Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79063
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.063, "Gómez Ocampo, Pabla contra Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión de reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, el 16 de marzo de 2023, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó de ese modo la sentencia de grado que había denegado la pretensión deducida por la señora Gómez Ocampo y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución 877.596/17 del Instituto de Previsión Social (IPS) —de fecha 2 de noviembre de 2017—, ordenando a la demandada acordar y abonar a la parte actora el beneficio de jubilación ordinaria, conforme lo peticionado en la demanda, desde el 28 de diciembre de 2016.
Disconforme con dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2023, en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 19-XII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Quilmes resolvió rechazar la acción contencioso administrativa promovida por la señora Pabla Gómez Ocampo contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires manteniendo así los efectos de la resolución 877.596 de fecha 2 de noviembre de 2017, acto por el cual se resolvió denegar el beneficio de jubilación ordinaria, ello por no haber acreditado la cantidad de treinta y cinco años de servicio exigidos por la ley aplicable (cfr. art. 24, decreto ley 9.650/80 —t.o. 1994—).
I.2. Apelada dicha sentencia, el Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso interpuesto por la señora Ocampo, revocando la sentencia de grado y ordenando el otorgamiento de la jubilación ordinaria desde el 28 de diciembre de 2016 de conformidad a lo peticionado en la demanda, ello a valores actuales y con intereses legales, con costas de la instancia a la demandada vencida (art. 51 inc. 1 primera parte, ley 12.008, texto según ley 14.437).
Para así decidir, por unanimidad, fundamentó de la siguiente manera:
I.2.a. Partió de considerar que, tal como constaba en autos, en el año 2009 en el marco del expediente administrativo 21.557-122401-9-000 iniciado con el fin de obtener el reconocimiento de servicios provinciales, por resolución 671.310/09 del IPS, dicho organismo hubo reconocido a favor de la actora, un total de dieciséis años, diez meses y diez días de servicios con aportes a esa caja, todos ellos prestados bajo el régimen de insalubridad instituido por el decreto 600/94, atento su desempeño como técnica clase II en el hospital municipal "Mi Pueblo" de la Municipalidad de Florencio Varela (v. punto IV.a. del voto principal).
I.2.b. Afirmó que, por lo demás, surgía asimismo de las actuaciones administrativas que la actora contaba en ANSeS con un total de servicios de siete años y tres meses —esto es, menor cantidad que los reconocidos en la esfera provincial— y que, a pedido de la interesada, el referido trámite ante el IPS fue convertido en solicitud de jubilación ordinaria, en cuyo marco el organismo certificó —con fecha 20 de diciembre de 2013— que restaban acreditar cuatro años, once meses y veintidós días de servicios, conforme lo requería la normativa, para obtener el beneficio, para alcanzar el mínimo de aportes necesario para acceder al beneficio de jubilación ordinaria.
Recordó que, finalmente, la actora peticionó ante la ANSeS y agregó luego al trámite provincial, otro reconocimiento de servicios efectuado por ANSeS, vinculados a su labor como empleada doméstica, por un total de cinco años y cinco meses.
Como consecuencia de lo cual, con fecha 25 de julio de 2016, la aquí actora reiteró su pedido de jubilación ordinaria.
I.2.c. Puntualizó que por resolución 877.596/17 del IPS —de fecha 2 de noviembre de 2017— la Administración previsional entendió que no se alcanzaban los treinta y cinco años de servicios, dado que obraba a fs. 386 un nuevo cómputo, en el que se indicaba una carencia de un mes y veintiún días de aportes para alcanzar el mínimo exigido por la ley, por haberse detectado un período en que la actora hizo uso de una licencia sin goce de haberes en el ámbito provincial, situación que no había sido advertida al momento de efectuarse los anteriores reconocimientos de servicios, afectando dicha circunstancia el cómputo final de años reconocidos, impidiéndole así acceder al beneficio (v. copias digitalizadas en fecha 25-VI-2021 como exp. 8).
I.2.d. Analizando el marco normativo, refirió posteriormente que las excepcionales circunstancias de la causa no admitían otro temperamento que revocar la sentencia previa, sobre la base de los principios de equidad, justicia, y solidaridad que debían primar en el sistema de previsión social (cfr. art. 39, Const. prov.), de acuerdo a los superiores valores que sustentaban su existencia y que se mostraban así desconocidos de manera flagrante tanto por la demandada como por la sentencia atacada en su decisorio denegatorio.
Ello, pues —continúo la Cámara en el punto IV.b. del voto principal—, los antecedentes del caso, ponderados en su conjunto según un criterio de razonabilidad, hacían que aparezca como una solución extremadamente rigurosa y formal la finalmente adoptada, denegando un beneficio previsional en el marco de un trámite administrativo de reconocimiento de servicios que fuera luego reconducido por la actora, en atención al reconocimiento allí formulado en el año 2009, y en cuyo marco de tramitación hubo la actora seguido los pasos y requerimientos formulados por la autoridad previsional interviniente. Calificó así la decisión atacada como "desmesurada" y violatoria de diversas normas nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos previsionales y de la seguridad social.
Finalizó agregando que, tratándose de prestaciones de naturaleza alimentaria, debía cuidarse de no frustrar derechos de hondo contenido social, entendiendo que el rigor formal es incompatible con la interpretación que debe primar en esta materia, por lo que debe preferirse una interpretación de las normas que tutele de manera más eficaz el reconocimiento del derecho previsional por aplicación del principio que tiende a una mayor justicia social (citó doctr. de este Tribunal en causas B. 58.671, "Osella", sent. de 8-III-2000; B. 59.632, "Vázquez", sent. de 18-VI-2008; B. 66.421, "R., A. M.", sent. de 22-V-2013; B. 61.591, "Corbella", sent. de 29-XII-2014; e.o.).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2023, en el sistema Augusta).
II.1. Alega la violación e incorrecta aplicación de las normas que regulan los requisitos para el otorgamiento legal de la jubilación ordinaria en la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo expresado por el art. 24 del decreto ley 9.650/80. Ello así, en cuanto se ha demostrado en la causa que, efectivamente, la señora Gómez Ocampo no cumplía con los treinta y cinco años de servicios requeridos.
Asimismo, denuncia que la existencia de un acto de reconocimiento de servicios anterior —tal la resolución 671.310, del año 2009— que contabilizaba dieciséis años, diez meses y diez días de servicios en el ámbito local, se relacionaba con la petición de la actora efectuada a los fines de obtener un segundo reconocimiento de servicios ante la ANSeS, pero que resulta diferente del posterior acto definitivo que otorga o deniega el beneficio en el orden provincial —resolución 877.596/17—. De tal forma —añade—, ningún derecho se había generado en cabeza de la actora, máxime cuando aquella primera resolución administrativa poseía un evidente error material que la propia actora no desconocía (a saber, la existencia de un período de licencia sin goce de sueldo).
Esgrime que la Cámara ha realizado una arbitraria valoración en su sentencia al afirmar que la solución adoptada por el IPS resulta "extremadamente rigurosa y formal", dado que no es desconocido que la Administración Pública se encuentra legalmente constreñida a actuar conforme a la ley (cfr. decreto ley 7.674), y en especial en temas concernientes a beneficios previsionales, donde la ley no admite interpretaciones que se alejen de su contenido expreso, en garantía del propio sistema, impidiéndose al juzgador promover soluciones disímiles a esos contenidos elaborados por el legislador.
II.2. De otro lado, la Fiscalía de Estado sostiene que, sin perjuicio de lo expuesto, la fórmula propuesta por la Cámara para el cálculo de las retroactividades viola de modo claro y concreto lo preceptuado en las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto a la prohibición de indexar, así como el derecho de propiedad derivado del art. 17 de la Constitución nacional.
Explica pues, que resulta errónea la invocación como "doctrina legal" de la sentencia recaída en la causa SCBA A. 60.558, "González", sentencia de 6-XI-2019, tomada por la Cámara como fundamento jurisprudencial de la confirmación de la procedencia de la actualización monetaria de los haberes reconocidos en reajuste. Afirma que el citado precedente difiere, tanto en los hechos como en el derecho aplicable, del presente caso, ya que en aquel se trataba de un supuesto de determinación de una indemnización, referida por tanto a una deuda de valor y no de una deuda dineraria como en el sub examine , que se devenga mes a mes, y que se encuentra claramente determinado para cada período involucrado.
Por último, invoca el indebido apartamiento de la "doctrina legal vigente" de este Supremo Tribunal que, según dice, invariablemente sostiene la improcedencia de actualización, repotenciación o indexación de deudas. Ello surgiría de lo resuelto en los precedentes B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. res. de 2-X-2002; B. 55.385, "Sosa", resolución de 6-VIII-2003; B. 66.571, "Mendez", sentencia de 30-IX-2014; B. 64.953, "Ithurrart", sentencia de 15-VII-2015; B. 63.799, "García", sentencia de 15-VIII-2018; B. 63.582, "Ametrano", sentencia de 29-VIII-2018; A. 74.496, "Malacalza", sentencia de 16-XII-2020 y B. 65.033, "Ovelar", sentencia de 27-V-2021; entre otras.
Con base en ello, la representación fiscal considera que los haberes retroactivos que eventualmente debiera abonar la Provincia deben liquidarse a valores históricos, con más los intereses que correspondan legalmente, calculados exclusivamente sobre el capital, conforme la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante los distintos períodos de devengamiento (cfr. arts. 7 y 10, ley 23.928 —texto según ley 25.561—; 622, Cód. Civ.; 7, 767, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; doctr. causa SCBA B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
III. El recurso no puede prosperar atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado reiteradamente que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual los agravios expresados quedan a mitad de camino y no resultan idóneos para justificar la revocación del decisorio en crisis. En este aspecto, es dable recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (v. mis votos en causas A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023; A. 77.392, "Viamonte", sent. de 29-VIII-2023; A. 77.626, "Nazhur", sent. de 30-V-2024; e.o.).
Tal déficit que exhibe la pieza impugnativa, se evidencia además en la insistencia en un enfoque legal de las circunstancias del caso, disímil al del Tribunal de Alzada, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, expresando objeciones que fueron clara y concretamente desechadas por el juzgador desde una óptica diferente, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo de los agravios desplegados (conf. causas C. 103.395, "Figueroa", resol. de 4-VIII-2010; C. 108.697, "Fernández", resol. de 15-VI-2011 y A. 75.872, "Rodríguez", sent. de 25-IV-2022; e.o.).
III.2. Por otra parte, no es de recibo el agravio relativo a la violación legal denunciada (art. 24, decreto ley 9.650/80) toda vez que, la recurrente omite impugnar mediante el absurdo los argumentos centrales del fallo de la Cámara interviniente que revocó la decisión del juez que previno, en tanto consideró que la solución del caso debía regirse mediante la aplicación de principios constitucionales protectorios de la situación de la actora frente a la particularísima situación que se presentaba en autos.
Desde esta perspectiva debo advertir que la representación fiscal soslaya la invocación del absurdo, único supuesto en virtud del cual este Tribunal, mediando su debida demostración, podría ingresar al análisis y revisión de cuestiones de hecho.
En efecto, el Tribunal de Alzada efectuó una especial valoración de los hechos del caso —con particular foco en la escasez del tiempo faltante para alcanzar los treinta y cinco años de servicio, de tan solo un mes y veintiún días de aportes y la circunstancia de haber obtenido la actora un reconocimiento de servicios que luego se advirtiera erróneo—, siendo ello en definitiva una facultad privativa de los magistrados, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de la sana crítica, salvo —como antes señalé— que se denuncie y acredite el vicio del absurdo, circunstancia que no ha ocurrido en el caso.
Así, más allá del acierto o error del fallo, lo determinante para rechazar la violación de la normativa que establece los requisitos para obtener la jubilación ordinaria es la falta de una impugnación idónea que rebata las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada al valorar las circunstancias del caso, conforme los arts. 375 y 384 del Código Civil y Comercial, considerando que resultaba de un excesivo rigor formal privar a la actora de un derecho tan importante como el de una jubilación ordinaria, sobre la base de la existencia de un acto administrativo previo —firme y consentido— que había reconocido la existencia de mayor tiempo de aportes.
No basta a esos fines la genérica mención referida a que la situación fáctica de la parte actora no se subsume estrictamente en las normas legales para acceder al beneficio, ni la supuesta contradicción respecto de ella que arrojan las actuaciones administrativas.
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que constituye una cuestión de hecho establecer si en un caso concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, ajena por tanto a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del Tribunal de Alzada está viciado por absurdo (doctr. causas A. 72.416, "D'Agostino", sent. de 18-X-2017 y A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019).
Asimismo, este Tribunal ha señalado que la mera discrepancia, tal como evidencia el recurso en la parcela que aquí se analiza, dista de configurar el supuesto excepcional que abre paso a la revisión de las cuestiones de hecho y prueba en esta instancia extraordinaria. Pues en este aspecto, no basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta Sede para el examen de tales cuestiones fáctico-probatorias (conf. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-1999; A. 70.133, "Pueblas", sent. de 15-XII-2010; A. 70.318, "Mattano", sent. de 24-VIII-2011; e.o.).
III.3. Cabe agregar que la Cámara también tuvo en cuenta otros fundamentos que llegan incólumes a esta instancia y no fueron rebatidos por el recurrente, tales como la aplicación del principio de equidad y la naturaleza alimentaria de las prestaciones en donde el rigor formal es incompatible con la interpretación que debe primar en temas que hacen a la seguridad social. Consignó que: "Un temperamento contrario, resultaría despojado de todo principio de equidad, justicia y solidaridad que debe primar en el sistema de previsión social, al conjuro de los superiores valores que sustentan su existencia (art. 39 CP)". En idéntico sentido no fue impugnada tampoco la doctrina legal citada por el a quo con relación a dichos tópicos (en especial en lo concerniente a las causas B. 58.671 y B. 61.591, cits.).
Cabe recordar aquí que es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causas A. 75.622 y A. 75.497, cits.).
III.4. No corre mejor suerte el agravio referido a la condena de pago de haberes jubilatorios calculada a valores actuales.
En ese entendimiento debo señalar que la Cámara interviniente —a su turno— hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora Gómez Ocampo, considerando que el criterio a adoptar debía seguir la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia de actos administrativos ilegítimos dictados en el ámbito de la relación de empleo público (conf. causas B. 60.558, "González" y A. 74.138 "Gelvez"), aplicada por ese Tribunal de Alzada (v. causas CCALP n° 24.806, "Ordoñez", sent. de 10-VI-2021; n° 24.205, "Soto", sent. de 2-III-2021; n° 20.783, "Fallocca", sent. de 13-VII-2021), y en casos fallados por la propia Cámara en la que estaban en juego derechos de la previsión social (causas CCALP n° 26.146, "Sánchez", sent. de 15-VI-2021 y n° 26.755, "Vilches", sent. de 5-X-2021).
Agregó, asimismo, que en la causa CCALP n° 26.755, "Vilches", se había señalado que "más allá de la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión, lo determinante, a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo al valor actual de los haberes del cargo respectivo, es que se trata del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud del acto administrativo que rechazó ilegítimamente su reconocimiento, razón que justifica la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada en tanto supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor".
Con tal sustento advirtió que debían reconocerse las retroactividades a valores actuales, adicionando los intereses calculados desde el 28 de diciembre de 2016 y hasta el dictado de la sentencia en el 6% anual y, de allí en adelante, la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta (30) días (conf. doctr. causas A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019 y sus citas; C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018; C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018 y B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Ahora bien, contra dicho pronunciamiento, el Fisco limita su emba
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