defectuosa (art. 279 in fine , CPCC).
V.1. Pasando a la segunda línea de agravios, la crítica revuelve en torno a la prohibición de indexación según los términos de las leyes 23.928 y 25.561 y la supuesta violación de doctrina legal de este Tribunal sobre el tópico. Eso mismo, al haberse mandado a pagar diferenci as en los haberes previsionales calculadas a valores actuales.
Se trata de una impugnación ya intentada y rechazada en casos análogos (v. mis votos en causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; A. 78.353, "Leguero", sent. de 20-XI-2024 y A. 78.409, "Gómez", sent. de 27-II-2025; e.o.).
V.2. En tal sentido, el Fisco menciona —entre otras— la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019. Sin embargo, en este antecedente y en muchos otros he brindado una serie de fundamentos para resistir una crítica como la aquí ensayada —que busca imponer a ultranza la regla del nominalismo— que no son objeto de debida confrontación y que, vale decir, exceden la disquisición teórica entre deudas dinerarias y deudas de valor que aquí marcan el eje de la impugnación (v. mi voto en causa cit., en esp. ptos. V.2.a. y V.2.e.).
Aun cuando las circunstancias en las cuales tales justificaciones fueron desplegadas no sean exactamente las mismas que en el sub examine , la generalidad de algunas de esas proposiciones bien pudo servir para abastecer el decisorio del Tribunal de Alzada a la hora de confirmar la determinación judicial de la reparación económica en el caso concreto (conf. art. 165, CPCC).
V.3. En su lugar, la apelante se ciñe a reclamar por la aplicación de las leyes ya mencionadas e invocar un temperamento sentado en discretos precedentes o causas de cierta antigüedad, cuyo contenido no se condice con otros fallos posteriores a los que, eventualmente, cabría asignarles mayor valor como doctrina legal, en los cuales se fijó la indemnización debida a valores actuales (v. por ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023 y B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; entre muchas otras). Y que de ser eso así, serían tales los precedentes a los que cabría mirar a la hora de sentenciar (doctr. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.303, "Dadario", sent. de 25-II-2021; e.o.).
En esas condiciones, cabe recordar que a criterio de esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, con independencia de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Asimismo, que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018 y A. 78.409, cit.).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al punto IV del voto del colega que inicia el acuerdo y por idéntico sustento considero que corresponde rechazar —sin más— esa parcela del embate (art. 279 in fine, CPCC).
II. Asimismo adhiero a los puntos V.1. a V.3. en cuanto señala específicamente la insuficiencia técnica del recurso.
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa .
El señor Juez Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:18:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:01:41 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:13:04 hs. bajo el número RS-100-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia