Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.854, "Oberst, María Ignacia contra Municipalidad de Salliqueló sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso interpuesto por la parte demandada y rechazó el de la parte actora. De esta manera, revocó el fallo de primera instancia en cuanto le reconoció a esta última estabilidad en un cargo jerárquico y, ante su supresión sin posibilidad alguna de reubicación, el derecho a percibir una indemnización basada en las diferencias salariales entre su anterior puesto y el actual (sent. de 18-IV-2023).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (escrito electrónico de 4-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen desestimó la pretensión anulatoria articulada por la señora María Ignacia Oberst contra los decretos 89/20, 111/20 y 314/20 de la Municipalidad de Salliqueló, que en el marco de una reorganización de áreas administrativas dispusieron respectivamente la supresión de cargos y el reencasillamiento de la actora en la categoría más alta del escalafón municipal (35 GI, 1.700 módulos), previendo su traslado a otra oficina, con el corolario de un sueldo más bajo que el que percibía antes.
Sin perjuicio de lo cual, por reconocerle estabilidad en el puesto jerárquico que llegó a ejercer, hizo lugar al tramo resarcitorio y le reconoció el derecho a percibir una indemnización ante la merma salarial efectivamente experimentada (sent. de 8-VI-2022).
I.1. Para así resolver, el magistrado consideró que la reubicación de la actora fue válida, ya que la comuna actuó dentro de sus facultades para reorganizar el escalafón administrativo, de conformidad con la ley 14.656 de empleo público municipal y el convenio colectivo.
Dijo que la supresión del cargo en el que revistaba (jefa del área de Personal y Decretos) y su traspaso a otro de menor jerarquía, se justificó por la eliminación de dicha dependencia en el organigrama y la inexistencia de un cargo equivalente.
En adición, entendió que no se probó que el traslado tuviera motivos distintos a los oficiales por esconder una persecución política, ni se demostró la existencia de un cargo equivalente disponible.
I.2. No obstante lo cual, por considerar que gozaba de estabilidad independientemente de no haber accedido a través de alguna especie de concurso o procedimiento de selección (omisión que le endilgó a la comuna), consideró justo otorgarle una indemnización "equitativa" tomando como parámetro el art. 29 inc. 2 del convenio colectivo de trabajo vigente en ese ámbito municipal (conf. arts. 1, 48 y concs., ley 14.656).
Dicha norma prevé un resarcimiento ante la supresión del cargo de revista, equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, cosa que el juez adecuó a las circunstancias del caso y fijó en la diferencia resultante entre el cargo jerárquico suprimido y aquel en el cual actualmente revistaba, el más alto de la planta permanente.
I.3. Rechazó, sin embargo, el reclamo por la eliminación de la bonificación por mérito, en la inteligencia de que esta es variable, excepcional y depende de calificaciones y capacitación, no siendo un derecho adquirido.
I.4. Disconformes con ese pronunciamiento, ambas partes apelaron.
II. Al acoger el remedio de la demandada y denegar el de la actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín revocó la sentencia impugnada.
En tal sentido, extrajo de los arts. 1, 2, 4, 7 y 11 de la ley 14.656 que el ingreso al empleo público municipal debe realizarse —como regla— previo concurso público abierto, o procedimiento especial de selección, debiendo hacerlo por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento.
Recordó que algo muy semejante se plantea para la cobertura de niveles y jerarquías en el marco de la carrera administrativa, previéndose inclusive mecanismos legales para compeler al llamamiento del respectivo concurso o procedimiento.
Por ende, con cita jurisprudencial, reputó que es requisito ineludible para adquirir la estabilidad en el cargo del que se trate, haber accedido a el a través de los canales regulares especialmente contemplados al efecto.
Puntualizó que, en el caso, estaba fuera de discusión que el puesto sobre el cual la actora reclamaba estabilidad no había atravesado por alguno de esos procedimientos, sino que fue designada directamente por el Intendente en una posición jerárquica en la misma oportunidad en que se creó la oficina de Personal y Decretos. De modo tal que mal podía pretender derechos adquiridos a la remuneración correspondiente a dicho cargo.
En razón de todo eso, descartó las alegaciones de desviación de poder, por falta de evidencia de motivos desviados en la reubicación escalafonaria.
De modo tal que, por no hallar ilegitimidad alguna en el accionar administrativo enjuiciado, concluyó que la indemnización otorgada por el magistrado de grado carecía de andamiaje, debiendo revocarse esta parcela del fallo y desestimarse la demanda.
III. Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (escrito electrónico de 4-V-2023).
III.1. Denuncia violación al art. 14 bis de la Constitución nacional, en lo que hace a la estabilidad del empleado público.
Invoca aquí ignorancia del precedente "Madorrán" de la Corte federal y acusa a la demandada de convertir la administración municipal en un "botín de guerra", utilizando la facultad de reubicación de manera discrecional no solo para traslados a áreas distintas, sino también para imponer quitas salariales, lo que atenta contra la garantía de intangibilidad salarial del servidor público.
III.2. Argumenta sobre la errónea aplicación de los arts. 1, 2, 4 y 11 de la ley 14.656.
Sostiene que la Cámara citó indebidamente esas normas, las que estima irrelevantes en el contexto de la causa, que no atañe al origen de la carrera administrativa sino a una promoción ulterior.
Asegura que se hizo un uso equivocado de la jurisprudencia de esta Corte, que versaba sobre situaciones diferentes.
III.3. Insiste en que hubo desviación de poder y motivación solo aparente.
III.4. Adicionalmente, denuncia vicios formales en el decreto 89/20, tales como la ausencia de dictamen jurídico previo. Esto, además de que entiende que se hallaba prescripta la potestad anulatoria de la Administración.
IV. El recurso no prospera, dada su insuficiencia (art. 279 in fine , CPCC).
IV.1. El primero de los agravios planteados por la recurrente tiene que ver con la existencia de una violación al derecho a la estabilidad en el empleo público, en los términos del art. 14 bis de la Constitución nacional.
En esta parcela, la apelante se aferra a una transcripción literal de diversos pasajes del precedente "Madorrán" (CSJN Fallos: 330:1989) aunque sin ensayo crítico, lo cual evidentemente no puede bastar a fin de desarticular un decisorio que, para desconocer la adquisición de aquello último, reparó en expresas disposiciones legales del régimen local (en la especie, los arts. 1, 2, 4 y 11 de la ley 14.656) y que no son realmente controvertidas con la genérica invocación de esa jurisprudencia.
A todo evento, si como se anuncia al comienzo del recurso lo que la recurrente está planteando es formalmente una denuncia de violación de doctrina legal, debo recordar que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley, porque ellos no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causas A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019; A. 78.027, "Beneitez", sent. de 29-IV-2024; e.o.).
Como fuere, aun obviando ese escollo, es inefectivo el remedio cuando no se señalan los aspectos fácticos y jurídicos que rodearon al caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar, trazando las debidas analogías con el presente (doctr. causa A. 75.194, "De Nicola", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
IV.2. Sobre la errónea aplicación de los arts. 1, 2, 4 y 11 de la ley 14.656, vinculados con los requisitos legales de acceso y promoción en la carrera administrativa y al goce del derecho a la estabilidad, la quejosa habla de una diferencia conceptual entre el modo de acceso a la carrera y las condiciones de obtención de la estabilidad en el cargo.
En este sentido, la apelante busca instalar la idea de que ingresó por lo más bajo del escalafón: primero contratada, luego temporaria y finalmente como agente de planta permanente. Y que así es como, por trayectoria y reconocimientos, fue progresivamente escalando hasta alcanzar la elevada jerarquía que a la postre perdió por disolución del área (Jefatura de Personal y Decretos), produciéndose de esa manera su reubicación en un nivel escalafonario inferior (aunque el más alto posible dentro de los cuadros permanentes) y en otra dependencia.
Pero en esto no retruca lo observado por la Cámara con cita de precedentes de este Tribunal en cuanto a que, para poder reclamar por la estabilidad en aquel puesto en particular, era menester haber accedido a el a través de uno de los canales regulares y no —como se indicó acá— por designación directa del Intendente, de manera concomitante con la creación de la oficina.
Es decir que, para el a quo, ese nombramiento se asemejó más a una colocación política o interina que a otra cosa.
Sin ánimo de indagar acerca de la carrera profesional de la actora, en autos no está realmente disputado que goce de estabilidad en los cuadros municipales permanentes (y por algo, evidentemente, fue reubicada con la mejor remuneración posible y no terminada la relación). Lo que aquí se ha concluido es, solamente, que no está en condiciones de invocar derechos salariales adquiridos respecto de la jefatura que resultó suprimida por motivos de reorganización interna.
Por lo tanto, la inexistencia de una crítica concreta y eficaz contra esa motivación de la sentencia determina el fracaso del remedio, también en esta parcela.
IV.3. En cuanto a la alegación en torno a una desviación de poder en los actos administrativos impugnados, en las instancias anteriores se estableció que la recurrente no había aportado suficientes pruebas de la existencia de un vicio en la finalidad.
Frente a ello, cabe señalar que averiguar en cada hipótesis específica si un movimiento de personal encierra un motivo encubierto, se presenta ante esta Suprema Corte y su competencia recursiva como una cuestión de hecho, deferida a los magistrados de grado e irrevisable salvo el excepcional supuesto de absurdo (arg. doctr. causas A. 70.947, "Caorsi", sent. de 21-II-2018; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-2018; A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Eso último, si bien es aisladamente mencionado en la pieza bajo análisis, no se lo desarrolla en absoluto.
IV.4. En sumatoria, el recurso —que esencialmente se funda en la inobservancia del precedente "Madorrán"— se muestra ineficaz porque no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en reemplazo, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018 y A. 73.962, "Herscher", sent. de 15-V-2019).
Además de que resulta inadecuada la generalizada denuncia acerca de la inobservancia de preceptos constitucionales, cuando ella queda subordinada —como acá— a una no probada violación de normas de derecho público local (doctr. causas A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021 y A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022).
IV.5. Por último, no se me escapa que en el recurso se deslizan más argumentos relativos a la irregularidad del procedimiento administrativo. Se habla de la falta de motivación, de la prescripción de la potestad revocatoria y de la ausencia de dictamen.
Independientemente de si se trata de alegaciones omitidas, carentes de mérito, preteridas o subsumidas dentro de lo que efectivamente se resolvió, lo cierto es que aquellas no formaron parte de la expresión de agravios contra el fallo de grado, centrada —otra vez— en un permanente recordatorio del caso "Madorrán" (v. recurso ordinario de 24-VI-2022).
Siendo eso así, tales agravios llegan desistidos a sede casatoria, cuando no son directamente el fruto de una reflexión tardía, lo que naturalmente impide su abordaje en esta oportunidad (doctr. causas A. 70.071, "Frascona", sent. de 11-IV-2012; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 74.518, "Ciancio", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
V. Por las razones expuestas, considero que el recurso debe ser rechazado. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:35:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 18:35:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2026 11:49:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 10:55:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:06:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:09:57 hs. bajo el número RS-2-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia