Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77564
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.564, "Schiaffino, Anastasia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan, Violini, Bouchoux, Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada y -en consecuencia- confirmó la sentencia de grado en cuanto anuló el acto sancionatorio impugnado y ordenó la reincorporación de la actora, pero acotó los efectos de aquella declaración, disponiendo el reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto conclusivo del sumario y dejando sin efecto la condena al resarcimiento de los daños.
Disconforme con tal pronunciamiento, la actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. presentación electrónica de fecha 21-IX-2021), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. resol. de fecha 4-XI-2021).
A su turno, este Tribunal desestimó el recurso extraordinario de nulidad y llamó autos para resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. resol. de fecha 27-V-2022).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora María Anastasia Schiaffino promovió demanda contencioso administrativa con el objeto de que se anule la resolución 2017-322-EGDEBA-MJGP, a través de la cual el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sancionó con retiro absoluto a distintos agentes que cumplían funciones en el área sanitaria de la Unidad Penitenciaria n° 52 de Azul, entre ellos a la actora.
Expuso que, en el mes de diciembre de 2016, los jefes de personal de las unidades penitenciarias n° 7 y n° 52 de la ciudad de Azul remitieron, a requerimiento de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, planillas de control de cumplimiento horario de los empleados pertenecientes a las unidades sanitarias que funcionan en aquellos establecimientos.
Indicó que dichas planillas representan el sustento del sumario llevado a cabo, pero cuestionó la recolección de datos allí volcados, a la que atribuyó múltiples errores, derivados de circunstancias tales como la rotación del personal de guardia exterior en el que se delegó la tarea, las dificultades para distinguir entre los trabajadores asignados a la unidad n° 7 y a la n° 52, la circunstancia de que tradicionalmente el Servicio Penitenciario no ejercía ningún tipo de control sobre los empleados de la Dirección de Salud Penitenciaria -a la que pertenecían los agentes sumariados-, el traslado permanente que por distintos motivos estos últimos solían realizar entre ambas unidades, la confusión que generó el cambio dispuesto y la escasez del papel necesario para realizar las anotaciones.
Añadió que, como bioquímica, se encontraba a cargo de tomar muestras sanguíneas y otras a la totalidad de la población carcelaria que lo requiriera, pero que, debido a la falta de un laboratorio en los establecimientos penitenciarios en cuestión, el posterior procesamiento de aquellas lo realizaba en el Hospital municipal "Dr. Ángel Pintos" de la ciudad de Azul, en virtud del acuerdo existente entre dichas instituciones.
Negó la veracidad de la acusación por la que se dispuso su retiro, consistente en haber incumplido, entre los meses de mayo y noviembre de 2016, la carga horaria exigible. Contrariamente, aseguró haber cumplido con las 25 horas semanales establecidas, alternando la prestación de servicios entre la sede de las unidades penitenciarias y el hospital previamente mencionado, única forma de realizar las prácticas y entregar los resultados de análisis de laboratorio durante todos los años en que ejerció la función aludida.
Insistió con que las planillas correspondientes a los meses de mayo a noviembre de 2016 no contienen datos verdaderos, debido a un serio problema en la recolección de la información, que luego se trasladó a aquellas. Destacó que por la misma causa se sumarió al menos a veinticuatro empleados de las unidades sanitarias n° 7 y n° 52 de Azul, así como también que, en mayo de 2016, a la totalidad de ellos les figuran escasas horas trabajadas o directamente ninguna, algo que reputa inconsistente.
Sostuvo que la prueba documental acompañada al expediente administrativo seguido desvirtúa en forma categórica las planillas de control de horario allí agregadas. Agregó que, si bien la instructora interviniente tuvo a aquella por presentada, denegó el resto de los medios probatorios ofrecidos, lo que daría cuenta de la intencionalidad política de realizar sumarios masivos en todas las dependencias de la Dirección provincial de Salud Penitenciaria y finalizarlos en tiempo récord para dar a conocer una "purga ejemplar".
Puntualizó que, finalmente, una parte de los sumariados fue sancionada con dieciséis días de suspensión, mientras que otros -entre estos, la actora- fue pasada a retiro absoluto, pese a habérsele imputado la misma falta y haber brindado las mismas explicaciones y ofrecido la misma prueba. Todo ello, por lo demás, sin dar motivo aparente o fundamentación suficiente capaz de diferenciar entre la situación de los distintos agentes, lo cual -enfatizó- violenta el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Más adelante aseveró que "[e]l acto impugnado se encuentra afectado de nulidad absoluta porque los antecedentes de hecho y de derecho invocados como causa son falsos, porque el objeto o contenido de los mismos no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, porque para su emisión no se ha dado cabal cumplimiento con el procedimiento establecido".
Asimismo, endilgó a la resolución atacada falta de motivación, como también ausencia de razonabilidad y desproporción a la sanción aplicada.
Tras incorporarse al proceso el expediente administrativo, amplió demanda sumando a lo ya expuesto una crítica pormenorizada de las planillas de horarios labradas y un reproche centrado en la ausencia de los cuadernos de anotaciones u otros elementos que sirvieran para elaborar aquellas. Manifestó que estos no existen y nunca formaron parte de las actuaciones, lo cual -en su visión- configura un grosero vicio de nulidad y una grave vulneración al debido proceso y la defensa en juicio, que conduce a invertir la carga de la prueba y poner en cabeza del administrado algo de casi imposible realización, al exigirle que demuestre no solo que concurrió a trabajar, sino además que cumplió con el horario en un período de tiempo vago, indeterminado y excesivo. Concluyó que ello representa un vicio del procedimiento que debe ser sancionado con una declaración de nulidad.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la demanda interpuesta por María Anastasia Schiaffino y, en consecuencia, anuló la resolución 2017-322-EGDEBA-MJGP, dictada en el marco del expediente administrativo 21.211-339101/6 (21.211-339101/103/16), a la vez que condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a reincorporar a la actora a las funciones y al cargo que poseía previo al dictado del acto administrativo anulado, así como a proceder al pago -dentro del plazo de sesenta días- de la suma que resultare de la liquidación a practicar, con costas a la demandada en su carácter de vencida.
Para así decidir, luego de reseñar la normativa aplicable al caso, las constancias de las actuaciones administrativas y las declaraciones testimoniales prestadas en el marco de autos y en otra causa sobre hechos análogos relacionada con esta, advirtió que los distintos testimonios relevados resultaban coincidentes en varios puntos, a saber: (i) inexistencia de un régimen estricto de control de horarios de ingreso y salida del personal de las unidades sanitarias que funcionan en los centros penitenciarios n° 7 y n° 52 de la localidad de Azul; (ii) consecuente error en los datos recabados y asentados en las planillas que motivaron la imposición de sanciones a distintos agentes que allí se desempeñaban, entre ellos la actora; y (iii) un nuevo régimen se estableció una vez que se iniciaron las respectivas actuaciones administrativas.
Destacó también que, en la causa n° 15.223, "Dualde", tramitada ante el mismo juzgado y relativa a igual sumario administrativo, aunque respecto de otro actor, la propia Administración reconoció que durante los meses de enero de 2016 a diciembre de 2017 -en los que queda comprendido el período de tiempo involucrado en estas actuaciones- no fue llevado a cabo un control fehaciente de la asistencia del personal involucrado, motivo por el cual la señora Directora provincial Legal, Técnica y de Recursos Humanos y el señor Subsecretario de Política Penitenciaria, dependientes del Ministerio de Justicia, aconsejaron, en el contexto de otras actuaciones por idéntica causa de investigación, que se dispusiera el sobreseimiento de los agentes sumariados (conf. oficio remitido el 22-I-2019 por el Director provincial de Salud Penitenciaria; v. fs. 190, expte. cit.).
Como consecuencia de lo anterior, consideró plenamente demostrado que las pruebas de cargo con las que se cimentó la sanción aplicada a la aquí actora, conformadas por las mencionadas planillas de asistencia, carecían de la idoneidad, continuidad, transparencia y eficacia necesarias para justificar dicha medida segregativa.
A continuación, manifestó que el procedimiento que debe seguirse con anterioridad a la emisión del acto estatal constituye un elemento esencial cuyo desapego puede conducir a la declaración de nulidad de tal decisión, sobre todo frente a la afectación de derechos del administrado.
Y, en concreto, entendió comprometido en el caso el ejercicio del derecho de defensa de la actora ante la imputación de faltas o incumplimientos a su horario de trabajo en base a planillas de asistencia horaria que contenían las deficiencias comprobadas.
Sumado a ello, expuso que la garantía del debido proceso adjetivo comprende, entre otras manifestaciones, la observancia y debido cuidado de los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide.
Por todo lo indicado resolvió anular la sanción aplicada y, dados los efectos retroactivos de dicha declaración, ordenó la reincorporación de la actora.
Además, condenó a la demandada al pago de una indemnización equivalente al 50% de los salarios dejados de percibir, tomando para ello como base el haber actual correspondiente al cargo desempeñado, con intereses.
A tal fin, luego de invocar doctrina de esta Corte, tuvo en cuenta que contra la resolución ministerial que dispuso su retiro absoluto, la señora Schiaffino no interpuso recurso administrativo alguno, sino que acudió en forma directa a la justicia, y que resultaba necesario realizar una estimación justa de los perjuicios materiales derivados de la medida ilegítima, lo que imponía considerar no solamente las ganancias dejadas de percibir, sino también si, desde el momento en que se decretó el cese en la función, la demandante estuvo en condiciones de aplicar su fuerza de trabajo en otros empleos o actividades lucrativas.
III. Contra la decisión reseñada, la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación.
Allí se agravió, en primer lugar, respecto de la interpretación de los hechos verificados y el derecho aplicable. Consideró, pues, debidamente demostrada la falta administrativa imputada y la consecuente responsabilidad de la actora, no solo a raíz de las constancias del expediente sumarial sino también por los respectivos relatos de aquella y del propio magistrado de primera instancia. Adujo que la alegada falta de control, así como otras situaciones subjetivas y hasta irregulares que pudieron evidenciarse durante el período examinado, en nada modificaban la sanción impuesta. En particular, cuestionó la idoneidad de la prueba testimonial recabada y que se hubiera omitido la supuesta desatención del servicio de salud en que habría incurrido la agente en cuestión.
Puntualizó que -desde su óptica- el juez de grado no valoró debidamente los medios probatorios producidos en autos ni en el procedimiento administrativo seguido. Expuso que las planillas de horarios que sustentan la penalidad aplicada se basan en las de ingreso y egreso realizadas a mano, entre mayo y noviembre de 2016, por el personal de guardia penitenciario que se encontraba en el establecimiento, donde consta la firma de la actora. Añadió que esta última no acreditó haber concurrido a trabajar en el período señalado. Negó que las referencias a las manifestaciones de ciertos órganos de la misma Administración, formuladas en el contexto de otros expedientes, pueda desvirtuar la legitimidad de lo actuado.
Planteó asimismo que los actos atacados se hallan suficientemente motivados, sin observarse infracción alguna a la legislación aplicable ni que se hubieran desnaturalizado los antecedentes de hecho y derecho.
A su vez, negó la configuración de un estado de indefensión que torne nulo el procedimiento disciplinario impulsado. En esa línea, afirmó que el actor tuvo suficientes oportunidades de ejercer su derecho de defensa en el procedimiento sumarial y que, luego, tuvo este juicio pleno para reiterar y agregar cualquier hecho y prueba que considerara atendible. Concluyó que, frente a ello, la nulidad declarada no resultaba procedente.
A todo evento, sostuvo que, al no haber mediado ejercicio del cargo, no correspondía reconocer salarios caídos, como también se opuso a la consideración de sueldos actuales para fijar la condena dineraria, recordando la vigencia de la prohibición de indexar deudas de tal clase (conf. arts. 765 y 766, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata -por mayoría- acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y -en consecuencia- confirmó la sentencia de grado en cuanto anuló el acto sancionatorio impugnado y ordenó la reincorporación de la actora, pero acotó los efectos de aquella declaración, disponiendo el reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para el dictado de un nuevo acto conclusivo del sumario, a la vez que dejó sin efecto la condena al resarcimiento de los daños, con costas en el orden causado.
En concreto, ordenó a la accionada "...que -en un plazo no superior a los sesenta [60] días hábiles desde que se le reintegren las actuaciones administrativas- evalúe los principales argumentos defensivos esgrimidos por la investigada, produzca prueba incluso de oficio y fundadamente exponga todas las razones de hecho y de derecho por las cuales no solo privilegia el valor probatorio de las planillas de asistencia sino -como contracara- descarta aquellos otros documentos oficiales acompañados por la agente que podrían resultar indicios de graves imprecisiones en los instrumentos de asistencia en lo que se basó el reproche disciplinario a la profesional, emitiendo el acto conclusivo del sumario de manera motivada".
IV.1. Previo a expedirse en tal sentido, la mayoría de la Cámara interviniente indicó que correspondía determinar si el proceder desplegado por la Administración había resguardado adecuadamente los derechos de la agente sumariada o si, por el contrario, la impericia puesta de manifiesto por las autoridades al llevar adelante el procedimiento administrativo había comprometido el derecho de defensa de la aquí actora, vulnerando el principio del debido proceso adjetivo.
Tras ello, descartó que cualquier irregularidad en el procedimiento deba proyectar necesariamente la nulidad absoluta de toda decisión ulterior, en el entendimiento de que para adoptar tal temperamento se requiere la inobservancia o el quebrantamiento de trámites esenciales que se traduzcan en perjuicio para alguna de las partes o que las coloque en estado de indefensión y que la cuestión haya sido planteada en tales términos por el afectado.
Concluyó que el vicio esgrimido por la actora en su demanda, respecto del procedimiento disciplinario sustanciado, consistió en la privación del derecho de la agente a obtener una decisión fundada que meritara los principales argumentos y cuestiones planteadas en su descargo, entre ellos la prueba ofrecida, consumándose así un estado de indefensión, tanto por el escaso espacio valorativo que la Administración otorgó a dicha presentación, como por el manifiesto olvido del deber del ente estatal de agotar los medios para desentrañar la verdad material del caso.
Luego de tener por acreditada la existencia de la irregularidad procedimental señalada y expuesta la gravedad del vicio que ella tradujo, se expidió acerca de las consecuencias que tal vicio podía acarrear, es decir, sobre el alcance de la invalidez que se imponía declarar.
Con referencia a esto último, recordó que cuando el vicio se encuentra en el elemento "procedimiento" en algunos casos se puede retrotraer la actuación estatal a la etapa anterior a la viciada, si la detección del defecto permite tal reedición desde estadios anteriores a la comisión de una irregularidad repudiable (v.gr., cuando se hubiera omitido conferir vista de actuaciones o documentos a la postre ponderados por la Administración para exteriorizar su voluntad).
Teniendo en cuenta esta doctrina, estimó que "...la naturaleza de la irregularidad que se reprocha al procedimiento administrativo llevado adelante en el marco de la investigación disciplinaria -en cuanto frustró el derecho de la sumariada a obtener una decisión fundada al no ser adecuadamente ponderada su defensa en descargo ni investigado incluso de oficio el escenario contrafáctico que parecería surgir de otros documentos de la propia autoridad penitenciaria-, [tornaba] operativo aquel mandato de nulificar el acto viciado en su elemento procedimiento, empero reenviando las actuaciones a la Administración...".
IV.2. El voto minoritario del Tribunal de Alzada, en cambio, destacó que el juez de grado había anulado la resolución impugnada tras considerar -en lo medular- "...que la imputación formulada y que dio lugar a la medida segregativa dispuesta se sustentó en prueba de cargo inidónea (planillas de asistencia deficientes, erróneas e inconsistentes), razón por la cual no resultaba posible pretender que la sumariada demostrara la inexistencia de la falta imputada (es decir, que efectivamente cumplió con la carga horaria reglamentaria) sin menoscabar con ello su derecho de defensa" (v. punto II.1, voto cit.; el destacado figura en el original).
Estimó que, en su recurso de apelación, el Fisco había desatendido la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia tanto de las declaraciones testimoniales rendidas en sede administrativa y judicial, como de las manifestaciones vertidas por el señor Director provincial de Salud Penitenciaria en fecha 22-I-2019.
Puntualizó que no bastaba, para contrarrestar esa evaluación, haberse limitado a sostener, sin mayores explicaciones, que las apreciaciones de los testigos no lograban rebatir la prueba de cargo, ni tampoco haber afirmado que en nada modificaba la legitimidad de la sanción la referencia del juzgador a lo aconsejado por los propios órganos internos de la Administración en otros procedimientos sumariales en los que se ponderó la falta de eficacia probatoria de los elementos que sustentaron las imputaciones formuladas a los agentes sumariados.
Reputó
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.