Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77952
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.952, "Frade, Mónica Edith contra Municipalidad de Quilmes sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes que —a su turno— hizo lugar a la acción de amparo promovida.
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, siendo denegado el primero y concedido el segundo.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora Mónica Edith Frade, en su condición de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, contra la Municipalidad de Quilmes, con el objeto de obtener información relativa a la obra a ejecutarse denominada Eco Parque Quilmes.
Para así decidir, en primer lugar, destacó que los agravios articulados no aportaban cuestionamiento relativo a la legitimación de la actora quien invocaba su condición de diputada nacional para acceder a la información, sino sobre los alcances del cumplimiento por parte del municipio respecto de su deber de brindar información.
Agrega que la ilegitimidad manifiesta se constituye en el caso de manera suficiente con la omisión parcial a la solicitud de información peticionada por la actora, encontrándose configurado el objeto del conflicto y su necesidad de elucidación por la vía de la acción de amparo.
Con relación a esto último, coincide con la jueza a quo en que la comuna demandada no cumple con el deber de información.
Afirmó que ello deriva del confronte de la documentación aportada por la demandada en autos. Sostiene que dicha omisión, que advierte evidenciada al inicio de la demanda, se mantiene durante el proceso judicial aun cuando fueran contestados los requerimientos de la jueza de la causa, ya que estos no satisfacen completamente la información solicitada por la actora.
Ante la alegación de la comuna de no revestir el carácter de obligado a proporcionar al información requerida por no tenerla en su poder, ni encontrarse obligado a tramitarla o requerirla para completar el informe, el Tribunal de Alzada destacó que el alcance que conlleva la decisión recurrida no implica la carga de brindar datos que no tenga o no consten en la repartición requerida, pero en ese caso corresponde a esta informarlo y suministrar lo necesario para su individualización, o cuanto considere para perfeccionar una respuesta tal que resulte razonablemente fundada, dado su carácter de parte en el convenio suscripto con el Estado Nacional para la ejecución de la obra "Eco Parque Quilmes". Con base en ello, concluyó que el comportamiento desplegado por la parte demandada no satisfizo esos extremos.
II. Contra esa sentencia, se alza la Municipalidad demandada mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. escrito en soporte electrónico de fecha 22-X-2021, 11:53:08 hs., en el sistema Augusta), denunciando absurdo en la interpretación y valoración de la prueba y vulneración del principio de congruencia con afectación al debido proceso y derecho de defensa.
II.1. Se agravia del decisorio en cuanto ordena poner a disposición de la amparista la información relacionada a la obra a ejecutarse denominada Eco Parque Quilmes, por entender que en primera instancia dicha prueba se encontraba cumplimentada.
Alega que, tal como surge del convenio suscripto con el Estado nacional para la ejecución de la obra, la información faltante que compone el objeto del reclamo no puede serle exigida por no estar a su cargo la ejecución de la obra del Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes.
Explica que la responsabilidad en el proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra, la licitación y las correspondientes empresas que llevarán adelante su ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la información se encuentra de manera pública en internet.
Por otra parte, señala que se encuentra probado en autos que las obligaciones surgidas del convenio y que recaen en el Municipio de Quilmes, tales como el informe de impacto ambiental, las empresas que explotarán el complejo y el estudio económico-financiero, solo podrán informarse una vez que la obra se encuentre finalizada.
Asimismo, se agravia del decisorio de la Cámara por no reconocer su presentación de fecha 17 de septiembre de 2021, lo que —a su entender— implica tanto como imponerle la carga de brindar datos ya individualizados que no obran en su poder, como incurrir en una inversión de la carga de la prueba.
Por último, se agravia respecto de la configuración del caso por omisión manifiesta, la cual rebate por entender que no ha negado acceso a la información, ha entregado toda la información que tenía en su poder, especificando dónde se encuentra y qué datos se encuentran en cabeza de cada una de las partes firmantes.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe satisfacer la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, "Cooperativa Agropecuaria La Segunda", sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, "De Luca", sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022; e.o.), tal como ocurre en el caso.
En efecto, la recurrente aduce que la Cámara no valoró correctamente la información aportada por ella en la causa. Particularmente se agravia del decisorio por imponerle la carga de brindar datos que no obran en su poder y no tener presente su presentación de fecha 17 de septiembre de 2021.
Con relación a ello, señala que ha brindado la información que posee y que la restante, que compone el objeto del reclamo, solo puede exigirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que se encuentra a cargo de la ejecución de la obra. Agregando que ella, oportunamente, podrá informar respecto del informe de impacto ambiental, las empresas que explotarán el complejo y el estudio económico-financiero, una vez que la obra se encuentre finalizada por el organismo nacional.
Ahora bien, los argumentos expuestos en esta parcela no van más allá de meros disentimientos personales, desatendiéndose de las razones que justificaron confirmar la sentencia apelada al resolver que el alcance que conlleva dicha decisión no implica la carga de brindar datos que el municipio no cuente en su poder o no consten en la repartición requerida, sino que en ese caso corresponde informar y suministrar lo necesario para su individualización, o cuanto considere para perfeccionar una respuesta tal que resulte razonablemente fundada, ello dado su carácter de parte en el convenio suscripto para la ejecución de la obra Eco Parque Quilmes.
En tal sentido, es doctrina de este Tribunal que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa de los fundamentos esenciales del fallo, tal insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022; e.o.).
III.2. Por su parte tampoco puede prosperar la denuncia de absurdo en la interpretación y valoración de la prueba. Con referencia a ello debo recordar que es doctrina consolidada de este Tribunal que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; e.o.).
Esta Suprema Corte ha señalado que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; e.o.), partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.263, "Yordan", sent. de 13-IX-2017; A. 73.396, "Collinet", sent. de 11-IV-2018; A. 73.402, "Agüero", sent. de 21-XI-2018; A. 74.341, "Mengio S.R.L.", sent. de 19-XII-2018; e.o.).
Los tres subagravios que articula la recurrente bajo el rótulo del absurdo —la imposibilidad de informar sobre una obra inconclusa, la supuesta inversión de la carga probatoria y la ausencia de denegación manifiesta— no superan ese estándar. En ningún caso demuestran que el razonamiento del Tribunal de Alzada haya incurrido en un error grave, grosero y palmario; antes bien, reflejan una valoración alternativa de los mismos elementos probatorios, lo que es insuficiente para configurar el vicio denunciado.
Estos argumentos constituyen una mera disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Alzada de las constancias de autos, que no es suficiente para cumplir con las cargas técnicas que supone el remedio extraordinario.
IV. En definitiva, los agravios articulados no logran conmover los fundamentos esenciales del fallo impugnado, circunstancia que impone el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/09/2026 13:52:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/09/2026 11:13:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2026 09:54:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2026 09:54:30 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2026 10:19:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/09/2026 10:41:44 hs. bajo el número RS-91-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia